Bélgica frena el desguace de sus reactores nucleares y prepara la mayor nacionalización energética del país en años

Bélgica se compra su propia crisis nuclear (y la factura la pagamos nosotros)

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  Una imagen surrealista en estilo fotografía documental de los años 70 con toques de distopía cyberpunk. En primer plano, un mapa de Bélgica iluminado con cables de alta tensión que se retuercen como serpientes, conectados a siete reactores nucleares oxidados pero brillantes, flotando en el aire como reliquias industriales. Al fondo, un político con traje oscuro firma un cheque gigante mientras un técnico con guantes de plomo señala una factura interminable con números rojos. La escena está bañada en una luz azulada, como si la energía nuclear y el dinero público se fusionaran en un líquido viscoso. En la esquina inferior derecha, un reloj de arena marca 1 de octubre de 2026 con arena que cae en forma de euros y residuos radiactivos. Nada de rostros reconocibles, solo siluetas y sombras exageradas.

El Estado belga se rapta a sí mismo su propia flota nuclear: una historia de amor tóxico con la factura de la luz y la hipocresía verde. Imagina que has decidido vender tu coche porque ya no te gusta el gasto en gasolina, pero al año siguiente descubres que el precio de la gasolina se ha disparado y, además, tu vecino te ofrece comprártelo por un precio justo (es decir, el doble de lo que valía).

Bélgica está viviendo esa pesadilla con sus reactores nucleares. En 2003, con la elegancia de un político firmando un cheque en blanco, el país aprobó el cierre progresivo de sus siete centrales atómicas. Veinte años después, con la crisis energética mordiendo como un perro rabioso y la dependencia del gas ruso dejando secuelas, el primer ministro belga no tuvo otro remedio que llamar estupidez del siglo a su propia promesa.

Y ahora el Estado quiere comprarse el desastre. La carta de intenciones firmada el 30 de abril de 2026 con Engie (y su filial Electrabel) es el equivalente a que un borracho decida pagar su propia borrachera: el Gobierno belga se compromete a comprar todas las centrales nucleares del país, con sus 7 reactores, sus 5.000 empleados, sus filiales nucleares y, lo más jugoso, todos sus pasivos a largo plazo.

Incluidos los 15.000 millones de euros que Engie ya había prometido pagar en dos plazos (el primero en marzo de 2025) por gestionar los residuos radiactivos. Pero ahora el Estado quiere el pastel entero. Y el pastel incluye 6 gigavatios de potencia (aunque solo 2 GW sean los que, teóricamente, volverán a funcionar en noviembre de 2026 con Doel 4 y Tihange 3). El problema no es solo el dinero, sino el timing.

Mientras el Parlamento belga votaba en mayo de 2025 para derogar la ley que prohibía nuevas nucleares (un giro de 180 grados), el país ya lleva un invierno sin un solo megavatio nuclear en su red. Cero. Como apagar la luz en medio de una discusión familiar y luego quejarte de que hace frío.

Los cinco reactores restantes (Doel 1, 2, 3 y Tihange 1 y 2) ya están parados o en desmantelamiento, y los dos que quedan en pie están en mantenimiento programado. ¿El resultado? Bélgica depende ahora de la electricidad importada, justo cuando Europa intenta reducir su adicción al gas ruso y los precios de la luz siguen siendo un chiste macabro. Engie, la empresa que se deshace de un elefante blanco.

La multinacional francesa no es tonta: lleva años apostando por renovables, baterías y redes inteligentes, sectores con menos riesgo y sin el lastre de pasivos radiactivos que duran más que un matrimonio sin amor. Para ellos, vender las nucleares belgas es como deshacerse de un primo problemático: menos drama, menos deudas y más margen de beneficio.

Pero para Bruselas, la ecuación es distinta. Sin nucleares, Bélgica queda a merced de los vecinos (Alemania, Francia) y de los mercados energéticos, que hoy son tan predecibles como el tiempo en abril. El Gobierno belga lo resume así: 'Queremos mantener los reactores existentes y construir nuevos.' Traducción callejera: 'Nos hemos dado cuenta de que apagar la luz no es buena idea cuando el invierno llega con facturas de 500 euros.' El detalle escabroso: ¿quién paga el desguace cuando llegue el momento? El acuerdo preliminar da hasta el 1 de octubre de 2026 para cerrar los términos, pero hay un elefante en la habitación que nadie menciona: los costes de desmantelamiento.

Los reactores tienen una vida útil limitada, y cuando llegue el momento de cerrarlos de verdad, alguien tendrá que pagar la factura. ¿El Estado? ¿Los contribuyentes? ¿Un fondo mágico que aún no existe? Mientras tanto, las obras de desmantelamiento están congeladas, los técnicos siguen revisando los reactores y los empleados aguardan con la paciencia de un santo… o con el nerviosismo de quien sabe que su jefe está negociando su propio despido corporativo. Europa repite el mismo libreto.

Bélgica no es la única que ha cambiado de opinión. Francia relanza sus nucleares, Países Bajos estudia ampliar capacidad y hasta Alemania (sí, esa) ha frenado sus cierres. La excusa es siempre la misma: seguridad energética, objetivos climáticos y miedo a quedarse en paños menores.

Pero la realidad es cruda: la nuclear es cara, sucia y peligrosa, pero hoy por hoy es la única que no depende de Putin ni de los caprichos del viento. El dilema no es técnico, es político: ¿Prefieres pagar ahora por mantener una tecnología controvertida o pagar después (y más) por la inestabilidad? La moraleja de esta historia no es nueva, pero sí incómoda: cuando el dinero habla, hasta los principios más firmes se convierten en papel mojado.

Bélgica había decidido cerrar sus nucleares con la misma convicción con la que uno decide dejar de fumar: por salud y por moral. Pero cuando la crisis llegó, la salud se volvió un lujo y la moral, un recuerdo. Ahora el Estado se rapta a sí mismo su propia flota nuclear, como un adolescente que roba su propio móvil para luego culpar al ladrón.

La pregunta no es si esta nacionalización funcionará, sino cuánto nos costará a todos cuando la próxima crisis llegue… y los reactores estén otra vez apagados.

Crítica:

El artículo explica bien el giro belga, pero omite un detalle clave: ¿qué pasa con los contratos de desmantelamiento ya firmados? Si el Estado frena las obras, ¿asume las penalizaciones? Y lo más importante: ¿dónde queda el principio de precaución que tanto se alabó en 2003? Ahora parece un adorno más en la estantería de la hipocresía energética. La Comisión Europea debería haber sido citada con más contundencia: su silencio aquí huele a complicidad con el statu quo nuclear.

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