El auditor de Plus Ultra admite que podía haber entrado en concurso de acreedores en 2020

Plus Ultra: cómo el Estado rescató una aerolínea que ya olía a quiebra

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  Una imagen surrealista en estilo fotografía documental con toques de distopía corporativa: un avión de Plus Ultra posado en una balanza gigante, con monedas de euro cayendo como lluvia mientras un hombre de traje (el auditor) escribe un informe con tiza en una pizarra que dice ‘Liquidez: 0’. Al fondo, un banco de Dominica y un cheque de 46 millones flotando en el aire, firmado por la SEPI. Todo en tonos grises y azules fríos, con luces neón verdes que iluminan solo los números rojos. Estilo Blade Runner meets el contable de la oficina pública.

El rescate de Plus Ultra: cuando la aerolínea volaba con los números en rojo y el Estado pagaba el billete. Imagina que vas al supermercado con la tarjeta de crédito al límite, el frigo vacío y el banco llamando a la puerta. Pero en lugar de declararte en quiebra, le pides a tu cuñado —que es amigo del dueño del supermercado— que te preste dinero a cambio de inmovilizar tus ahorros en un banco de Dominica (sí, como lo oyes).

Eso hizo Plus Ultra en 2018, pero con avión, pasajes turísticos y un agujero financiero que, según su propio auditor, ya olía a concurso de acreedores en 2020. Jesús Ángel Carbajo, el tipo de Audicar que revisó las cuentas, lo dejó claro este miércoles en el Senado: la aerolínea no tenía liquidez ni para pagar el café de la máquina dos años antes de que la pandemia le diera el golpe de gracia.

Pero como la SEPI (el fondo público que rescata empresas) es más flexible que un chicle, le tiró un salvavidas de 46 millones de euros en 2021. El truco maestro: maquillar las cuentas como un mago de feria. Aquí viene lo bueno. Para que Plus Ultra no pareciera un barco hundido, sus asesores —con la ayuda de herramientas contables dignas de un examen de Matemáticas Aplicadas a la Ficción— jugaron con préstamos participativos, provisiones ajustadas al milímetro y hasta un canje de bonistas usando un avión como rehén.

El crédito de Panacorp, ese grupo panameño que casualmente obligaba a dejar el dinero atado en un banco de Dominica (¿alguien dice paraíso fiscal?), se infló hasta los 6,3 millones para evitar que los fondos propios salieran por la ventana. Sin eso, la aerolínea habría entrado en causa de disolución según las normas de la UE, y adiós rescate.

Pero como la SEPI tiene más fe en los informes de sus asesores que en los datos duros, el dinero público fluyó como el vino en una boda. Zapatero, Martínez y la factura de Análisis Relevante. Y luego está el detalle picante: el auditor admitió que vio ‘alguna factura’ de Análisis Relevante, la empresa del amigo de Zapatero, Julio Martínez.

Sí, ese mismo que está en el ojo del huracán por la trama de corrupción. Carbajo asegura que no detectó irregularidades (porque, como él mismo dijo, incluir salvedades era como poner un cartel de ‘aquí huele a podrido’), pero el informe pericial del juez Calama desmonta su versión como un castillo de naipes.

Según el perito Pedro Martín Molina, que comparecerá este jueves, Plus Ultra llevaba un año en quiebra técnica antes de la pandemia, con insolvencia, caja vacía y unos informes de Deloitte que olían a justificación forzada. Lo peor: tras el rescate, hubo pagos millonarios a empresas que no aparecían en los libros anteriores, como si alguien hubiera abierto una cuenta bancaria secreta para repartir el botín. La hipocresía del rescate: ‘era estratégica’, dicen ellos. La SEPI argumentó que Plus Ultra era estratégica (¿para quién, para los turistas que no podían pagarse el billete?).

Pero los números no mienten: la aerolínea ya estaba en la UCI financiera, y el rescate llegó con la condición de que no estaba en crisis. Mentira piadosa. El crédito participativo de Panacorp, las facturas opacas y los pagos a sociedades fantasma pintan un cuadro donde el dinero público se usó para tapar un agujero que ya era un tsunami.

Mientras, el auditor Carbajo se lavó las manos: él solo hizo su informe (con su párrafo de énfasis bien bonito, como un posavasos en un restaurante caro) y no supo que luego vendrían los millones. Moraleja callejera: cuando el Estado rescata, las reglas se escriben con tiza. Lo irónico es que, según las normas europeas, una empresa en causa de disolución no debería recibir rescates.

Pero como Plus Ultra tenía amigos en lugares altos (y un auditor que prefirió mirar para otro lado), el dinero público hizo el trabajo sucio. Ahora, mientras el juez Calama y el perito Martín Molina desgranan los detalles, queda la pregunta: ¿cuántos rescates más como este habrá antes de que alguien pregunte por qué siempre caen los mismos? Datos duros que pican como ajo: - 46 millones de euros del rescate de la SEPI a Plus Ultra en 2021. - 6,3 millones el crédito participativo de Panacorp (con fondos inmovilizados en Dominica). - ‘Causa de disolución’ desde 2019, según el informe pericial. - Facturas de Análisis Relevante (empresa de Julio Martínez, amigo de Zapatero) vistas por el auditor. - Pagos opacos a sociedades que no aparecían en los libros antes del rescate. - Deloitte advirtió de problemas graves de caja, pero la SEPI hizo la vista gorda. - 2020: año en que el auditor admitió que Plus Ultra podría haber quebrado si los accionistas lo hubieran permitido.

Crítica:

El artículo deja claro que el rescate fue una operación de maquillaje financiero con dinero público, pero echa en falta profundizar en cómo la SEPI justificó la decisión ante Bruselas (¿hubo presión política?) y por qué Deloitte, que advirtió de los problemas, no sonó la alarma más alto. También sería útil saber qué pasó con los accionistas que podían haber evitado la quiebra en 2020 pero prefirieron esperar al rescate. Datos duros, pero falta el ‘¿y ahora qué?’ con nombres y apellidos.

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