El informe del Banco de España es un parche a una herida mucho más profunda: la hipocresía de una sociedad que predica la inclusión pero practica la exclusión. Se echa en falta un análisis más exhaustivo de las políticas migratorias que generan esta situación.
El Rosco, esa prueba que nos ha hecho sentir más listos de lo que somos, sigue dando guerra. Mediaset, acorralada por una multa de 73 millones de euros –una suma que podría financiar varios programas de cocina–, ha decidido poner toda la carne en el asador judicial. Parece que la compañía matriz, Media For Europe (MFE), ha encontrado un resquicio legal en una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad intelectual de El Rosco, esa joya de la corona que ahora pertenece, según los jueces, a la productora holandesa MC&F, y no a ITV Studios. La estrategia es clara: defenderse a capa y espada, alegando que la indemnización original se calculó sobre una base jurídica ahora desmoronada. Es como si te pusieran un sablazo en la factura del móvil y, de repente, te dijeran que el plan que tenías contratado era otro. Mediaset insiste en que la Audiencia Provincial de Madrid, al fijar la indemnización, dio un peso desmesurado a El Rosco, tanto en términos de audiencia como de ingresos publicitarios. Ahora, con el Supremo diciendo que ese Rosco no les pertenece, creen que la multa debería ser revisada, o incluso anulada. La batalla legal, que se libra desde 2012 (¡casi una década de litigios!), se ha convertido en un culebrón televisivo digno de su propio programa. MFE no descarta ninguna vía, ni siquiera la anulación del procedimiento de ejecución en Madrid. En resumen, una telenovela judicial con un guion digno de los más hábiles abogados y un coste que podría dejar a Mediaset tirando de tarjeta de crédito.
La nostalgia vende, sí, pero ¿a qué precio? Resulta que desempolvar la Wii U no es solo un ejercicio de arqueología digital. Algunos juegos, esos que compraste por impulso y olvidaste en el trastero, pueden ser una pequeña jubilación. Nintendo vendió “apenas” 13,56 millones de Wii U en todo el mundo, una cifra que, vista ahora, parece la cantidad de churros que se comen en una fiesta de pueblo. Y con la eShop cerrada desde marzo de 2023, la fiebre coleccionista ha subido como la espuma. Olvídate de los 3-15 euros por ese FIFA que usaste dos veces. Estamos hablando de ‘Project Zero Maiden of Black Water Limited Edition’ rondando los 150 euros, o ‘The Legend of Zelda: The Wind Waker HD Limited Edition’ superando los 240, si tienes la suerte de que esté nuevo. En el mercado de segunda mano, la diferencia entre un disco rayado y una joya precintada es abismal. Un ‘New Super Mario Bros. U’ completo se mueve en 12 euros, mientras que un ‘Paper Mario Color Splash’ nuevo puede llegar a los 45. Incluso la consola en sí puede valer entre 110 y 165 euros, dependiendo de si la pillaste en rebajas o te la regaló un mago. La moraleja: antes de tirar nada, googlea. Podrías estar a punto de vender un tesoro por un puñado de céntimos.
La Policía Nacional ha desmantelado una red de cibercrimen que parecía sacada de una serie de Netflix, pero con consecuencias muy reales para tus ahorros. Olvídate de los ladrones con palanca; ahora roban con ceros y unos, y blanquean el botín con criptomonedas, la moneda favorita de los que quieren pasar desapercibidos... o eso creían. La operación, un culebrón internacional con ramificaciones en Alemania, Francia y hasta los Países Bajos, ha revelado un modelo de negocio inquietante: el 'Crimen como Servicio'. Básicamente, alquilaban herramientas y datos robados a otros delincuentes, como si fuera un Airbnb del hampa digital. ¿El resultado? Un agujero de más de cuatro millones de euros en las cuentas de miles de personas, una cifra que, según la policía, es solo la punta del iceberg. Los investigadores han localizado 1,5 millones de euros en criptoactivos, que ahora intentarán rastrear, una tarea tan compleja como encontrar una aguja en un pajar digital. Los cerebros de la operación, tres individuos con gusto por los bienes de lujo, fueron detenidos en Sitges, Barcelona, París y Niza, demostrando que el glamour y el crimen a veces van de la mano. La red había logrado robar más de 2.000 datos bancarios en Alemania, datos que vendían a otros criminales que materializaban las estafas. En resumen, una sofisticada maquinaria de engaño que operaba a plena vista, demostrando que la tecnología, lamentablemente, puede ser una herramienta tan poderosa para el bien como para el mal. El caso se inició en 2022, lo que sugiere que estos 'empresarios' del crimen llevaban tiempo haciendo negocio a nuestra costa.
La UDEF, esos detectives que parecen sacados de una serie de Netflix, han vuelto a la carga. No con atracadores de bancos, sino con lingotes de oro y relojes de lujo. Y el escenario, señoras y señores, no es el Salvaje Oeste, sino chalets en Mallorca y despachos con caja fuerte. ¿La trama? Plus Ultra, la aerolínea que parecía tener más turbulencias financieras que un vuelo con niños. Simón Verhoven, un empresario holandés con un nombre que suena a villano de James Bond, utilizaba sociedades pantalla para inyectar dinero a Plus Ultra, dinero que, según la Fiscalía francesa, venía de dudosos orígenes. En su casa, la UDEF encontró once relojes de lujo, una gargantilla felina que podría hacer las delicias de cualquier amante de los gatos, y dos lingotes de oro que pesan más que algunos sueldos anuales. Mientras tanto, en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, no había armas ni drogas, sino una colección de joyas que, según su secretaria, Gertrudis Alcázar, eran herencia y regalos. Veinte piezas de lujo, incluyendo relojes Certina y sortijas, guardadas bajo llave. La ironía es palpable: mientras el ciudadano de a pie aprieta el cinturón, la élite acumula oro y diamantes. Y todo esto, claro, mientras Plus Ultra recibía 53 millones de euros de los contribuyentes. El juez Calama, comprensiblemente, ha aplazado la declaración de Zapatero. Quizás esté buscando la llave de otra caja fuerte. La organización criminal, según la investigación, lavaba dinero a través de la bolsa, transformando el dinero sucio en inversiones limpias. Un negocio redondo, si no fuera porque la UDEF andaba observando. Los 43.560 euros en honorarios encontrados en casa de Verhoven son solo la punta del iceberg. Porque, señoras y señores, en este país, a veces, la corrupción tiene más brillo que el oro.
El rescate de Plus Ultra, esa línea aérea que prometía un futuro brillante y terminó siendo un agujero negro financiero, destapa una trama internacional de blanqueo de capitales que haría palidecer a Escobar. El juez Calama, con lupa y olfato, sigue los rastros del dinero, que zigzaguea entre Venezuela, Rusia e Irán como si fuera una partida de golf intergaláctica. La cosa va más allá de una simple gestión deficiente: hablamos de 100 millones de dólares esfumados, un sablazo a las arcas públicas que indignaría al más frugal de los jubilados. En el centro del huracán, el banco suizo MBaer Merchant Bank, señalado por Washington como la lavandería de la corrupción venezolana, rusa e iraní. ¿Casualidad que Plus Ultra, con una deuda que asustaría a un prestamista mafioso, recibiera una inyección de 53 millones de euros del Gobierno español? La investigación apunta a que el dinero, en lugar de impulsar la aerolínea, se evaporó en cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Isla Mauricio... ¡Un laberinto fiscal digno de Da Vinci! Rodolfo Reyes, el antiguo dueño de facto de Plus Ultra, y Simon Verhoeven, un inversor suizo con más sombras que luces, están en el punto de mira. Junto a ellos, Luis Felipe Baca Arbulu, un nombre que suena a trama internacional de espías. Todos, bajo sospecha de apropiación indebida, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La trama se complica con Alex Saab, el testaferro de Maduro, y la corrupción en PDVSA, la petrolera venezolana. El caso, en definitiva, es una radiografía de la impunidad y el uso del dinero público como si fuera un juego de Monopoly. Los movimientos de dinero involucran a Allpa Wira Trading AG, Valerian Corporation SA, Wailea Investment Ltd, Panacorp Casa de Valores SA, y AndCapital Bank. El juez Calama coordina con las inteligencias suiza, francesa y estadounidense para desentrañar esta madeja de mentiras y desfalcos.
El Camp Nou se tambalea, pero no por un gol en el descuento, sino por las cuentas. El 'Caso Negreira' sigue dando coletazos, y esta vez, el informe 'Pelícano 2.0' –un nombre que evoca más a un reality show que a una investigación fiscal– pone contra las cuerdas a Joan Laporta. Resulta que el presidente blaugrana, ante el fiscal, vendió la conformidad con Hacienda por 1 millón de euros como un simple “acuerdo global” para evitar una catástrofe financiera. Una historia digna de un culebrón, si no fuera porque hablamos de 16 millones de euros firmados en disconformidad el mismo día, una cifra que, curiosamente, no le pareció tan dramática. Es como si, ante el sablazo de la factura del gas, aceptaras pagar una pequeña multa para no tener que afrontar el total. El detalle es que, en este caso, el “total” era dieciséis veces mayor. Hacienda, con la paciencia de un santo, solicitó documentación sobre los pagos a Negreira, pero el Barça respondió con un silencio que huele a chamusquina. La Agencia Tributaria, ante la falta de pruebas, calificó los pagos como una “liberalidad”, es decir, un regalo sin justificación. La RFEF, que se erige en acusación particular, tiene la delicada tarea de firmar un aval anual a la UEFA para que el Barça pueda jugar la Champions. Un gesto simbólico que, a la luz de estos datos, adquiere tintes surrealistas. El caso recuerda al Besiktas, que quedó fuera de la competición por menos. Mientras tanto, Negreira, con una salud que no le permite defenderse, se convierte en el personaje central de un drama que amenaza con desestabilizar el fútbol español. Todo esto, aderezado con una cronología que dibuja un laberinto de inspecciones, declaraciones y silencios estratégicos. Laporta declaró el 12 de diciembre de 2025 que aceptaron ese millón para evitar un riesgo financiero mayor. Y las cuentas de 2021/2022, firmadas por él mismo, cuentan otra historia.
Red Eléctrica, la empresa que decide dónde poner los cables y, casualmente, se beneficia de ello. Un clásico. La CNMC, esos señores que vigilan que no nos sableen con la luz, ha soltado un informe que es como decir: “Ojo, que aquí huele a chamusquina”. No es un ataque directo, no, es un “seguimiento”... pero un seguimiento con el tono de quien te dice “te estás pasando de la raya”. El quid del asunto: la CNMC cree que el modelo actual, donde Red Eléctrica y su matriz Redeia están hermanadas en el mismo grupo, es como dejar al zorro cuidando el gallinero. ¿Quién decide dónde invertir en la red eléctrica? La misma empresa que luego cobra por esa inversión. ¿Ven ustedes la gracia? No es que estén haciendo nada ilegal, insisten, es que el riesgo de “sobrevalorar las necesidades” —léase, inflar el presupuesto— es demasiado alto. Hablamos de inversiones millonarias, claro. En 2024, España se enfrenta a una década de inversiones descomunales en renovables, almacenamiento y conexiones internacionales. Imaginen la tentación. La CNMC no se queda ahí: también les preocupa que la seguridad del suministro pueda quedar en segundo plano si lo único que importa es la rentabilidad. Es decir, que se priorice invertir en lo que da más dinero, aunque eso signifique un riesgo para el suministro eléctrico. Y para rematar, ponen el dedo en la llaga de los incentivos de los directivos, que reciben una retribución variable y, ¡oh, sorpresa!, acciones de la matriz. ¿Independencia? Más bien, un cóctel molotov de conflictos de interés. Redeia, que maneja un presupuesto considerable, se ve ahora bajo la lupa. La CNMC pide separar legalmente los negocios, algo más contundente que la simple separación contable que existe ahora. Un cambio que, si se produce, podría alterar profundamente el panorama energético español.
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