Crítica:
La noticia es un cóctel explosivo de nombres propios y cifras que, aunque reveladoras, carecen de un análisis más profundo sobre las conexiones entre los implicados. El titular, aunque llamativo, podría considerarse sensacionalista.
La noticia es un cóctel explosivo de nombres propios y cifras que, aunque reveladoras, carecen de un análisis más profundo sobre las conexiones entre los implicados. El titular, aunque llamativo, podría considerarse sensacionalista.
El rescate de Plus Ultra, esa línea aérea que prometía un futuro brillante y terminó siendo un agujero negro financiero, destapa una trama internacional de blanqueo de capitales que haría palidecer a Escobar. El juez Calama, con lupa y olfato, sigue los rastros del dinero, que zigzaguea entre Venezuela, Rusia e Irán como si fuera una partida de golf intergaláctica. La cosa va más allá de una simple gestión deficiente: hablamos de 100 millones de dólares esfumados, un sablazo a las arcas públicas que indignaría al más frugal de los jubilados. En el centro del huracán, el banco suizo MBaer Merchant Bank, señalado por Washington como la lavandería de la corrupción venezolana, rusa e iraní. ¿Casualidad que Plus Ultra, con una deuda que asustaría a un prestamista mafioso, recibiera una inyección de 53 millones de euros del Gobierno español? La investigación apunta a que el dinero, en lugar de impulsar la aerolínea, se evaporó en cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Isla Mauricio... ¡Un laberinto fiscal digno de Da Vinci! Rodolfo Reyes, el antiguo dueño de facto de Plus Ultra, y Simon Verhoeven, un inversor suizo con más sombras que luces, están en el punto de mira. Junto a ellos, Luis Felipe Baca Arbulu, un nombre que suena a trama internacional de espías. Todos, bajo sospecha de apropiación indebida, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La trama se complica con Alex Saab, el testaferro de Maduro, y la corrupción en PDVSA, la petrolera venezolana. El caso, en definitiva, es una radiografía de la impunidad y el uso del dinero público como si fuera un juego de Monopoly. Los movimientos de dinero involucran a Allpa Wira Trading AG, Valerian Corporation SA, Wailea Investment Ltd, Panacorp Casa de Valores SA, y AndCapital Bank. El juez Calama coordina con las inteligencias suiza, francesa y estadounidense para desentrañar esta madeja de mentiras y desfalcos.
El Camp Nou se tambalea, pero no por un gol en el descuento, sino por las cuentas. El 'Caso Negreira' sigue dando coletazos, y esta vez, el informe 'Pelícano 2.0' –un nombre que evoca más a un reality show que a una investigación fiscal– pone contra las cuerdas a Joan Laporta. Resulta que el presidente blaugrana, ante el fiscal, vendió la conformidad con Hacienda por 1 millón de euros como un simple “acuerdo global” para evitar una catástrofe financiera. Una historia digna de un culebrón, si no fuera porque hablamos de 16 millones de euros firmados en disconformidad el mismo día, una cifra que, curiosamente, no le pareció tan dramática. Es como si, ante el sablazo de la factura del gas, aceptaras pagar una pequeña multa para no tener que afrontar el total. El detalle es que, en este caso, el “total” era dieciséis veces mayor. Hacienda, con la paciencia de un santo, solicitó documentación sobre los pagos a Negreira, pero el Barça respondió con un silencio que huele a chamusquina. La Agencia Tributaria, ante la falta de pruebas, calificó los pagos como una “liberalidad”, es decir, un regalo sin justificación. La RFEF, que se erige en acusación particular, tiene la delicada tarea de firmar un aval anual a la UEFA para que el Barça pueda jugar la Champions. Un gesto simbólico que, a la luz de estos datos, adquiere tintes surrealistas. El caso recuerda al Besiktas, que quedó fuera de la competición por menos. Mientras tanto, Negreira, con una salud que no le permite defenderse, se convierte en el personaje central de un drama que amenaza con desestabilizar el fútbol español. Todo esto, aderezado con una cronología que dibuja un laberinto de inspecciones, declaraciones y silencios estratégicos. Laporta declaró el 12 de diciembre de 2025 que aceptaron ese millón para evitar un riesgo financiero mayor. Y las cuentas de 2021/2022, firmadas por él mismo, cuentan otra historia.
Red Eléctrica, la empresa que decide dónde poner los cables y, casualmente, se beneficia de ello. Un clásico. La CNMC, esos señores que vigilan que no nos sableen con la luz, ha soltado un informe que es como decir: “Ojo, que aquí huele a chamusquina”. No es un ataque directo, no, es un “seguimiento”... pero un seguimiento con el tono de quien te dice “te estás pasando de la raya”. El quid del asunto: la CNMC cree que el modelo actual, donde Red Eléctrica y su matriz Redeia están hermanadas en el mismo grupo, es como dejar al zorro cuidando el gallinero. ¿Quién decide dónde invertir en la red eléctrica? La misma empresa que luego cobra por esa inversión. ¿Ven ustedes la gracia? No es que estén haciendo nada ilegal, insisten, es que el riesgo de “sobrevalorar las necesidades” —léase, inflar el presupuesto— es demasiado alto. Hablamos de inversiones millonarias, claro. En 2024, España se enfrenta a una década de inversiones descomunales en renovables, almacenamiento y conexiones internacionales. Imaginen la tentación. La CNMC no se queda ahí: también les preocupa que la seguridad del suministro pueda quedar en segundo plano si lo único que importa es la rentabilidad. Es decir, que se priorice invertir en lo que da más dinero, aunque eso signifique un riesgo para el suministro eléctrico. Y para rematar, ponen el dedo en la llaga de los incentivos de los directivos, que reciben una retribución variable y, ¡oh, sorpresa!, acciones de la matriz. ¿Independencia? Más bien, un cóctel molotov de conflictos de interés. Redeia, que maneja un presupuesto considerable, se ve ahora bajo la lupa. La CNMC pide separar legalmente los negocios, algo más contundente que la simple separación contable que existe ahora. Un cambio que, si se produce, podría alterar profundamente el panorama energético español.
En seis meses, más o menos, aterrizará en la TDT una nueva cadena. Sí, otra. La bautizan extraoficialmente como 'TeleSánchez', aunque todavía no le han puesto nombre. Imagínense la escena: un bebé sin bautizar, con una hipoteca de expectativas y la presión de competir con los gigantes. Detrás de este parto televisivo está SIETE, Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL, que suena más a despacho de abogados que a productora de 'realities'. La licencia, claro, la han ganado a concurso, como si fuera una paella en un festival gastronómico. Desde finales de los 80, según nos recuerdan, los gobiernos han ido regalando estas licencias para entretener a las masas y, quién sabe, quizá distraerlas de la lista de la compra. José Miguel Contreras, el cerebro (o el bolsillo) detrás de todo esto, regresa al ruedo después de su salida de Prisa en 2025, donde, al parecer, tuvo un pequeño desacuerdo con Joseph Oughourlian. Un choque de egos que ahora se traduce en una nueva cadena. La promesa es la de siempre: “programación original”, “producción nacional”, “profesionales de la comunicación”. Suena a eslogan de detergente. Luis Morales Losada, Production Manager, será el encargado de orquestar el caos creativo en un plazo de seis meses. Y todo eso, financiado por accionistas de Prisa, agrupados en Global Alconaba, que probablemente estén tirando de tarjeta para cubrir los gastos. El plan es competir con los grandes, ofreciendo “actualidad”, “directo” y, sobre todo, “diversidad”. ¿Diversidad de qué? Ya veremos. La estrategia, nos cuentan, es “multiplataforma”. O sea, que lo mismo te lo venden en la tele que en el móvil. “Apertura de miras”, dicen. En cristiano, que no descartan venderse al mejor postor. La TDT, el granero de las licencias, vuelve a ser el centro de atención, con Contreras en el ojo del huracán.
El Estrecho de Gibraltar, epicentro del estraperlo con chaleco salvavidas. Resulta que mientras la Armada española hacía lo propio con el Flotex-26 –un ejercicio de desembarco que suena más a verbena playera–, unos tipos con más maña que un pulpo en un garaje se llevaron tres lanchas rápidas, del modelo Duarry Supercat (unos cinco metros de pura adrenalina), once trajes secos y un montón de trastos militares. O sea, básicamente, el kit del buen marino. El robo, en la playa de El Retín, Barbate, Cádiz, le provocó un “enorme malestar” a la Armada, que debe estar acostumbrada a más sobresaltos. La Guardia Civil, con la rapidez de un rayo en un día nublado, recuperó las lanchas en 72 horas. Las encontraron aparcadas cerca del polideportivo municipal, como si fueran un coche robado y no un activo estratégico. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no perdió tiempo en compartir fotos del hallazgo en redes sociales, demostrando que hasta los agentes están enganchados a Instagram. Lo curioso no es el robo en sí (que ya es bastante), sino el descaro. Los “petaqueros”, esos que le echan gasolina a las narcolanchas, conocen la costa gaditana como la palma de su mano. Saben cuándo y dónde duermen los peces… y las lanchas de la Armada. La operación, con motores fueraborda de 25 caballos, es una muestra de que el narcotráfico en la zona no es un juego de niños, sino una industria con logística y desfachatez. Un negocio que, por cierto, parece tener más recursos que algunos departamentos de Defensa.
El champán corría a raudales, las ostras se deslizaban por la garganta y la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, parecía un mero trámite burocrático. Mientras tú y yo apretabamos el cinturón con la excusa de una pandemia que nos dejaba sin abrazos ni restaurantes, Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, su consejero delegado, brindaban por un rescate que ya olía a chamusquina. La foto, compartida en un chat de WhatsApp, es una estampa digna de enmarcar: el 2 de marzo de 2021, siete días antes de que el Consejo de Ministros aprobara la inyección de 53 millones de euros, celebramos la futura alegría ajena. Pero la guinda del pastel la pone “Julito” Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero y dueño de Análisis Relevante, quien, al ver la foto en el chat, soltó un lacónico “Aviso para navegantes: la SEPI no aprueba esos gastos”. La respuesta de Roselli fue aún más reveladora: “Tranquilo, eso sale del 1 %”, en referencia al jugoso porcentaje que Idella Consulenza Stratégica, la sociedad de Martínez Martínez, se llevaría si el rescate prosperaba. Y prosperó. El 9 de marzo, 53 millones de euros salieron de nuestros bolsillos para engordar las cuentas de unos cuantos. Pero la cosa no acaba ahí. En octubre de 2020, en plena restricción, otra comida. Esta vez, la factura corrió a cargo de Martínez Martínez, quien reclamó el pago a Roselli. La conversación con Rodolfo Reyes, propietario de Plus Ultra, revela los nervios por conseguir los permisos de Aviación Civil china. Un baile de intereses, favores y, sospechamos, comisiones, mientras la aerolínea se hundía en deudas y nosotros pagábamos la fiesta. Un rescate a la carta, con champán francés y sabor a impunidad.
Red Eléctrica, la guardiana de la luz, ha decidido invertir 366 millones de euros en… ¿aparatos antiapagones? La ironía es que las plantas de carbón ya los tenían. Sí, como cuando tu abuela te regala un exprés cuando ya tienes una Nespresso. El 4 de mayo, la empresa aprobó una ampliación de su plan, engordándolo en 607 millones, y la mitad va a parar a estos 'compensadores síncronos', nombres imponentes para máquinas que ya existían. La historia huele a oportunismo. Mientras el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica (8 de julio), abría la veda a la compra de estos cacharros, Red Eléctrica sonreía: así consigue que sus inversiones se les retribuyan anualmente. Un negocio redondo, vaya. Y el dinero, previsiblemente, irá a parar a las zonas con más sol, porque, según Red Eléctrica, la energía fotovoltaica está generando tensiones en la red. Sí, la misma energía que nos prometieron como la panacea. Lo más gracioso es que en Estados Unidos ya pensaron en convertir las centrales de carbón en estos 'compensadores'. Pero no, en España preferimos desmantelar el carbón. Ahora, en lugar de una central, compramos el 'aparato'. Y qué mejor lugar para instalarlo que donde ya había una central de carbón, con el terreno preparado… pero no, mejor buscar otro sitio. El Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar) y el Instituto de Carboquímica de Zaragoza, ambos del CSIC, observan la debacle desde la distancia, mientras Estados Unidos invierte 175 millones de dólares en modernizar sus centrales de carbón, apostando por la 'seguridad energética', según su secretario de Energía, Chris Wright. En resumen: un plan para arreglar un problema que se podría haber evitado, gastando una fortuna y demostrando una capacidad asombrosa para reinventar la rueda… aunque esta ya tuviera un pinchazo.
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