Crítica:
El texto se apoya demasiado en la información proporcionada por el informe 'Pelícano 2.0', sin incluir otras perspectivas. El titular es un clickbait honesto, pero podría ser más sutil.
El texto se apoya demasiado en la información proporcionada por el informe 'Pelícano 2.0', sin incluir otras perspectivas. El titular es un clickbait honesto, pero podría ser más sutil.
Red Eléctrica, la empresa que decide dónde poner los cables y, casualmente, se beneficia de ello. Un clásico. La CNMC, esos señores que vigilan que no nos sableen con la luz, ha soltado un informe que es como decir: “Ojo, que aquí huele a chamusquina”. No es un ataque directo, no, es un “seguimiento”... pero un seguimiento con el tono de quien te dice “te estás pasando de la raya”. El quid del asunto: la CNMC cree que el modelo actual, donde Red Eléctrica y su matriz Redeia están hermanadas en el mismo grupo, es como dejar al zorro cuidando el gallinero. ¿Quién decide dónde invertir en la red eléctrica? La misma empresa que luego cobra por esa inversión. ¿Ven ustedes la gracia? No es que estén haciendo nada ilegal, insisten, es que el riesgo de “sobrevalorar las necesidades” —léase, inflar el presupuesto— es demasiado alto. Hablamos de inversiones millonarias, claro. En 2024, España se enfrenta a una década de inversiones descomunales en renovables, almacenamiento y conexiones internacionales. Imaginen la tentación. La CNMC no se queda ahí: también les preocupa que la seguridad del suministro pueda quedar en segundo plano si lo único que importa es la rentabilidad. Es decir, que se priorice invertir en lo que da más dinero, aunque eso signifique un riesgo para el suministro eléctrico. Y para rematar, ponen el dedo en la llaga de los incentivos de los directivos, que reciben una retribución variable y, ¡oh, sorpresa!, acciones de la matriz. ¿Independencia? Más bien, un cóctel molotov de conflictos de interés. Redeia, que maneja un presupuesto considerable, se ve ahora bajo la lupa. La CNMC pide separar legalmente los negocios, algo más contundente que la simple separación contable que existe ahora. Un cambio que, si se produce, podría alterar profundamente el panorama energético español.
En seis meses, más o menos, aterrizará en la TDT una nueva cadena. Sí, otra. La bautizan extraoficialmente como 'TeleSánchez', aunque todavía no le han puesto nombre. Imagínense la escena: un bebé sin bautizar, con una hipoteca de expectativas y la presión de competir con los gigantes. Detrás de este parto televisivo está SIETE, Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL, que suena más a despacho de abogados que a productora de 'realities'. La licencia, claro, la han ganado a concurso, como si fuera una paella en un festival gastronómico. Desde finales de los 80, según nos recuerdan, los gobiernos han ido regalando estas licencias para entretener a las masas y, quién sabe, quizá distraerlas de la lista de la compra. José Miguel Contreras, el cerebro (o el bolsillo) detrás de todo esto, regresa al ruedo después de su salida de Prisa en 2025, donde, al parecer, tuvo un pequeño desacuerdo con Joseph Oughourlian. Un choque de egos que ahora se traduce en una nueva cadena. La promesa es la de siempre: “programación original”, “producción nacional”, “profesionales de la comunicación”. Suena a eslogan de detergente. Luis Morales Losada, Production Manager, será el encargado de orquestar el caos creativo en un plazo de seis meses. Y todo eso, financiado por accionistas de Prisa, agrupados en Global Alconaba, que probablemente estén tirando de tarjeta para cubrir los gastos. El plan es competir con los grandes, ofreciendo “actualidad”, “directo” y, sobre todo, “diversidad”. ¿Diversidad de qué? Ya veremos. La estrategia, nos cuentan, es “multiplataforma”. O sea, que lo mismo te lo venden en la tele que en el móvil. “Apertura de miras”, dicen. En cristiano, que no descartan venderse al mejor postor. La TDT, el granero de las licencias, vuelve a ser el centro de atención, con Contreras en el ojo del huracán.
El Estrecho de Gibraltar, epicentro del estraperlo con chaleco salvavidas. Resulta que mientras la Armada española hacía lo propio con el Flotex-26 –un ejercicio de desembarco que suena más a verbena playera–, unos tipos con más maña que un pulpo en un garaje se llevaron tres lanchas rápidas, del modelo Duarry Supercat (unos cinco metros de pura adrenalina), once trajes secos y un montón de trastos militares. O sea, básicamente, el kit del buen marino. El robo, en la playa de El Retín, Barbate, Cádiz, le provocó un “enorme malestar” a la Armada, que debe estar acostumbrada a más sobresaltos. La Guardia Civil, con la rapidez de un rayo en un día nublado, recuperó las lanchas en 72 horas. Las encontraron aparcadas cerca del polideportivo municipal, como si fueran un coche robado y no un activo estratégico. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no perdió tiempo en compartir fotos del hallazgo en redes sociales, demostrando que hasta los agentes están enganchados a Instagram. Lo curioso no es el robo en sí (que ya es bastante), sino el descaro. Los “petaqueros”, esos que le echan gasolina a las narcolanchas, conocen la costa gaditana como la palma de su mano. Saben cuándo y dónde duermen los peces… y las lanchas de la Armada. La operación, con motores fueraborda de 25 caballos, es una muestra de que el narcotráfico en la zona no es un juego de niños, sino una industria con logística y desfachatez. Un negocio que, por cierto, parece tener más recursos que algunos departamentos de Defensa.
El champán corría a raudales, las ostras se deslizaban por la garganta y la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, parecía un mero trámite burocrático. Mientras tú y yo apretabamos el cinturón con la excusa de una pandemia que nos dejaba sin abrazos ni restaurantes, Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, su consejero delegado, brindaban por un rescate que ya olía a chamusquina. La foto, compartida en un chat de WhatsApp, es una estampa digna de enmarcar: el 2 de marzo de 2021, siete días antes de que el Consejo de Ministros aprobara la inyección de 53 millones de euros, celebramos la futura alegría ajena. Pero la guinda del pastel la pone “Julito” Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero y dueño de Análisis Relevante, quien, al ver la foto en el chat, soltó un lacónico “Aviso para navegantes: la SEPI no aprueba esos gastos”. La respuesta de Roselli fue aún más reveladora: “Tranquilo, eso sale del 1 %”, en referencia al jugoso porcentaje que Idella Consulenza Stratégica, la sociedad de Martínez Martínez, se llevaría si el rescate prosperaba. Y prosperó. El 9 de marzo, 53 millones de euros salieron de nuestros bolsillos para engordar las cuentas de unos cuantos. Pero la cosa no acaba ahí. En octubre de 2020, en plena restricción, otra comida. Esta vez, la factura corrió a cargo de Martínez Martínez, quien reclamó el pago a Roselli. La conversación con Rodolfo Reyes, propietario de Plus Ultra, revela los nervios por conseguir los permisos de Aviación Civil china. Un baile de intereses, favores y, sospechamos, comisiones, mientras la aerolínea se hundía en deudas y nosotros pagábamos la fiesta. Un rescate a la carta, con champán francés y sabor a impunidad.
Red Eléctrica, la guardiana de la luz, ha decidido invertir 366 millones de euros en… ¿aparatos antiapagones? La ironía es que las plantas de carbón ya los tenían. Sí, como cuando tu abuela te regala un exprés cuando ya tienes una Nespresso. El 4 de mayo, la empresa aprobó una ampliación de su plan, engordándolo en 607 millones, y la mitad va a parar a estos 'compensadores síncronos', nombres imponentes para máquinas que ya existían. La historia huele a oportunismo. Mientras el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica (8 de julio), abría la veda a la compra de estos cacharros, Red Eléctrica sonreía: así consigue que sus inversiones se les retribuyan anualmente. Un negocio redondo, vaya. Y el dinero, previsiblemente, irá a parar a las zonas con más sol, porque, según Red Eléctrica, la energía fotovoltaica está generando tensiones en la red. Sí, la misma energía que nos prometieron como la panacea. Lo más gracioso es que en Estados Unidos ya pensaron en convertir las centrales de carbón en estos 'compensadores'. Pero no, en España preferimos desmantelar el carbón. Ahora, en lugar de una central, compramos el 'aparato'. Y qué mejor lugar para instalarlo que donde ya había una central de carbón, con el terreno preparado… pero no, mejor buscar otro sitio. El Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar) y el Instituto de Carboquímica de Zaragoza, ambos del CSIC, observan la debacle desde la distancia, mientras Estados Unidos invierte 175 millones de dólares en modernizar sus centrales de carbón, apostando por la 'seguridad energética', según su secretario de Energía, Chris Wright. En resumen: un plan para arreglar un problema que se podría haber evitado, gastando una fortuna y demostrando una capacidad asombrosa para reinventar la rueda… aunque esta ya tuviera un pinchazo.
La cosa pinta mal, o mejor dicho, huele a plomo, histamina y anisakis. Mientras el español medio aprieta el cinturón para comprar un tomate decente, parece que la mitad de los alimentos marroquíes que no cumplen ni los estándares básicos de higiene iban directamente a nuestras mesas. Sí, a las nuestras. El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la UE escupió en 2026 ocho alarmas por productos marroquíes, y cuatro de ellas aterrizaron en la frontera española. Aceitunas con plomo para darle sabor al olivar, sardinas con histamina para un toque 'picante' y pimientos con más veneno que una telenovela turca. Pero no todo son malas noticias... para Marruecos. Su 'ventaja competitiva' reside en que pueden usar fitosanitarios que aquí están prohibidos, y sus costes laborales son, digamos, más 'flexibles'. Así que, mientras el agricultor español suda la gota gorda para cumplir con normativas europeas, el marroquí se forra vendiendo productos más baratos y, a veces, peligrosos. En 2025, nueve alertas de Marruecos iban a España (un 39%), pero en 2026 ya subimos al 50%. Es decir, casi la mitad de los problemillas alimentarios marroquíes los tenemos nosotros. ¿El resultado? Judías verdes que ya no se cultivan aquí, tomates que pierden fuelle y aguacates que ven cómo su reinado se tambalea. La 'ingeniería financiera' de permitir la entrada de productos con estándares más laxos está dinamitando el sector primario español. Y mientras tanto, los políticos se limitan a hablar de 'tratados comerciales' y 'competencia leal'. ¡Ay, la lealtad!
Jeff Bezos, desde su torre de marfil (o, mejor dicho, su cohete espacial), nos sermonea sobre la gratitud que deberíamos sentir por la inteligencia artificial. Como si quitarle el trabajo a alguien fuera un acto de bondad divina. El fundador de Amazon, que ahora se autodenomina gurú de la IA con su propia startup, compara la llegada de esta tecnología con pasar de cavar un sótano con una pala a manejar una excavadora. ¡Alegrémonos, mortales! Pronto seremos reemplazados por algoritmos, pero no teman, según Bezos, los precios bajarán y podremos jubilarnos anticipadamente. Eso sí, siempre y cuando no nos atrevamos a regular esta maravilla tecnológica… claro. La ironía es que mientras Bezos nos pinta un futuro idílico, empresas como Meta despiden a 8,000 empleados y obligan a los que quedan a usar la IA para producir más código con menos gente, según presume Mark Zuckerberg. Y Jack Dorsey, de Block, justificó el recorte de 4,000 puestos (el 40% de su plantilla) citando las “ganancias de eficiencia” de la IA. Cuando se le preguntó a Bezos sobre los 30,000 despidos en Amazon, se descolgó con un “¡Eso no es por la IA!”. Y ante la insistencia del periodista, se limitó a decir que Dorsey “debe tener mucha gente de más”, soltando una risita condescendiente. La cosa huele a humo, a reestructuración maquillada con tecnosoluciones y a la eterna cantinela de que el progreso exige sacrificios… sobre todo, ajenos. Parece que el castillo de naipes de la 'innovación' se construye sobre el expediente de despidos de otros.
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