Crítica:
Omite la posible presión de lobbies ecologistas en la decisión. El tono es excesivamente sarcástico, restando seriedad al debate sobre la gestión de residuos.
Todo lo que podemos aprender (para mal) con un sobrecito de kétchup o una monodosis de aceite
Kétchup, aceite y la UE: ¡qué follón!
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Cataluña: Bruselas les pone los puntos
Bruselas, con el gesto largo, le ha soltado a España un buen rapapolvo. No por la deuda, ni por el déficit… sino por los impuestos 'a la carta' que se montan en Cataluña y el lío del etiquetado. Mientras tú intentas entender si el IVA ha subido o bajado, en Cataluña te pueden poner un impuesto extra a la Coca-Cola. ¡Un drama! Y si quieres vender un producto, prepárate para imprimir la etiqueta en tres idiomas, como si fuera una prueba del CIE. La Comisión Europea dice que esto, lejos de impulsar la economía, la frene. Que es como intentar correr una maratón con mancuernas. El informe semestral de la UE diagnostica a España como el alumno que nunca se aprende las lecciones. Últimos en transponer las directivas europeas (solo un 2,6% a tiempo, ¡menuda nota!), y con un porcentaje preocupante de errores al hacerlo. Es decir, que las normas las ponen en Bruselas, pero en España las interpretamos a nuestro aire. Y no solo eso. En 2025, un 34% de las licitaciones públicas se decidieron con una única oferta, como si fuera una rifa amañada. El Plan de Recuperación y Resiliencia intenta poner orden, pero parece que el avispero está abierto. Las pymes españolas, según la UE, se ahogan en papeleo, impuestos y trabas burocráticas. Bruselas alerta de que esta 'ingeniería fiscal' regional y los caprichos lingüísticos encarecen los productos y dificultan la vida a las empresas. Al final, el sablazo se lo llevamos todos.
Seguridad Social: ¿Qué esconden?
Mientras la lista de la compra se encarece, la Seguridad Social sigue sin saber qué tiene en el trastero. Literalmente. El Tribunal de Cuentas, con la paciencia de un santo, ha vuelto a señalar lo mismo que en 2022: un caos monumental en la gestión de su patrimonio inmobiliario. Hablamos de miles de edificios, oficinas, locales… un imperio de ladrillo y cemento cuyo inventario parece una misión imposible. La excusa para no hacer un censo completo, señores, es el coste de contratar a alguien que lo haga. ¡Menudo agujero contable! La cosa viene de lejos, claro. La polémica con las viviendas de Muface alquiladas a precio de ganga a la familia de Begoña Gómez ha encendido las alarmas, pero el problema es más profundo. El organismo, pese a las “reformas” y el Plan de Optimización, sigue con inmuebles asignados a quien no corresponde, duplicidades en los registros y una falta de información que da grima. En 2022-2025, sí, vendieron algunos edificios –183 operaciones por 116 millones de euros–, pero eso es como poner una tirita a un paciente con una hemorragia. El drama se agrava porque, además, han recortado personal en la Subdirección General de Gestión del Patrimonio: de 47 efectivos en 2021 a 37 en 2025. ¿Quién gestiona el patrimonio si no hay gente para hacerlo? ¿Magia? Lo que el Tribunal de Cuentas denuncia, en resumen, es que se han aprobado leyes para vender y rentabilizar, pero sin saber ni siquiera qué se va a vender o rentabilizar. Es como intentar hacer una dieta sin saber cuántas calorías consumes. Un despropósito. Y mientras tanto, el patrimonio de la Seguridad Social, uno de los mayores de la Administración, sigue siendo una incógnita.
Sánchez Infla la Seguridad Social: ¿Trampa o Triunfo?
El Gobierno celebra el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, pero con la prudencia de un político que sabe que las fotos viejas pueden salir a la luz. Mayo ha traído 231.975 nuevos afiliados, un 72% extranjeros. Traducido: siete de cada diez empleos nuevos llevan acento. Funcas, el centro de análisis, lo confirma. Borja Suárez, secretario de Estado, prefiere esperar al 30 de junio para hacer balance, como quien espera que la tormenta pase. Pero Elma Saiz, ministra de Inclusión, ya avisó: permiso provisional, trabajo inmediato. La burocracia se ha agilizado, sí, pero las empresas, astutas como pocas, piden garantías. ¿Qué pasa si el permiso no llega y han apostado por un trabajador? El miedo a la multa es un gran motivador. En abril de 2024, había 3.006.360 afiliados extranjeros. Ahora, en 2025, son 3.250.895. ¡244.500 más! Pero calma, que no todo es la regularización. La hostelería, la agricultura, la logística… sectores que siempre han necesitado manos, muchas veces de fuera. Fernando Jesús Santiago Ollero, del Consejo de Gestores Administrativos, lo explica claro: antes era un laberinto, ahora es un poco menos. Empresas buscando personal, inmigrantes buscando papeles, todos esperando un respiro. Pero la desconfianza persiste, como la mancha de café en la camisa blanca. La regularización, un parche temporal a una herida abierta. Y mientras tanto, los datos siguen subiendo, como la inflación en el carrito de la compra. La realidad es que el 'boom' de afiliación extranjera se ha acelerado, mientras que la de los nacionales se estanca, una paradoja que huele a truco barato.
Rescate Tubos Reunidos: Un Negocio Familiar
El Gobierno, con la rapidez de un prestamista a puerta cerrada, inyectó 112,8 millones de euros en Tubos Reunidos en julio de 2021. Un salvavidas para una empresa que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya estaba flotando boca abajo mucho antes de la pandemia. ¿El requisito indispensable para recibir la ayuda? No estar en crisis en 2019. Un pequeño detalle, aparentemente, porque el ebitda de Tubos Reunidos en 2019 fue de -21.785.000 euros, con una ratio de cobertura de intereses de -1,52. Es decir, quemando dinero a un ritmo que ni el más optimista inversor justificaría. La cosa, además, viene con aroma a caso judicial. La sede de Tubos Reunidos fue registrada por la UCO en relación con el 'caso Leire Díez'. ¿Coincidencia? Difícil de creer cuando se descubre que Hirurok, un trío dinámico liderado por Leire Díez, Vicente Fernández (ex-presidente de la SEPI) y Antxon Alonso, recibió 114.950 euros a través de Mediaciones Martínez por, digamos, facilitar el proceso. En 2017 la empresa aún gozaba de un ebitda positivo de 11,8 millones, pero en dos años, como quien pierde el dinero en una tragaperras, el patrimonio neto se desplomó de 144,1 a 68,5 millones. Un agujero contable que ni la pandemia justificaba. Ahora, en mayo de 2024, Tubos Reunidos ha presentado concurso de acreedores. La ironía es tan espesa que se corta con un cuchillo. ¿El plan de viabilidad? Renegociar la deuda con los mismos que la metieron en este berenjenal. Mientras tanto, la SEPI se defiende alegando que la empresa cumplió con los criterios, una afirmación que choca frontalmente con los datos contables. Un rescate que huele a podrido, y que demuestra que en política, a veces, las cuentas nunca cuadran.
Correos: Vende Deuda o Vende Humo
El Gobierno, con la sutilidad de un elefante en una cacharrería, ha decidido que Correos, esa institución que aún recuerda cartas y sellos, se convierta en vendedor de deuda pública. Sí, como si el sablazo en la factura de la luz fuera poco, ahora podrás comprar bonos del Estado en la misma oficina donde antes te llegaba el correo de la abuela. Mientras la deuda pública se dispara hasta los 1,7 billones de euros –una cifra que da vértigo incluso a los economistas más optimistas–, el Ejecutivo se rasca la barriga y dice que el PIB crece más rápido, así que todo está bajo control. ¡Ajá! Como si el crecimiento del PIB fuera un chaleco salvavidas en medio de un tsunami financiero. Correos, que ya venía haciendo malabares con trámites administrativos, pagos de subvenciones y hasta asistencia en catástrofes naturales (la DANA y los temporales de Andalucía y Extremadura, para ser exactos), ahora se añade la venta de deuda a su currículum. 3.000 millones de euros de inversión, según el Plan Estratégico 2024-2028, para modernizar la compañía y, de paso, tapar el agujero contable que se ha ido formando con la caída de la correspondencia tradicional. Pedro Saura, el presidente de Correos, lo vende como una oportunidad para “garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social”. ¡Claro que sí! Porque nada es más igualitario que invitar a la gente a endeudarse para salvar las cuentas públicas. La estrategia, en resumen, es convertir Correos en un supermercado de servicios públicos, una especie de “ventanilla única” donde podrás hacer de todo, desde pagar impuestos hasta comprar deuda. Parece que el libre mercado no es capaz de ofrecer ciertos servicios esenciales en las zonas rurales, así que el Estado, fiel a su vocación intervencionista, decide tomar las riendas. Una solución pragmática, sin duda, aunque huele un poco a parche temporal para un problema estructural mucho más profundo. Que no nos vendan la moto de que esto es por el bien común, aquí hay mucho interés político y económico en juego. Y, como suele ocurrir, el que paga el pato siempre es el mismo.
Familias Españolas: ¡El agua al cuello!
La economía española se pavonea con cifras dignas de un informe del Banco Central Europeo, pero la calle cuenta otra historia. Una historia de cinturones apretados, carritos de la compra a medio llenar y un 98% de familias que ven cómo su sueldo se evapora más rápido que un caramelo en verano. Funcas, con su encuesta, no hace más que poner números a la pesadilla: la mitad de los hogares no alcanza a cubrir gastos básicos, un dato que te deja más frío que un billete de cinco euros. María Miyar, de Funcas y la UNED, nos explica con lenguaje de laboratorio lo que todos ya sabíamos: las cifras macroeconómicas no se comen los niños ni pagan la hipoteca. Las familias con hijos son las más afectadas, con un pesimismo que supera la media. Un pesimismo lógico, porque mientras algunos economistas celebran un crecimiento del PIB, ellos están intentando cuadrar las cuentas para que el pequeño Pablo tenga unas zapatillas decentes. La cosa está tan mal que, aunque ya han tenido los hijos que tenían planeados, muchos confiesan que quisieran tener más… si la economía no fuera un agujero negro. Pero la cosa no acaba ahí. La encuesta también revela desigualdades: los hijos de los ricos van a clases de inglés y pintura para ser “el próximo Einstein”, mientras que los demás se conforman con el fútbol. El cuidado de los niños, según los encuestados, recae principalmente en las madres, porque, claro, en el siglo XXI aún hay roles marcados con fuego. En resumen, un panorama desolador que demuestra que, mientras la economía 'crece', la vida de las familias se hace cada vez más difícil. La prosperidad, al parecer, tiene un precio… y lo pagan los de siempre.
China se forra a costa nuestra
Mientras el ciudadano de a pie calcula si llegar a fin de mes es misión imposible, dos constructoras chinas, ahora con aroma a ex-presidente, se han embolsado 550 millones de euros en obras públicas. Aldesa y Puentes y Calzadas, tras pasar a manos de gigantes estatales chinos en 2020, han visto crecer sus contratos como la espuma, especialmente con ADIF, la Dirección General de Carreteras y otros organismos dependientes del Ministerio de Transportes. ¿Coincidencia? Quizás. Pero el informe del Instituto para la Economía Eficiente (IPEF) desvela que Aldesa, vinculada a pagos de 127.000 euros a una sociedad relacionada con Julio Martínez, presunto intermediario de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, ha acumulado 363 millones en contratos. Puentes y Calzadas, con su nuevo dueño chino China Communications Construction Company (CCCC), no se queda atrás: 190 millones en adjudicaciones, incluyendo proyectos en el Desfiladero de La Hermida y la reconstrucción tras la ‘dana’. La guinda del pastel: parte de este festín se financió con fondos europeos. O sea, que mientras Europa nos exige austeridad, aquí estamos regalando contratos a empresas chinas con conexiones, digamos, 'interesantes'. El negocio se engorda con obras ferroviarias, ampliaciones de capacidad y proyectos de alta velocidad, todo un desfile de infraestructuras estratégicas. Y no nos olvidemos del Corredor Mediterráneo, donde Aldesa ha encontrado jugosas oportunidades. La conexión Zapatero-China se materializa a través de empresarios como Fangyong Du, a quien el CNI relaciona con actividades de influencia a favor de Pekín. Un auténtico safari financiero, donde las grandes constructoras españolas miran desde la barrera mientras el capital chino se hace con el control de nuestras infraestructuras. Un sablazo a las arcas públicas, con sabor agridulce a geopolítica y comisiones. La pregunta no es si estas empresas son las más competitivas, sino cómo han llegado hasta aquí. ¿Casualidad, o una red de contactos bien engrasada? La respuesta, como suele ocurrir, está escondida entre líneas y cuentas opacas. Y mientras tanto, el ciudadano común sigue pagando el pato.
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