El texto original intenta justificar la asimetría mediante la 'naturaleza jurídica', maquillando lo que es un claro privilegio de gestión. Le falta cuestionar si esta estructura de fundaciones es una vía de escape para evitar el control presupuestario directo.
En el Olimpo de la administración pública, presupuestar es un arte abstracto. La SEPI se plantó en enero de 2021 con un presupuesto de 42 millones de euros para contratar asesores que validaran los rescates pandémicos; una cifra que haría palidecer a cualquier familia al mirar la cuenta corriente. Al final, el Tribunal de Cuentas ha soltado la bomba: solo gastaron 4,7 millones. Un 11% del plan original. Para el ciudadano de a pie, esto sería un 'ahorro', pero en el lenguaje de los despachos, es la prueba de que el presupuesto era un número inventado o que el mercado de la validación oficial estaba en rebajas agresivas. La ingeniería fue sencilla. De los 10.000 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), solo pidieron el 53% (5.393 millones) y el Gobierno acabó autorizando apenas 3.256 millones. Menos trabajo, menos facturas. Pero lo verdaderamente escabroso no es cuánto costó, sino qué se compró con esos millones. 96 contratos, 18 de ellos por la vía rápida de la 'emergencia' (donde seis se hicieron a dedo, sin publicidad), sirvieron para que consultoras como Mazars dieran el visto bueno a planes de viabilidad que, en el caso de Duro Felguera, eran técnicamente inexistentes. Mientras tanto, el carrusel de favores gira con una precisión suiza. Javier Loriente, secretario del consejo gestor que evaluaba los rescates, pasó de validar expedientes a ser socio de Duro Felguera nueve meses después. Una transición profesional tan fluida que asusta. Entre Plus Ultra, Tubos Reunidos y Air Europa, la justicia ahora busca respuestas, mientras Bartolomé Lora se prepara para su cita judicial el 3 de julio por presunta prevaricación. Al final, el ahorro en asesores no fue eficiencia, fue simplemente que el visto bueno salió más barato de lo previsto.
Hablemos claro: el sistema de pensiones es hoy un castillo de naipes sostenido con cinta adhesiva y mucha fe. Mientras nos venden la narrativa de la solvencia, la realidad es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que rescatar el agujero con 355.800 millones de euros sacados directamente de los impuestos de familias y empresas. Básicamente, el IVA de tu café y el IRPF de tu nómina están sirviendo de parche para que el sistema no implosione. No es un ajuste, es un trasvase masivo. Para que nos entendamos, desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018, el Estado ha inyectado el doble de lo que hizo Mariano Rajoy en sus seis años de mando. El salto es obsceno: pasamos de 145.000 millones a cierre de 2017 a unos pasmosis 500.968 millones a cierre de 2025. El 71% de todo ese dinero ha fluido bajo la gestión actual. Y ojo al dato, que aquí es donde la magia contable se vuelve oscura: el medio billón de euros que ha crecido este trasvase desde 2010 representa la mitad de todo el incremento de la deuda pública de España en el mismo periodo. Estamos hipotecando el futuro para pagar el presente. El Instituto Santalucía ha destapado el truco: el déficit real para 2025 es de 45.209 millones de euros, una cifra que hace palidecer el oficial de -7.352 millones. ¿Cómo lo hacen? Escondiendo el MEI, ese mecanismo para los 'boomers' que no puede usarse para gastos corrientes. Para equilibrar esta balanza sin trucos, necesitaríamos aparecer mágicamente cinco millones de nuevos afiliados o que cada trabajador acepte un sablazo del 23,5% más en su cuota. El FMI ya pide un debate transparente, pero claro, hablar con la verdad es el único deporte que no se practica en el presupuesto general.
Bolonia ha decidido jugar a ser la niñera del talento. Mientras el alquiler en la ciudad se ha disparado un 45% desde 2019, convirtiéndola en la cuarta ciudad más cara de Italia con una media de 1.250 euros al mes (solo Milán, Florencia y Roma le llevan la delantera en el arte de vaciar carteras), la Cámara de Comercio de Bolonia ha lanzado un plan para que los graduados no huyan despavoridos. El 16 de junio anunciaron que, si eres un recién graduado de la Universidad de Bolonia o de la Academia ITS de Emilia-Romaña y consigues contrato entre el 1 de marzo de 2026 y el 16 de octubre, hay dinero sobre la mesa. Aquí llega la magia de la ingeniería financiera. Te venden un paquete de hasta 10.000 euros, pero no te emociones: no es un cheque en blanco. La parte 'regalo' son 3.000 euros a fondo perdido que vienen de un fondo global de un millón de euros. El resto, otros 7.000 euros, es un préstamo sin intereses que tendrás que devolver en cinco años. Es como cuando tu padre te presta dinero para el coche: no te cobra intereses, pero te obliga a que la cuenta corriente y la nómina vivan en el banco que ellos digan. Valerio Veronesi, presidente de la Cámara de Comercio, lo llama 'invertir en competitividad'. En la calle lo llamamos 'poner un parche en una tubería reventada'. El proceso es un baile de fechas: solicitudes del 15 de septiembre al 16 de octubre, y el préstamo se puede gestionar hasta el 30 de junio de 2027. Detalle curioso: las mujeres tienen prioridad en el orden de concesión. Un gesto noble, aunque el mercado inmobiliario sigue siendo un tiburón que se come los 3.000 euros de subvención en menos de tres meses de alquiler.
El Estado, al parecer, tiene una deuda que no es precisamente con Hacienda, sino con los tribunales. Más de 14.400 millones de euros, para ser exactos, engordando un déficit que ya nos hacía sudar. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREf), que suena a agencia de viajes pero en realidad vigila el dinero público, ha sacado los trapos sucios al sol. No hablamos de la crisis de 2008, ni de la pandemia, sino de sentencias. Sentencias que, como el café de la esquina, van sumando y sumando. La cosa viene de lejos: entre 2014 y 2025, el Estado ha gastado 19.407 millones en sentencias, una media anual de 1.617 millones. ¡Casi el presupuesto de un ministerio pequeño! Y la lista de agravios es larga: arbitrajes internacionales por energías renovables (¿quién no conoce a alguien con placas solares?), autopistas de peaje que parecen un atraco a mano armada, avales ICO-COVID que ahora vuelven como un bumerán y hasta tasas de gestión de residuos radiactivos. La AIReF, con cara de pocos amigos, exige a Hacienda y Economía que dejen de predecir el futuro con la bola de cristal y que incluyan estos riesgos en sus informes. Pero la cosa no acaba ahí. Los desastres naturales, como la DANA de octubre de 2024, han costado 65.085 millones entre 2005 y 2025. Y con el cambio climático, parece que vamos a tener más 'sorpresas'. Además, las empresas públicas tienen un pasivo equivalente al 9% del PIB, y las corporaciones locales concentran el 72% de ellas, aunque solo representen el 7% del pasivo. El sector central, en cambio, agrupa el 8% de las entidades pero ¡concentra el 85% del pasivo! En resumen, un baile de números que da más dolor de cabeza que la declaración de la renta. La AIReF ha creado incluso un modelo llamado MEGAIREf para analizar los peores escenarios. ¡Menuda fiesta!
Zapatero, el hombre que nos vendió el oro barato, ahora presume de un ajuar joyero tasado en 1,3 millones de euros. Ansorena y el Instituto Gemológico Español certifican el botín: oro blanco, diamantes, esmeraldas… un catálogo de caprichos mientras la cesta de la compra se encarecía. La ironía, amigos, es que el oro, precisamente el que él vendió en 2007 argumentando que “ya no era rentable”, se ha disparado un 124% en cinco años, alcanzando los 4.238 dólares la onza. ¿Rentable ahora, verdad? Aquella operación, que le inyectó 2.150 millones a las arcas públicas, hoy equivaldría a casi seis veces más. La plata, por si fuera poco, ha subido un 150%. Los diamantes, eso sí, han perdido brillo, víctimas de la competencia de los sintéticos y la sobreoferta. Una caída del 6% desde 2021. Pero las esmeraldas y los zafiros, más exclusivos, han visto su valor incrementarse, impulsando el índice Gemval un 10,84%. Y no olvidemos que una joya ya tallada vale el doble. Mientras tanto, un 21% de los españoles ve las joyas como inversión, un 19% como ahorro y el resto… ¿sentimentalismo? En 2024, la joyería y relojería facturó 2.100 millones, con la joyería representando el 55% del total. Un dato que contrasta con la austeridad que nos predicaban. ¿Casualidad? Difícilmente. La pregunta no es cuánto valen las joyas de Zapatero, sino quién pagó la factura de su “rentabilidad” fallida.
La Seguridad Social, con la gracia de un elefante en una cacharrería, ha decidido que 500.000 autónomos societarios y colaboradores paguen la cuenta. Prometieron que las cuotas no subirían, pero las promesas, como las rebajas de enero, suelen ser más relucientes en el escaparate que en el bolsillo. El batacazo: un incremento del 42% en la base mínima de cotización, pasando de 1.000 a 1.424,40 euros mensuales. ¿El impacto? Un sablazo de 135 euros al mes, o 1.600 euros anuales, directo a la billetera de quienes ya están exprimiendo las nueces. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), liderada por Lorenzo Amor, lleva meses gritando al desierto, advirtiendo que esta medida afectará especialmente a mujeres que ayudan en negocios familiares del entorno rural, donde la palabra “margen” suena a lujo. Mientras tanto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sonríe: la subida inyectará 1.550 millones de euros a las arcas públicas, una décima del PIB. ¡Qué alivio para las pensiones! La ironía es que la reforma de cotización por ingresos reales de 2022 preveía una evaluación con los agentes sociales que nunca llegó a buen término. Junts, con una enmienda en el Congreso, intenta poner freno al desastre, pero la Administración, con el apetito de un león hambriento, parece decidida a mantener el plan. La moraleja: cuando ves al político prometer, agarra la cartera. Y prepárate para el sablazo. Porque, al final, siempre somos los mismos los que pagamos la fiesta.
La Seguridad Social, con la gracia de un elefante en una cacharrería, insiste en subir las cuotas a 500.000 autónomos societarios y colaboradores en 2026. Promesas rotas, ¿dicen? Sí, las mismas que vendían como agua embotellada hace meses. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) lleva meses gritando, pero parece que sus súplicas rebotan en las paredes de un ministerio sordo. El golpe, que se siente especialmente fuerte en los bolsillos de esos autónomos colaboradores – muchas veces mujeres en negocios familiares rurales – se traduce en un sablazo de unos 135 euros al mes. Para la Administración, claro, es una mina de oro: 1.550 millones de euros más al año, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Una décima del PIB, para ser exactos. ¿Quién necesita un plan de pensiones cuando tienes a los autónomos para exprimir? La cosa es que esta subida no es un capricho. Es el resultado de una reforma de 2022 que ahora, convenientemente, se aplica sin haber escuchado a los afectados. Junts incluso intentó poner un freno en el Congreso, pero la necesidad de esos 1.550 millones parece ser más fuerte que la palabra dada. La Seguridad Social, con una base mínima que salta de 1.000 a 1.424,40 euros, argumenta que es necesario para equilibrar el sistema. Los autónomos, por su parte, ven un robo a plena luz del día. Y mientras tanto, la Airef confirma que la recaudación será mayor de lo previsto. La guinda del pastel. En resumen, un baile de números y promesas incumplidas donde los autónomos pagan el pato y la Administración celebra la lluvia de millones. Y la pregunta es, ¿cuántas veces más tendremos que ver esta misma película?
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