Crítica:
El texto es un escaparate de quejas del sector inmobiliario que ignora convenientemente la especulación del suelo. Presenta la burocracia como el único villano mientras el ciudadano paga el pato.
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Sánchez deja a Feijóo la factura envenenada
Pedro Sánchez ha perfeccionado el arte de dejar la mesa puesta, pero con la cuenta del restaurante ya inflada y el camarero exigiendo el pago inmediato. La jugada es maestra: mientras el Ejecutivo se deslumbra con un techo de gasto de 226.032 millones de euros —una cifra que hace parecer el límite de 119.834 millones que heredó del señor Rajoy un presupuesto de bolsillo para ir a por el pan—, el reloj de arena de la AIReF empieza a agotarse. Sánchez ha inflado el gasto un 88% (106.198 millones más) durante su mandato, básicamente tirando de la tarjeta de crédito pública sin mirar el extracto. Ahora, el regalo envenenado llega para Alberto Núñez Feijóo. Si el líder popular gana las elecciones, no encontrará una alfombra roja, sino una tijera oxidada y urgente. La AIReF, bajo el mando de Inés Olóndriz, ya ha soltado la bomba: para no saltar por los aires la regla de gasto nacional, hace falta un ajuste del 0,6% del PIB en el segundo semestre. Traducido al lenguaje de la calle, son unos 10.100 millones de euros que habrá que rascar de algún lado mientras el ciudadano intenta que la compra del mes no sea un deporte de riesgo. La hipocresía es deliciosa. El Gobierno sabe que no habrá austeridad antes de los comicios de 2027; prefieren dejar la factura para que otro la pague. Feijóo se encontrará con un escenario tétrico: la obligación de cumplir el marco fiscal europeo en 2027 y 2028, una recaudación tributaria que empezará a bajar porque el PP quiere deflactar el IRPF (devolverle el aire al contribuyente) y la eterna ausencia de Presupuestos Generales del Estado, que se han convertido en un mito urbano. En resumen, Sánchez deja el jardín regado, pero con la tubería rota y la factura del agua pendiente de pago.
Coches eléctricos: ayudas que llegan tarde y vacías
El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la compra de un coche eléctrico en una partida de Monopoly donde el tablero está roto y el banquero se ha ido de vacaciones. Mientras el ciudadano medio intenta cuadrar la cuenta bancaria para que no le llegue el aviso de saldo insuficiente, el Ejecutivo lleva siete meses —desde enero, para los que no lleven el calendario al día— jugando al escondite con las bases del Plan Auto+. Es la clásica gestión de 'ya verás que bonita la ayuda', pero cuando llegues a la ventanilla, el cajero te dirá que no queda ni un céntimo. José López-Tafall, director general de Anfac, ha tenido que soltar la bomba: el dinero se agotará casi al 100% para septiembre. Es decir, que para cuando el Gobierno decida publicar las bases (si es que lo hace antes de que termine julio, como prometen), el presupuesto será un espejismo. Estamos hablando de un fondo de 400 millones de euros que, repartido entre los 150.000 coches previstos para 2026, dejaría una ayuda media de 2.600 euros. Pero claro, como el Gobierno quiere hacer el paripé con ayudas de hasta 4.500 euros, la matemática no cuadra. El resultado es un agujero donde entre 50.000 y 80.000 personas se quedarán mirando el catálogo del concesionario sin un duro en el bolsillo. ¿El motivo del retraso? La burocracia creativa. Se han liado con el 'made in Europe', diseñando un sistema de puntos digno de una oposición de funcionario donde regalan 675 euros si el coche es europeo y otros 450 si la batería también se cocinó en el Viejo Continente. Mucha bandera y mucha industria, pero el cliente final se queda con la factura completa y una promesa electoral que tiene la fecha de caducidad de un yogur olvidado al sol.
Muface: el arte de prolongar la baja
Parece que el arte de recuperarse de una gripe o un esguince tiene tiempos distintos según el sello de tu nómina. Mientras el trabajador del sector privado se reincorpora casi a contrarreloj para no molestar al jefe, los funcionarios adscritos a Muface (los que entraron antes de 2011) se toman la vida con una calma envidiable. Según el panel de la Airef, un mutualista promedia 59,4 días de baja, frente a los 45,9 del Régimen General. Una diferencia de 13,5 días; un 29,4% más de tiempo en el sofá, que en la calle se traduce como 'tener la vida resuelta'. No es que se enfermen más —de hecho, en 2024 la incidencia fue de solo 20,29 procesos frente a los 33,86 del sector privado—, sino que cuando caen, el aterrizaje es mucho más lento. La cosa se pone interesante con la edad: entre los 55 y 65 años, la baja se dispara a 71,3 días, un 60% más que los jovencitos de 25 a 35 años (44,7 días). Es el lujo de la estabilidad. Pero no todo es indolencia. La Airef nos recuerda que el sistema es un coladero: 16.500 millones de euros se fueron en incapacidades temporales en 2024. El número de procesos se ha duplicado, pasando de 4,7 millones en 2017 a 8,6 millones en 2024. ¿La razón? Un cóctel de listas de espera sanitarias infinitas, la plaga de la salud mental y una reforma laboral de 2021 que, al dar contratos indefinidos, quitó el miedo a ser despedido por estar enfermo. Además, cuando el convenio te paga el 100% del sueldo mientras descansas, el incentivo para volver a la oficina es tan bajo como la moral de un lunes por la mañana. Al final, ajustando todas las variables, trabajar para el Estado te da un 14% más de probabilidades de pedir la baja que en el sector privado comparable. La ingeniería del descanso tiene su ciencia.
Rescate público y bonus: el truco final
Hay una magia muy especial en la gestión de las crisis industriales: mientras los obreros se preparan para el despido colectivo y la empresa se refugia en un concurso de acreedores, en los despachos de Tubos Reunidos parece que el calendario financiero funciona con una lógica paralela. La historia es un clásico del género: un rescate público vía crédito Fasee de la SEPI para no hundirse tras la pandemia, y una serie de 'anomalías' en los bonus que harían sonrojar a cualquier auditor con principios. El protagonista, Francisco Irazusta, navegaba con un sueldo fijo de 325.000 euros por funciones ejecutivas y otros 75.000 por la presidencia. Mientras la empresa pedía oxígeno, Irazusta se embolsó 140.000 euros de variable en 2021. Para 2022, la contabilidad se vuelve un ejercicio de surrealismo: el informe de remuneraciones (IARC) dice 202.200 euros, el contrato marca 240.000 y la tabla individual sube hasta los 272.000. Es como si intentaran cuadrar la cuenta del bar con tres tickets distintos y ninguno coincidiera. Pero el verdadero plato fuerte llega en 2023. La alta dirección no consejera se llevó un festín de 5,813 millones de euros, donde 2,9 millones eran variables 'consolidadas y liquidadas'. En lenguaje de calle: mientras el barco hacía agua y el valor contable del instrumento financiero subía de 115,651 millones en 2022 a 119,779 millones en 2023, algunos directivos se aseguraban el futuro. La empresa se escuda en que el préstamo Fasee solo limitaba a los consejeros, dejando la puerta abierta para que el resto del comité de dirección cobrara por cumplir objetivos de EBITDA. Un truco de magia contable donde el dinero público sirve de colchón y los bonus de trampolín.
Burbuja IA: El sablazo final se acerca
Wall Street ha decidido jugar al Monopoly con dinero real y las reglas de la física financiera. Resulta que las tecnológicas están infladas hasta el delirio, con valoraciones de billones de dólares que parecen más un deseo ferviente que un balance contable. El truco es sencillo: gastar fortunas en centros de datos como quien compra un yate sin saber navegar, esperando que la Inteligencia Artificial mágicamente convierta el hormigón y los chips en lingotes de oro. Mientras tanto, el S&P ha subido un 9% este año, cerrando el mejor trimestre desde 2020, pero el aire empieza a faltar en las alturas. Bank of America ha soltado la bomba un martes cualquiera: la especulación ha llegado a niveles extremos. Básicamente, nos dicen que el 'estirón' de las acciones es tan artificial que el 'latigazo' de vuelta va a ser doloroso. Para que nos entendamos, es como si alguien pagara el precio de un Ferrari por un coche que aún no tiene motor, confiando en que el motor se inventará solo el próximo mes. Lo verdaderamente inquietante es la comparación con el abismo. Russ Mould, del Telegraph, nos recuerda que el ratio Shiller CAPE actual es de 41 veces la media de beneficios de la década. Para los que no habláis 'economés', esto es una locura: el Martes Negro de 1929, el inicio de la Gran Depresión, solo tenía un ratio de 32,5. Estamos más inflados que una pompa de jabón en un ventilador industrial. Ya vimos el primer aviso a finales de junio, cuando el S&P 500 sufrió una purga de cientos de miles de millones de dólares. Incluso SpaceX, que salió a bolsa hace semanas, se pegó un castañazo volviendo a sus 150 dólares iniciales. Eso sí, la fe ciega persiste; Morgan Stanley y Goldman Sachs siguen soñando despiertos con objetivos de 300 y 205 dólares para SpaceX, ignorando que la realidad suele cobrar las facturas tarde o temprano.
Bruselas encarece tu café soluble
Bruselas ha decidido que salvar el planeta empieza por el frasco de café soluble que tienes en la despensa. En un despliegue de generosidad burocrática, la Comisión Europea aprobó este lunes ampliar la ley antideforestación para incluir el café soluble, uniéndolo al club del café tostado y descafeinado. La idea es noble: asegurar que tu cafeína matutina no proceda de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. El problema es que, mientras nosotros intentamos que el sueldo llegue al día 20, las empresas tendrán que jugar al detective geolocalizando cada grano y rellenando declaraciones de diligencia debida. El calendario es un poema. Las medianas y grandes empresas tienen hasta el 30 de diciembre de 2026 para ponerse las pilas, mientras que las microempresas y pequeñas tienen un respiro hasta el 30 de junio de 2027. Pero no se engañen: el papeleo no es gratis. Implementar trazabilidad y controles en la cadena de suministro es como añadirle un impuesto invisible a la taza. Es una ingeniería de costes que, invariablemente, terminará como un sablazo en la factura del consumidor. Lo más irónico es el 'timing'. El mercado ya está herido de muerte por las malas cosechas en Brasil y Vietnam, los dos gigantes del sector. Ahora, Bruselas le añade una capa de cemento administrativo. Y para rematar el cuadro de hipocresía, la Comisión ha decidido que el cuero, las pieles de bovino y los neumáticos recauchutados pueden salir del baile para 'reducir cargas'. Al parecer, el planeta respira mejor si el neumático es libre, pero el café soluble debe llevar pasaporte y árbol genealógico.
Audiencias infladas: el 'estafador' de la tele
Imagínate que vas al supermercado, la pantalla del cajero se apaga, no hay nadie cobrando y, aun así, el ticket te dice que has comprado tres jamones ibéricos. Absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que ocurre en la televisión española. Kantar Media, la empresa que tiene el monopolio de los audímetros y que ahora quiere hacerse la moderna llamándose Fifty5Blue, nos vende que La 1 de TVE es la reina del mambo incluso cuando la pantalla está en negro. El dato es demoledor: durante una avería de 19 minutos en 'La Hora de la 1', el sistema registró picos del 20,4% de cuota de pantalla. Básicamente, el audímetro mide la inercia o la fe, pero no la realidad. Es como si te cobraran la suscripción de un gimnasio aunque el local esté incendiándose. Este 'estirón' artificial de TVE ha hartado a la FORTA. Diez de sus doce operadores —desde EITB y Telemadrid hasta la TVG o la Televisión Canaria— han decidido que ya basta de jugar a los dados con el dinero público. En una votación secreta (porque en estas casas el consenso es un mito y prefieren que no se vean las grietas), han lanzado un ultimátum: o hay cambios estructurales antes del 31 de julio, o el 1 de agosto se desconectan del sistema. Solo Canal Sur y TV3 se han quedado mirando desde la barrera absteniéndose. Atresmedia y Mediaset también están quemadas, viendo cómo el panel de Kantar, que parece compuesto por personas que no han salido de casa desde 1985, infla los datos de la pública en hoteles y segundas residencias. La FORTA pide una prórroga hasta el 31 de diciembre para pasar del modelo de 'casas fijas' al Big Data. Si no hay acuerdo, el mercado publicitario se convertirá en el Salvaje Oeste: sin métricas oficiales, comprar un anuncio será como comprar una lotería sin saber si el sorteo ha ocurrido.
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