El texto original es un ejercicio de sospecha bien documentada, aunque juega peligrosamente con la correlación temporal para sugerir un chantaje sin pruebas judiciales. Es brillante exponiendo la transferencia de riqueza, pero peca de unilateralidad política.
En este país, la transparencia es como el wifi en el metro: se anuncia, pero nunca llega cuando más lo necesitas. El Ministerio de Hacienda, bajo el mando de Arcadi España, ha decidido jugar al escondite con el Senado. El PP, liderado por Alicia García, pidió echar un ojo a la declaración del Impuesto de Patrimonio y las sociedades de José Luis Rodríguez Zapatero desde 2011 hasta 2025. Básicamente, querían saber si la cuenta corriente del expresidente ha crecido más que la inflación de la cesta de la compra, pero Hacienda ha respondido con un 'no' rotundo y un dossier de cinco páginas que es una obra maestra de la gimnasia mental. El argumento es el clásico: 'datos confidenciales'. Muy curioso, porque la Ley General Tributaria de 2003 dice que el secreto fiscal se puede saltar para colaborar con comisiones parlamentarias si el sujeto fue cargo público. Zapatero fue presidente, así que el primer check está puesto. Pero Hacienda dice que no hay relación con el cargo. Una lógica brillante, especialmente cuando el propio Zapatero justificó que las joyas de su despacho eran regalos de Arabia Saudí en 2007. O sea, que el oro sí es cosa del cargo, pero los impuestos son un asunto privado. Es como decir que el coche oficial es para trabajar, pero la gasolina la pagas tú. Para rematar la faena, el Departamento también ha cerrado el grifo sobre Tubos Reunidos. El PP quería saber por qué hay un retraso en la devolución de 10 millones de euros de un préstamo rescatado en 2021 por la SEPI. Diez millones. Para que nos entendamos: es dinero que podría haber pagado miles de facturas de la luz de familias reales, pero Hacienda dice que pedir el expediente no es 'jurídicamente procedente'. En resumen, el muro de Hacienda es más alto que las aspiraciones de transparencia de la cloaca del PSOE.
Hay una magia contable en Moncloa que ya quisiera cualquier casino de Las Vegas. Se llama 'excepción ibérica', un mecanismo que prometía salvarnos del sablazo energético y que, en la práctica, funcionó como una colecta forzosa entre los españoles para pagarle la luz al vecino. Mientras el ciudadano medio veía cómo su factura subía 111 euros, un 40% de votantes estratégicos disfrutaba de una rebaja de 70 euros. Traducción: el 60% de la población hizo de mecenas involuntario para que el resto no se quejara en las urnas. Pero lo verdaderamente fascinante es la generosidad transfronteriza. Mientras nosotros hacíamos malabares con la lista de la compra, Marruecos se ahorró unos 600 millones de euros comprando electricidad española a precio rebajado. Un regalo envuelto en papel de seda que llegó justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez daba un giro de 180 grados sobre el Sáhara Occidental y, curiosamente, poco después de que el programa Pegasus dejara el móvil del presidente y de ministros como Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska como un colador digital con 2,6 gigas de datos filtrados. El diseño del sistema decía que no beneficiaría a países fuera de la UE, pero los electrones no piden pasaporte al cruzar el cable submarino del Estrecho. Así, mientras España abonaba 5.900 millones de euros para compensar a las eléctricas, Rabat multiplicó por cuatro sus importaciones. Sumando a Francia (800 millones) y Portugal, el agujero contable para los vecinos alcanzó los 1.912 millones según Nera Economic Consulting. Ahora, con la crisis de Ormuz disparando la luz a 100 euros por megavatio hora y una industria que ya calcula un sobrecoste de 7.400 millones, el Gobierno quiere resucitar el mecanismo. La pregunta es simple: ¿a quién le vamos a pagar la factura esta vez?
Hay quien confunde la solidaridad con el marketing de guerrilla. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares para que la cuenta del súper no parezca una hipoteca, en Ceuta desembarcan los 'brigadistas' de Negu Gorriak y Derecho a Techo. No vienen con mantas ni medicinas en silencio —estilo Jesucristo—, sino con una rueda de prensa bajo el brazo, buscando el 'sustillo' necesario para alimentar la narrativa del fascismo. Es la vieja receta: provocar al vecino que lleva dos meses aguantando una invasión y luego presumir de las piedras recibidas como si fueran medallas al valor. El despliegue es casi cómico. Tenemos a una diputada de Ceuta Ya! recogiendo activistas en un Mercedes anticapitalista; un contraste tan fuerte que casi se puede oler el aroma a hipocresía desde el puerto. En el tablero político, la cosa no es distinta. Mientras Óscar López lanza dardos contra los jueces llamándolos 'lobos solitarios', el gobierno parece jugar al ajedrez con piezas que no controla. Se menciona a Leire Díez y un encargo surrealista a clanes de narcotraficantes para asustar a la instructora Biedma. Al final, resulta que los narcos tienen más ética profesional que la cúpula sanchista. Entre el ruido de 'poner el cuerpo' —frase que Irene Montero ha convertido en mantra— y la retórica de Pablo Iglesias, aparecen nombres impronunciables como Aranzadi Iruñea Denon Artean-Pamplona. Aitor Balbás Ruiz, que en 2019 no llegó ni a los 900 votos (867 exactamente), intenta ahora dar lecciones de cultura citando a Bertolt Brecht para camuflar un pasado que huele a Bildu. Todo esto ocurre bajo el paraguas de la Agencia Europea Anti-Fronteras y una red de colectivos como No Name Kitchen o Fraktal, que prometen abolir fronteras mientras el Rey luce el pin de la Agenda 2030. Un círculo perfecto donde el revolucionario y el globalista se dan la mano mientras Ceuta se convierte en el parque temático de la utopía.
En la política, como en el fútbol, el que no marca gol no cobra el primario. Así de crudo es el balance del Consejo de Cuentas sobre las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León. Mientras seis partidos se reparten un festín de 2,27 millones de euros en subvenciones, la coalición de IU-Movimiento Sumar-Verdes-Equo se queda mirando el escaparate con un agujero de 74.230,96 euros en el bolsillo. Básicamente, han pagado la fiesta y se han ido sin comer. El reparto del botín es una oda al contraste. El PSOE, con sus 30 procuradores, se lleva la tajada más gorda con 810.744,02 euros, superando al PP (33 parlamentarios) que recibirá 808.257,89 euros. ¿La razón? Los socialistas gastaron más en el 'mailing' —ese envío de propaganda que llega a casa y acaba directo a la papelera—, soltando 349.865,82 euros frente a los 293.754,03 de los populares. Es la lógica del sistema: cuanto más gastas en papel mojado, más te devuelve el Estado. Vox, con 14 procuradores, se embolsa 487.625,36 euros, aunque el Consejo le ha metido un pequeño 'tijeretazo' de 1.595 euros por pagar fuera de plazo. Las formaciones del Grupo Mixto completan el cuadro: la UPL se lleva 108.477,11 euros, Por Ávila 38.239,94 y Soria ¡Ya! 26.342,89 euros. Lo más irónico es que el Consejo de Cuentas, en su sede de Palencia, ahora sugiere que se limite el gasto a lo 'imprescindible'. Un concepto elástico que llega tarde, después de que se hayan justificado 3,18 millones de euros. Mientras tanto, IU y compañía descubren que en la aritmética electoral, el esfuerzo sin escaño es, sencillamente, una donación involuntaria al sistema.
Hay que tener una cara dura del tamaño del Atlas. Mientras en España gestionar el agua es un deporte de riesgo entre sequías y el fantasma de Acuamed, nuestro vecino marroquí ha decidido jugar a la liga de los grandes. Para 2031, el reino alauita tendrá cuatro de las diez desaladoras más grandes del planeta, situándose justo detrás de los jeques de Arabia Saudita y Emiratos. Y aquí viene el giro irónico: el 'empujoncito' financiero viene de Madrid. Con una ingeniería financiera que haría llorar a cualquier contribuyente, España ha soltado unos 340 millones de euros públicos. El desglose es un poema: 250 millones vía FIEM, 60 millones de Cesce y otros 31 millones por Cofides. Básicamente, estamos pagando la factura de la luz y el agua para que los tomates de Karam Green Agri lleguen más frescos y baratos a los lineales de Lidl y Tesco, compitiendo —y machacando— a la huerta española. El plan es agresivo. De producir 345 millones de metros cúbicos anuales con 17 plantas, quieren saltar a 1.700 millones para 2030. La joya de la corona es la planta de Casablanca, construida por Acciona con un coste de 887 millones de euros, que además sirve de 'maquillaje' hídrico para impresionar a la FIFA de cara al Mundial 2030. Mientras tanto, el Plan Verde de Aziz Ajanuch demostró que plantar sandías en el desierto de Zagora es una genialidad... si no te importa agotar los acuíferos. Ahora, con la ósmosis inversa bajando los costes a 50 centavos el metro cúbico, el agua ya no cae del cielo, sino que sale de una tubería financiada por nosotros. Un negocio redondo para ellos; para nosotros, un agujero contable con sabor a salmuera.
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de un atleta olímpico para lograr lo que Yolanda Díaz ha hecho esta semana. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que ocupa un despacho en Moncloa desde 2020, ha soltado la perla: pide una 'movilización contra el Gobierno de España'. Sí, han leído bien. Es como si el dueño de un restaurante saliera a la calle a gritar que hay que cerrar el local porque la comida es incomible, mientras sigue cobrando el sueldo de gerente y manejando la cocina. El escenario fue un acto del Partido Comunista, el lugar ideal para que Díaz lanzara su mantra contra Alberto Núñez Feijóo y Abascal. Pero el giro surrealista llegó cuando sugirió que, si hace falta movilizarse contra el propio Gobierno del que ella es pieza clave, que lo hagan. Es una ingeniería política que deja al ciudadano medio, ese que lucha con la factura de la luz y la lista de la compra, totalmente descolocado. ¿Cómo se puede ser el brazo ejecutor de una política y, simultáneamente, el que pide quemar el mapa desde dentro? Borja Sémper, portavoz del PP, no ha tardado en calificar el episodio de 'berlanguiano' y compararlo con '1984', y no le falta razón. Estamos ante un esperpento donde las siglas de Sumar, fundadas en 2023, ya planean su propia desaparición para 2027 bajo el nombre de Frente Amplio, acogiendo a Izquierda Unida y los Comunes. Mientras tanto, Díaz ya ha avisado que no será la candidata. Básicamente, está preparando la maleta y el aterrizaje, pero antes quiere dejar el jardín abonado con un poco de caos electoral. Una jugada maestra de quien ya no tiene nada que perder, pero mucho que fingir.
Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y siente que el sueldo se le escapa entre los dedos como arena, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido montar un nuevo 'escaparate' en La Habana. A partir del 5 de octubre, abre el Centro de Solicitud de Visados para España, un despliegue logístico que llega justo cuando la 'ley de nietos' tiene a medio Caribe revisando el árbol genealógico para ver si algún tatarabuelo caminó por la península. José Manuel Albares ya lo había soltado en septiembre de 2025: el consulado de La Habana estaba más colapsado que una autopista en agosto. Para solucionar este 'embotellamiento' administrativo, han instalado la nueva oficina en la Av. 31, entre 18 y 14, casa 1419 (Miramar-Playa). Pero ojo, que aquí hay truco de magia burocrática. El nuevo centro es básicamente el recepcionista de turno; se encarga de recoger los papeles y entregar los pasaportes, pero el poder real —el sello del 'sí' o el 'no'— sigue encerrado en el Consulado General de España en La Habana. Es como contratar a un intermediario para que te tome el pedido, pero que la cocina siga siendo la misma de siempre. La transición tecnológica ha sido el clásico 'borrón y cuenta nueva'. Han fulminado el sistema Bookitit este lunes, dejando a los usuarios en un limbo digital donde la única esperanza es revisar la carpeta de 'correo no deseado' para ver si info@spainvisa-cuba.com les da luz verde. Todo esto ocurre mientras Cuba se consolida como el segundo país con más solicitudes de nacionalidad por la ley de nietos. Una danza de pasaportes y ancestros que demuestra que, en el juego de la burocracia, quien tiene el sello tiene el mando.
Comentarios