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Llegó el otoño y, con él, la habitual alegría de descubrir que calentar la casa se ha convertido en un lujo para pocos. Mientras algunos celebran que la luz no ha explotado gracias a los molinos y los paneles, los dos millones de hogares que dependen del gasóleo C se encuentran con un sablazo que deja fría a cualquiera. No es una subida tímida; es un salto del 65% desde que el conflicto en Irán empezó el pasado 28 de febrero. Para que nos entendamos: llenar una caldera estándar de 500 litros ya cuesta 850 euros. Son 300 euros más que antes de la guerra, un dinero que hoy en día es la diferencia entre comer carne los domingos o pasar el invierno abrazado a un radiador apagado. El dato es lapidario. En octubre hemos superado el récord de junio de 2022, cuando la crisis de Ucrania nos tenía a todos contra las cuerdas. Ahora, con el estrecho de Ormuz cerrado y el Brent cotizando a 106 dólares (un 56% más que en febrero), el litro de gasóleo C ha alcanzado los 1,74 euros, pulverizando los 1,64 euros de aquel pico histórico. Es la clásica ingeniería del desastre: el 20% del petróleo mundial se queda atascado en el Golfo y el ciudadano de a pie paga la factura. Lo más cínico es el contraste fiscal. Mientras que los 3,1 millones de usuarios de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas tienen un tope de precios que les sirve de paraguas, los del gasóleo están a la intemperie. El IVA volvió al 21% en junio y lo único que queda es un mecanismo de minoración en el Impuesto Especial de Hidrocarburos que parece un parche en una presa rota. Con el decreto anticrisis caducando el 31 de diciembre, el primer trimestre de 2027 se perfila como una auténtica gélida pesadilla financiera.
Madrid tiene ahora su propio parque acuático, aunque sin socorristas y con un toque de vandalismo barroco. En la Puerta del Sol, la fuente de Carlos III ha dejado de ser un monumento histórico para convertirse en el jacuzzi particular de una acampada que se cree en Benidorm. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y mira la cuenta bancaria antes de comprar un kilo de tomates, algunos han decidido que el patrimonio público es el sitio ideal para desplegar colchonetas hinchables y sillas de camping, transformando el estanque en una piscina improvisada donde el baño es gratis y el respeto, inexistente. La ironía es deliciosa: pancartas que claman «gente sin casa, casas sin gente» conviven con el grafiti «Tourist go home» pintado en negro sobre la piedra del pedestal. Un despliegue de coherencia digno de un premio. Desde el 26 de septiembre, más de 2.000 tiendas han colonizado la plaza y la calle del Arenal, incluyendo una carpa dedicada, con una generosidad admirable, a enseñar el arte de okupar viviendas. Entre tanto, el juego de sillas musicales políticas sigue su curso. Isabel Díaz Ayuso y su equipo han dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para limpiar el desastre, pero Francisco Martín ha preferido el modo 'zen', calificando la protesta de pacífica mientras la basura se acumula y los robos nocturnos son el pan de cada día. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que no al desalojo el 5 de octubre, pero la Comunidad, vía Miguel Ángel García Martín y Jorge Rodrigo, ya prepara el recurso de reposición. Incluso Metro ha avisado que la plaza es ahora un cuello de botella peligroso para las emergencias. En resumen: el patrimonio se baña, el comercio sufre y la justicia mira desde la barrera mientras Carlos III, desde su caballo, se pregunta en qué momento su fuente se volvió un club de verano.
Hay una ironía perversa en que un profesor, alguien dedicado a enseñar la verdad, termine siendo la víctima de una mentira arquitectónica. Jesús alquiló su piso en Roquetas de Mar en 2017 por 350 euros al mes, creyendo que ayudaba a una mujer sola. Spoiler: no estaba sola. Ahora, el piso es un hotel familiar gratuito para seis personas que, además, se dedican al 'subarriendo creativo' de habitaciones. Mientras Jesús cuenta los céntimos para que su hija de 4 años no pase calor y apaga el aire acondicionado para sobrevivir, la inquilina presume en redes sociales de joyas de Tous y Pandora, y de tratamientos faciales en su propio centro de estética. La ingeniería financiera de la okupa es fascinante. Debe más de 20.000 euros en alquileres y ha dejado un agujero de 1.000 euros en facturas de luz que el profesor ha tenido que rescatar pidiendo préstamos a familiares. Pero ojo, que la señora es una emprendedora: presume de haber comprado otra casa en Almería al contado y de gestionar carnicerías halal. El cinismo alcanza niveles olímpicos cuando, tras ofrecer 85.000 euros por la vivienda (tres dormitorios y dos baños) y luego echarse atrás porque 'sus padres estaban de viaje en Marruecos', decidió atrincherarse. El contraste es brutal. De un lado, un hombre con diabetes por estrés y cuatro dientes menos de tanto apretar la mandíbula por la impotencia; del otro, una familia que se siente blindada por el 'decreto Maricarmen' y que amenaza con 'despellejar vivo' al dueño si se acerca. La justicia, en este caso, parece un concepto abstracto mientras la vulnerabilidad se usa como un escudo táctico para quienes tienen el bolsillo lleno y la moral vacía. No pagarán ni un duro, porque saben que el sistema, a veces, confunde la necesidad con la audacia.
La historia es un círculo vicioso, o quizás un juego de espejos donde la memoria tiene un borrador muy selectivo. Resulta que Mateo Pérez-Castejón Díaz, el abuelo materno de Pedro Sánchez, no solo tuvo una trayectoria militar digna de un guion de suspense —pasando de ser un 'desertor' del Ejército republicano en Teruel a lucir la Medalla de la Campaña y dos Cruces Rojas del Mérito Militar como legionario de la XV Bandera del bando nacional—, sino que terminó sus días disfrutando de los beneficios del sistema que hoy su nieto intenta desmantelar con leyes de memoria. Según el certificado de defunción, Mateo exhaló su último suspiro el 7 de noviembre de 1973 en la Ciudad Sanitaria Francisco Franco. Pero el detalle jugoso no es dónde murió, sino dónde dormía. Su último domicilio estaba en la calle Arroyo Fontarrón, en Moratalaz, un bloque de viviendas protegidas levantado en 1970 por el Instituto Nacional de la Vivienda (INV). Para los que no recuerden, el INV era la joya de la corona del régimen franquista para el control social y la vivienda obrera. Básicamente, mientras el relato oficial del PSOE nos vende una lucha épica contra la dictadura, el abuelo del jefe del Gobierno vivía en un piso que era, literalmente, un regalo arquitectónico del régimen, diseñado por Enrique García-Ormaechea y marcado con el yugo y las flechas de Falange. La trama se vuelve aún más surrealista con el bisabuelo, Juan Bautista Pérez-Castejón, un Guardia Civil que, tras matar a un compañero al salir del retrete y saltarse una condena de más de 14 años, decidió que cambiar el apellido era la mejor estrategia de marketing para despistar a la policía. Una ingeniería familiar que duró décadas hasta que, en 2001, la familia decidió que ya era seguro recuperar el 'Castejón'. Irónico que el actual presidente mencione la procedencia murciana de su abuelo en sus mítines, pero guarde el currículum legionario y el piso del INV en el cajón de los secretos.
Hay que tener una flexibilidad moral envidiable para liderar la narrativa del 'drama habitacional' mientras se coleccionan llaves como quien junta cromos del Mundial. José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, se ha convertido en el ejemplo vivo de la 'solidaridad inmobiliaria': advierte a los jóvenes que no pueden emanciparse mientras él se asegura un flujo mensual de 3.755,89 euros solo por alquilar sus propiedades. Es el clásico caso de quien predica el ayuno mientras se cena langosta en el reservado. Su portfolio es una joya de la diversificación. Cinco viviendas, un inmueble misterioso en Madrid y una parcela, todos al 100 %. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente para pagar el alquiler, Caballero ha ingresado 45.070 euros por arrendamientos en 2025. Si sumamos sus sueldos de la Junta (87.556 euros) y las Cortes regionales (18.757 euros), más unos intereses bancarios de 1.773,10 euros, el hombre cierra el año con un ingreso total de 153.156 euros. Traducido al lenguaje de la calle: el vicepresidente se mete en el bolsillo más de 12.700 euros al mes, una cifra que hace que cualquier hipoteca parezca un juego de niños. Lo más fascinante es el 'timing' ético. En 2015, mientras hablaba del sufrimiento de quienes perdían sus casas, Caballero aprovechaba para comprar un inmueble de 103 metros en Madrid. Un movimiento maestro de inversión. Según datos de Idealista, su imperio de ladrillo en Madrid, Toledo y Ciudad Real ronda los 1,66 millones de euros. El señor, que en 2011 llamaba al impuesto sobre el patrimonio el tributo de 'los más ricos', ahora paga 1.092,78 euros por dicho concepto. Parece que, con el tiempo, el vicepresidente ha terminado por encajar perfectamente en la definición que él mismo dio de la riqueza.
Imagínate vivir en un pueblo donde hay más gente decidiendo el futuro del municipio desde un sofá en Buenos Aires o Miami que vecinos reales que saludan al panadero cada mañana. No es una distopía, es la realidad de 161 municipios españoles que han pasado de ser 'España vaciada' a ser 'España telecomandada'. La Ley de Memoria Democrática, esa joya de la Moncloa conocida como la 'Ley de Nietos', ha inflado el censo exterior hasta niveles surrealistas. En Ventrosa (La Rioja), la cosa es casi cómica: el 86,8% de los votantes están fuera, con 296 electores en el extranjero frente a unos humildes 45 que pisan el pueblo. Es como si en una comunidad de vecinos de diez personas, decidieran el color de la fachada otros ochenta que nunca han pagado una cuota de mantenimiento. El mapa del 'sablazo' electoral es claro. Salamanca lidera el ranking con 28 municipios afectados, seguida de La Rioja (20), Ourense (17), Soria (15), Burgos (11) y Ávila (10). En Valdeprado (Soria), el desequilibrio es sangrante: ocho habitantes reales frente a 38 electores en el exterior. Mientras el vecino de turno lucha contra el cierre del consultorio, el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) se convierte en el verdadero dueño del tablero. Vox, que ha montado una web para rastrear este 'pucherazo' demográfico, ha logrado que el Tribunal Supremo meta el freno de mano. De los 600.684 nacionalizados, miles quedan fuera de las elecciones del 29 de noviembre si no acreditan el exilio. La pelea es pura aritmética política: en Salamanca al PSOE le faltaron 1.495 votos en 2023 para sumar un escaño, pero la Ley de Nietos ha inyectado 4.910 nuevos electores exteriores. Un colchón más que generoso para quien sabe sumar y restar en el censo.
Hay una danza de favores en el despacho de los abogados que ya huele a naftalina y a conveniencia política. El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), ese lobby argentino que se mueve con la agilidad de un tiburón en aguas cetáceas, ha fichado a Eduardo Ranz para pelear ante el Tribunal Supremo. El objetivo es sencillo: que los 'nietos del exilio' puedan votar en las generales del 29-N, saltándose la cautelar que les pide demostrar que sus abuelos huyeron por razones políticas entre el 18 de julio de 1936 y el 28 de diciembre de 1978. No es un trámite cualquiera; es intentar abrir la persiana del censo electoral justo a tiempo para las urnas. La elección de Ranz no es casual. Estamos hablando de un hombre que no solo escribió 'No Matarás', sino que tiene el currículum blindado en Memoria Histórica: fue asesor de Dolores Delgado y presume de más de 500 procesos contra la simbología franquista. Es el cirujano perfecto para esta operación. Pero lo verdaderamente cómico, lo que te hace soltar una carcajada mientras pagas la hipoteca, es el caso de Juan Manuel de Hoz. El portavoz de CeDEU hizo un 'combo' de eficiencia administrativa digno de un récord: consiguió la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática y, casi sin dejar que la tinta del BOE se secara el 20 de octubre de 2022, se afilió al PSOE el 1 de diciembre de ese mismo año. Es una coreografía perfecta. Primero te dan el pasaporte gracias a una ley aprobada por el Gobierno en 2022, y luego te pones la camiseta del partido que la redactó. Mientras el ciudadano medio espera meses por una cita en el consulado, aquí la nacionalidad y la militancia parecen venir en el mismo pack de bienvenida. El altruismo que pregona CeDEU suena, en este contexto, a música de ascensor: agradable, pero diseñada para que no notes que no te mueves de sitio.
Madrid tiene una nueva atracción turística: el 'Aqua-Sol'. Mientras el ciudadano medio pelea con el precio del alquiler y el recibo de la luz, un grupo de acampados ha decidido que la fuente de la Puerta del Sol es, básicamente, su club de playa privado. Sillas, colchonetas y un despliegue de relax absoluto en plena vía pública, aprovechando que octubre ha decidido jugar a ser agosto. Llevan casi un mes instalados, convirtiendo el corazón de la capital en un campamento donde la Delegación del Gobierno parece haber perdido el mando a distancia de la autoridad. Desde la sede de la Comunidad de Madrid, que curiosamente está ahí mismo, miran el espectáculo con una mezcla de horror y oportunidad política. Isabel Díaz Ayuso no ha perdido el tiempo y ha soltado el látigo en el pleno de la Asamblea este jueves, comparando la escena con las playas de Ceuta y asegurando que la izquierda está «reventando» Madrid. Para la presidenta, esto no es una protesta por la vivienda, sino un secuestro de las calles orquestado por quienes temen perder las elecciones. Una narrativa potente, aunque el agua de la fuente siga salpicando los zapatos de los transeúntes. Mientras tanto, el Ayuntamiento juega al juego de las palmaditas en la espalda. Engracia Hidalgo, delegada de Hacienda, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida se han reunido con los comerciantes de la zona, que ven cómo sus ventas se hunden mientras la seguridad y el acceso al Metro se vuelven una carrera de obstáculos. El Consistorio promete estudiar medidas para «compensar de alguna manera» el agujero en las cuentas de los negocios locales. Es la clásica receta administrativa: mucho apoyo moral y reuniones de agenda, pero la piscina municipal de Sol sigue abierta al público, sin socorrista y con una carga política que no se limpia con cloro.
Mientras el resto del mundo sueña con la semana de cuatro días para irse a leer un libro o rescatar un gato, en Alemania el canciller Friedrich Merz ha decidido que la verdadera libertad es trabajar como si fueras un bombero en pleno incendio, pero en una oficina. El 13 de octubre, Merz le soltó a la patronal BDA una idea que suena a utopía para el jefe y a pesadilla para el lumbago: pasar de un límite diario a uno semanal. Básicamente, propone comprimir la jornada en turnos de 12 horas para liberar días enteros. El 'estuche de muestras' de Merz es una fábrica de sustitutos del plástico en la Lusacia. Allí, en lugar de los tres turnos clásicos de 8 horas, se pegan dos palizas de 12. Merz dice que es 'conciliación', como si llegar a casa después de 12 horas de curro te dejara con energía para jugar al Lego con los niños y no solo para mirar el techo en estado catatónico. La ingeniería financiera del tiempo es sencilla: el techo europeo es de 48 horas semanales. Si trabajas 3 días de 12 horas, sumas 36 y te sobran 4 días. Suena bien hasta que lees a la Fundación Hans Böckler, que advierte que pasar las 12 horas en el puesto duplica el riesgo de accidentes. Es el clásico 'sablazo' a la salud a cambio de un fin de semana largo. Mientras tanto, el tablero político es un caos: Bärbel Bas dimitió el 12 de octubre y Alexander Schweitzer llega al mando en medio de este incendio. Sindicatos como el DGB, con Yasmin Fahimi a la cabeza, ya huelen que esto es el camino rápido para legalizar la precariedad de los repartidores de paquetes. En España, seguimos en el limbo: mientras unos funcionarios ya disfrutan de las 35 horas desde abril de 2026, el sector privado sigue anclado en 1983, esperando que el Plan España 2050 nos salve la vida dentro de tres décadas.
Hay una forma de hacer negocios que es sencillamente envidiable: cobrar un sueldo público sin el incómodo hábito de levantarse temprano ni el estrés de entregar un informe. Jésica Rodríguez, la excompañera sentimental del exministro José Luis Ábalos, ha perfeccionado el arte del 'salario fantasma' en Ineco y Tragsatec. Pero el cuento de hadas del nepotismo ha chocado con la realidad de la Audiencia Nacional. El pasado 14 de octubre, la defensa de Rodríguez decidió depositar 4.000 euros en el juzgado. No es un acto de generosidad espontánea, sino una maniobra de ingeniería jurídica basada en el artículo 21.5 del Código Penal. Traducido al cristiano: intentar comprar una atenuante para que el juez sea más amable cuando llegue la hora de las cuentas. Mientras el ciudadano medio suda tinta para cuadrar el presupuesto mensual, aquí se juega con la responsabilidad civil como quien deja una señal en un parking. La imputación, confirmada hace cinco días por la Sala de lo Penal, es clara: cobrar sin trabajar. Rodríguez misma admitió ante el Tribunal Supremo que su currículum era, básicamente, su vínculo personal con Ábalos. Para rematar la jugada, el guion incluía instrucciones precisas de Koldo García, el asesor estrella, para mentir sobre sus funciones en ADIF y decir que trabajaba para 'Joseba', el hermano de Koldo. Todo un ecosistema de favores donde el mérito era el último invitado de la fiesta. Ahora, el magistrado Ismael Moreno tiene sobre la mesa este depósito, que intenta borrar el rastro de un privilegio que costó dinero público y cero horas de oficina.
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Magdalena Gallego