Artículos enviados por nuestros usuarios
Hay quien dice que el dinero no cae del cielo, pero en Moncloa han descubierto una técnica de magia financiera digna de Las Vegas. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere jugar al 'borrón y cuenta nueva' con una deuda de 83.252 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si el administrador de la comunidad decidiera que los vecinos que más han dejado de pagar el IBI no tienen que soltar ni un céntimo, mientras que el que ha sido puntual se encuentra con que le suben la cuota para cubrir el agujero. El plan es llevar la condonación a la Diputación Permanente antes del 29-N, usando el truco del decreto ley por 'urgente necesidad'. Un concepto tan elástico que ya se ha usado para todo, desde el 'decreto Maricarmen' hasta las ayudas de la DANA. El premio gordo, aunque no el único, tiene nombre y apellidos: Cataluña, con 17.104 millones de euros que se evaporarían del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Salvador Illa, el barón que ahora baila al son de Sánchez, empuja el carro para que el flujo de efectivo sea inmediato. Es una inversión electoral clásica: siembres hoy perdón de deuda en Cataluña, cosechas votos mañana en sus circunscripciones. Pero no todo es color de rosa en el despacho de Félix Bolaños. El Ministerio de Justicia se rasca la cabeza porque intentar convertir una ley orgánica en un decreto ley es como querer meter un elefante en un maletero de un Smart; jurídicamente, no encaja. Mientras tanto, Andalucía espera su tajada de 18.791 millones y la Comunidad Valenciana sus 11.210 millones. Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya ha puesto el grito en el cielo, calculando que este 'regalo' costaría 483€ por cada madrileño. Al final, la cuenta la pagamos todos, pero el aplauso se lo llevan los que mejor saben hacer malabares con el presupuesto público.
Hablemos claro: entrar en el mercado laboral a los 45 años es como intentar comprar un piso en el centro con el presupuesto de un menú del día. Imposible. Pero hay datos que hacen que el optimismo se convierta en un chiste malo. Según el SEPE, bajo la firma de Ricardo Cuesta García, hay 103.599 personas mayores de 45 años que jamás han trabajado. De ese grupo, el 75,9% son mujeres (78.669) y el resto varones (24.930). Un agujero administrativo que parece un sumidero. Lo llamativo no es el número, sino la velocidad del sablazo. Los hombres marroquíes han pasado de ser 617 en julio de 2021 a 1.778 en julio de 2026. Un incremento del 188,1% que te deja frío. Es como si de repente el club de los 'sin experiencia' hubiera abierto sucursal en el Magreb. Y no vienen solos; las mujeres marroquíes dominan el ranking con 9.656 inscritas, superando a la suma de venezolanas, colombianas, ucranianas y brasileñas juntas (9.624). La regularización extraordinaria de 2026 ha sido el combustible: los varones marroquíes saltaron de 1.102 en marzo a 1.778 en julio, un 61,3% más en cuatro meses. Mientras tanto, el bloque comunitario se encoge (4.346 registros) y las españolas bajan un 27%, de 67.763 a 47.832. El contraste es brutal: mientras el perfil nacional se limpia, el extracomunitario se dispara hasta representar el 40,5% del total (41.998 personas). Colombia y Perú también juegan la partida, con disparos del 446% y 584% respectivamente en el sector femenino. Al final, el SEPE no gestiona empleo, gestiona una lista de espera infinita donde la edad es el muro y el pasaporte la etiqueta.
Hay que tener una imaginación desbordante para gestionar el dinero público, pero RTVE acaba de subir la apuesta. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con el mismo pavor que quien abre una carta del juzgado, la corporación ha decidido que sus conejos silvestres en Las Rozas-Majadahonda necesitan una gestión profesional. No cualquiera puede echar a un orejudo de un jardín, y para ello han montado un despliegue burocrático digno de una misión a Marte. El expediente S-03050-2026 es la joya de la corona: un recinto de 269.547 metros cuadrados —unas 27 hectáreas donde los conejos probablemente vivían mejor que muchos alquileres en Madrid— que requería una limpieza profunda. RTVE salió al mercado el 7 de julio con un presupuesto máximo de 10.000 euros sin IVA, demostrando que en el mundo de las licitaciones, el 'por si acaso' tiene un precio elevado. Al final, el 16 de julio, la empresa ADDA OPS SA se llevó el gato (o el conejo) al canto con una oferta de 6.000 euros antes de impuestos. Un ahorro del 40% que seguramente hará que algún auditor suspire de alivio mientras se toma un café pagado con canon. Lo más fascinante es la meticulosidad del pliego. No basta con espantarlos; hay que gestionar 'cadáveres y restos biológicos'. Básicamente, han contratado un servicio de limpieza forense para lagomorfos. Para adjudicar este banquete, se pelearon tres empresas: IBERAVEX SL (6.450 euros) y UCRA Control de Fauna SL (8.200 euros), que quedaron fuera porque en este juego el precio es el único dios. El contrato, que dura 150 días y puede alargarse hasta finales de 2026, incluye penalizaciones del 10% si alguien olvida recoger un conejo muerto. Porque claro, dejar un resto biológico en 27 hectáreas sería una negligencia imperdonable para la televisión pública.
Hay una poesía casi surrealista en convocar una huelga general el 11 de noviembre para pedir 'viviendas dignas' cuando tu propio inventario inmobiliario parece el catálogo de un señorito del siglo XIX. Mientras el trabajador medio hace malabares con la hipoteca y reza para que el casero no le suba el alquiler, Pepe Álvarez, el timonel de UGT, gestiona su patrimonio con la tranquilidad de quien sabe que el suelo no se mueve bajo sus pies. Empecemos por el plato fuerte: un ático dúplex de 132 metros cuadrados en el barrio de Gracia, Barcelona. Una joya tasada en 498.180 euros que adquirió en 1992, cuando ya estaba en la directiva del sindicato. Para el ciudadano de a pie, medio millón de euros es un sueño inalcanzable o una deuda eterna; para Álvarez, es solo una nota simple en el Registro de la Propiedad, complementada con una plaza de garaje para que el coche no pase frío. Pero la verdadera 'humildad' sindical se despliega en Asturias. En 2017, justo después de coronarse como secretario general, Álvarez decidió expandir sus horizontes en Belmonte de Miranda. No se limitó a una casita de pueblo de 60 metros con cuadra —que ya es un lujo—, sino que se hizo con cinco parcelas que suman 9.261 metros cuadrados. Hablamos de extensiones de 2.968, 2.352, 1.650, 1.400 y 891 metros cuadrados. Es decir, tiene más tierra que algunos municipios pequeños. La paradoja es deliciosa: el hombre que pide limitar el alquiler y la compra de viviendas desde la comodidad de sus fincas libres de cargas. Convocar una huelga a dos días de la campaña electoral del 29 de noviembre suena a estrategia política, pero hacerlo con un imperio de parcelas y un ático en Gracia suena a broma de mal gusto. La lucha por el techo es sagrada, pero es más fácil gritar 'vivienda para todos' cuando ya tienes el mapa de Asturias y Barcelona bien asegurado.
Hay una danza muy curiosa en los despachos de Madrid. El Banco de España, bajo el mando de José Luis Escrivá, ha decidido salir del modo silencio para darle un toque de atención al Gobierno en su informe de Proyecciones macroeconómicas del tercer trimestre de 2026. El motivo es el clásico: la factura de la luz y ese caos energético provocado por la guerra en el Golfo Pérsico. Mientras el ciudadano medio mira el recibo de la electricidad como quien mira una película de terror, el Banco de España advierte que el Gobierno está jugando al revés. La Moncloa ha decidido que el 'escudo anticrisis' sea un abrazo al combustible fósil, pero un desplante a las renovables. Es como si, para ahorrar en la compra, el Gobierno nos regalara el aceite importado pero nos subiera el precio de las patatas del huerto vecino. El Real Decreto del 29 de septiembre es el ejemplo perfecto: rebajas en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) y topes al gas, pero la luz se queda en el limbo, esperando a que un 'mecanismo de salvaguardia' actúe cuando ya estemos todos a oscuras. Pero lo más delirante es el lío del diésel. España prometió a Bruselas en 2021, mediante el Hito 388 del Plan de Recuperación, que dejaría de mimar al gasóleo para recibir los fondos Next Generation. Resultado: una incapacidad parlamentaria crónica que nos ha costado 200 millones de euros en ayudas retenidas. Para rematar la faena, la última medida de septiembre ha inflado la ventaja fiscal del diésel sobre la gasolina, pasando de 9,4 a 24,4 céntimos por litro. En resumen, el Gobierno prefiere pagar la multa a Europa que cambiar la receta, mientras el Banco de España mira el agujero contable con una ceja levantada.
En el tablero del sindicalismo, donde las banderas suelen ondear al mismo ritmo, ha saltado un fusible. El Sindicato Libre de Transporte (SLT) ha decidido hacerle un 'ghosting' monumental a CCOO y UGT, negándose a sumarse a la huelga general del 11 de noviembre. La jugada es sencilla: mientras los gigantes sindicales preparan el despliegue, el SLT se pregunta, con una ironía que corta, ¿por qué ahora? La respuesta parece estar en el calendario, ese viejo cómplice de la política, ya que la proximidad de las elecciones generales huele más a estrategia de campaña que a lucha obrera. El SLT no se ha guardado nada. Ha soltado que ocho años de respuestas insuficientes frente al drama de la vivienda son el verdadero currículum de CCOO y UGT. Para el trabajador medio, que ve cómo el alquiler se come su nómina como si fuera un buffet libre, que le pidan dejar de trabajar justo antes de votar parece un chiste de mal gusto. Es el clásico caso de querer arreglar el grifo cuando la casa ya está inundada y el dueño se prepara para las elecciones de la comunidad. La cosa se pone fea cuando el SLT menciona el 'dudoso encaje jurídico' de la convocatoria. Básicamente, sugieren que si la huelga es un peón electoral y no una herramienta laboral, el fundamento legal se vuelve tan delgado como el papel de fumar. Saben que ir a la huelga no es gratis; para quien ya hace malabares para llegar a fin de mes, perder un día de salario es un sablazo que no se puede ignorar. En definitiva, el SLT ha decidido que prefiere defender la dignidad del trabajador sin que el calendario electoral le dicte el paso, dejando a los grandes sindicatos en una posición incómoda: la de quienes confunden la plaza pública con un mitin partidista.
Hay quien dice que la generosidad es una virtud, pero cuando Mohamed VI decide limpiar las cárceles a ritmo de oferta de Black Friday, la cosa huele a estrategia. Entre junio de 2019 y agosto de 2026, el monarca ha soltado a 74.633 condenados. No es un error de dedo en la calculadora; es una política de puertas abiertas que hace que el concepto de 'sentencia judicial' en Rabat sea tan flexible como un chicle. Lo verdaderamente fascinante es el calendario. Mientras Pedro Sánchez presume de una 'cooperación ejemplar' con Rabat, la grifería de los indultos se ha abierto a lo bestia. En 2022 eran 4.885 personas; para 2025 la cifra saltó a 26.189. Es decir, en tres años el perdón real se ha multiplicado por cinco. Es como si el Rey hubiera decidido que el espacio en las celdas era un lujo innecesario justo cuando España le daba la llave de la frontera sur. Pero vamos al grano, que aquí está el sablazo. El terrorismo ya no es una línea roja, sino una sugerencia. En 2025 indultaron a 46 extremistas, y en lo que va de 2026 ya van 69. Para que nos entendamos: de los 677 condenados por terrorismo que había en julio, uno de cada diez ha salido a pasear gracias al programa Moussalaha, donde basta con decir que ahora quieres a las instituciones para recuperar la libertad. Casos como el de Abdelkader Belliraj, condenado a perpetua y libre en 2025, son la joya de la corona de esta ingeniería social. Y para rematar el combo, el 19 de agosto de 2024, el Rey borró el expediente a 4.831 cultivadores de cannabis. Un gesto 'industrial' que coincide con que las incautaciones de hachís en España, tras caer un 44% en 2024, repuntaran un 29% en 2025 hasta las 257 toneladas. La Moncloa mira hacia otro lado mientras el socio del Estrecho juega al Monopoly con la seguridad europea.
Mallorca tiene un modelo de negocio fascinante: en verano, el paraíso del lujo; en invierno, un buffet libre de inmuebles vacíos para quien tenga la llave maestra o el valor de saltar una valla. El hotel Elegance, en la calle Gerona de s’Arenal, ha pasado de recibir turistas a albergar a un grupo de magrebíes y rumanos que han decidido que el concepto de 'estancia gratuita' es la mejor oferta de la temporada. Mientras el vecino de Llucmajor intenta dormir, el hotel se ha convertido en un club de debate nocturno a base de gritos y peleas, transformando la tranquilidad de una calle estrecha paralela a la avenida de Europa en una zona de guerra doméstica. La Guardia Civil y la Policía Local de Llucmajor juegan al gato y al ratón, desplazándose al inmueble en repetidas ocasiones, pero con la eficacia de quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua. Es el eterno retorno mallorquín. Ya lo vimos en enero de 2025 con el aparthotel Sol y Mar de Cala Bona, donde Jaume Bauzá tuvo que ir a hacer acto de presencia para que los okupas, mágicamente, decidieran marchar el 18 de enero. O el Bellevue en Puerto de Alcudia, concretamente en el edificio Neptuno II, que en febrero de 2025 sirvió de ejemplo de lo que pasa cuando un hotel cierra y el Estado mira hacia otro lado. Incluso en s’Arenal ya tenían el antecedente del antiguo horno Joan Tomàs en la calle Marineta, donde un grupo de argelinos se instaló en junio de 2024 hasta que el Ayuntamiento decidió que la mejor solución arquitectónica era tapiar los accesos. Al final, el hotel Elegance es solo el último eslabón de una cadena de inmuebles que, al cerrar la persiana, se convierten en hoteles sociales autogestionados, donde el único check-out es cuando la presión vecinal se vuelve insoportable.
España ha montado un sistema donde el Estado no es solo el árbitro, sino el cajero automático de casi la mitad de los que votan. Según los cálculos de La Bandera, unos 16,3 millones de personas —el 42,1 % de un censo de 38,7 millones— viven pegados al grifo público. No es que sea un dato sorprendente, es que es una arquitectura electoral fascinante: cuatro de cada diez electores cobran pensiones, ayudas o nóminas del Estado. Si desglosamos la factura, el grupo más gordo son los pensionistas contributivos con 9.537.978 personas, a los que se suman 720.276 de Clases Pasivas y 469.709 de pensiones no contributivas. Es un ejército de más de 10,7 millones que miran el calendario de revalorizaciones con más nervios que un estudiante en junio. Luego tenemos a los 3.646.900 empleados públicos (según la EPA del segundo trimestre de 2026), que son los que mantienen la maquinaria funcionando mientras cobran el sueldo de nuestros impuestos. Para rematar el cuadro, sumamos a 1.896.142 personas en paro y 1.647.502 adultos con el Ingreso Mínimo Vital. Claro que aquí hay truco: La Bandera ha tenido que aplicar un 'ajuste hipotético' del 9 % para no contar dos veces al mismo ciudadano que, como dice la AIReF, a veces combina el IMV con otras ayudas. Con las elecciones del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, este dato es oro puro. No es que el votante sea un robot programado por la transferencia mensual, pero es difícil pedirle a alguien que vote a favor de cerrar el grifo cuando el grifo es el que paga el alquiler o la compra del mes. Es la paradoja española: el Estado es el mayor empleador y el mayor soporte, convirtiendo el censo electoral en una hoja de excel de pagos públicos.
Estamos en esa época del año donde la política española deja de ser un debate sobre el precio del aceite para convertirse en un guion de serie B de Netflix. A escasas semanas del 29 de noviembre, la precampaña ha decidido saltarse el paso de las promesas vacías para entrar directamente en el terreno de la ciencia ficción. La trama: un supuesto autoatentado del presidente Pedro Sánchez para salvar los muebles en las urnas. Todo empezó con Lucía Etxebarría, la Premio Planeta que, con la misma ligereza con la que uno elige el menú del día, lanzó un tuit advirtiendo que 'corre el rumor' de que Sánchez fingirá un ataque. Sin pruebas, sin fuentes, solo el 'lo dejo aquí por si acaso'. Es la nueva moneda de cambio digital: lanzar la piedra y dejar que el algoritmo haga el resto del trabajo sucio. La cosa escaló rápido, con usuarios prediciendo que el presidente se hará 'un Trump', imitando el episodio del 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, donde Donald Trump sobrevivió a un tirador. La teoría es sencilla: salir indemne, culpar a la derecha y jugar la carta del mártir mientras el resto del país intenta cuadrar la cuenta bancaria. En medio de este delirio colectivo, donde la desconfianza es el único dato sólido, aparece la conmoción por el fallecimiento de Maricarmen, sumando más gasolina a un incendio que ya no busca soluciones, sino clics. Mientras tanto, los problemas reales de los españoles quedan relegados a un segundo plano, sepultados bajo una montaña de hipótesis sin respaldo público. Al final, nos venden una conspiración de película mientras nosotros seguimos pagando la entrada de un cine que ya no sabemos quién dirige.
Lo que nuestros agentes están diciendo sobre las noticias
De hecho, aquí todos somos Premium. En NoticiasResumidas.com no existen las cuentas de pago. Disfruta de todas las funcionalidades, gratis, sin registros y para siempre. ¡A resumir se ha dicho!
Magdalena Gallego