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El Govern de Salvador Illa se gastó cerca de un millón de euros, exactamente 973.665 euros, en una campaña contra el machismo digital el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La campaña 'Si sembla violencia masclista, és violencia masclista' buscaba visibilizar las múltiples formas de violencia machista, especialmente aquellas ejercidas a través de las redes sociales y los móviles. El Ejecutivo catalán distribuyó este gasto entre tres departamentos: Igualdad y Feminismos, Presidencia, e Interior y Seguridad Pública. La empresa Two Small, SL recibió 170.747 euros por 'creatividad gráfica y adaptaciones', mientras que Carat España SAU ingresó 287.474 euros por 'inserciones de publicidad institucional'. Además, el departamento de Interior y Seguridad Pública destinó 409.321 euros a inserciones publicitarias y 17.545 euros a 'Creatividad para el segmento de cuerpos de seguridad y emergencias'. Estas cifras han generado polémica, especialmente tras la reciente controversia sobre los cuatro millones de euros destinados a proyectos de cooperación internacional en Gaza para promover el feminismo. El Govern defiende que la campaña era necesaria para combatir la creciente violencia machista digital, que afecta principalmente a jóvenes y adolescentes.
La Policía Nacional ha desmantelado una banda criminal itinerante que cometía robos con violencia en chalets de lujo utilizando armas de fuego y ocultando su botín en zulos en el monte. La organización, que operaba en España y otros países europeos, estaba liderada por individuos que se desplazaban en coches de lujo y utilizaban líneas de teléfono falsas o a nombre de terceros para comunicarse. Los detenidos, tres hombres y una mujer, han sido acusados de delitos de organización criminal, lesiones, robo con violencia y falsedad documental. Dos de los detenidos en España han ingresado en prisión. La investigación, iniciada tras una serie de robos violentos en Marbella a principios de 2024, reveló que la banda utilizaba tácticas de intimidación y violencia para someter a sus víctimas, quienes eran obligadas a entregar joyas, relojes y dinero. Los investigadores constataron que la banda realizaba un 'alta nueva' en sus líneas de teléfono cada dos semanas para evitar ser detectados. La operación policial se desarrolló en dos fases, con detenciones en Albania, Italia y España, y la incautación de más de 10.500 euros, cuatro relojes de lujo y objetos de alta gama valorados en más de 50.000 euros.
En plena pandemia, un grupo de empresarios dominicanos vinculados al exministro de Defensa José Bono adquirió una sociedad limitada en Almansa, Albacete, a la que posteriormente transfirieron 450.000 euros. La operación, realizada en 2021, involucró a la mercantil Ebirac Prescriptores, creada meses antes y que, desde su constitución hasta su último ejercicio cerrado en 2024, no ha registrado actividad comercial alguna. El administrador de Ebirac, Williams Alberto Jiménez Villafaña, abogado especializado en compañías aseguradoras, transfirió el dinero como parte de un préstamo al 3% hasta 2026. Jiménez Villafaña comparte sociedad en República Dominicana, Atitlan, con Juan Segovia, exdiputado del PSOE y cercano a Bono. Esta conexión se extiende a otras empresas creadas por Bono en el país caribeño, todas inscritas en la misma dirección y con la misma gestora, Esther Patricia Fernández Bernard. La adquisición de la nacionalidad dominicana por parte de Bono, facilitada por el presidente Luis Abinader, con quien mantiene una relación de amistad, se produjo justo antes de constituir estas sociedades. Además, Bono estuvo cerca de ser nombrado cónsul de República Dominicana en Albacete, lo que le habría permitido seguir tributando en la isla. La República Dominicana, conocida por su discreción bancaria al no haber suscrito tratados internacionales de transparencia financiera, se presenta como un escenario atractivo para operaciones financieras opacas. La conexión entre estos empresarios y políticos se refuerza con la creación de Medcap Energy en 2021, empresa que obtuvo concesiones para proyectos multimillonarios de energía solar en el país caribeño.
Una misión del Parlamento Europeo que visitó Canarias en septiembre de 2025 ha descubierto que alrededor de la mitad de los supuestos menores extranjeros no acompañados sometidos a pruebas de determinación de edad fueron finalmente declarados adultos. El informe, fechado el 12 de febrero de 2026, revela que Marruecos acepta únicamente el 8% de las devoluciones tramitadas por España. La delegación, encabezada por el eurodiputado polaco Bogdan Rzońca, analizó la gestión de la ruta atlántica y el funcionamiento de los sistemas de acogida en Tenerife y Gran Canaria. Las autoridades canarias informaron que se realizaron unas 1.500 pruebas de determinación de edad, de las cuales 'alrededor de la mitad' resultaron en adultos. El Gobierno autonómico destacó que había destinado 192 millones de euros a la gestión migratoria sin recibir fondos directos de los 560 millones transferidos por la UE a España. El informe también subraya la falta de cooperación de Marruecos en las repatriaciones, rechazando la mayoría de las devoluciones iniciadas por España. Frontex indicó que no tiene medios navales ni aéreos propios en la ruta canaria, limitándose a tareas de apoyo en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido pillado intentando ocultar su domicilio habitual. La Audiencia de Badajoz le ha pedido que facilite su dirección para recibir una citación para un juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Inicialmente, ofreció la dirección de su abogado en Cáceres, pero la Audiencia descubrió que era el despacho del letrado y no su residencia real. Ahora, ha decidido personarse en los Juzgados para recoger la citación en persona. La vista oral está programada entre el 28 de mayo y el 4 de junio. Recientes informaciones sitúan a David Sánchez viviendo en La Moncloa.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional concluyendo que Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, eliminó datos de su móvil relacionados con la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El análisis forense de los dispositivos incautados reveló la ausencia de información relevante en el periodo investigado, lo que obligó a los investigadores a reconstruir las comunicaciones y actuaciones acudiendo a otros dispositivos incautados. La UCO sitúa a Pardo de Vera en contacto directo con Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, en fechas clave. El informe también conecta la adjudicación con el entorno de Víctor de Aldama, señalado como uno de los vértices de la trama. La Guardia Civil detectó pagos periódicos y movimientos patrimoniales coincidentes en el tiempo con las adjudicaciones bajo investigación. El juez autorizó en junio de 2025 la entrada y registro en domicilios vinculados a Pardo de Vera, incautando nueve dispositivos electrónicos y diversa documentación. El oficio no formula acusaciones formales, pero consolida una línea de investigación que sitúa a Pardo de Vera en el epicentro de las decisiones adoptadas en torno al contrato de mascarillas.
El Ministerio de Cultura ha lanzado una advertencia a los beneficiarios del Bono Cultural Joven tras la difusión en redes sociales de un vídeo que muestra a un grupo de jóvenes intentando usar el bono para acceder a una discoteca de Madrid. Según el departamento dirigido por Ernest Urtasun, aquellos que utilicen el bono de forma 'fraudulenta' deberán reintegrar los importes a la Administración. Además, las empresas que permitan el uso indebido serán penalizadas y podrían ser expulsadas del programa. El Bono Cultural Joven es una ayuda de 400 euros destinada a jóvenes de 18 años para productos y servicios culturales, que puede utilizarse en más de 3.800 establecimientos en toda España. El bono se divide en tres categorías: 100 euros para productos físicos, 100 euros para productos digitales y 200 euros para artes escénicas. La iniciativa cuenta con una dotación de 170 millones de euros y ha beneficiado a 277.594 personas en su primer año, aumentando a 338.443 en 2024.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se citó con Javier de Paz, alto directivo de Telefónica, en un restaurante de Madrid el 5 de noviembre de 2023. La reunión, que duró más de una hora, se produjo apenas 72 horas antes de que el empresario Julio Martínez fuera arrestado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. De Paz fue clave en la creación de Análisis Relevante SL, la sociedad instrumental que cobró más de medio millón de euros de Plus Ultra, la aerolínea venezolana que recibió un rescate de 53 millones de euros cuando Zapatero era presidente del Gobierno. Los investigadores de la UDEF están analizando si los informes elaborados por esta sociedad eran reales o simulados. De Paz, quien ha percibido más de diez millones de euros en su carrera en Telefónica, también asesoró a Zapatero en sus desplazamientos a Venezuela para evitar dejar rastro. El próximo lunes, Zapatero comparecerá en el Senado para responder por varios escándalos de corrupción.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe que clasifica a los españoles en clase baja, media o alta según sus ingresos. Según este estudio, para ser considerado clase media en España, un individuo debe tener un salario mensual de entre 1.343 y 3.581 euros. Esta clasificación se basa en la renta mediana nacional, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifró en 18.316 euros en 2023. Así, aquellos con ingresos netos por debajo del 75% de la mediana (13.737 euros brutos anuales o menos) son considerados clase baja, mientras que quienes superen el 200% de la mediana (más de 36.632 euros brutos anuales) son clasificados como clase alta. El informe destaca la precariedad económica en España, donde el 25,8% de la población (12,5 millones de personas) está en riesgo de pobreza o exclusión social, y el desempleo juvenil alcanza el 25,6%, cifras que superan la media de la Unión Europea. A pesar de las declaraciones optimistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los datos reflejan una realidad económica complicada para millones de españoles.
Un enjambre masivo de langostas procedentes de Marruecos ha invadido las Islas Canarias, generando preocupación entre los agricultores y las autoridades locales. A pesar de la situación, las asociaciones agrarias canarias mantienen la calma, ya que están habituadas a estos episodios y cuentan con los medios necesarios para afrontarlos. La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha solicitado información actualizada al Ministerio de Agricultura y ha pedido que se aclare si se van a adoptar medidas para hacer frente a la plaga. Hasta ahora, se han registrado episodios puntuales en varias islas, incluyendo Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Los expertos señalan que las precipitaciones inusuales en Marruecos han propiciado la rápida multiplicación de las langostas, que han llegado a Canarias empujadas por los vientos de componente este o sureste. Se espera que el enjambre sea de adultos que están finalizando su ciclo y no supongan un problema grave.
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Cristian Sanz