Crítica:
La noticia revela conexiones turbias entre Zapatero y un directivo de Telefónica. Falta esclarecer si los informes eran reales o simulados.
La noticia revela conexiones turbias entre Zapatero y un directivo de Telefónica. Falta esclarecer si los informes eran reales o simulados.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional concluyendo que Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, eliminó datos de su móvil relacionados con la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El análisis forense de los dispositivos incautados reveló la ausencia de información relevante en el periodo investigado, lo que obligó a los investigadores a reconstruir las comunicaciones y actuaciones acudiendo a otros dispositivos incautados. La UCO sitúa a Pardo de Vera en contacto directo con Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, en fechas clave. El informe también conecta la adjudicación con el entorno de Víctor de Aldama, señalado como uno de los vértices de la trama. La Guardia Civil detectó pagos periódicos y movimientos patrimoniales coincidentes en el tiempo con las adjudicaciones bajo investigación. El juez autorizó en junio de 2025 la entrada y registro en domicilios vinculados a Pardo de Vera, incautando nueve dispositivos electrónicos y diversa documentación. El oficio no formula acusaciones formales, pero consolida una línea de investigación que sitúa a Pardo de Vera en el epicentro de las decisiones adoptadas en torno al contrato de mascarillas.
El Ministerio de Cultura ha lanzado una advertencia a los beneficiarios del Bono Cultural Joven tras la difusión en redes sociales de un vídeo que muestra a un grupo de jóvenes intentando usar el bono para acceder a una discoteca de Madrid. Según el departamento dirigido por Ernest Urtasun, aquellos que utilicen el bono de forma 'fraudulenta' deberán reintegrar los importes a la Administración. Además, las empresas que permitan el uso indebido serán penalizadas y podrían ser expulsadas del programa. El Bono Cultural Joven es una ayuda de 400 euros destinada a jóvenes de 18 años para productos y servicios culturales, que puede utilizarse en más de 3.800 establecimientos en toda España. El bono se divide en tres categorías: 100 euros para productos físicos, 100 euros para productos digitales y 200 euros para artes escénicas. La iniciativa cuenta con una dotación de 170 millones de euros y ha beneficiado a 277.594 personas en su primer año, aumentando a 338.443 en 2024.
En un giro inesperado, el alcalde socialista de Parla, Ramón Jurado, ha amenazado con expedientar al policía local Jorge, quien inició una huelga de hambre el pasado martes para exigir una conciliación familiar. Jorge, padre de nueve hijos, busca un cambio de turno en su jornada laboral para ayudar a su mujer con la crianza de los pequeños. La situación se ha tensado tras un correo electrónico del comisario principal de la Policía Local de Parla, Eduardo Fernández Tejero, advirtiendo a Jorge de posibles consecuencias si persiste en su protesta. El agente ha respondido reafirmando sus derechos constitucionales y negando que su acción sea indecorosa o indigna para la institución policial. Mientras tanto, han comenzado a circular por internet fotografías manipuladas de Jorge con sus hijos, intentando desacreditarlo por supuestamente utilizar a los menores durante la huelga. Sin embargo, Jorge acude solo al Ayuntamiento, sentado en una silla, esperando una solución del Consistorio.
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha visto cómo ninguna empresa se ha presentado a la licitación para revisar la seguridad de la presa de Forata, crítica durante la DANA de octubre de 2024. La revisión, obligatoria cada cinco años, lleva caducada desde 2017. La presa, considerada infraestructura hidráulica crítica, acumuló ingentes cantidades de agua durante la DANA, aunque resistió sin llegar a romperse. Finalmente, la tragedia se produjo por el desbordamiento del barranco del Poyo. El Gobierno pretende ahora subsanar las carencias de seguridad detectadas. La Mesa de Contratación se reunió el 21 de enero para evaluar las ofertas, pero ninguna empresa presentó una propuesta. El Ejecutivo admite el complejo recorrido burocrático de los proyectos para reducir el riesgo de inundación en la zona, destacando el 'riesgo muy elevado' que suponen los barrancos de rápida respuesta para la población. Entre las actuaciones proyectadas se incluye mejorar la cubierta vegetal y eliminar actividades económicas que alteran el territorio.
En un giro inesperado, Vicente Vallés ha desmontado la 'exclusiva' de Javier Ruiz en TVE sobre los audios del 23-F, revelando que las grabaciones ya se emitieron en 1997 en Antena 3 Noticias. El presentador de TVE atribuyó a su cadena el acceso a 125 horas de audio de las grabaciones del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, incluyendo una conversación entre Antonio Tejero y su mujer. Sin embargo, Vallés aclaró que estas grabaciones ya eran públicas desde hace casi 30 años. La controversia surge justo el mismo día en que Pedro Sánchez desclasificó los documentos del 23-F y en el que falleció Antonio Tejero a los 93 años. Las grabaciones originales incluían comunicaciones cruciales entre Tejero y Juan García Carrés, un dirigente del Sindicato Vertical durante el franquismo, quien fue clave en el control del golpe desde fuera del Congreso.
El Gobierno de España ha abierto la puerta a que inmigrantes ilegales regularizados puedan cambiar su nombre y sexo registral sin necesidad de antecedentes penales ni nacionalidad española, amparándose en la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Esta ley permite a mayores de 16 años solicitar la rectificación registral de sexo y nombre ante el Registro Civil. Aunque el Ejecutivo aún no ha desarrollado el texto legal que regula este procedimiento para extranjeros, ya ha comenzado a realizar estos cambios registrales. La medida se enmarca en una regularización masiva de inmigrantes acordada por PSOE y Podemos a finales de enero, que podría afectar a más de medio millón de personas que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025. Los beneficiarios deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en el país mediante documentos como el padrón, informes médicos o contratos de alquiler. La regularización concede derechos desde la presentación de la solicitud, incluyendo la suspensión de procedimientos de retorno y órdenes de expulsión, autorización de residencia provisional para trabajar y acceso a asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concede una autorización de residencia por un año, tras lo cual podrá solicitarse una autorización ordinaria.
Las empresas vinculadas al exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono han aflorado activos inmobiliarios y financieros por valor de 7,3 millones de euros y un patrimonio neto de 5,1 millones, según un análisis de THE OBJECTIVE basado en las cuentas oficiales depositadas en el Registro Mercantil. El entramado empresarial de Bono se articula a través de cinco sociedades patrimoniales españolas y una filial en República Dominicana. La principal empresa del grupo es Hípica Almenara, con activos superiores a 2,8 millones de euros, aunque no ha actualizado sus cuentas desde 2018. Otras sociedades importantes son Viveros 02031924, con activos de 1,4 millones, y Joasa 2012, con 1,84 millones y un patrimonio neto de más de un millón. La estructura empresarial se consolidó después de que Bono abandonara la política activa y se centra en la gestión de inversiones inmobiliarias y financieras. La filial dominicana Teilvelpir RD, participada en un 99,9% por Tojsama 14, tiene un valor de 532.385 euros y constituye la principal conexión exterior del entramado. El patrimonio neto conjunto de las empresas revela una estructura sólida con escasa dependencia del crédito.
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