Crítica:
La falta de empresas dispuestas a revisar la seguridad de la presa de Forata es alarmante. ¿Dónde está la urgencia ante una infraestructura crítica?
Ninguna empresa quiere el contrato del Gobierno para revisar Forata, la presa crítica de la DANA
Forata: presa sin revisión segura
Otros artículos
Alcalde amenaza a policía en huelga
En un giro inesperado, el alcalde socialista de Parla, Ramón Jurado, ha amenazado con expedientar al policía local Jorge, quien inició una huelga de hambre el pasado martes para exigir una conciliación familiar. Jorge, padre de nueve hijos, busca un cambio de turno en su jornada laboral para ayudar a su mujer con la crianza de los pequeños. La situación se ha tensado tras un correo electrónico del comisario principal de la Policía Local de Parla, Eduardo Fernández Tejero, advirtiendo a Jorge de posibles consecuencias si persiste en su protesta. El agente ha respondido reafirmando sus derechos constitucionales y negando que su acción sea indecorosa o indigna para la institución policial. Mientras tanto, han comenzado a circular por internet fotografías manipuladas de Jorge con sus hijos, intentando desacreditarlo por supuestamente utilizar a los menores durante la huelga. Sin embargo, Jorge acude solo al Ayuntamiento, sentado en una silla, esperando una solución del Consistorio.
Vicente Vallés desmonta TVE
En un giro inesperado, Vicente Vallés ha desmontado la 'exclusiva' de Javier Ruiz en TVE sobre los audios del 23-F, revelando que las grabaciones ya se emitieron en 1997 en Antena 3 Noticias. El presentador de TVE atribuyó a su cadena el acceso a 125 horas de audio de las grabaciones del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, incluyendo una conversación entre Antonio Tejero y su mujer. Sin embargo, Vallés aclaró que estas grabaciones ya eran públicas desde hace casi 30 años. La controversia surge justo el mismo día en que Pedro Sánchez desclasificó los documentos del 23-F y en el que falleció Antonio Tejero a los 93 años. Las grabaciones originales incluían comunicaciones cruciales entre Tejero y Juan García Carrés, un dirigente del Sindicato Vertical durante el franquismo, quien fue clave en el control del golpe desde fuera del Congreso.
Inmigrantes ilegales cambian nombre
El Gobierno de España ha abierto la puerta a que inmigrantes ilegales regularizados puedan cambiar su nombre y sexo registral sin necesidad de antecedentes penales ni nacionalidad española, amparándose en la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Esta ley permite a mayores de 16 años solicitar la rectificación registral de sexo y nombre ante el Registro Civil. Aunque el Ejecutivo aún no ha desarrollado el texto legal que regula este procedimiento para extranjeros, ya ha comenzado a realizar estos cambios registrales. La medida se enmarca en una regularización masiva de inmigrantes acordada por PSOE y Podemos a finales de enero, que podría afectar a más de medio millón de personas que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025. Los beneficiarios deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en el país mediante documentos como el padrón, informes médicos o contratos de alquiler. La regularización concede derechos desde la presentación de la solicitud, incluyendo la suspensión de procedimientos de retorno y órdenes de expulsión, autorización de residencia provisional para trabajar y acceso a asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concede una autorización de residencia por un año, tras lo cual podrá solicitarse una autorización ordinaria.
Empresas de José Bono revelan
Las empresas vinculadas al exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono han aflorado activos inmobiliarios y financieros por valor de 7,3 millones de euros y un patrimonio neto de 5,1 millones, según un análisis de THE OBJECTIVE basado en las cuentas oficiales depositadas en el Registro Mercantil. El entramado empresarial de Bono se articula a través de cinco sociedades patrimoniales españolas y una filial en República Dominicana. La principal empresa del grupo es Hípica Almenara, con activos superiores a 2,8 millones de euros, aunque no ha actualizado sus cuentas desde 2018. Otras sociedades importantes son Viveros 02031924, con activos de 1,4 millones, y Joasa 2012, con 1,84 millones y un patrimonio neto de más de un millón. La estructura empresarial se consolidó después de que Bono abandonara la política activa y se centra en la gestión de inversiones inmobiliarias y financieras. La filial dominicana Teilvelpir RD, participada en un 99,9% por Tojsama 14, tiene un valor de 532.385 euros y constituye la principal conexión exterior del entramado. El patrimonio neto conjunto de las empresas revela una estructura sólida con escasa dependencia del crédito.
Comisario envuelto en polémica por Interior
La inspectora que acusa de violación al exDAO José Ángel González Jiménez está 'estupefacta' tras conocer que el comisario Óscar San Juan, citado en la querella por presuntas coacciones, ha sido recolocado en la Comisaría General. Con un precio de salida de 50€, fijado para hoy, la empresa busca... NO ES RELEVANTE PARA ESTE RESUMEN. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha asignado a San Juan como jefe de la Brigada de Coordinación Operativa de la Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica de la Comisaría General de Policía Científica, un cargo clave que supervisará investigaciones e informes. El abogado de la inspectora, Jorge Piedrafita, ha pedido explicaciones al departamento de Marlaska, cuestionando si el puesto es de libre designación o si San Juan lo ha obtenido por baremación. Sindicatos policiales han censurado que no se le haya abierto un expediente disciplinario a San Juan pese a su implicación en los hechos. La inspectora sufrió presuntas coacciones del exDAO y otros mandos, incluyendo San Juan, quien le ofreció un puesto para silenciarla. El exDAO está imputado por cuatro delitos que suman 24 años de prisión y deberá declarar el 17 de marzo. La querella detalla cómo el exDAO instrumentaliza su posición para controlar y dominar a la víctima.
Hacienda gasta 800.000€ en espionaje digital
La Agencia Tributaria (AEAT) ha gastado más de 800.000 euros en una herramienta para espiar a contribuyentes a través de perfiles falsos en redes sociales. El proyecto, adjudicado a OESIA NETWORKS en 2023 por 177.468,28 euros y ampliado en 2024 con otro contrato a Cipherbit, S.L por 629.200 euros, busca analizar 'patrones de comportamiento' y detectar posibles evasores fiscales. La herramienta permite procesar más de 100.000 perfiles y acceder a información en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, OnlyFans y Patreon. Expertos como Bernardo D. Olivares y Emilio Pérez Pombo critican la iniciativa por considerarla una 'vigilancia masiva' y cuestionan su legalidad al no existir una ley que autorice explícitamente la creación de perfiles falsos para recopilar datos.
Sánchez invierte más en destruir naturaleza
Una investigación reciente ha dejado al descubierto la paradoja que envuelve la política ambiental del Gobierno de Pedro Sánchez: el Estado español destina cuatro veces más dinero público a destruir la naturaleza que a protegerla. En 2024, las administraciones públicas concedieron 8.000 millones de euros en subvenciones directamente vinculadas a la pérdida de biodiversidad, frente a los 2.000 millones invertidos en conservación y restauración de la naturaleza. Este desequilibrio supone una incoherencia fiscal de primer orden, ya que el Estado subvenciona con una mano lo que intenta proteger con la otra. La investigación, elaborada por Ecologistas en Acción en colaboración con Economistas sin Fronteras, pone de manifiesto que el 85% de las subvenciones problemáticas proceden de fondos europeos canalizados a través de la Política Agraria Común (PAC) y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). Además, se señala que la naturaleza sufre el impacto de fondos Next Generation vinculados a la intensificación de regadíos y la bioenergía generada por la quema de biomasa forestal. El informe subraya que estas cifras son conservadoras, ya que se limitan al sector primario y no incluyen otros ámbitos de alto impacto ambiental. El Gobierno incumplió su compromiso de reformar el 50% de los 'incentivos perversos' antes de 2025, según Ecologistas en Acción. La investigación destaca que el sistema actual de ayudas está orientado hacia las grandes empresas y los lobbies del sector, en lugar de mejorar la situación de los productores con menores ingresos. Al igual que en otros países, en España existe un desequilibrio entre la protección de la biodiversidad y las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.
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