Crítica:
El artículo deja sin respuesta la pregunta crucial: ¿por qué Interior no abrió expediente a San Juan. El titular es directo, pero la información podía estar más organizada.
La víctima del DAO pide explicaciones a Interior por favorecer al comisario que la presionó
Comisario envuelto en polémica por Interior
Otros artículos
Inmigrantes ilegales cambian nombre
El Gobierno de España ha abierto la puerta a que inmigrantes ilegales regularizados puedan cambiar su nombre y sexo registral sin necesidad de antecedentes penales ni nacionalidad española, amparándose en la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Esta ley permite a mayores de 16 años solicitar la rectificación registral de sexo y nombre ante el Registro Civil. Aunque el Ejecutivo aún no ha desarrollado el texto legal que regula este procedimiento para extranjeros, ya ha comenzado a realizar estos cambios registrales. La medida se enmarca en una regularización masiva de inmigrantes acordada por PSOE y Podemos a finales de enero, que podría afectar a más de medio millón de personas que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025. Los beneficiarios deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en el país mediante documentos como el padrón, informes médicos o contratos de alquiler. La regularización concede derechos desde la presentación de la solicitud, incluyendo la suspensión de procedimientos de retorno y órdenes de expulsión, autorización de residencia provisional para trabajar y acceso a asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concede una autorización de residencia por un año, tras lo cual podrá solicitarse una autorización ordinaria.
Empresas de José Bono revelan
Las empresas vinculadas al exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono han aflorado activos inmobiliarios y financieros por valor de 7,3 millones de euros y un patrimonio neto de 5,1 millones, según un análisis de THE OBJECTIVE basado en las cuentas oficiales depositadas en el Registro Mercantil. El entramado empresarial de Bono se articula a través de cinco sociedades patrimoniales españolas y una filial en República Dominicana. La principal empresa del grupo es Hípica Almenara, con activos superiores a 2,8 millones de euros, aunque no ha actualizado sus cuentas desde 2018. Otras sociedades importantes son Viveros 02031924, con activos de 1,4 millones, y Joasa 2012, con 1,84 millones y un patrimonio neto de más de un millón. La estructura empresarial se consolidó después de que Bono abandonara la política activa y se centra en la gestión de inversiones inmobiliarias y financieras. La filial dominicana Teilvelpir RD, participada en un 99,9% por Tojsama 14, tiene un valor de 532.385 euros y constituye la principal conexión exterior del entramado. El patrimonio neto conjunto de las empresas revela una estructura sólida con escasa dependencia del crédito.
Hacienda gasta 800.000€ en espionaje digital
La Agencia Tributaria (AEAT) ha gastado más de 800.000 euros en una herramienta para espiar a contribuyentes a través de perfiles falsos en redes sociales. El proyecto, adjudicado a OESIA NETWORKS en 2023 por 177.468,28 euros y ampliado en 2024 con otro contrato a Cipherbit, S.L por 629.200 euros, busca analizar 'patrones de comportamiento' y detectar posibles evasores fiscales. La herramienta permite procesar más de 100.000 perfiles y acceder a información en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, OnlyFans y Patreon. Expertos como Bernardo D. Olivares y Emilio Pérez Pombo critican la iniciativa por considerarla una 'vigilancia masiva' y cuestionan su legalidad al no existir una ley que autorice explícitamente la creación de perfiles falsos para recopilar datos.
Sánchez invierte más en destruir naturaleza
Una investigación reciente ha dejado al descubierto la paradoja que envuelve la política ambiental del Gobierno de Pedro Sánchez: el Estado español destina cuatro veces más dinero público a destruir la naturaleza que a protegerla. En 2024, las administraciones públicas concedieron 8.000 millones de euros en subvenciones directamente vinculadas a la pérdida de biodiversidad, frente a los 2.000 millones invertidos en conservación y restauración de la naturaleza. Este desequilibrio supone una incoherencia fiscal de primer orden, ya que el Estado subvenciona con una mano lo que intenta proteger con la otra. La investigación, elaborada por Ecologistas en Acción en colaboración con Economistas sin Fronteras, pone de manifiesto que el 85% de las subvenciones problemáticas proceden de fondos europeos canalizados a través de la Política Agraria Común (PAC) y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). Además, se señala que la naturaleza sufre el impacto de fondos Next Generation vinculados a la intensificación de regadíos y la bioenergía generada por la quema de biomasa forestal. El informe subraya que estas cifras son conservadoras, ya que se limitan al sector primario y no incluyen otros ámbitos de alto impacto ambiental. El Gobierno incumplió su compromiso de reformar el 50% de los 'incentivos perversos' antes de 2025, según Ecologistas en Acción. La investigación destaca que el sistema actual de ayudas está orientado hacia las grandes empresas y los lobbies del sector, en lugar de mejorar la situación de los productores con menores ingresos. Al igual que en otros países, en España existe un desequilibrio entre la protección de la biodiversidad y las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.
EEUU descarta Rota Marruecos
La presencia militar estadounidense en Rota, España, ha sido un pilar estratégico para la OTAN y la seguridad occidental desde 1953. En el verano de 2025, surgió la posibilidad de trasladar las bases de Rota y Morón a Marruecos debido a la negativa española de aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB. Sin embargo, esta idea resultó inviable debido a la integración de Rota en el escudo antimisiles de la OTAN y su papel crucial en la defensa aérea y antisubmarina. España ha reforzado esta posición con una inversión de más de 400 millones de euros para ampliar la base, aumentando su capacidad de atraque y consolidando su papel como nodo de alta tecnología. Esto ha enterrado definitivamente la amenaza de traslado a Marruecos, demostrando la importancia estratégica de Rota para Estados Unidos y la OTAN.
Yolanda Díaz desafía a Iglesias
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha respondido con firmeza a la demanda interpuesta por Julio Iglesias por injurias y calumnias. Díaz defendió su postura y los testimonios que originaron la polémica, calificando de 'escalofriantes' las denuncias de dos extrabajadoras de Iglesias que afirmaron haber sufrido 'esclavitud' y 'abusos sexuales'. La demanda, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, surge a raíz de varias intervenciones de Díaz en redes sociales y en RTVE. Aunque la Audiencia Nacional archivó la denuncia de las trabajadoras por falta de competencia territorial, Díaz utilizó el caso para cargar contra el 'machismo' y criticar el apoyo público que Isabel Díaz Ayuso brindó al artista. La líder de Sumar reafirmó su compromiso con las víctimas de precariedad y abusos en el ámbito laboral, subrayando que su prioridad es la protección de los derechos humanos y laborales. El escrito de 12 páginas presentado por la defensa del cantante solicita un acto de conciliación previo a una querella criminal, exigiendo el reconocimiento expreso del daño producido a su honor, una rectificación pública y una indemnización económica. Mientras el entorno del cantante defiende su presunción de inocencia, Díaz parece dispuesta a dar la batalla política y social, convirtiendo este enfrentamiento en un nuevo símbolo de la lucha del 'Me Too' en el ámbito de las instituciones españolas. Con un lenguaje contundente, Díaz afirmó: 'Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos'.
Nepotismo en ADIF: hijos de exconsejero
Un exconsejero de ADIF Alta Velocidad, Pedro Aller, vinculado al sindicato UGT, tiene a sus dos hijos trabajando en la empresa pública. Esta situación se suma a otros casos de nepotismo descubiertos en la compañía y en Renfe. Aller, con una trayectoria de 40 años en ADIF y actualmente técnico de regulación, ocupó puestos relevantes en UGT, siendo responsable de infraestructuras del sector estatal ferroviario y vicesecretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo. Sus hijos trabajan en el área de circulación y administración. Desde ADIF se evitan comentarios sobre las contrataciones, mientras que desde el entorno de Aller se defiende que sus hijos ingresaron a través de una oferta pública de empleo libre y regulada. Esta no es la primera vez que se cuestiona la transparencia en las contrataciones dentro de ADIF y Renfe, lo que ha generado preguntas en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha defendido las contrataciones argumentando criterios de mérito y capacidad. Aller estuvo involucrado en la renovación del tramo ferroviario de Adamuz, donde ocurrió un accidente mortal, y su voto fue clave en la adjudicación de las obras.
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