El artículo revela casos de nepotismo en ADIF y Renfe, pero podría profundizar más en las implicaciones legales y éticas de estas contrataciones. La falta de comentarios de ADIF sobre las contrataciones específicas genera más dudas que certezas.
En un acto celebrado en Barcelona el 24 de febrero, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, abogó por extender a toda España la limitación de compras especulativas de vivienda negociada por los Comuns y el Govern de la Generalitat para los Presupuestos de 2026. Bustinduy destacó que la vivienda es el principal factor de pobreza y exclusión social en España, subrayando la necesidad de regular el mercado y seguir el ejemplo catalán de restringir las compras especulativas por parte de grandes tenedores. Además, el ministro respaldó la propuesta de Sumar para prorrogar los contratos de alquiler firmados durante la pandemia, que afectan a 'cientos de miles' de contratos y cuya finalización podría agravar la situación. Bustinduy expresó su frustración por la resistencia de su socio de Gobierno a aplicar esta medida, comprometiéndose a seguir luchando por su implementación.
El Gobierno ha anunciado que reducirá la jornada laboral de los funcionarios de la Administración General del Estado a 35 horas semanales a partir de marzo de 2026, cumpliendo así un compromiso adquirido con los sindicatos en octubre de 2022. Esta medida afectará a unos 250.000 funcionarios y empleados públicos, y supone una reducción del 6,7% del tiempo de trabajo convencional. La nueva jornada será inferior a la de la mayoría de los trabajadores asalariados del sector privado, cuya jornada media pactada en convenio alcanza las 38,05 horas semanales. La medida se produce en un contexto de transformación demográfica en la Administración General del Estado, con un progresivo envejecimiento de la plantilla y un aumento del número de jubilaciones previstas. La reducción de la jornada se suma a un modelo laboral que ya había modificado la organización tradicional del trabajo en la estructura administrativa estatal, con el teletrabajo como modalidad ordinaria para determinados puestos. En el contexto europeo, España se sitúa entre los países con menor tiempo de trabajo en el sector público, junto a Francia y Portugal. La medida revierte el incremento de jornada aprobado en 2012 durante la crisis económica y restablece un régimen inferior al vigente desde entonces.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha requerido a la defensa de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que revele su domicilio particular en un plazo de 24 horas para poder citarle personalmente al juicio oral por el 'caso David Sánchez'. El juicio, programado del 28 de mayo al 4 de junio, juzgará a once personas por prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz con un salario superior a los 55.000 euros anuales. La defensa había proporcionado el domicilio de su despacho de abogados, lo que impide la citación directa exigida por la ley. Además de David Sánchez, otros dos acusados, Francisco Martos Ortiz y Luis María Carrero Pérez, también han resultado difíciles de localizar. El juicio contará con la declaración de treinta testigos y nueve agentes de la Guardia Civil. La acusación está siendo ejercida por varias entidades, incluyendo el Partido Popular, Vox y el sindicato Manos Limpias. El caso se originó en abril de 2023 cuando la Diputación Provincial de Badajoz nombró a David Sánchez para un puesto creado supuestamente a medida, lo que generó denuncias de la oposición y varias asociaciones.
En un contexto de creciente presión lingüística por parte de la Generalitat de Cataluña y entidades como Plataforma per la Llengua, las pequeñas y medianas empresas (pymes) catalanas están optando por mantener el español en sus interacciones con clientes para no perder su base de consumidores. A pesar de las sanciones económicas y programas de inmersión lingüística como 'Comerços aprenents', que busca fomentar el uso del catalán en el ámbito empresarial, los comercios están recurriendo cada vez más al castellano cuando los clientes lo solicitan. Según un estudio de la patronal Pimec de 2025, el porcentaje de compañías que cambian al español cuando un cliente o proveedor lo demanda ha aumentado del 60,7% en 2012 al 71,2% en 2025. Además, las comunicaciones escritas en español han pasado del 76% al 55,5% en el mismo periodo. Aunque inicialmente el 80,7% de las comunicaciones escritas y el 65,7% de las interacciones con clientes se realizan en catalán, estas cifras disminuyen significativamente cuando el cliente solicita comunicarse en español. La máxima 'Qui paga, mana' (Quien paga, manda) parece guiar la decisión de los empresarios catalanes.
En un gesto que revive la memoria histórica de España, el exministro de Defensa José Bono ha entregado a la fundación socialista Pablo Iglesias una valiosa colección de documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F, ocurrido hace 45 años. Entre los documentos entregados se encuentran actas del intendente y de los secretarios de la Cámara Baja, un archivo del consejero togado del Juzgado Militar y evaluaciones de daños en el edificio del Congreso de los Diputados. Bono, quien era secretario cuarto del Congreso en el momento del golpe, ha cedido su archivo personal a la fundación para crear una biblioteca accesible a cualquier interesado. La entrega incluye 37 resultados relacionados con el 23-F, como fotografías de Antonio Tejero, artículos de prensa, discursos y entrevistas, así como documentos menos públicos como el requerimiento del consejero togado José María García Escudero pidiendo a Bono su testimonio sobre el golpe. El archivo también contiene un acta de secretarios del Congreso de 35 páginas narrando los eventos del golpe, un informe del arquitecto conservador sobre los daños en la Cámara, y una factura de 200.021 pesetas por género consumido o deteriorado en la cafetería. Además de los documentos sobre el 23-F, Bono ha entregado otros relacionados con su paso por Defensa, la presidencia de Castilla-La Mancha y la presidencia del Congreso de los Diputados. La entrega de estos documentos coincide con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de desclasificar archivos sobre el golpe de Estado, que estarán disponibles en la web de La Moncloa. El Partido Popular había cuestionado cómo estos documentos llegaron al archivo personal de Bono y su posterior cesión a la fundación.
La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado el juicio oral contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, por presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor bajo su tutela. La decisión se produce tras la estimación parcial de los recursos presentados por las acusaciones, Gobierna-te, Vox y la defensa de la víctima, contra el archivo inicial del caso por parte del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. El instructor había archivado el caso dos veces, argumentando falta de indicios de criminalidad. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha determinado que los hechos descritos son constitutivos de delito y ha ordenado la apertura del juicio oral contra Oltra y otros cuatro acusados. Por otro lado, ha confirmado el sobreseimiento de otros cinco investigados al no existir acusación contra ellos. La decisión de la Audiencia dificulta el regreso de Mónica Oltra a la primera línea política. El caso ha generado gran expectación debido a la implicación de una exdirigente política y a la gravedad de los delitos imputados.
El Gobierno de Pedro Sánchez ultima una normativa para controlar económicamente a los medios de comunicación, limitando sus ingresos por publicidad institucional al 35%. Además, exigirá transparencia en la estructura de propiedad y accionariado de las empresas periodísticas. La medida busca reducir la dependencia de los medios pequeños respecto al dinero público, especialmente en territorios gobernados por PP o Vox. El Ejecutivo también ampliará el derecho de rectificación a medios digitales y perfiles con gran difusión, y aumentará las sanciones por incumplimiento. Esta legislación surge en un contexto de creciente confrontación entre el Gobierno y ciertos medios y periodistas críticos.
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