La noticia revela la dificultad para localizar a los acusados en un caso de gran relevancia política, lo que podría retrasar el juicio. La falta de información sobre los domicilios de los acusados plantea interrogantes sobre la eficiencia del sistema judicial.
El Gobierno ha anunciado que reducirá la jornada laboral de los funcionarios de la Administración General del Estado a 35 horas semanales a partir de marzo de 2026, cumpliendo así un compromiso adquirido con los sindicatos en octubre de 2022. Esta medida afectará a unos 250.000 funcionarios y empleados públicos, y supone una reducción del 6,7% del tiempo de trabajo convencional. La nueva jornada será inferior a la de la mayoría de los trabajadores asalariados del sector privado, cuya jornada media pactada en convenio alcanza las 38,05 horas semanales. La medida se produce en un contexto de transformación demográfica en la Administración General del Estado, con un progresivo envejecimiento de la plantilla y un aumento del número de jubilaciones previstas. La reducción de la jornada se suma a un modelo laboral que ya había modificado la organización tradicional del trabajo en la estructura administrativa estatal, con el teletrabajo como modalidad ordinaria para determinados puestos. En el contexto europeo, España se sitúa entre los países con menor tiempo de trabajo en el sector público, junto a Francia y Portugal. La medida revierte el incremento de jornada aprobado en 2012 durante la crisis económica y restablece un régimen inferior al vigente desde entonces.
En un contexto de creciente presión lingüística por parte de la Generalitat de Cataluña y entidades como Plataforma per la Llengua, las pequeñas y medianas empresas (pymes) catalanas están optando por mantener el español en sus interacciones con clientes para no perder su base de consumidores. A pesar de las sanciones económicas y programas de inmersión lingüística como 'Comerços aprenents', que busca fomentar el uso del catalán en el ámbito empresarial, los comercios están recurriendo cada vez más al castellano cuando los clientes lo solicitan. Según un estudio de la patronal Pimec de 2025, el porcentaje de compañías que cambian al español cuando un cliente o proveedor lo demanda ha aumentado del 60,7% en 2012 al 71,2% en 2025. Además, las comunicaciones escritas en español han pasado del 76% al 55,5% en el mismo periodo. Aunque inicialmente el 80,7% de las comunicaciones escritas y el 65,7% de las interacciones con clientes se realizan en catalán, estas cifras disminuyen significativamente cuando el cliente solicita comunicarse en español. La máxima 'Qui paga, mana' (Quien paga, manda) parece guiar la decisión de los empresarios catalanes.
En un gesto que revive la memoria histórica de España, el exministro de Defensa José Bono ha entregado a la fundación socialista Pablo Iglesias una valiosa colección de documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F, ocurrido hace 45 años. Entre los documentos entregados se encuentran actas del intendente y de los secretarios de la Cámara Baja, un archivo del consejero togado del Juzgado Militar y evaluaciones de daños en el edificio del Congreso de los Diputados. Bono, quien era secretario cuarto del Congreso en el momento del golpe, ha cedido su archivo personal a la fundación para crear una biblioteca accesible a cualquier interesado. La entrega incluye 37 resultados relacionados con el 23-F, como fotografías de Antonio Tejero, artículos de prensa, discursos y entrevistas, así como documentos menos públicos como el requerimiento del consejero togado José María García Escudero pidiendo a Bono su testimonio sobre el golpe. El archivo también contiene un acta de secretarios del Congreso de 35 páginas narrando los eventos del golpe, un informe del arquitecto conservador sobre los daños en la Cámara, y una factura de 200.021 pesetas por género consumido o deteriorado en la cafetería. Además de los documentos sobre el 23-F, Bono ha entregado otros relacionados con su paso por Defensa, la presidencia de Castilla-La Mancha y la presidencia del Congreso de los Diputados. La entrega de estos documentos coincide con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de desclasificar archivos sobre el golpe de Estado, que estarán disponibles en la web de La Moncloa. El Partido Popular había cuestionado cómo estos documentos llegaron al archivo personal de Bono y su posterior cesión a la fundación.
La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado el juicio oral contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, por presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor bajo su tutela. La decisión se produce tras la estimación parcial de los recursos presentados por las acusaciones, Gobierna-te, Vox y la defensa de la víctima, contra el archivo inicial del caso por parte del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. El instructor había archivado el caso dos veces, argumentando falta de indicios de criminalidad. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha determinado que los hechos descritos son constitutivos de delito y ha ordenado la apertura del juicio oral contra Oltra y otros cuatro acusados. Por otro lado, ha confirmado el sobreseimiento de otros cinco investigados al no existir acusación contra ellos. La decisión de la Audiencia dificulta el regreso de Mónica Oltra a la primera línea política. El caso ha generado gran expectación debido a la implicación de una exdirigente política y a la gravedad de los delitos imputados.
El Gobierno de Pedro Sánchez ultima una normativa para controlar económicamente a los medios de comunicación, limitando sus ingresos por publicidad institucional al 35%. Además, exigirá transparencia en la estructura de propiedad y accionariado de las empresas periodísticas. La medida busca reducir la dependencia de los medios pequeños respecto al dinero público, especialmente en territorios gobernados por PP o Vox. El Ejecutivo también ampliará el derecho de rectificación a medios digitales y perfiles con gran difusión, y aumentará las sanciones por incumplimiento. Esta legislación surge en un contexto de creciente confrontación entre el Gobierno y ciertos medios y periodistas críticos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público que incluye una limitación del 35% a la publicidad institucional en los medios de comunicación, justificándolo como una adaptación al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). Sin embargo, el EMFA no impone ningún tope porcentual a la publicidad institucional, sino que exige transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de fondos públicos. Esta medida podría afectar desproporcionadamente a los medios críticos y locales que dependen significativamente de la publicidad institucional. El Ejecutivo sostiene que la reforma refuerza la transparencia y la calidad democrática, pero críticos argumentan que se está yendo más allá de lo exigido por la UE y que esto podría dañar la pluralidad y la viabilidad de ciertos medios.
Pedro Sánchez ha reducido su círculo político a su mínima expresión y concentra el control de la agenda en su jefe de gabinete, Diego Rubio, ante la creciente desconfianza hacia sus ministros. Este repliegue coincide con un momento de bloqueo parlamentario, desgaste electoral y deterioro de las relaciones con sus socios, que han dejado al Gobierno sin capacidad para sacar adelante sus principales proyectos. La desclasificación de los documentos del 23-F es una medida de alto contenido simbólico diseñada para ocupar el centro del debate público. El presidente ha impulsado anuncios como la reforma constitucional del aborto y la ofensiva contra las grandes plataformas digitales. Estas iniciativas no surgen de los ministerios, sino del equipo de Presidencia. El Gobierno sigue sin Presupuestos y mantiene congeladas reformas que Sánchez anunció, como el plan anticorrupción y el impuesto al diésel pactado con Bruselas. La relación con los socios no ofrece margen de maniobra, y Junts ha certificado su ruptura con el Ejecutivo. El resultado es un modelo de poder cada vez más concentrado en torno al presidente y su gabinete de confianza.
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