Crítica:
El artículo es tendencioso al no ofrecer una visión equilibrada de las posturas a favor y en contra de la medida del Gobierno. Falta la voz de los defensores de la reforma.
Sánchez tergiversa la norma de la UE sobre prensa para asfixiar a los medios críticos
Sánchez limita publicidad en medios
Otros artículos
Mónica Oltra a juicio por abusos
La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado el juicio oral contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, por presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor bajo su tutela. La decisión se produce tras la estimación parcial de los recursos presentados por las acusaciones, Gobierna-te, Vox y la defensa de la víctima, contra el archivo inicial del caso por parte del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. El instructor había archivado el caso dos veces, argumentando falta de indicios de criminalidad. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha determinado que los hechos descritos son constitutivos de delito y ha ordenado la apertura del juicio oral contra Oltra y otros cuatro acusados. Por otro lado, ha confirmado el sobreseimiento de otros cinco investigados al no existir acusación contra ellos. La decisión de la Audiencia dificulta el regreso de Mónica Oltra a la primera línea política. El caso ha generado gran expectación debido a la implicación de una exdirigente política y a la gravedad de los delitos imputados.
Moncloa controla medios con leyes
El Gobierno de Pedro Sánchez ultima una normativa para controlar económicamente a los medios de comunicación, limitando sus ingresos por publicidad institucional al 35%. Además, exigirá transparencia en la estructura de propiedad y accionariado de las empresas periodísticas. La medida busca reducir la dependencia de los medios pequeños respecto al dinero público, especialmente en territorios gobernados por PP o Vox. El Ejecutivo también ampliará el derecho de rectificación a medios digitales y perfiles con gran difusión, y aumentará las sanciones por incumplimiento. Esta legislación surge en un contexto de creciente confrontación entre el Gobierno y ciertos medios y periodistas críticos.
Sánchez se bunkeriza con Rubio
Pedro Sánchez ha reducido su círculo político a su mínima expresión y concentra el control de la agenda en su jefe de gabinete, Diego Rubio, ante la creciente desconfianza hacia sus ministros. Este repliegue coincide con un momento de bloqueo parlamentario, desgaste electoral y deterioro de las relaciones con sus socios, que han dejado al Gobierno sin capacidad para sacar adelante sus principales proyectos. La desclasificación de los documentos del 23-F es una medida de alto contenido simbólico diseñada para ocupar el centro del debate público. El presidente ha impulsado anuncios como la reforma constitucional del aborto y la ofensiva contra las grandes plataformas digitales. Estas iniciativas no surgen de los ministerios, sino del equipo de Presidencia. El Gobierno sigue sin Presupuestos y mantiene congeladas reformas que Sánchez anunció, como el plan anticorrupción y el impuesto al diésel pactado con Bruselas. La relación con los socios no ofrece margen de maniobra, y Junts ha certificado su ruptura con el Ejecutivo. El resultado es un modelo de poder cada vez más concentrado en torno al presidente y su gabinete de confianza.
Sánchez limita publicidad institucional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva normativa para limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación, en un intento por aumentar la transparencia en la financiación pública de los medios. Esta medida forma parte de su Plan de Acción por la Democracia, impulsado tras el estallido del caso Begoña Gómez. Desde que Sánchez llegó al poder en 2018, el gasto en publicidad institucional ha aumentado considerablemente, pasando de 62,85 millones de euros en 2019 a 155,6 millones previstos para 2026. En total, entre 2019 y 2026, el Gobierno habrá gastado más de 1.000 millones de euros en publicidad institucional sin que se sepa exactamente a qué medios han ido a parar estos fondos. El ministerio que más dinero recibe es el de Transición Ecológica, con 17,1 millones, seguido de Igualdad y Agricultura. La normativa necesitará el apoyo del Congreso de los Diputados, donde el voto de Junts será clave.
Marlaska protege al policía DAO
La tensión en el seno de la Policía Nacional sigue en aumento tras las graves acusaciones formuladas por JUPOL contra el ministro Fernando Grande-Marlaska. Laura García, portavoz del sindicato, ha denunciado en el programa 'La Noche de Cuesta' de esRadio que el policía implicado en el 'caso DAO' no solo ha mantenido su cargo, sino que ha sido promocionado a un puesto de mayor relevancia. Óscar San Juan, mano derecha del exdirector del DAO, ahora ostenta el cargo de jefe de la Brigada de la Unidad Central Operativa de la Comisaría General de Policía Científica, uno de los puestos más destacados en la investigación de crímenes en España. Mientras tanto, continúa disfrutando de las prebendas asociadas a su posición, incluyendo una vivienda oficial y un vehículo con chófer. García ha subrayado que este trato de favor es inaceptable y ha generado un profundo malestar entre los agentes de policía. La situación ha llevado a JUPOL a convocar una concentración frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión de Marlaska. El sindicato ha criticado duramente la gestión de la cúpula policial, acusándola de encubrir a los implicados y de permitir que las órdenes políticas interfieran en los despliegues y traslados de agentes. La concentración tendrá lugar hoy, y mañana se repetirá con el apoyo del sindicato CEP, sumando presión a la petición de responsabilidades. García ha concluido que mientras se mantengan los privilegios para los altos cargos y se normalice el encubrimiento de delitos graves dentro de la Policía, la confianza de los ciudadanos y de los propios agentes en la institución seguirá deteriorándose.
Fiscal General en el ojo
La inacción de la Fiscalía General del Estado ante el escándalo del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, acusado de agresión sexual, ha generado estupor en el ámbito judicial. Fuentes jurídicas critican a la Fiscal General, Teresa Peramato, experta en violencia de género, por su silencio en un caso que afecta al Ministerio del Interior y al Gobierno de Pedro Sánchez. La querella presentada detalla cómo el ex DAO obligó a la víctima a subir a su domicilio, donde desplegó una conducta agresiva de naturaleza sexual con violencia física e intimidación ambiental. La Fiscalía ha sido comparada con su actuación en el caso de Julio Iglesias, donde rechazó su solicitud de personarse en la investigación en solo 4 horas, mientras que en este caso no ha habido ninguna comunicación con el abogado de la víctima. Además, ha salido a la luz una segunda denunciante contra el ex DAO, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones.
UPV veta acto Vox
La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha vetado un acto de Vox en su campus de Álava, citando 'riesgos para la seguridad' y calificando la ideología de la formación como 'totalitarismo'. Sin embargo, en su claustro de profesores figuran varios exmiembros de ETA, como Julen Zabalo Bilbao, condenado a 25 años de prisión por pertenencia a banda armada, y Ainhoa Ozaeta, exjefa del aparato de extorsión de ETA, contratada como profesora en el Departamento de Economía y Gestión tras cumplir su condena en 2023. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció la contratación de Ozaeta, calificándola de 'despropósito preocupante' y cuestionando la celeridad del proceso. La contradicción entre el veto a Vox y la presencia de exetarras en el profesorado ha generado controversia.
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