Crítica:
La noticia es clara, pero falta contexto sobre la frecuencia de este tipo de fraude. ¿Es un caso aislado o parte de una tendencia?
La noticia es clara, pero falta contexto sobre la frecuencia de este tipo de fraude. ¿Es un caso aislado o parte de una tendencia?
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido pillado intentando ocultar su domicilio habitual. La Audiencia de Badajoz le ha pedido que facilite su dirección para recibir una citación para un juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Inicialmente, ofreció la dirección de su abogado en Cáceres, pero la Audiencia descubrió que era el despacho del letrado y no su residencia real. Ahora, ha decidido personarse en los Juzgados para recoger la citación en persona. La vista oral está programada entre el 28 de mayo y el 4 de junio. Recientes informaciones sitúan a David Sánchez viviendo en La Moncloa.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional concluyendo que Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, eliminó datos de su móvil relacionados con la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El análisis forense de los dispositivos incautados reveló la ausencia de información relevante en el periodo investigado, lo que obligó a los investigadores a reconstruir las comunicaciones y actuaciones acudiendo a otros dispositivos incautados. La UCO sitúa a Pardo de Vera en contacto directo con Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, en fechas clave. El informe también conecta la adjudicación con el entorno de Víctor de Aldama, señalado como uno de los vértices de la trama. La Guardia Civil detectó pagos periódicos y movimientos patrimoniales coincidentes en el tiempo con las adjudicaciones bajo investigación. El juez autorizó en junio de 2025 la entrada y registro en domicilios vinculados a Pardo de Vera, incautando nueve dispositivos electrónicos y diversa documentación. El oficio no formula acusaciones formales, pero consolida una línea de investigación que sitúa a Pardo de Vera en el epicentro de las decisiones adoptadas en torno al contrato de mascarillas.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se citó con Javier de Paz, alto directivo de Telefónica, en un restaurante de Madrid el 5 de noviembre de 2023. La reunión, que duró más de una hora, se produjo apenas 72 horas antes de que el empresario Julio Martínez fuera arrestado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. De Paz fue clave en la creación de Análisis Relevante SL, la sociedad instrumental que cobró más de medio millón de euros de Plus Ultra, la aerolínea venezolana que recibió un rescate de 53 millones de euros cuando Zapatero era presidente del Gobierno. Los investigadores de la UDEF están analizando si los informes elaborados por esta sociedad eran reales o simulados. De Paz, quien ha percibido más de diez millones de euros en su carrera en Telefónica, también asesoró a Zapatero en sus desplazamientos a Venezuela para evitar dejar rastro. El próximo lunes, Zapatero comparecerá en el Senado para responder por varios escándalos de corrupción.
En un giro inesperado, el alcalde socialista de Parla, Ramón Jurado, ha amenazado con expedientar al policía local Jorge, quien inició una huelga de hambre el pasado martes para exigir una conciliación familiar. Jorge, padre de nueve hijos, busca un cambio de turno en su jornada laboral para ayudar a su mujer con la crianza de los pequeños. La situación se ha tensado tras un correo electrónico del comisario principal de la Policía Local de Parla, Eduardo Fernández Tejero, advirtiendo a Jorge de posibles consecuencias si persiste en su protesta. El agente ha respondido reafirmando sus derechos constitucionales y negando que su acción sea indecorosa o indigna para la institución policial. Mientras tanto, han comenzado a circular por internet fotografías manipuladas de Jorge con sus hijos, intentando desacreditarlo por supuestamente utilizar a los menores durante la huelga. Sin embargo, Jorge acude solo al Ayuntamiento, sentado en una silla, esperando una solución del Consistorio.
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha visto cómo ninguna empresa se ha presentado a la licitación para revisar la seguridad de la presa de Forata, crítica durante la DANA de octubre de 2024. La revisión, obligatoria cada cinco años, lleva caducada desde 2017. La presa, considerada infraestructura hidráulica crítica, acumuló ingentes cantidades de agua durante la DANA, aunque resistió sin llegar a romperse. Finalmente, la tragedia se produjo por el desbordamiento del barranco del Poyo. El Gobierno pretende ahora subsanar las carencias de seguridad detectadas. La Mesa de Contratación se reunió el 21 de enero para evaluar las ofertas, pero ninguna empresa presentó una propuesta. El Ejecutivo admite el complejo recorrido burocrático de los proyectos para reducir el riesgo de inundación en la zona, destacando el 'riesgo muy elevado' que suponen los barrancos de rápida respuesta para la población. Entre las actuaciones proyectadas se incluye mejorar la cubierta vegetal y eliminar actividades económicas que alteran el territorio.
En un giro inesperado, Vicente Vallés ha desmontado la 'exclusiva' de Javier Ruiz en TVE sobre los audios del 23-F, revelando que las grabaciones ya se emitieron en 1997 en Antena 3 Noticias. El presentador de TVE atribuyó a su cadena el acceso a 125 horas de audio de las grabaciones del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, incluyendo una conversación entre Antonio Tejero y su mujer. Sin embargo, Vallés aclaró que estas grabaciones ya eran públicas desde hace casi 30 años. La controversia surge justo el mismo día en que Pedro Sánchez desclasificó los documentos del 23-F y en el que falleció Antonio Tejero a los 93 años. Las grabaciones originales incluían comunicaciones cruciales entre Tejero y Juan García Carrés, un dirigente del Sindicato Vertical durante el franquismo, quien fue clave en el control del golpe desde fuera del Congreso.
El Gobierno de España ha abierto la puerta a que inmigrantes ilegales regularizados puedan cambiar su nombre y sexo registral sin necesidad de antecedentes penales ni nacionalidad española, amparándose en la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Esta ley permite a mayores de 16 años solicitar la rectificación registral de sexo y nombre ante el Registro Civil. Aunque el Ejecutivo aún no ha desarrollado el texto legal que regula este procedimiento para extranjeros, ya ha comenzado a realizar estos cambios registrales. La medida se enmarca en una regularización masiva de inmigrantes acordada por PSOE y Podemos a finales de enero, que podría afectar a más de medio millón de personas que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025. Los beneficiarios deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en el país mediante documentos como el padrón, informes médicos o contratos de alquiler. La regularización concede derechos desde la presentación de la solicitud, incluyendo la suspensión de procedimientos de retorno y órdenes de expulsión, autorización de residencia provisional para trabajar y acceso a asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concede una autorización de residencia por un año, tras lo cual podrá solicitarse una autorización ordinaria.
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