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Vender que el paro ha caído es muy fácil cuando te permites cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. El Gobierno presume de una reducción de 755.000 parados entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, una cifra que suena a gloria bendita en cualquier rueda de prensa. Pero, como ocurre con las letras pequeñas de los contratos de telefonía, el truco está en lo que no se cuenta. El Instituto Juan de Mariana ha pasado el escáner a los datos del SEPE y el resultado es un baño de realidad: el 78% de esa supuesta victoria es puro maquillaje contable. La jugada maestra consiste en los 'demandantes con relación laboral', principalmente fijos discontinuos. Son personas que, aunque están en casa esperando que alguien les llame para trabajar, técnicamente mantienen un contrato. Es como decir que no tienes hambre porque tienes una reserva de comida en el congelador que solo puedes abrir una vez al año. Este colectivo ha pasado de 301.000 personas a finales de 2019 a 893.000 al cierre de 2025, llegando incluso a los 919.000 en enero de 2026. Básicamente, se han triplicado. Si aplicamos la metodología del 'paro efectivo', que no se deja engañar por los malabarismos administrativos, la caída real del desempleo se desploma de los 755.000 a unos modestos 163.000. Una diferencia de 592.000 personas que han pasado de ser 'parados' a ser 'demandantes invisibles'. No es que no se haya creado empleo —la EPA confirma que llegamos a 22,78 millones de ocupados en el segundo trimestre de 2026—, es que el Gobierno ha confundido el éxito laboral con una brillante ingeniería estadística. Han pasado la escoba por debajo de la alfombra y ahora nos piden que aplaudamos la limpieza del salón.
España ha logrado entrar en el 'Top 4' del mundo desarrollado con más inflación, un podio que nadie quería y que solo nos precede Turquía, Hungría e Islandia. Mientras el ciudadano medio ve cómo el carrito de la compra se convierte en un artículo de lujo, la OCDE nos sitúa en agosto con un 4,6%, saltando desde el 3,9% de julio. Y si pensabas que ya habíamos tocado techo, el INE adelanta que en septiembre el IPC armonizado ha trepado hasta el 5%. Básicamente, nuestro dinero se derrite más rápido que un helado en agosto. La OCDE ha subido su previsión anual para España al 3,6%, lo que en lenguaje llano significa que el Estado gastará más en intereses de deuda y pensiones, mientras el BCE sigue apretando la tuerca de los tipos de interés, dinamitando las hipotecas de miles de familias. En medio de este incendio, la oposición pide deflactar el IRPF para quienes ganan menos de 40.000 euros anuales. Alberto Núñez Feijóo calcula que esto supondría un alivio de 400 euros al año por familia. Un detalle menor si consideramos que las arcas públicas están hinchadas, superando los 250.000 millones en recaudación gracias a que la inflación hace que paguemos más impuestos sin ganar un euro más. El coste de este alivio sería de 12.000 millones de euros. Una cifra que el Gobierno mira con recelo, pero que curiosamente no le ha importado soltar cuando este martes anunció 10.000 millones para créditos sin interés de hasta 50.000 euros para la primera vivienda. El argumento oficial para no tocar el IRPF es que también beneficiaría a las grandes fortunas en sus primeros 40.000 euros. Una lógica brillante: preferimos que el trabajador medio siga asfixiado antes que permitir que el millonario se ahorre unas migajas.
En la política, como en la vida, hay gente que no sabe cuándo cerrar la persiana. Pedro Sánchez, con la precisión de un relojero suizo y la ética de un vendedor de enciclopedias usadas, decidió que Lorena Suárez era la pieza perfecta para su tablero europeo. No importa que Suárez tuviera el currículum manchado con el 'arte' de recolectar pasaportes de difuntos para que los muertos votaran en las generales de 2023. Para Ferraz, eso no es un escándalo, es optimización de recursos. La jugada fue maestra: colarla en la lista de Teresa Ribera, en el puesto 44. Un número que en cualquier oficina sería irrelevante, pero que aquí sirvió de pase VIP para que Suárez montara un show mediático en Argentina. Mientras el ciudadano medio lucha por pagar la luz, el PSOE diseñó una ingeniería electoral para inflar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El resultado fue un sablazo a la democracia: la participación exterior saltó de 63.617 a 94.793 votantes, un incremento del 49% que ayudó al PSOE a mantener sus 20 escaños a pesar de perder un 3% de apoyos generales. Argentina, que representa el 19% del censo exterior, fue la mina de oro. Santos Cerdán y Sánchez no buscaban un eurodiputado, buscaban un altavoz en Buenos Aires que vendiera la 'nacionalidad europea' como si fueran abonos para el fútbol. La hipocresía alcanzó su cénit cuando, mientras Pilar Cancela intervenía la agrupación argentina para limpiar la imagen tras el audio donde Suárez pedía votar con la 'tía fallecida', la gestora de Ferraz seguía mandando desde Madrid. Una purga selectiva que deja a los militantes locales con la sensación de que, en el PSOE, la lealtad al jefe vale más que el acta de defunción de un ancestro.
Hay quien dice que la inflación nos está matando, pero es que no han visto las tarifas de la 'agencia de viajes' más exclusiva y peligrosa del Estrecho. Mientras el ciudadano medio se lo piensa dos veces para comprarse un móvil nuevo, hay quienes sueltan hasta 8.000 euros por un billete de ida en una lancha desde Ceuta a la Península. Sí, han leído bien. Ocho mil pavos. Un sablazo que haría palidecer a cualquier concesionario de coches de lujo, solo por el privilegio de jugar a la ruleta rusa en alta mar. La Guardia Civil interceptó una de estas 'cruceros' la madrugada del domingo al lunes, partiendo desde las proximidades de Benzú. A bordo, 17 pasajeros: 14 hombres y tres mujeres, incluida una menor de edad. El patrón, un señor con un currículum judicial que ya conoce bien los pasillos del juzgado, se llevó el premio gordo: la detención y 17 cargos imputados, con el agravante de llevar a una niña en el barco. Un negocio redondo, hasta que llega la ley. Lo más delirante es el detalle de las pulseras. Seis de los pasajeros lucían las identificaciones de los campamentos de acogida de Ceuta. Es decir, ya estaban en el sistema, con techo y comida, pero decidieron invertir los ahorros de una vida (o los de alguien más) para saltarse la fila y aterrizar en Andalucía vía marítima. Mientras tanto, la ciudad autónoma sigue lidiando con el rastro de las ocupaciones, como las 200 toneladas de basura que hubo que retirar del Trampolín. El contraste es brutal: por un lado, la gestión del caos urbano y, por otro, una ingeniería financiera clandestina que mueve miles de euros en travesías que huelen a desesperación y a negocio sucio.
Hay quien lucha contra la corriente con pancartas y quien decide montar un sistema de sonido profesional para que el barrio no olvide dónde está el mapa. En pleno centro de Ceuta, un vecino ha decidido que la mejor forma de combatir la incertidumbre es convertir su balcón en una emisora de patriotismo horario. Desde las 9:00 hasta las 14:00, y otra tanda de 17:00 a 21:00, el himno de España retumba en la Plaza de los Reyes como si fuera la alarma de un despertador colectivo. El sujeto no es un improvisado; es un experto en electrónica y telecomunicaciones que mantiene el reloj de la ciudad. Básicamente, ha aplicado la ingeniería municipal a su propia terraza para que la 'españolidad' suene cada sesenta minutos. El detalle es casi poético: ajusta el horario para no solaparse con las campanadas de la iglesia de San Francisco. Es una precisión suiza aplicada a un sentimiento visceral. Pero esto no es solo una cuestión de gusto musical. El vecino usa sus altavoces como un dardo directo a la Delegación del Gobierno, situada convenientemente debajo de su casa. Para él, el anterior delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, cometió el pecado capital de 'dejar de ser caballa' al gestionar la crisis migratoria. Mientras el Estado maneja protocolos y presupuestos, este ciudadano gestiona decibelios y banderas. Y porque el sonido no basta, ya prepara el siguiente 'sablazo' visual: una pantalla gigante de 6x2 metros para la próxima visita del Rey. Quiere mezclar el tiempo meteorológico con la cruda realidad de Ceuta, transformando su fachada en un tabloide digital. En una ciudad donde la paz se siente rota, este vecino ha decidido que, si el silencio es incómodo, lo mejor es subir el volumen hasta que el mensaje sea imposible de ignorar.
Hay algo fascinante en la gimnasia mental de la política actual. Normalmente, una huelga general es el equivalente a tirarle el libro de reclamaciones en la cara al Gobierno. Pero no este año. El 11 de noviembre, CCOO y UGT han decidido que el blanco no es quien firma los decretos, sino quien espera su turno en el banquillo. Una huelga contra la oposición. Es como ir al restaurante, que te traigan la comida fría y decidir protestar gritándole al cliente de la mesa de al lado porque no le gusta el menú. María Jesús Montero, coordinadora de la campaña del PSOE, lo ha soltado sin anestesia: esta vez es contra el PP, Vox y Junts. Un giro de guion digno de Netflix. Mientras el ciudadano medio ve cómo el alquiler se come su sueldo como si fuera un buffet libre, el Gobierno se lava las manos con una elegancia pasmosa. Pedro Sánchez, desde la comodidad de la Moncloa, se limita a decir que respetará el derecho constitucional, mientras la crisis de vivienda sigue siendo el elefante en la habitación que nadie quiere limpiar. La fecha no es casualidad. El paro cae justo dos días antes de que el viernes 13 de noviembre arranque la campaña para las generales del 29 de noviembre. Una jugada maestra de calendario. Pepe Álvarez, de UGT, ya ha confirmado en TVE que se suman al carro junto a CGT, CIG, ELA y el Sindicato de Inquilinas. La última vez que vimos este despliegue fue el 14 de noviembre de 2012, cuando Mariano Rajoy era el villano de la película. Ahora, el guion ha cambiado, pero el sentimiento de precariedad es el mismo. Al final, el trabajador es el peón en un tablero donde los sindicatos y el Gobierno han decidido que, esta vez, el sablazo electoral se le cobre a la oposición antes de empezar a pedir el voto.
Mientras el ciudadano medio se pelea con una web que no carga para conseguir una cita consular, en el Consulado General de España en Tánger han montado un sistema de 'fast-track' que haría palidecer a cualquier aeropuerto. La protagonista es E.BA, una señora de 65 años que se mueve por las zonas restringidas como si fuera la dueña del cortijo. Según los datos, E.BA llega en un coche negro de alta gama, aparca dentro de la legación y sube a la 'zona noble' para entregar listas de políticos, jueces y fiscales marroquíes que no tienen tiempo para hacer cola. Es el equivalente diplomático a tener un primo en la discoteca que te mete sin pagar y sin pasar el control de seguridad. Lo verdaderamente surrealista es el currículum de la 'enlace judicial'. E.BA estuvo vetada del consulado durante 14 años por estar implicada en una red de venta de visados Schengen; básicamente, vendía el acceso a Europa como quien vende entradas para un concierto agotado. Ahora, bajo la mirada complaciente de la cónsul Aurora Díaz-Rato, ha sido 'rehabilitada' y tiene acceso total a los ordenadores, donde coteja solicitudes con la ayuda de una funcionaria de confianza. Es una ingeniería de la confianza ciega que huele a inteligencia marroquí y favores mutuos. Pero el consulado, una manzana de 16 hectáreas con una residencia de 1.000 metros cuadrados, no solo sirve para visados VIP. Ha funcionado como hotel boutique gratuito para la élite socialista. José Bono se refugió allí desde mayo hasta junio, huyendo de la prensa que investigaba sus mansiones en la medina, mientras disfrutaba de coche oficial y servicio de limpieza pagado con nuestros impuestos. Leire Pajín también pasó por allí antes del verano. En Tánger, parece que la diplomacia consiste en gestionar el lujo ajeno mientras el resto espera un correo de confirmación que nunca llega.
En España, buscar un piso de alquiler se ha convertido en una especie de deporte extremo donde el premio es, probablemente, pagar el sueldo entero por un zulo sin luz. Mientras desde el Gobierno se venden decretos como la panacea, la realidad es que el mercado ha decidido aplicar la ley del mínimo esfuerzo: desaparecer. Desde 2018, hemos pasado de tener 902.664 viviendas anunciadas para alquiler de larga estancia a unas miserables 510.091 en 2025. Un recorte del 44% que no es un ajuste, es una amputación. Estamos hablando de 392.573 viviendas que se han esfumado, como si alguien hubiera pasado la goma por el mapa inmobiliario. Es el equivalente a borrar ciudades enteras de la oferta disponible mientras el ciudadano medio intenta cuadrar la cuenta del súper. La hipocresía es deliciosa: regulan el precio para 'proteger' al inquilino, pero el resultado es que ya no hay nada que alquilar. En Madrid, la cifra es un sablazo: 137.411 viviendas menos, bajando de 252.442 a 115.031. Cataluña no se queda atrás con una pérdida de 124.582 inmuebles. Pero el verdadero drama ocurre en las capitales. Madrid ha visto caer sus anuncios de 202.484 a 84.926. Y Barcelona es, sencillamente, un desierto: un desplome del 83%, pasando de 113.853 a solo 19.723 viviendas. Valencia, Sevilla y Granada también han pasado por la guillotina, perdiendo 18.465, 12.265 y 7.463 viviendas respectivamente. ¿La excepción? La Rioja, que presume de 282 viviendas más, un dato que sirve para decorar el informe pero que no sirve para que un joven se independice. idealista/data ha puesto los números sobre la mesa y el diagnóstico es claro: la oferta de larga estancia está en cuidados intensivos mientras el alquiler turístico y la incertidumbre jurídica hacen el agosto.
Trabajar en España se ha convertido en un ejercicio de generosidad forzosa. Según la autopsia económica del Instituto Juan de Mariana, el Estado ya no es un socio, es el dueño mayoritario de tu esfuerzo: se lleva el 53,60% del coste laboral de un salario medio. Para que nos entendamos: de cada 100 euros que tu empresa desembolsa por ti, más de la mitad desaparece en el agujero fiscal antes de que veas un céntimo. Es como si fueras al supermercado, pagaras la compra entera y el cajero decidiera que el 54% de la bolsa le pertenece por derecho divino. Diego Sánchez de la Cruz pone los números sobre la mesa y el resultado es un sablazo coordinado. Hablamos de 141 subidas fiscales en ocho años: 63 directas, 46 encubiertas (esas que no ajustan a la inflación y te muerden el sueldo en silencio) y 32 por revisiones catastrales. Para un asalariado medio con un coste de 39.481 euros, el Estado se queda con 21.144 euros. A lo largo de una vida, el contribuyente medio entrega 460.600 euros, lo que equivale a trabajar casi treinta años gratis para el Gobierno. Mientras tanto, la realidad de la calle es un chiste cruel. El alquiler mediano (1.080 euros) ya es más caro que el salario mediano de un joven (1.048 euros). Básicamente, vivir independizado es un lujo prohibido: solo el 15,2% de los jóvenes lo logra, el peor dato desde 2006. Y aunque la recaudación ha subido 168.166 millones de euros desde 2018, el servicio es una ruina. Las listas de espera quirúrgicas han crecido un 28% (853.509 pacientes) y la educación, según PISA 2025, toca fondo. Pagamos el precio de un hotel cinco estrellas para dormir en una pensión de mala muerte con la deuda pública disparada a 1,763 billones de euros.
Hay una gimnasia mental fascinante en la política actual, una especie de yoga cognitivo que permite dormir tranquila mientras se predica la austeridad desde un código postal envidiable. Mónica García, la actual ministra de Sanidad y posible punta de lanza del Frente Amplio para el 29 de noviembre, nos ha regalado una perla digna de manual: afirma que vive «por debajo de sus posibilidades». Claro, porque cuando el escenario es el barrio de Retiro, el epicentro del lujo madrileño donde los alquileres son un deporte de riesgo para el ciudadano medio, el concepto de «posibilidades» se vuelve elástico. Resulta casi poético que resida en la misma zona donde Maricarmen, una mujer de 87 años, acabó desahuciada. Mientras unos cuentan los céntimos para que no les corten la luz, García se refugia en la narrativa del esfuerzo profesional. Es la historia de una anestesista del Hospital 12 de Octubre que, tras pasar por la AMYTS y la Marea Blanca, saltó a la Asamblea de Madrid en 2015 y terminó superando al PSOE en mayo de 2021. Todo muy noble, hasta que entramos en el terreno de la ingeniería financiera familiar. El giro de guion llega con su exmarido, Enrique Montañés, un alto mando de la multinacional CHEP. Resulta que Montañés se embolsó más de 195.000 euros vía Bono Social Térmico, un colchón destinado a quienes realmente no tienen para calentar la casa, no para vicepresidentes senior de logística. La ministra pidió perdón alegando que no tenía «ni idea», una frase que en el lenguaje de la calle se traduce como «yo no miro la cuenta corriente». Tras el divorcio en 2023, Mónica abandonó el piso propiedad de su ex (comprado en 2017) para mudarse a otro alquiler en la misma zona. Básicamente, ha cambiado un palacio por otro, manteniendo la estética de la lucha social mientras pasea por los castaños del Retiro.
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Magdalena Gallego