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Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma la mitad de su nómina, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de ayudar es montando un call center de lujo. El resultado es el 047, un teléfono 'gratuito' para el usuario, pero que sale carísimo para el contribuyente. Hagamos cuentas de barrio: el Ministerio de Vivienda, bajo el mando de Isabel Rodríguez, ha soltado 1,7 millones de euros en total. Si dividimos ese sablazo entre las 20.260 consultas registradas hasta agosto, cada duda sobre un contrato o una ayuda le ha costado al Estado más de 85 euros. Una tarifa que haría palidecer a cualquier consultoría de gestión. La ingeniería financiera es fascinante. A los 1.019.415 euros del servicio base, le sumamos dos subvenciones directas, sin concurso público y con el sello de 'urgencia' del Real Decreto 538/2026: 600.000 euros para el Consejo General de la Abogacía Española y otros 120.000 euros para FACUA-Consumidores en Acción. Lo curioso es que ninguno de los dos aparecía en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027. Magia administrativa. El servicio, operado por MasOrange, presume de una eficiencia técnica envidiable: esperas de cinco segundos y llamadas de 7,5 minutos. Pero mientras el 52% de los usuarios llama desesperados por el alquiler, la realidad golpea en la puerta con un dato demoledor de Gesvalt: el precio de la vivienda ha subido un 10,6% en un año, alcanzando los 2.085 euros por metro cuadrado. Al final, tenemos un teléfono que funciona de maravilla para decirnos que no tenemos dónde vivir, cobrándonos 103 euros por llamada. Un despliegue de generosidad pública que, curiosamente, coincide con el ascenso de Pablo Torres Paniagua, exsecretario del CIS y actual pieza clave en el tablero de Óscar López en Madrid.
Hay una diferencia abismal entre 'facilitar' y 'instruir'. En el mundo real, si tu jefe te sugiere que hagas algo para 'no molestar' en la oficina, ya sabes que no es una sugerencia, sino una orden con perfume. El Estado Mayor de la Guardia Civil ha decidido que, para las generales del 29N, lo más cómodo es que sus agentes usen el voto por correo. El General de Brigada Francisco Javier Vélez Alcalde, jefe adjunto de Operaciones, ha firmado una instrucción interna que básicamente pide que el sufragio no interfiera con los servicios esenciales. Traducido al lenguaje de la calle: que no haya huecos en el cuadrante porque alguien quiere ir a su colegio electoral. Lo curioso es que han llegado a crear un manual de instrucciones, el procedimiento 33121 del sistema SIGO, para que nadie se pierda en el camino hacia el buzón. Es una ingeniería organizativa fascinante: mientras la LOREG deja claro que el voto por correo es una opción individual y no una obligación, la cúpula lo convierte en la recomendación general para toda la plantilla, incluso para quienes están fuera de España. No es como en 2019, cuando la AUGC gestionaba compensaciones solo para quienes tenían servicio planificado. Aquello era logística; esto es una directriz general sin precedentes. El contraste es delicioso. Mientras Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González desfilan en Cádiz con la pompa habitual, en los cuarteles se debate si un superior puede 'recomendar' la modalidad de voto. Es como si en tu trabajo te sugirieran que no fueres al médico el lunes para no interrumpir el flujo de caja. Muy eficiente, muy ordenado y terriblemente cuestionable desde el punto de vista jurídico. Al final, parece que la prioridad no es el derecho al voto, sino que la maquinaria no se detenga ni un segundo.
Hay quien usa el paraguas para la lluvia y quien lo usa para tapar un incendio judicial. Pedro Sánchez parece haber decidido que la mejor forma de blindar a Begoña Gómez no es con abogados, sino con una papeleta. La idea, que se cocina a fuego lento entre Moncloa y Ferraz, es meter a la esposa del presidente en las listas del 29 de noviembre. No es vocación política; es ingeniería jurídica para conseguir el aforamiento. Básicamente, intentar que el juzgado ya no sea el de barrio, sino el del 'club VIP' del Tribunal Supremo. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca, en el Gobierno diseñan un plebiscito personal donde Begoña pasa de ser procesada por tráfico de influencias y malversación a convertirse en la 'víctima del lawfare'. Es el truco más viejo del manual: transformar el banquillo de los acusados en un pedestal electoral. María Jesús Montero, Rebeca Torró y Cristina Narbona figuran en el organigrama, pero el mando a distancia lo tienen Óscar López y Félix Bolaños, este último experto en pelearse con el juez Peinado como quien discute el precio del pescado en el mercado. La jugada huele a déjà vu. Ya lo intentó Miguel Ángel Gallardo con David Sánchez en Extremadura, buscando un aforamiento exprés que terminó en una inhabilitación de 18 años. Un recordatorio incómodo de que intentar saltarse la fila judicial suele acabar en un sablazo legal. Ahora, con Zapatero fuera de combate como revulsivo, Begoña sería el señuelo. El riesgo es que el Tribunal Supremo no sea el refugio acogedor que imaginan, sino un espejo donde la hipocresía se refleja en alta definición. Al final, quieren vender progreso mientras usan las listas electorales como un escudo antifrustración judicial.
Hay una magia muy especial en la administración pública española: la capacidad de reconocer que alguien ha cobrado un sueldo indebido y, acto seguido, decidir que no hay prisa por recuperarlo. David Sánchez, hermano del presidente, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un nombramiento que el juez define como un 'interés particular' sin urgencia ni necesidad. Pero aquí viene el truco de magia financiera. Entre julio de 2017 y mayo de 2025, el señor Sánchez ha percibido 341.000 euros. Para que nos entendamos, es como si un vecino te alquilara el garaje sin contrato, el juez dijera que el trato fue ilegal, pero que tú te quedes con el dinero porque el dueño del edificio se ha olvidado de presentar la factura. La razón es un tecnicismo procesal digno de manual. La responsabilidad civil no la puede pedir la acusación popular, y como la Fiscalía pidió la libre absolución y la Diputación de Badajoz decidió jugar al escondite y no personarse, el dinero se queda, de momento, en el bolsillo del condenando. Una arquitectura legal fascinante donde la inactividad institucional se convierte en el mejor aliado del beneficiario. Jesús Zarzalejos, profesor de CUNEF Universidad, lo ha dejado claro: no reclamar ese dinero es, en sí mismo, una forma de malversación. El reparto de premios no termina ahí. Junto a David, Luis Carrero y otros ocho funcionarios también se llevan nueve años de inhabilitación especial. Miguel Ángel Gallardo tampoco podrá aspirar a cargos electos. Eso sí, el tráfico de influencias se ha escapado por la tangente porque no hay 'pruebas indiciarias' de que alguien diera la orden desde arriba. En resumen: el puesto fue un invento, el dinero fue público, la condena es administrativa, pero la cartera sigue llena. El abogado Emilio Cortés ya prepara el recurso, porque claro, en este cuento nadie quiere aceptar que el guion estaba mal escrito desde 2016.
Hay quien dice que el silencio es oro, pero en Renfe el silencio huele a business class y sushi de primera. Mientras el pasajero medio intenta que el tren no llegue con retraso, Álvaro Fernández Heredia, el jefe de la compañía, decidió que el pasado lunes era un momento fantástico para volar a Japón. No fue solo él; se llevó a su mano derecha, José Alfonso Gálvez, director general de Negocios y Operaciones. El destino: el foro de la IHRA, una organización que, curiosamente, sirve de escaparate para la tecnología japonesa y donde Hitachi —una de las empresas que quiere hincarle el diente al contrato de Renfe— tiene un pie puesto en el consejo gracias a Takuya Yamakawa. Estamos hablando de una licitación que hace temblar cualquier bolsillo: 4.000 millones de euros. Para que nos entendamos, es como si alguien decidiera comprarse una flota de yates mientras el resto de la familia discute por quién paga la última ronda de cañas. El plan, lanzado en marzo de 2026, busca hasta 40 trenes que vuelen a 350 km/h, el sueño húmedo del ministro Óscar Puente para unir Madrid y Barcelona en tiempo récord. El presupuesto inicial es de 1.362 millones, pero el agujero total podría superar los 4.145 millones. Lo descarado no es el viaje, sino el modo 'incógnito'. Renfe borró el rastro en redes y web, como quien esconde la tarjeta de crédito tras una compra impulsiva. Mientras tanto, en los pasillos se habla de 'frivolidad' y de un trato preferente que deja a Siemens mirando desde la barrera. Entre el caos de Rodalies por el temporal en Cataluña y el robo de datos de empleados, Heredia parece haber confundido la gestión pública con una agencia de viajes de lujo. La Ley de Contratos del Sector Público pide transparencia, pero aquí lo único transparente es la intención de hacer lobby con el Shinkansen mientras el resto espera en el andén.
Hay una regla no escrita en los pasillos del poder: cuando el Gobierno tiene que elegir entre salvar el pellejo en las urnas o pelear por el pan de alguien más, el pan siempre queda en segundo plano. Pedro Sánchez ha dejado el campo español en una situación que, en lenguaje de calle, sería como dejar la persiana abierta en plena tormenta y marcharse de vacaciones. Mientras Bruselas diseña el presupuesto para 2028-2034 y la nueva Política Agraria Común (PAC), España se prepara para el 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales. Un timing exquisito. El calendario es una broma de mal gusto. Los líderes de la UE se reúnen el 15 y 16 de octubre para el marco financiero, y los ministros de Agricultura se sientan el 26 y 27 de octubre. ¿El problema? Que justo cuando llega el 23 de noviembre, con los ministros europeos decidiendo cuánto dinero caerá en los bolsillos de los agricultores, aquí estaremos nosotros discutiendo eslóganes electorales. Es como intentar negociar la hipoteca del siglo mientras tu casa se está incendiando y tú estás ocupado eligiendo el color de las cortinas del salón. Unión de Uniones, con Luis Cortés a la cabeza, ha soltado la alerta: el calendario agrario no se pausa por un decreto electoral. El vacío de poder es el mayor miedo. Para diciembre, con reuniones los días 14 y 15 y un Consejo Europeo del 15 al 18, es muy probable que España siga en ese limbo incómodo de 'estamos formando Gobierno'. Mientras tanto, el agricultor sigue esperando que baje el gasóleo y que Bruselas no nos tome por el camino más corto aprovechando que en Madrid nadie tiene tiempo de mirar el mapa europeo.
Hacer magia con el dinero público es el deporte nacional, pero Pedro Sánchez acaba de elevarlo a categoría de arte. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con el mismo pavor que quien abre un sobre de Hacienda, el Gobierno ha habilitado una línea de financiación de 10.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). ¿Para qué? Para resucitar, con un truco de prestidigitación legislativa, unos decretos que el Congreso acababa de mandar al cementerio el viernes pasado. La jugada es sencilla: como el Pleno derogó las normas, el Ejecutivo ha redactado un texto 'nuevo' —que es básicamente el mismo perro con distinto collar— para colarlo en la Diputación Permanente. El plato fuerte son préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para la primera vivienda. Suena idílico, casi como un regalo de Navidad adelantado, pero es la herramienta perfecta para que el PNV no le cierre la puerta en la cara. A esto le suman otros 400 millones para proveedores de vivienda social, un parche más en un sistema que gotea por todas partes. Entre teleprónter y poses de candidato, Sánchez compareció en la Moncloa para recordarnos que 'ni tira la toalla ni deja tirada a la gente', aunque curiosamente haya disuelto las Cortes sin aprobar unos Presupuestos en toda la legislatura. Es la paradoja del 'Gobierno de la gente': prometer que no habrá ni un desahucio más mientras se juega el tablero electoral para el 29 de noviembre. Mientras tanto, la norma de los alquileres indefinidos, esa que Sumar quería para quedar bien con el Sindicato de Inquilinas, ha durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio: día y medio de vigencia antes de evaporarse. Una gestión basada en el 'abracadabra' donde los datos duros sirven para maquillar la improvisación.
Heredar el gobierno el 29 de noviembre será como recibir las llaves de un piso que parece un palacio, pero que tiene las tuberías reventadas y una hipoteca que asusta. El agujero de las pensiones en 2025 ha alcanzado los 63.716 millones de euros, un 3,8 % del PIB que, con la inflación haciendo de las suyas, promete engordar en 2026 y 2027. Básicamente, el sistema es un colador: las cotizaciones solo cubren tres de cada cuatro euros. El resto, unos 61.342 millones en 2025, sale de los Presupuestos Generales del Estado, lo que en lenguaje de calle significa que estamos parcheando el barco con chicle mientras el agua nos llega al cuello. Pedro Sánchez presume de una salud extraordinaria del sistema, pero los números no saben de marketing. Mientras él decía que el Fondo de Reserva tenía 5.000 millones al llegar al poder (cuando eran cerca de 8.000), la realidad es que hemos pasado de un patrimonio neto positivo de 54.000 millones en 2011 a un saldo negativo de más de 121.000 millones hoy. La hucha, que en aquel entonces guardaba 66.000 millones, se ha quedado en poco más de 10.000. Es como si hubiéramos vaciado la cuenta de ahorros para pagar el alquiler del mes. La arquitectura de José Luis Escrivá, el actual gobernador del Banco de España, fue el detonante. Al eliminar el factor de sostenibilidad y atar las pensiones al IPC, convirtió el sistema en un globo que se infla con cada crisis energética. Para compensar, inventaron el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que Diego Sánchez de la Cruz, del Instituto Juan de Mariana, define con precisión quirúrgica: un impuesto disfrazado que encarece el trabajo sin dar derechos futuros. El resultado es un gasto público consolidado de 725.006 millones en 2024 y una deuda histórica de 1,763 billones de euros. Un festín de cifras récord que, al final, paga el que cotiza.
Hay que tener una arquitectura mental fascinante para gestionar la realidad. Mientras el Hospital Universitario de Ceuta se convertía en un campo de batalla sanitario, el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares decidió que el momento ideal para hacer generosidad era el 8 de septiembre. ¿El gesto? Inyectar 402.978 euros —el 97,2% del coste total de un proyecto— a la sanidad del norte de Marruecos. Es como intentar arreglar la gotera del vecino con el presupuesto que necesitas para que no se te caiga el techo del salón. El proyecto, bautizado con el lenguaje corporativo de siempre como «Empoderar la salud», se centrará en poner placas solares, oxígeno y formación para comadronas en el Distrito Sanitario de Ouazzane y la casa de maternidad Dar Al Oumouma de Zoumi. Todo gestionado por la cooperativa barcelonesa Azimut 360 SCCL y la ONG ADL-Al Maghrib. Una ingeniería financiera impecable: el dinero sale de Madrid, pasa por Barcelona y termina en Ouazzane, mientras en Ceuta los médicos intentaban sobrevivir al caos. Porque el contraste es, sencillamente, obsceno. Entre el 30 de julio y el 30 de agosto de 2026, las Urgencias de Ceuta vieron cómo el número de pacientes no inscritos en la Seguridad Social pasaba de 315 en 2025 a 5.423. Un incremento del 1.621%. Para que nos entendamos: es como si en tu casa solían venir tres visitas al mes y, de repente, se te instalan cinco mil en el pasillo. El 30 de julio, el hospital registró 384 asistencias en un día donde la media es de 170. El 67% de esos pacientes no estaban en el sistema español. Mientras el Gobierno firmaba cheques para que en Marruecos hubiera luz las 24 horas, en Ceuta la luz se agotaba intentando atender una invasión que el Ministerio de Exteriores parece haber decidido financiar indirectamente.
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de Cirque du Soleil para mirar una huelga general y concluir que el objetivo no es quien lleva las llaves del despacho, sino quien está sentado en el banquillo de la oposición. María Jesús Montero, la estratega del PSOE andaluz, ha decidido que la realidad es opcional. En una rueda de prensa desde Sevilla, ha soltado la perla de que estamos ante una «situación inédita»: una huelga convocada por UGT y CC.OO. que, según ella, no va contra el Gobierno, sino contra la derecha. Es como si te subieran el alquiler un 20% y la inmobiliaria te dijera que el problema es que el vecino de enfrente no votó a su candidato. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la cuenta corriente para que no le den el portazo en la cara, Montero prefiere jugar al tenis político. El problema es que Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, no ha comprado el ticket para este espectáculo. Álvarez fue tajante en la Cadena SER: el adelanto electoral no ha sido el motor de la huelga. Traducido al cristiano: el paro se mantenía aunque Pedro Sánchez no hubiera disuelto las Cortes. Es decir, que la factura del enfado llega directamente a Moncloa, donde gobiernan desde junio de 2018, y no a los despachos de la oposición. La paradoja es deliciosa. Montero admite que los trabajadores sufren desahucios y que los hijos de 30 años siguen viviendo en el cuarto de invitados porque alquilar un piso es hoy un deporte de riesgo. Pero, en lugar de mirar el espejo, prefiere señalar el Congreso de los Diputados. Para la exvicepresidenta, la huelga es un «rechazo a la negativa a aprobar» los decretos de vivienda. En resumen: el Gobierno es la víctima que intenta ayudar, y los sindicatos son, sin saberlo, sus mejores aliados contra la derecha. Un giro de guion que ni en Netflix.
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Magdalena Gallego