Crítica:
La noticia es un despliegue de sospechas políticas que carece de una respuesta técnica del Gobierno para equilibrar la balanza. Se queda en la superficie de la denuncia sin analizar a fondo la legalidad de la subcontratación con PALCO.
La ley de nietos dispara más de un 30 % el censo de extranjeros que votan en Madrid y el PP pide explicaciones
Voto CERA: el 'truco' del arraigo madrileño
Otros artículos
Albiol: Viralidad y 'machaque' contra okupas
Hay quien gestiona el ayuntamiento con expedientes y quien lo hace con el modo 'influencer' activado. Xavier García Albiol ha descubierto que un vídeo en X es más rápido que cualquier decreto municipal. El escenario: el barrio de La Salut, en Badalona. El detonante: un local en malas condiciones que sirve de refugio a presuntos okupas. El resultado: 1,3 millones de visualizaciones que saben a gloria para el alcalde, quien, el pasado miércoles, decidió que la mejor forma de hacer política era encararse cara a cara con los inquilinos sin contrato. La escena es un manual de supervivencia urbana. Mientras los okupas lanzan el dardo del 'racismo', Albiol responde con el catálogo completo de su retórica habitual: España no quiere 'gentuza', solo a quienes vienen a trabajar. Una distinción tan nítida como la de quien separa la ropa blanca de la color en la lavadora. Lo fascinante es el contraste. En un mismo plano vemos la tensión de una disputa por la propiedad y, acto seguido, a vecinos que aprovechan el momento para pedir rampas mecánicas. Es el surrealismo puro: pasar de la lucha contra la delincuencia a la gestión de la movilidad reducida en tres segundos, como quien cambia de canal con el mando. Albiol, consciente de que el sistema legal es más lento que una cola de Hacienda en lunes, lanza la piedra contra Pedro Sánchez y la legislación vigente. Promete echarles 'legalmente' en unos meses, porque sabe que saltarse la norma le costaría un billete solo hacia la prisión. Mientras tanto, su estrategia es el 'machaque' constante. No es gestión administrativa, es guerra de desgaste televisada. Al final, el local sigue abierto, pero el vídeo ya es viral. En la política moderna, parece que importa más el clip que el cierre del inmueble.
Bono: hotel gratis y mansión gigante
Hay quienes usan el consulado para gestionar visados y otros, como José Bono, lo usan como un hotel de cinco estrellas pagado con el dinero de todos mientras sus albañiles levantan muros en Marruecos. El exministro de Defensa decidió que, entre mayo y junio, su mansión en la medina de Tánger no era el sitio ideal para esconderse de las noticias sobre sus negocios inmobiliarios. ¿La solución? Instalarse un mes entero en la residencia de la cónsul Aurora Díaz-Rato. Un despliegue de generosidad institucional que incluyó coche oficial y servicio de protocolo, básicamente para que el exministro pudiera gestionar su imperio sin que nadie le molestara el sueño. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación y mira el ticket del súper con pánico, Bono aplicaba una ingeniería inmobiliaria envidiable. Pasó de una casa de 700 metros cuadrados a un complejo de más de 1.800 metros, engullendo cuatro propiedades anexas como quien compra bollos en el supermercado. Todo esto en la histórica casa-taller de Josep Tapiró, donde además se añadió una planta extra desafiando las normas urbanísticas, porque las reglas del patrimonio parecen ser sugerencias opcionales para ciertos perfiles. Para rematar la jugada, el exministro presumía su joya en Airbnb con anuncios 'fantasma': fotos preciosas de la 'Dar Tapiró' pero sin disponibilidad durante dos años. Un escaparate de lujo para decir 'mira lo que tengo, pero no puedes entrar'. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el mando de José Manuel Albares, lo despacha con un encogimiento de hombros: es 'habitual' que los cónsules hospeden a ex altos cargos. Claro, es habitual para ellos; para el resto de los mortales, dormir un mes en una residencia oficial de 1.000 metros cuadrados con piscina y jardín es, cuanto menos, una fantasía.
Sanidad guarda 37 millones de mascarillas vencidas
Hay quien guarda el bote de mayonesa vencido en la nevera esperando un milagro, pero el Ministerio de Sanidad ha elevado el optimismo a nivel institucional. Resulta que tenemos almacenadas 37.420.350 mascarillas que ya han pasado su fecha de caducidad. Sí, treinta y siete millones de trozos de tela y filtro que, técnicamente, ya son basura, pero que Mónica García y su equipo mantienen en el almacén porque, según ellos, existe la "posibilidad técnica" de extender su vida útil. Es la versión administrativa de 'está un poco pasada, pero si la calientas sabe bien'. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) nos suelta que este cementerio de material ocupa 2.012 metros cúbicos. Para que nos entendamos: es como llenar un bloque de pisos entero con material que ya no sirve para nada. Lo más surrealista es el valor contable actual: 21.724,98 euros. Un chiste. Si comparamos esto con la foto de hace un año, cuando el stock era de 112.347.110 unidades con un valor de 105.306.655 euros, vemos que la ingeniería financiera ha hecho su magia. Hemos pasado de un agujero contable monumental a una cifra que parece el presupuesto de una boda modesta. En aquel entonces, la mezcla era variopinta: 18.442.990 FFP2, 1.639.520 FFP3 y 92.264.600 quirúrgicas. El 87,17% ya estaba caducado entonces. Sobre el coste de tirarlas, el Ministerio se lava las manos con una elegancia envidiable: dicen que no han gastado un euro extra porque la destrucción ya estaba incluida en el contrato de almacenamiento. Básicamente, el servicio de recogida de basura ya estaba pagado en el alquiler del trastero. Mientras tanto, el gel y los guantes han desaparecido, probablemente en el limbo de la gestión de emergencia que dejó tantas dudas judiciales y comisiones sospechosas.
Yolanda Díaz y el fútbol en rebajas
Hay una diferencia abismal entre el discurso de despacho y la realidad del mercado, y Yolanda Díaz acaba de chocar contra ese muro de hormigón. Hace tres años, en pleno delirio post-Mundial, la vicepresidenta se puso la capa de heroína en el Congreso, calificando la diferencia de sueldos en el fútbol como una 'vulneración de derechos'. Muy noble todo, pero los números no entienden de retórica populista ni de justicia social de catálogo. Traduzcamos la realidad al lenguaje de la calle: mientras la Liga de Tebas se marca un golazo vendiendo sus derechos audiovisuales por 1.227 millones de euros anuales (un total de 6.135 millones por cinco temporadas), la Liga F ha tenido que poner sus derechos en el saldo. Se han vendido por menos de cinco millones de euros. Para que nos entendamos: el fútbol masculino factura 300 veces más que el femenino. Es como comparar el presupuesto de un imperio tecnológico con el dinero que alguien saca de un cajero para pagar la cena de Navidad. Lo más delirante es que TVE, la televisión pública, soltó 613 millones en eventos deportivos, pero pasó olímpicamente de pagar esos cinco millones por el fútbol femenino. La Liga F, atrapada entre la confidencialidad de DAZN y la caída en picado de sus ingresos respecto al ciclo 2022-2027, ahora se refugia en la poética de 'potenciar la visibilidad'. Al final, la broma es que ni las propias jugadoras ni la Liga F pidieron esa igualdad salarial que Díaz les impuso desde arriba. Han sido víctimas de una politización que ignora que el deporte es, ante todo, un negocio de audiencias. Querían igualdad de sueldos sin igualdad de taquilla; una ingeniería financiera que solo funciona en los discursos del Gobierno, pero que en el mundo real no paga ni el alquiler del vestuario.
Menos 'pitis' y más médicos en Ceuta
Hay una forma muy elegante de decir que no te importa lo que pasa en el barrio: hablar de cigarrillos mientras el hospital de al lado se cae a pedazos. Mónica García, nuestra ministra de Sanidad, ha decidido que el problema urgente de España es el 'último piti' en las terrazas. Lo ha hecho con un tono tan desenfadado que casi parece que estuviera planeando una escapada de fin de semana y no gestionando la salud pública. Mientras tanto, en Ceuta, la sanidad no es que esté 'tensionada', es que está pidiendo auxilio a gritos tras la entrada masiva de personas desde Marruecos. El contraste es sencillamente obsceno. Por un lado, tenemos a una ministra que vuelve de 17 días de vacaciones para decirnos que todo está bajo control porque Ingesa tiene 1.465 profesionales frente a una plantilla orgánica de 1.000. Para la administración, sumar personal es como añadir más arroz al caldo para que parezca que hay banquete, pero los médicos del Colegio de Médicos de Ceuta saben que la realidad no se mide en Excels, sino en urgencias colapsadas y turnos infinitos. La cosa está tan mal que han tenido que llamar al Defensor del Pueblo para que alguien baje al barro y vea que el sistema no aguanta más. Y para rematar la jugada, aparece el CESM advirtiendo sobre represalias laborales. Parece que contar la verdad sobre el caos sanitario se ha convertido en un deporte de riesgo; si hablas con la prensa, puede que tu contrato se evapore más rápido que el humo de ese cigarrillo prohibido que tanto preocupa a la ministra. Mientras los facultativos luchan contra el desgaste y el miedo al despido, Mónica García prefiere jugar a la prohibición en las terrazas, un proyecto que, por cierto, no tiene apoyos en el Congreso. Prioridades de cristal en un mundo de hormigón.
Puente vende trenes usados como nuevos
Venderle a alguien un coche de segunda mano diciendo que es 'estrenar' requiere un descaro que ya quisiera cualquier vendedor de feria. Óscar Puente, al mando del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha intentado aplicar la misma técnica con los valencianos. En un vídeo cargado de optimismo digital, el ministro presumió de que las Cercanías de Valencia recibirán trenes Civia 465, calificándolos como 'los últimos, los más nuevos que tenemos de la flota'. Una frase que, leída sin el filtro del marketing gubernamental, suena a chiste de mal gusto. La realidad es que estos vagones no huelen a fábrica, sino a kilómetros de rodaje en Madrid desde hace 20 años. Para el Ministerio, que los trenes hayan empezado a circular entre 2003 y 2012 es un detalle menor que se puede maquillar con una 'puesta a cero'. Básicamente, es como darle una capa de pintura a una bicicleta oxidada y decir que es un modelo de última generación. La operación consiste en trasladar 41 trenes para las líneas C1, C2 y C6, sustituyendo a los Serie 447 y 464 por estos Civia 465 que, aunque ofrecen 748 plazas, traen el kilometraje de dos décadas a cuestas. Desde el PP, con Joserra González de Zárate a la cabeza, y Compromís, a través de Águeda Micó, no han tragado. Denuncian la hipocresía de recibir material de segunda mano mientras la propia Comunidad Valenciana fabrica trenes nuevos. Mientras el usuario sufre retrasos y averías, el Gobierno central ofrece un 'parche' de chapa y pintura. Águeda Micó ha sido clara en el Congreso: quiere saber por qué Valencia debe aceptar lo que Madrid ya no quiere y cuánto dinero público se va a gastar en este traslado de reliquias remodeladas.
Peajes: el regreso del sablazo vial
Parece que la memoria política tiene la duración de un ticket de parking. Tras el despliegue de banderas y promesas para liberar las autopistas, la Generalitat de Cataluña ha decidido que borrar los peajes de la AP-2 y la AP-7 fue, básicamente, un error de cálculo. Ahora, Salvador Illa y su equipo miran el calendario y nos dicen que en dos o tres años podríamos estar volviendo a pasar por caja. Es la vieja historia de siempre: primero te venden la utopía de la gratuidad y luego te pasan la factura porque el mantenimiento de las vías se ha vuelto un agujero contable. La jugada es maestra. El Parlament de Cataluña ya ha dado luz verde para pedirle al Gobierno central que implante un sistema de pago por uso. Pero claro, para que el sablazo no sea solo local, el secretario de Movilidad de Cataluña insiste en que el peaje debe ser nacional. No quieren ser los únicos 'malos' de la película mientras los camioneros cruzan el resto de España gratis y solo pagan al pisar suelo catalán. Mientras tanto, Seopan ya ha hecho los deberes y ha lanzado una propuesta que suena a pequeña moneda pero que, sumada, es un dineral: 3 céntimos por kilómetro para coches y 14 céntimos para camiones. Es como si el Estado decidiera cobrarte un alquiler por respirar el aire de la autovía. Ni siquiera en el paraíso de la ingeniería, Alemania, se salvan. Steffen Bilger, el Ministro Federal de Transportes, admite que el peaje es 'plausible' aunque le da miedo que la gente, huyendo del coste, acabe colapsando las carreteras rurales. Es el efecto dominó europeo: Austria, Suiza, Francia, Polonia y República Checa ya cobran. Alemania recauda 13.000 millones de euros anuales solo con camiones y ha probado que el negocio funciona. Al final, el mensaje es claro: el camino es libre, pero el asfalto tiene dueño y quiere su parte.
Comentarios