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Irene Montero afirma que empresas como Mercadona, Carrefour y El Corte Inglés son las que realmente roban a la gente en los barrios, no los inmigrantes. Mercadona tiene 107.000 trabajadores en España y pagó 716 millones de euros en impuestos en 2024. Carrefour tiene 32.782 empleados y pagó 79,8 millones de euros en 2022. El Corte Inglés tiene 81.000 trabajadores y pagó 170 millones de euros en 2024-25. Según el INE, las personas de nacionalidad africana cometen 1.724 delitos contra el patrimonio por cada 100.000 habitantes, mientras que los españoles cometen 237 delitos por cada 100.000 habitantes. Los africanos destacan en hurtos, robos y robos con violencia.
En Cataluña, entre enero y septiembre de 2025, los delitos convencionales disminuyeron un 2,4% (319.929 casos) y los ciberdelitos un 5% (55.484 casos). Los delitos sexuales aumentaron un 8,3% (3.578 casos), con un incremento del 8,8% en agresiones sexuales con penetración (1.394 casos). El tráfico de drogas aumentó un 13%. Por provincias, Barcelona concentra el 71,8% de las agresiones sexuales con penetración, con un aumento del 9,3% respecto a 2024. Los robos con fuerza en domicilios disminuyeron un 13%, los homicidios consumados bajaron un 25,4% (44 casos) y los homicidios en grado de tentativa disminuyeron un 1,4%. En Barcelona y Gerona, los delitos bajaron un 2,5%, en Lérida un 3,6% y en Tarragona un 6,8%.
El sindicato Manos Limpias ha denunciado a Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por presunto delito de revelación de secretos. José Luis Ábalos confesó a OKDIARIO que Sánchez le informó sobre la investigación secreta de la UCO a Koldo García el 28 de septiembre de 2023. La denuncia sostiene que Sánchez, al filtrar esta información secreta, pudo permitir a Koldo destruir pruebas y dañar la instrucción judicial. Manos Limpias argumenta que esto constituye un delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que conlleva penas de multa e inhabilitación especial. También Vox se querelló contra Sánchez por revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha registrado la querella y designado al magistrado Eduardo de Porres como ponente. Pedro Sánchez podría enfrentar penas de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial por uno a tres años si es condenado.
Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, utilizó a Ernesto Gasco, presidente del Hipódromo de la Zarzuela y amigo de Pedro Sánchez, para sacar documentos de su casa durante la investigación de la Guardia Civil. El 6 de abril, Cerdán y Gasco viajaron 400 km hasta Milagro (Navarra) en un coche, con la excusa de visitar una yeguada. Allí, sacaron varias cajas de documentos de la vivienda de Cerdán. La Guardia Civil investiga la reforma de la vivienda de Cerdán (60.000 euros sin facturas entre 2017 y 2020), la compra de un coche de alta gama (70% pagado en metálico) y el uso de la constructora Servinabar para blanquear dinero. Cerdán es investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal relacionados con el 'caso Koldo'. El empresario Víctor de Aldama declaró que entregó 15.000 euros en metálico a Cerdán y que éste controlaba 'el cupo vasco', una red de adjudicaciones vinculadas a comisiones ilegales.
El Consejo de Ministros aprobará mañana el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Yuste estaba al cargo de investigaciones anticorrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, como el caso Koldo y el de Begoña Gómez y David Sánchez. El ascenso fuerza su salida de la UCO. La posible sustituta es la teniente coronel María Dolores Gimeno Durán, asesora del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Gimeno Durán es pionera en el cuerpo y fue la primera comandante en cursar el Estado Mayor en 2018. Su ascenso a coronel está previsto para marzo, lo que le permitiría ocupar la jefatura de la UCO. El cambio estaba previsto ya que Yuste quedó primero en el curso de ascenso. La decisión final es considerada política. El Ministerio del Interior y el de Defensa seleccionan anualmente a los coroneles para ascender. La Guardia Civil confía en la profesionalidad e independencia de Gimeno Durán.
Alemania utiliza el sistema Traffic Message Channel (TMC) como alternativa gratuita a las balizas V16. TMC emite mensajes codificados a través de emisoras de radio, informando sobre incidencias viales. En España, su uso es anecdótico debido a la limitada cobertura de RNE3, la única emisora que ofrece este servicio. El TMC funciona mediante la transmisión de datos a 57 kHz en radio FM, con paquetes de 104 bits repetidos para asegurar la fiabilidad. Los mensajes incluyen tipo de incidencia (11 bits), localización (16 bits), dirección y extensión (4 bits), duración (3 bits) y recomendación de ruta alternativa (1 bit). Aunque no sustituye completamente a las V16, informa a los conductores sobre averías y otras incidencias. Está extendido en varios países europeos como Alemania, Francia e Italia. La actualización del sistema cuesta unos 80 euros para la operadora, pero es gratuito para los usuarios y compatible con muchos navegadores GPS como TomTom, Sony y Pioneer.
En 2001, un yate siciliano transportando entre 500 kg y 3.000 kg de cocaína llegó a la isla de São Miguel, en las Azores. El barco, dirigido por Antonino Quinzi, sufrió daños en una tormenta y descargó la droga en las costas de Rabo de Peixe. La cocaína, con una pureza del 80%, inundó la isla y sus 140.000 habitantes. Los lugareños encontraron fardos con hasta 300 kg de cocaína. La policía se incautó de más de 400 kg en dos semanas. La droga se vendía a precios muy bajos (5-20 euros por 'copo'). La llegada de la cocaína cambió la historia de la isla, aumentando el consumo de drogas y provocando sobredosis y muertes. La policía detuvo a Quinzi, quien se fugó y fue recapturado posteriormente. El incidente ha sido documentado en un documental de Netflix llamado 'Marea blanca: La surrealista historia de Rabo de Peixe'.
Alba Rodríguez Espinosa, hija menor de José Luis Rodríguez Zapatero, compró una vivienda en Madrid por 300.000 euros el 1 de agosto. Firmó una hipoteca de 240.000 euros con el Banco Santander a 30 años. La propiedad se suma a otras adquisiciones recientes de la familia, cuyo patrimonio inmobiliario supera los 3 millones de euros. La familia ha adquirido múltiples propiedades en los últimos años: un chalet en Lanzarote por 1,2 millones en 2017, otro en Aravaca por 800.000 euros en 2019 (valorado en 2,1 millones), y otro en Puerta de Hierro por 700.000 euros en 2024 (valorado en más de 2 millones). Actualmente residen en un chalet en Las Rozas valorado en 2 millones de euros, aunque está a nombre de una tercera persona. La empresa de las hijas de Zapatero, What The Fav, facturó 471.810,68 euros en 2024 con un beneficio de 125.639,98 euros. José Luis Rodríguez Zapatero ha estado involucrado en actividades de intermediación con el régimen de Venezuela y China, lo que ha generado controversia. Su patrimonio total declarado al dejar el Gobierno era de 209.206,13 euros.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por Yolanda Díaz. Este órgano, creado en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no se reunía desde el 23 de enero de 2015. El Consejo está compuesto por 14 vocalías de la patronal, 14 de sindicatos, 14 de organizaciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 14 de la Administración. Entre sus funciones estará la elaboración de informes y estudios sobre responsabilidad social y compromiso medioambiental. El objetivo es impulsar políticas de responsabilidad social en empresas y promover la participación en planes de diligencia debida y respeto a los Derechos Humanos. La ministra Yolanda Díaz ha elevado a audiencia pública un real decreto para modificar y actualizar el Consejo. La última actualización de vocalías del Consejo ocurrió hace más de 10 años.
El Tribunal de Cuentas detectó que Puertos del Estado no revisó el 90% de las licitaciones financiadas con fondos europeos, dejando sin fiscalizar 56 millones de euros en contratos inferiores a 3 millones. De 250 contratos, solo se analizaron 24. El ente público aprobó un plan de control interno para luchar contra el fraude, pero limitó la revisión a contratos superiores a 3 millones. El Tribunal de Cuentas recomendó revisar una muestra de contratos inferiores a 3 millones mediante muestreo aleatorio. La entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizó controles a posteriori, lo que puede implicar la imposibilidad de corregir deficiencias en la ejecución de la contratación. El Puerto de La Coruña es la única excepción, con controles intermedios recientes. El exministro José Luis Ábalos presentó una iniciativa en el Congreso sobre irregularidades en el Puerto de Valencia antes de ingresar en prisión.
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Rocío Delgado