El artículo presenta pruebas sólidas y específicas que respaldan las acusaciones contra Cerdán. La conexión entre Cerdán y Gasco es especialmente relevante dada la cercanía de Gasco a Pedro Sánchez. La investigación de la Guardia Civil y los detalles sobre los movimientos de Cerdán aportan credibilidad a la noticia.
El sindicato Manos Limpias ha denunciado a Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por presunto delito de revelación de secretos. José Luis Ábalos confesó a OKDIARIO que Sánchez le informó sobre la investigación secreta de la UCO a Koldo García el 28 de septiembre de 2023. La denuncia sostiene que Sánchez, al filtrar esta información secreta, pudo permitir a Koldo destruir pruebas y dañar la instrucción judicial. Manos Limpias argumenta que esto constituye un delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que conlleva penas de multa e inhabilitación especial. También Vox se querelló contra Sánchez por revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha registrado la querella y designado al magistrado Eduardo de Porres como ponente. Pedro Sánchez podría enfrentar penas de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial por uno a tres años si es condenado.
El Consejo de Ministros aprobará mañana el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Yuste estaba al cargo de investigaciones anticorrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, como el caso Koldo y el de Begoña Gómez y David Sánchez. El ascenso fuerza su salida de la UCO. La posible sustituta es la teniente coronel María Dolores Gimeno Durán, asesora del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Gimeno Durán es pionera en el cuerpo y fue la primera comandante en cursar el Estado Mayor en 2018. Su ascenso a coronel está previsto para marzo, lo que le permitiría ocupar la jefatura de la UCO. El cambio estaba previsto ya que Yuste quedó primero en el curso de ascenso. La decisión final es considerada política. El Ministerio del Interior y el de Defensa seleccionan anualmente a los coroneles para ascender. La Guardia Civil confía en la profesionalidad e independencia de Gimeno Durán.
Alba Rodríguez Espinosa, hija menor de José Luis Rodríguez Zapatero, compró una vivienda en Madrid por 300.000 euros el 1 de agosto. Firmó una hipoteca de 240.000 euros con el Banco Santander a 30 años. La propiedad se suma a otras adquisiciones recientes de la familia, cuyo patrimonio inmobiliario supera los 3 millones de euros. La familia ha adquirido múltiples propiedades en los últimos años: un chalet en Lanzarote por 1,2 millones en 2017, otro en Aravaca por 800.000 euros en 2019 (valorado en 2,1 millones), y otro en Puerta de Hierro por 700.000 euros en 2024 (valorado en más de 2 millones). Actualmente residen en un chalet en Las Rozas valorado en 2 millones de euros, aunque está a nombre de una tercera persona. La empresa de las hijas de Zapatero, What The Fav, facturó 471.810,68 euros en 2024 con un beneficio de 125.639,98 euros. José Luis Rodríguez Zapatero ha estado involucrado en actividades de intermediación con el régimen de Venezuela y China, lo que ha generado controversia. Su patrimonio total declarado al dejar el Gobierno era de 209.206,13 euros.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por Yolanda Díaz. Este órgano, creado en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no se reunía desde el 23 de enero de 2015. El Consejo está compuesto por 14 vocalías de la patronal, 14 de sindicatos, 14 de organizaciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 14 de la Administración. Entre sus funciones estará la elaboración de informes y estudios sobre responsabilidad social y compromiso medioambiental. El objetivo es impulsar políticas de responsabilidad social en empresas y promover la participación en planes de diligencia debida y respeto a los Derechos Humanos. La ministra Yolanda Díaz ha elevado a audiencia pública un real decreto para modificar y actualizar el Consejo. La última actualización de vocalías del Consejo ocurrió hace más de 10 años.
El Tribunal de Cuentas detectó que Puertos del Estado no revisó el 90% de las licitaciones financiadas con fondos europeos, dejando sin fiscalizar 56 millones de euros en contratos inferiores a 3 millones. De 250 contratos, solo se analizaron 24. El ente público aprobó un plan de control interno para luchar contra el fraude, pero limitó la revisión a contratos superiores a 3 millones. El Tribunal de Cuentas recomendó revisar una muestra de contratos inferiores a 3 millones mediante muestreo aleatorio. La entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizó controles a posteriori, lo que puede implicar la imposibilidad de corregir deficiencias en la ejecución de la contratación. El Puerto de La Coruña es la única excepción, con controles intermedios recientes. El exministro José Luis Ábalos presentó una iniciativa en el Congreso sobre irregularidades en el Puerto de Valencia antes de ingresar en prisión.
Bildu, partido liderado por Arnaldo Otegi, ha defendido a los delincuentes inmigrantes y ha exigido a la Ertzaintza que no difunda la nacionalidad de los criminales. La Ertzaintza publicó un informe que reveló que el 60% de las violaciones en el País Vasco fueron cometidas por extranjeros. Nerea Kortajarena, representante de Bildu en el Parlamento vasco, presentó una moción consecuencia de interpelación sobre la política informativa de la Ertzaintza. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, admitió que quería utilizar la información para combatir la estigmatización y debatir con Vox y PP sobre seguridad. Kortajarena replicó que informar sobre el origen de los detenidos era estigmatizar y alimentar discursos racistas. El objetivo de Bildu es 'devolver el consenso básico existente hasta la fecha' en inmigración. El informe de la Ertzaintza detalló que el 52% de los delitos cometidos entre enero y septiembre de 2025 fueron cometidos por ciudadanos nacidos en España, mientras que el 48% fueron cometidos por nacidos en el extranjero, quienes representan solo el 14% de la población total del País Vasco.
Salvador Illa promueve la enseñanza de religión a la carta en Cataluña mientras incumple la sentencia que obliga a impartir el 25% de las materias en español. Más de 1.000 profesores imparten religión en primaria y secundaria. La Generalitat financia estudios religiosos a demanda de los estudiantes. La consellera Esther Niubó destaca las facilidades para elegir entre religión católica o islámica. Illa afirma acatar la sentencia pero apoya un decreto para bloquear su cumplimiento. Pedro Sánchez no ha obligado a Cataluña a cumplir la sentencia. La hispanofobia persiste en las aulas catalanas.
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