El artículo presenta una clara dicotomía entre la postura de Bildu y la de los partidos constitucionalistas, pero omite voces de otros partidos políticos relevantes. La crítica a la Ertzaintza y su informe podría profundizarse con más contexto sobre la metodología utilizada.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por Yolanda Díaz. Este órgano, creado en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no se reunía desde el 23 de enero de 2015. El Consejo está compuesto por 14 vocalías de la patronal, 14 de sindicatos, 14 de organizaciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 14 de la Administración. Entre sus funciones estará la elaboración de informes y estudios sobre responsabilidad social y compromiso medioambiental. El objetivo es impulsar políticas de responsabilidad social en empresas y promover la participación en planes de diligencia debida y respeto a los Derechos Humanos. La ministra Yolanda Díaz ha elevado a audiencia pública un real decreto para modificar y actualizar el Consejo. La última actualización de vocalías del Consejo ocurrió hace más de 10 años.
El Tribunal de Cuentas detectó que Puertos del Estado no revisó el 90% de las licitaciones financiadas con fondos europeos, dejando sin fiscalizar 56 millones de euros en contratos inferiores a 3 millones. De 250 contratos, solo se analizaron 24. El ente público aprobó un plan de control interno para luchar contra el fraude, pero limitó la revisión a contratos superiores a 3 millones. El Tribunal de Cuentas recomendó revisar una muestra de contratos inferiores a 3 millones mediante muestreo aleatorio. La entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizó controles a posteriori, lo que puede implicar la imposibilidad de corregir deficiencias en la ejecución de la contratación. El Puerto de La Coruña es la única excepción, con controles intermedios recientes. El exministro José Luis Ábalos presentó una iniciativa en el Congreso sobre irregularidades en el Puerto de Valencia antes de ingresar en prisión.
Salvador Illa promueve la enseñanza de religión a la carta en Cataluña mientras incumple la sentencia que obliga a impartir el 25% de las materias en español. Más de 1.000 profesores imparten religión en primaria y secundaria. La Generalitat financia estudios religiosos a demanda de los estudiantes. La consellera Esther Niubó destaca las facilidades para elegir entre religión católica o islámica. Illa afirma acatar la sentencia pero apoya un decreto para bloquear su cumplimiento. Pedro Sánchez no ha obligado a Cataluña a cumplir la sentencia. La hispanofobia persiste en las aulas catalanas.
Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, afirma en una entrevista con OKDIARIO que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, intervino en el rescate de Air Europa. García asegura haber estado presente en hasta 20 reuniones con Javier Hidalgo, dueño de Air Europa, en su mansión de Puerta de Hierro. Según Koldo, Begoña Gómez actuó como gestora directa con su marido para sacar adelante la operación millonaria. Hidalgo comentó ante Koldo que necesitaban discutir con el presidente sobre cómo proceder y que había que 'compensar el buen trato' de Begoña Gómez. El rescate fue muy polémico y costoso en términos de trabajo y presión. Koldo afirma que recibió muchas llamadas de Ábalos durante ese período, quien a su vez recibía llamadas del presidente Sánchez. El proceso fue gestionado por Hacienda, pero el Ministerio de Transportes brindó apoyo importante. La operación se llevó a cabo en un contexto de gran intensidad y dificultad para lograr que las cosas se hicieran 'bien'. Koldo no recibió ninguna llamada posterior a la finalización del rescate.
Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, declara en entrevista con OKDIARIO que Begoña Gómez intervino en el rescate de Air Europa. Asegura que Javier Hidalgo discutió compensar a Begoña con cantidades entre 100.000 y 1 millón de euros. García visitó la casa de Hidalgo unas 16 o 20 veces. Hidalgo comentó que necesitaban hablar con Pedro Sánchez sobre el rescate. García confirma que Begoña intervino activamente en el proceso. El rescate fue polémico y costoso. José Luis Ábalos recibió numerosas llamadas del presidente durante el proceso. García afirma que el presidente dio instrucciones para gestionar el problema 'bien'. Las conversaciones sobre compensaciones ocurrieron en presencia de García. El proceso involucró al Ministerio de Transportes y Hacienda. García describe la presión y el trabajo intensivo durante el rescate. La familia Hidalgo valoró compensar económicamente a Begoña por su intervención a favor de Air Europa.
La juez imputa a Jesús Cobo, dueño de Sistemas Informáticos Carthago SL, por presunto delito de calumnias contra Damiana García. Cobo gestionaba la seguridad digital del PSOE murciano y controlaba el periódico Las Noticias RM. La Guardia Civil investigó tras descubrir que el dominio de la web se registró a nombre de una persona ficticia, Maruja Gamallo, pero el pago se realizó con tarjetas de Piensasolutions, empresa vinculada a Cobo. El PP murciano, liderado por Fernando López Miras, acusa al PSOE de utilizar a Cobo como 'fontanero' para atacar al PP mediante informaciones anónimas. Cobo cobró 24.581,37 euros en 2023 y 45.519,99 euros en 2024 por servicios de análisis y seguridad digital para el PSOE. La investigación reveló que Cobo realizó 250 solicitudes de información de expedientes del Gobierno murciano entre 2022 y la fecha actual. Las Noticias RM es considerado un medio 'fantasma' y 'panfleto de propaganda política' subvencionado por el PSOE.
El Ministerio de Igualdad tardó un año en calcular las incidencias técnicas de las pulseras antimaltrato desde octubre de 2023 hasta octubre de 2024. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género hace seguimiento individualizado de incidencias. Un error informático provocó la pérdida de acceso a registros históricos anteriores a marzo de 2024 debido al cambio de empresa adjudicataria. El Ministerio conoció el problema a finales de septiembre de 2024. A inicios de noviembre de 2024 recibieron una carta de la Fiscalía fechada el 29 de octubre de 2024. El acceso a datos históricos se recuperó a finales de diciembre de 2024. No hubo un presupuesto específico para mejoras técnicas; la UTE cubrió los costos. Actualmente se está realizando una auditoría interna y se ha licitado una auditoría externa. La Fiscalía alertó sobre manipulación de pulseras en mayo y octubre de 2024. Se registraron 45 incidencias de Viogén, policías autonómicos y locales por problemas de cobertura y falsas alarmas. La DGVG está resolviendo las incidencias.
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