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Fuentestrún es el espejo donde España se mira y no reconoce. Un pueblo soriano donde el censo es una broma de mal gusto: mientras solo 23 o 24 almas resisten el frío del día a día, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) presume de 177 electores allende nuestras fronteras. Un contraste obsceno frente a los 38 españoles en el extranjero que no son 'nietos'. Es la matemática del abandono: el pueblo no tiene colegio ni farmacia, y el médico pasa por allí dos veces al mes, como quien hace una visita de cortesía, pero los papeles vuelan hacia Santiago de Chile. Isidoro Gil, alcalde 'popular' desde 2006, se ha convertido en el detective de genealogías más involuntario de la comarca del Moncayo. Entre 60 y 70 solicitudes de partidas de nacimiento en los últimos dos años han transformado el ayuntamiento en un archivo histórico de urgencias. Mientras el presupuesto municipal probablemente no dé para un café decente para todos, Gil y la secretaria pasan las mañanas peleándose con libros de 1876 que se caen a trozos. Buscar un acta de nacimiento es ahora como intentar encontrar una aguja en un pajar de caligrafía ilegible, obligando al regidor a usar el móvil para descifrar letras que parecen jeroglíficos. La ironía es fina y amarga. Fuentestrún tiene un monumento a los emigrantes, pero ahora esos emigrantes —o sus descendientes— vuelven en formato PDF para reclamar un pasaporte. Familias de doce hijos que huyeron de la miseria y que ahora, décadas después, generan una carga administrativa en un pueblo que depende de servicios ambulantes para comprar el pan. 'Tela marinera', dice el alcalde. Efectivamente, una tela que tapa el agujero demográfico con tinta y sellos oficiales.
Hay una habilidad casi mística en el arte de hacer desaparecer elefantes usando una calculadora. Fernando Grande-Marlaska ha aterrizado en Luxemburgo el 1 de octubre de 2026 con un manual de prestidigitación estadística bajo el brazo. Mientras Ceuta sigue digiriendo la entrada de 80.000 inmigrantes marroquíes el pasado 30 de julio —un volumen de gente que haría colapsar cualquier centro comercial en rebajas—, el ministro ha preferido jugar al juego de los porcentajes pequeños para que el problema parezca un error de redondeo. Con una tranquilidad envidiable, Marlaska alardeó de que las rutas atlánticas y del Mediterráneo occidental solo suponen el 17 % de las llegadas a la UE, y que Ceuta es apenas un 0,7 %. Es la técnica del 'sablazo invisible': si divides la tragedia en trozos muy pequeños, parece que no duele. El problema es que los números no saben de diplomacia. Frontex indica que entre enero y agosto entraron 100.929 irregulares en Europa, de los cuales 20.161 llegaron a España. Si a esa cifra le sumamos los 80.000 del 30 de julio, el 17 % del ministro se convierte en un chiste de mal gusto y su 'eficacia' en un agujero contable de seguridad. Lo más surrealista es que, tras ser reprobado por el Congreso y recibido con pitadas monumentales en su cuarta visita a Ceuta, el ministro ha ido a pedir 'solidaridad operativa, financiera y política' a sus socios europeos. Básicamente, ha ido a pedir que le ayuden a limpiar el salón después de haber asegurado que no había entrado nadie por la puerta. Mientras la Comisión Europea propone endurecer el asilo y reforzar la vigilancia, España prefiere el maquillaje estadístico para evitar admitir que el control fronterizo tiene más grietas que una carretera secundaria.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'estoy contigo' mientras se busca la salida de emergencia más cercana. Pedro Sánchez ha dominado esta disciplina a la perfección. El próximo 13 y 14 de octubre, los Reyes visitarán Ceuta y Melilla, pero el presidente ha decidido que su presencia sería un 'exceso de equipaje' peligroso. La razón es tan simple como un tique de parking: no quiere molestar a Mohamed VI. Básicamente, prefiere que el Rey ponga la cara mientras él evita que el Rey de Marruecos le mande un mensaje incómodo al WhatsApp oficial. Es una estrategia de supervivencia que ya conocemos. Desde aquel episodio en Paiporta en noviembre de 2024, donde los Reyes se quedaron a recibir el chaparrón de indignación popular mientras Sánchez desaparecía en su coche oficial como quien huye de una cena familiar incómoda, el presidente ha evitado compartir el mismo código postal con Felipe VI. Incluso en la final del Mundial intentó hacer el truco de magia de la agenda apretada, inventándose un viaje a Argelia para no coincidir con el monarca y Donald Trump, aunque al final acabó subiéndose al carro cuando vio que el postureo era obligatorio. Mientras Felipe VI se pone serio y define la intrusión masiva del 30 de julio en Ceuta como 'inaceptable' durante una cena con Emmanuel Macron, Sánchez opta por la condescendencia. Es curioso que el 31 de agosto, en la SER, el presidente intentara hacerle un 'sablazo' reputacional al Rey recriminándole que en sus 12 años de reinado (que Sánchez, con una aritmética creativa, llamó 20) no hubiera visitado las ciudades autónomas. Al final, el Gobierno enviará probablemente a Ángel Víctor Torres, el hombre del mando único, para que gestione la crisis mientras el jefe del Gobierno se queda en casa, asegurándose de que el tablero geopolítico no se le mueva mientras él sigue jugando a la silla musical con la Monarquía.
Bruselas ha decidido que la solución a la inmigración irregular es, básicamente, pasarle el problema al vecino. Este jueves, 26 de los 27 estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde a la creación de centros de retorno en terceros países. Un festín de consenso europeo donde España ha decidido jugar al rebelde, siendo el único voto en contra. La jugada es sencilla: negociar con países 'seguros' para exportar allí a quienes no tengan el derecho de asilo reconocido. Es como si en una comunidad de vecinos decidieran tirar los trastos viejos al portal del edificio de al lado para que el pasillo quede limpio. Mientras Italia y Alemania ya están con la calculadora en la mano y en fases avanzadas de negociación, Madrid prefiere aferrarse a los CETI, aunque el viento sople en contra. Lo irónico es que el Consejo de la UE no se ha limitado a abrir centros; ha diseñado un catálogo de castigos para quien no coopere con la salida. Hablamos de recortes en prestaciones, denegación de incentivos para el retorno voluntario y hasta sanciones penales. Un sablazo administrativo para asegurar que nadie se quede cómodamente instalado. Todo esto llega después de que en enero se endurecieran los requisitos de asilo y se cocinara esa lista de 'países seguros', donde Marruecos figura con sello de calidad en Derechos Humanos, facilitando que sus nacionales vean su solicitud de asilo rechazada más rápido que un pedido de Amazon. Para cerrar el círculo, los que representen un riesgo de seguridad se enfrentan a detenciones de más de 24 meses o prohibiciones de entrada indefinidas. En resumen: Europa ha decidido cerrar la persiana y España es la única que sigue intentando mantener la puerta entornada, aunque el resto del barrio ya haya echado el cerrojo.
Hay una ironía deliciosa en el aire: resulta que luchar contra el sistema es un negocio redondo si el sistema es quien paga la nómina. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el alquiler no se coma el sueldo, existe un ecosistema de activismo 'anticapitalista' que se mueve con la soltura de un fondo de inversión, regado con 3,7 millones de euros de fondos públicos. Es la magia de la ingeniería financiera social. El Gobierno de Sánchez, a través de AECID y el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares, soltó 670.547 euros en noviembre de 2023 para un proyecto con un nombre que parece generado por un algoritmo de palabras modernas: 'transición ecosocial justa, intercultural y ecofeminista'. Un título tan etéreo que casi puedes oler el incienso, pero con un cheque muy concreto que llega a Entrepueblos y al Observatori DESC. Pero el verdadero festín ocurre en Cataluña. La Generalitat de Salvador Illa, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona han sido los grandes mecenas. Solo la ACCD puso 699.849 euros (2022-2024) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) se llevó casi un millón más, repartido en tres programas hasta 2024. Si sumamos los 1,1 millones del Ayuntamiento de Barcelona desde 2019 y los 95.000 euros de la Diputación para 2025-2026, la cuenta es astronómica. Lo más fascinante es la 'cantera'. El Observatori DESC no es solo una ONG; es la academia donde Ada Colau, Gerardo Pisarello y Vanesa Valiño aprendieron el arte de pasar de la calle al despacho. Ahora, Colau vuelve a la carga diciendo que no llega a fin de mes, mientras su red de influencia sigue engrasada con millones. El Sindicato de Inquilinas de Madrid dice que no recibe subvenciones, pero compartir manuales, cuadros y estrategias con quienes sí las cobran es como decir que no tienes hambre mientras te comes el postre de otro.
En la Plaza de Sol, donde el aire huele a incienso y a idealismo de manual, ha florecido una curiosa especie de ventanilla bancaria sentimental. Entre tiendas de campaña y pancartas que empezaron hablando de la vivienda y del caso de Maricarmen, ahora se recauda dinero para los migrantes que entraron masivamente en Ceuta el pasado 30 de julio. El sistema es sencillo, casi artesanal: un cartón escrito a mano que pide aportaciones en efectivo y, para los que no salen de casa sin el móvil, el infalible Bizum. Todo bajo el mantra de «¡Abajo las fronteras!», una consigna que suena preciosa en el centro de Madrid, pero que tiene un eco muy distinto en el terreno. Mientras en Sol se organizan «talleres antirrepresivos» y charlas sobre perspectivas antirracistas, en la ciudad autónoma la realidad no se lee en cartones, sino en balances contables que dan miedo. La Cámara de Comercio de Ceuta ha soltado la cifra del sablazo: 33.038.768 euros en pérdidas económicas directas entre finales de julio y agosto. Es una cantidad que no cabe en un Bizum. Según los datos de 302 empresas, el comercio se ha desplomado un 53% y la hostelería un 50,7%. Es la eterna danza de la solidaridad selectiva. En el puesto de Sol hay comida y bebida con aportación voluntaria, pero el radar de la empatía parece tener un punto ciego: los residentes y empresarios ceutíes que vieron cómo sus fiestas patronales y sus reservas de verano se evaporaban. No hay carteles para el hostelero que cerró el negocio ni para la familia que perdió su ingreso mensual. El dinero fluye hacia un destinatario concreto, sin que nadie se moleste en explicar quién gestiona la hucha ni dónde termina el dinero. Una ingeniería de la bondad muy cómoda, siempre que se haga desde el asfalto madrileño y no desde la primera línea de fuego.
España ha decidido que jugar en la liga de los grandes es demasiado esfuerzo y ha preferido tirar el mando a la basura. Según el Índice de Libertad Económica de 2026, nos hemos desplomado hasta el puesto 53 de 184 países. Para los que no lleven la cuenta, pasamos de estar en el Top 25 mundial a jugar en la misma liga que Rumanía. Es como si hubieras tenido un coche de carreras y, de repente, te despiertas conduciendo un tractor que hace ruidos extraños cada vez que intentas acelerar. La nota es un 66,8 sobre 100. Un aprobado raspado que nos deja siete puntos por debajo de la media de las economías industrializadas y en el puesto 31 de los 38 miembros de la OCDE. Mientras Suiza, Irlanda o Australia miran el paisaje desde la cima, nosotros estamos abajo, peleando por no ser el siguiente en la lista después de Turquía, Colombia y México. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), que traduce el informe de la Fundación Heritage, pone el dedo en la llaga: salud fiscal, facilidad para invertir e integridad gubernamental. Básicamente, el Estado se comporta como ese primo que pide dinero prestado para irse de fiesta y luego te dice que no sabe dónde está la cartera. Lo más delirante es el contraste de eficiencia. El sector privado es un 69% más productivo que el público y un 33,1% más eficiente. Es la tercera diferencia más bestia de la OCDE. Mientras el empresario se rompe la espalda para que la cuenta corriente no se quede en números rojos, el sector público parece operar a ritmo de siesta eterna. Y para rematar el cuadro, entre 2024 y 2026, las empresas han gritado basta: costes energéticos por las nubes, una incertidumbre política que marea y una falta de trabajadores en construcción, hostelería, agricultura e industria que ya parece ciencia ficción. Todo esto, mientras el CIS confirma que el miedo a la corrupción y el Gobierno es el nuevo ruido de fondo de nuestra economía.
Hay una diferencia abismal entre el 'estamos trabajando en ello' de un despacho climatizado y el pánico de quien ve que el horizonte se llena de botas ajenas. Juan Jesús Vivas ha aterrizado en la Audiencia Nacional este miércoles para contarle a la jueza María Tardón cómo es, exactamente, sentirse invisible para el Estado. El presidente de Ceuta no ha ido con poesías, sino con un registro de llamadas que parece el historial de alguien intentando cancelar una suscripción telefónica imposible: diez llamadas a La Moncloa y solo tres respuestas. Un ratio de eficacia que, en cualquier negocio de barrio, supondría el cierre inmediato por mal servicio al cliente. Mientras en Madrid se gestionaban agendas, en Ceuta se lanzaban mensajes «a la desesperada». El jefe de gabinete de Vivas empezó llamando al director de gabinete de Pedro Sánchez, y al ver que el silencio era la respuesta estándar, empezaron a disparar a ciegas hacia cuatro ministerios: Defensa, Interior, Política Territorial y Juventud e Infancia. Fue el juego del 'quien coja el teléfono', una lotería desesperada donde el premio era que alguien, en algún despacho, dejara de mirar el reloj para escuchar la urgencia de una ciudad fronteriza. La respuesta final de Moncloa fue una joya de la burocracia: que el 'cauce correcto' era el delegado del Gobierno, un funcionario que ya ha dimitido el pasado lunes. La trama se vuelve deliciosa cuando aparece Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete de la Delegación, quien el 29 de julio —un día antes del asalto del 30 de julio— tuvo una charla de once minutos con el CNI vía WhatsApp. Mientras Vivas llamaba al vacío, el CNI ya estaba avisando por la aplicación de mensajería más común del mundo. La jueza Tardón ahora busca el hilo que une esa omisión con la agresión territorial, mientras el Gobierno español parece haber confundido la gestión de una crisis nacional con el modo avión de un smartphone.
En el tablero del urbanismo madrileño, donde el cemento y la ideología chocan más que dos trenes en hora punta, el Ministerio de Cultura ha decidido jugar su carta. Ernest Urtasun, con la pluma del presupuesto en la mano, ha concedido al Sindicato de Inquilinos de Madrid dos locales de 800 metros cuadrados en el emblemático edificio de Tabacalera. Sí, esos mismos metros que ahora se rehabilitan con el dinero de todos mientras el ciudadano medio lucha contra un alquiler que parece una hipoteca disfrazada. La jugada es maestra en su ironía: el Gobierno entrega espacio físico a quienes protestan por la falta de techo, pero lo hace en un edificio que se está transformando en un 'centro de producción y residencias artísticas'. El coste de redactar el proyecto no es moco de pavo: 682.500 euros procedentes de fondos europeos. Es decir, que mientras tú intentas que la factura de la luz no te deje en la calle, el Estado invierte casi setecientos mil euros solo en los planos para que el edificio sea 'seguro'. En el otro lado del ring, José Luis Martínez-Almeida y su portavoz, Inma Sanz, se llevan el desplante en bandeja. El Ayuntamiento pedía viviendas asequibles o equipamientos, pero el Ejecutivo socialista ha decidido que el 'trabajo conjunto' con el sindicato y el colectivo Remontada Tabacalera era la prioridad. Según Sanz, las conversaciones con el Gobierno no es que estén congeladas, es que simplemente no existen. Es el clásico silencio administrativo elevado a arte político. Al final, el edificio de Tabacalera pasa de ser una promesa de vivienda a un despacho rehabilitado para el activismo, todo bajo el paraguas de la cultura y la generosidad presupuestaria.
En Castilla y León han decidido que el camino hacia la iluminación micológica pasa por una regla estrictamente geométrica: si tu hoja mide 11,1 centímetros, ya no eres un aficionado al monte, sino un peligro público. El Decreto 31/2017, de 5 de octubre, en su artículo 8.3.c, es tajante. Solo se permiten cuchillos, navajas o tijeras que no superen los 11 centímetros. Básicamente, quieren que recojas setas con la delicadeza de quien corta un hilo dental, prohibiendo tajantemente hoces, escardillos o azadas para no dinamitar el micelio. Porque claro, remover el mantillo es el pecado capital del bosque. La hipocresía tiene un hueco reservado, por supuesto: la trufa. Para estos hongos hipogeos, el 'machete trufero' es el rey absoluto, porque escarbar bajo tierra es legal siempre que el botín valga lo suficiente. Pero cuidado, que el descuido puede salirte más caro que un piso en el centro. Según la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León y la Ley 43/2003 de Montes, un desliz con la herramienta puede abrirte un expediente que te deje temblando. Las multas leves empiezan en los 100 euros, pero si el Servicio Territorial de Montes decide que tu 'jardinería' improvisada requiere más de seis meses de reparación, entramos en el terreno de las infracciones graves. Ahí el sablazo sube de los 1.001 hasta los 100.000 euros. Y si te pasas de frenada, la cifra máxima escala hasta el millón de euros. Un millón por una seta; es, probablemente, el hongo más caro de la historia de la humanidad. Para rematar la faena, el transporte debe ser 'vintage': cestas de mimbre o paja para que las esporas bailen al viento. Olvídate de la bolsa del súper o el cubo del patio. Y si sacas el pie completo, rellena el agujero. En resumen: entra al monte, no rompas nada y, sobre todo, lleva una regla en el bolsillo para que el guardia no te deje en la ruina.
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Mario Herrera