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España, el gigante que presume de ser el patio del aceite de oliva, ha decidido jugar a la ruleta rusa con su propia agricultura. Mientras el olivarero nacional intenta cuadrar las cuentas con una calculadora que solo escupe malas noticias, el Gobierno nos vende que el aceite que llega de fuera no influye en los precios. Un cuento chino, o más bien magrebí. Luis Planas insiste en que las importaciones no afectan al bolsillo, pero los datos de DataComex son un bofetón de realidad: entre enero y julio, las importaciones de Túnez y Marruecos se dispararon más de un 140%. Traducido al lenguaje de la calle: es como si intentaras salvar tu negocio de barrio mientras el Ayuntamiento deja que el hipermercado de al lado venda el mismo producto a mitad de precio porque no tiene que pagar calefacción ni seguros sociales. Túnez pasó de 37.944,42 toneladas a 70.099,21, y Marruecos, en un salto acrobático, pasó de unas miserables 396,74 toneladas a 22.652,34. En total, 92.751,55 toneladas que representan casi el 29% del consumo nacional (sobre unas 320.833,33 toneladas en siete meses). Pero el verdadero truco de magia ocurre con el 'perfeccionamiento activo'. Es el agujero legal favorito de la industria: meter aceite extracomunitario, darle un lavado de cara y reexportarlo como si fuera europeo sin sumar al contingente arancelario de 56.700 toneladas. La hipocresía alcanza su pico cuando comparamos los libros: mientras DataComex anota 79.654,35 toneladas tunecinas, el Onagri de Túnez presume de haber enviado casi 120.000 toneladas entre noviembre de 2025 y junio de 2026. Hay 40.345,65 toneladas que flotan en un limbo administrativo, invisibles para el Estado pero muy reales en el estómago del mercado.
Llenar el depósito se ha convertido en un deporte de riesgo financiero. Mientras hace siete meses el coche de 50 litros te costaba 73,5 euros, hoy te piden 101 euros por el mismo privilegio. Un sablazo del 37,4 % que te deja la cartera tiritando mientras en el despacho del ministro de Economía se brindaba con champagne porque, según el INE, la inflación en enero y febrero era del 0 %. Todo controlado, decían, hasta que la realidad golpeó el surtidor. La jugada maestra llegó el martes 29. Justo cuando el INE soltaba que la inflación de septiembre escalaba al 4,9 % —la más alta desde febrero de 2023—, Maricarmen y Carlos Cuerpo aparecieron con el tercer Real Decreto-ley del año. No fue generosidad, fue marketing de supervivencia. Prorrogaron la rebaja del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos hasta diciembre, pero con una letra pequeña que es una trampa para incautos: el IVA se queda clavado en el 21 %, olvidando aquel 10 % de marzo. El truco es la dilución. En octubre te descuentan 20 céntimos, en noviembre 13 y en diciembre apenas seis. Es el clásico sistema de 'gotero' para que no notes cómo Hacienda vuelve a engordar. Los datos de la Comisión Europea y el Ministerio de Transición Ecológica no mienten: el 23 de febrero la gasolina costaba 1,471 euros con impuestos de 0,728 euros. Al 21 de septiembre, el precio subió a 1,928 euros y los impuestos a 0,757 euros. Hoy, con la gasolina a 2,019 euros, el Tesoro se lleva 0,773 euros por litro. Un incremento del 6,2 % en la recaudación mientras el ciudadano medio hace malabares para llegar al final del mes. Al final, el Gobierno no está bajando los precios; está gestionando el ritmo al que nos vacían el bolsillo.
Imaginen que están en la cabina de un tren de Metrovalencia o del TRAM de Alicante. Tienen miles de personas a bordo, un túnel oscuro y, de repente, el sistema de frenado de emergencia decide hacer huelga. En ese instante de pánico técnico, lo último que te salva el pellejo es recordar el Título I de la Ley 4/2023. Pero para la Generalitat Valenciana, parece que saber sobre la rectificación registral del sexo es tan vital para el transporte público como saber dónde está el freno de mano. La ingeniería del absurdo ha llegado a las oposiciones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Para conseguir una plaza fija, los aspirantes ahora deben hacer malabares mentales: por un lado, el Reglamento de Circulación y la Ley de Seguridad Ferroviaria; por otro, el articulado sobre la igualdad de las personas LGTBI. Es como si para sacar el carné de conducir te obligaran a recitar la historia del arte; no te hace mejor conductor, pero deja muy contentos a los de arriba. El examen es un test de 120 preguntas. 90 son para que el tren no se estrelle, y 30 son el 'peaje ideológico' del temario general. Ahí es donde se cuela la Ley Trans, amparándose en el artículo 12.2, que obliga a las administraciones a meter contenidos de no discriminación en las pruebas. El resultado es un contraste delirante: mientras el opositor intenta memorizar los cuadros de velocidad para no causar una tragedia, debe dedicar horas a una normativa que no mueve ni un solo vagón. Al final, la seguridad ferroviaria pasa a ser la acompañante de una agenda política que se impone con la sutileza de un choque frontal.
Hay noches en las que el pánico se huele a través de la pantalla. Este viernes 2 oct. 2026, el Congreso de los Diputados decidió que los dos decretos sobre la vivienda no eran más que castillos de naipes, tumbándolos y dejando la legislatura de Pedro Sánchez balanceándose en la cuerda floja electoral. Cuando el barco hace agua, lo primero que se hace es cerrar las escotillas y encender todos los focos. Así ha reaccionado TVE. En un movimiento que roza el surrealismo, La 1 ha decidido que analizar el desastre es más urgente que el fútbol. Han mandado el partido Francia-Italia de la UEFA Nations League a La 2, como quien esconde un mueble viejo en el trastero para que no se vea en la visita. ¿El motivo? Hacer espacio para que Pepa Bueno se explaye durante una hora y 40 minutos en un Telediario 2 'especial'. Cien minutos de análisis para digerir que el Gobierno ha perdido el control, mientras el ciudadano medio intenta entender por qué su alquiler sigue subiendo aunque el decreto haya muerto. La ingeniería de programación no ha terminado ahí. Gonzalo Miró y Esther Palomera en 'Malas Lenguas' se han expandido para devorar el hueco de 'Aquí la tierra', creando un puente infinito hacia el informativo. Mientras tanto, los pobres concursantes de 'Cifras y Letras' con Aitor Albizua se han quedado sin programa, sacrificados en el altar de la urgencia política. Al otro lado del dial, La Sexta ha seguido el mismo guion: Antonio García Ferreras ha montado un despliegue en 'Al Rojo Vivo: Elecciones, la decisión de Sánchez'. Cuando la política se vuelve un incendio, las pantallas se convierten en extintores que, irónicamente, solo sirven para avivar la llama del espectáculo.
El negocio del asilo en Ceuta ha pasado de ser una crisis humanitaria a convertirse en un catálogo de servicios premium para mafias con mucha imaginación. Mientras el Gobierno se llena la boca hablando de muros y controles, la realidad es que el Estrecho se ha vuelto un taxi marítimo clandestino. La Guardia Civil intercepta hasta cuatro neumáticas diarias, y no se quedan ahí: hay quien intenta hacer el trayecto en kayak, como si se tratara de una excursión de fin de semana y no de una apuesta desesperada por la supervivencia. El precio del billete es un sablazo en toda regla: entre 3.000 y 4.000 euros. Para alguien que espera un asilo que no llega, es el precio de una libertad hipotética. Lo más cínico es el nuevo 'modelo de gestión' de las mafias: ahora los propios inmigrantes pilotan las barcas. Así, el jefe de la red se queda en tierra cobrando la comisión y el riesgo lo asume quien no sabe distinguir el norte del sur en medio del mar. Desde agosto, la Benemérita ha frenado más de medio centenar de embarcaciones, incluyendo una el jueves pasado con 16 marroquíes que habían comprado su propia barca para evitar el patrón. Algunos llevaban pulseras verdes, el sello de calidad de los centros gubernamentales, demostrando que el Estado los aloja para que luego las mafias les cobren el 'alquiler' en parkings de hoteles. Mientras tanto, en Luxemburgo, Fernando Grande-Marlaska vendía a sus colegas europeos la fantasía del 'impacto cero', asegurando que nadie ha saltado al espacio Schengen. Una declaración que suena a chiste de mal gusto cuando fuentes policiales y Frontex admiten que al menos medio millar de personas ya han logrado aterrizar en la Península hasta finales de agosto. Entre la narrativa oficial y el agua del Estrecho hay un abismo que no llena ni mil neumáticas.
Portugal ha decidido que la mejor forma de arreglar un incendio es echándole gasolina al colchón. El Gobierno, liderado por el Partido Social Demócrata (PSD), ha lanzado una reforma del Nuevo Régimen del Arrendamiento Urbano (NRAU) que es, básicamente, un manual de instrucciones para que el propietario recupere sus llaves antes de que el inquilino termine de hacer la maleta. La jugada es maestra: ahora bastarán dos meses de impagos para iniciar el desahucio, recortando el margen de maniobra que daban los tres meses anteriores. Es como si en el supermercado te echaran de la tienda por no pagar el café el martes y el miércoles. Pero eso no es todo. Han decidido dinamitar el límite del 2% al incremento de la renta en los nuevos contratos. Adiós a las reglas del juego; hola al libre mercado en estado puro, donde el precio lo pone quien tiene la escritura y el inquilino pone la cara. Para rematar el combo, los caseros podrán pedir hasta tres mensualidades por adelantado, frente a las dos actuales. Un sablazo inicial que deja la cuenta corriente tiritando antes siquiera de entrar a vivir. Todo esto mientras el precio mediano de los alquileres subió un 10,2% interanual en el segundo trimestre, alcanzando los 10,17 euros por metro cuadrado. El acuerdo llegó 'in extremis' con Chega, que ha jugado a hacer de abogado del diablo pidiendo proteger a los mayores con contratos previos a 1990 y evitando desahucios por 'incapacidad real'. El PSD, para que no parezca una 'política salvaje', promete reforzar el fondo de emergencia. Una palmada en la espalda mientras te quitan la silla. El proyecto avanzó con el apoyo de CDS-PP e Iniciativa Liberal, mientras la izquierda (PS, Livre, PCP, PAN, JPP y BE) miraba el espectáculo con horror desde la bancada.
Hay una magia muy especial en la burocracia española: la capacidad de convertir el dinero público en un juego de espejos donde el que protesta es, al mismo tiempo, el que cobra. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta bancaria con el mismo pavor que quien abre un examen suspendido, el Ministerio de Ciencia decidió que 'fortalecer el sistema nacional de ciencia' requería soltar 174.029,48 euros en 2022. El destino no fue un laboratorio de fusión nuclear ni una cura contra el cáncer, sino La Hidra Cooperativa SCCL (IDRA), una entidad que tiene el ADN del Sindicato de Inquilinas tatuado en la frente. La jugada es maestra. Bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con fondos europeos —esos que llegan en sobres brillantes para 'modernizar' el país—, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) concedió la ayuda directa para el proyecto 'Municipalist Neighborhood Experiments'. En lenguaje de calle: pagarle a los que gritan en la plaza para que investiguen cómo gritar mejor desde la academia. El árbol genealógico de esta operación es fascinante. Tenemos a Jaime Palomera, fundador del Sindicato de Inquilinos de Barcelona y actual director general del área de vivienda y ciudad. Y tenemos a Carmen Arcarazo, portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas e investigadora de IDRA, que además se sienta en el consejo asesor de la ministra Isabel Rodríguez. Es el círculo perfecto: Arcarazo asesora al Gobierno, cobra vía Hidra y, acto seguido, sale a la calle a decir que el Gobierno 'ya no tiene sentido' porque el Congreso tumbó sus decretos. Una coreografía impecable donde la indignación es el producto y la subvención es el combustible. Al final, entre huelgas generales y expropiaciones a fondos buitre, lo único que no se expropia es la capacidad de gestionar el presupuesto público con una soltura envidiable.
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en la logística del humanitarismo moderno. En Ceuta, específicamente en la playa del Trampolín, Cruz Roja ha descubierto un modelo de economía circular digno de un premio al ingenio: reparten comida y, de paso, regalan los ladrillos. Sí, hablo de los cartones de las cajas. Mientras el ciudadano de a pie pelea con la inflación y mira el ticket del súper como quien mira una sentencia de muerte, en el litoral ceutí se monta un urbanismo efímero gracias al embalaje de los víveres. No es solo caridad; es arquitectura involuntaria. Las cajas que transportan los alimentos se convierten en el material de construcción preferido para ampliar chabolas y refugios. Es un ciclo perfecto: llega el alimento, se consume el contenido y el continente se transforma en propiedad inmobiliaria ilegal. La Policía Nacional ya cifra en unos 9.000 las personas concentradas en este asentamiento, una cifra que hace que cualquier plan de ordenación urbana parezca un chiste de mal gusto. El contraste es brutal. Por un lado, tenemos la 'generosidad' del cartón reciclado; por otro, la realidad cruda de los hosteleros locales que, hartos de que les limpien las mesas en un abrir y cerrar de ojos, tienen que contratar seguridad privada para que no les desplumen la cafetería. Ya vivimos el tráiler en la playa de Benítez, donde 1.000 personas fueron desalojadas, provocando que unos 200 volvieran a Marruecos por miedo al 'fichaje' policial, mientras el resto simplemente cambió de código postal hacia el Trampolín. Al final, el espacio público se convierte en un Tetris de cartón donde las autoridades intentan borrar líneas mientras la ayuda humanitaria, sin querer o queriendo, suministra el material para seguir jugando.
En el mundo de la alta burocracia, existe una magia muy particular llamada 'no conservamos documentación'. Es el equivalente institucional a decir que el perro se comió los deberes, pero con el sello de la Fiscalía General del Estado. El juez Santiago Pedraz pidió papeles sobre el plan para hundir a la jueza Beatriz Biedma —aquella que tuvo la osadía de investigar a David Sánchez, el hermano del presidente— y la respuesta del 8 de septiembre fue un vacío absoluto. Ni un correo, ni una nota, ni un suspiro. Un silencio sepulcral que parecía cerrar el caso. Pero entonces aparece José Luis Alonso Tejuca, el fiscal jefe de Badajoz, y rompe el hechizo. El señor Tejuca no juega a las adivinanzas; él tiene el historial de llamadas y los recibos. El 10 de septiembre, el fiscal dejó claro que hubo un baile de papeles muy concreto: tres documentos que viajaron de Badajoz a Madrid. De hecho, fue tan preciso que puso fecha y hora: el 20 de junio a las 15:02 envió el paquete y a las 18:00 la Secretaría Técnica confirmó que lo tenía en el horno. ¿Dónde quedó ese rastro? Aquí entra en juego Diego Villafañe, entonces responsable de la Secretaría Técnica, quien parece haber descubierto la utilidad del 'borrado automático' desde el 14 de diciembre de 2024. Es una jugada maestra: si el mensaje desaparece del emisor y del receptor, el problema deja de existir. Una ingeniería financiera de la información digna de un espía, pero aplicada a una denuncia del 6 de junio de 2025 que implicaba a Leire Díez y al exjuez Luis José Sáenz de Tejada. Mientras el ciudadano medio guarda hasta el ticket del parking por si hay una inspección, en las cloacas del poder los documentos tienen la vida útil de un helado al sol.
La televisión es como ese primo que te jura que ha ido al gimnasio mientras se come un donut: el engaño es parte del encanto. El pasado 17 de septiembre, 'Pesadilla en la Cocina' intentó vendernos una innovación disruptiva en el Gastrobar Terelita: un grupo de WhatsApp donde los clientes, en tiempo real, soltaban sus verdades sobre la comida y el servicio. Un experimento social fascinante, si no fuera porque la cámara, en un descuido de principiante, mostró que los mensajes llegaban desde terminales registrados a nombre de Warner Bros. ITVP España. Sí, los 'clientes indignados' resultaban ser, en la agenda del móvil, el equipo de guion y producción. Es el clásico sablazo a la credibilidad. Mientras nosotros intentamos que no nos timen con la letra pequeña del contrato del gas, laSexta nos presenta un 'reality' donde la realidad parece venir prefabricada en una oficina de producción. La respuesta de Atresmedia ha sido un ejercicio de gimnasia mental digno de medalla olímpica: dicen que los comensales escribieron opiniones auténticas, pero que lo hicieron usando los móviles de la productora porque les habían quitado los suyos por 'protocolidad de seguridad'. Traducción para los que no hablamos 'corporativo': 'Sí, hemos puesto el teléfono de la empresa, pero el cliente es el que ha tecleado'. Una explicación que suena a intentar tapar un agujero en la pared con un póster de oferta. Alberto Chicote vuelve este 1 de octubre, pero el sabor amargo no lo deja la cocina del Gastrobar Terelita, sino la sensación de que el guion pesa más que el menú. Al final, la única pesadilla real es creer que en la telerrealidad alguien no está moviendo los hilos desde la sombra.
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Mario Herrera