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Hay empresas que no vuelan, sino que levitan sobre el cinismo. Plus Ultra, la aerolínea que convirtió un rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia en una especie de deporte de riesgo financiero, busca ahora un salvavidas. Y no cualquier salvavidas: negocia con Iberojet para que entre como socio inversor y le insufle un músculo financiero que, a estas alturas, parece más una prótesis que un músculo. Mientras tanto, la compañía navega en un mar de expedientes judiciales por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, con el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero orbitando la trama y exdirectivos como Julio Martínez Solá y Roberto Roselli soltando en el juzgado que se pagaban comisiones del 1% por el 'éxito' del rescate. Un porcentaje modesto para algunos, pero una bofetada para quien paga sus impuestos. En la calle, la realidad es más cruda y huele a aeropuerto vacío. Para conseguir liquidez, la compañía ha empezado a malvender billetes a precios de saldo, una estrategia desesperada que recuerda a quien vacía el garaje para pagar el alquiler. El resultado es un caos operativo: rutas a Bogotá y Cartagena canceladas en junio y frecuencias a Buenos Aires recortadas de cinco a dos vuelos semanales. Hay familias colombianas que han soltado 2.700 euros por ocho billetes y ahora solo reciben el silencio administrativo, y pasajeros que han visto cómo sus ahorros, entre 1.400 y 4.500 euros, se evaporan en el aire. Plus Ultra se escuda en que ya ha devuelto el 78% de los billetes de Colombia, pero el resto de los usuarios, organizados en WhatsApp y Facebook, saben que luchar contra una aerolínea es como intentar soplar una vela en un huracán. Mientras Barceló y la dirección de la firma guardan un silencio sepulcral, los pasajeros esperan que la AESA o la OCU hagan algo antes de que el avión termine de estrellarse contra la realidad contable.
Hay quien hace cola tres años para renovar el DNI y hay quien recibe el pasaporte español como si fuera un regalo de Navidad por ser 'VIP'. La Ley de Memoria Democrática nació para sanar heridas del exilio, pero en el Consulado de España en México parece que la han confundido con un programa de puntos de fidelidad para políticos. El 5 de diciembre de 2023, Nancy de la Sierra Arámburo, senadora del PRI, y tres familiares se colgaron la medalla de la nacionalidad española sin que hubiera un solo antepasado que hubiera huido de la Guerra Civil o de Franco. El truco fue sencillo: una ingeniería familiar liderada por su padre, Óscar de la Sierra Said, de 87 años. El señor Óscar alegó ser nieto de un español basándose en un acta matrimonial, omitiendo convenientemente actas de nacimiento o bautismo. Sus padres, José Manuel y su madre, nacieron en Puebla y México respectivamente en 1903 y 1909. O sea, que el 'vínculo' se remonta al siglo XIX, décadas antes de que empezara el lío de 1936. Pero en la administración pública, cuando eres un 'VIP', los requisitos son sugerencias. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia, a la familia de la senadora los recibieron con alfombra roja y WhatsApps internos para que el padre no tuviera que esperar porque 'no escucha demasiado'. El combo fue redondo: el 5 de diciembre obtuvieron el premio Óscar, Lilia y el propio hijo Óscar, junto a Nancy. Una jugada maestra de conveniencia política: Nancy, que saltó del PRI a la coalición de López Obrador y volvió al PRI el 3 de octubre de 2023, consiguió el pasaporte apenas dos meses después. Según fuentes consulares, esto no es un error, sino un sistema: el 90% de los nacionalizados por esta vía no tienen ancestros en el periodo 1936-1955. Básicamente, están regalando la ciudadanía a cambio de favores o proximidad al Gobierno de Pedro Sánchez.
La DGT nos lo repite como si fuera el catecismo: el carril derecho es el hogar natural del conductor. Punto. El resto son para adelantar. Muy bonito sobre el papel, pero intentar seguir la norma hoy en día es jugar a la ruleta rusa con la suspensión del coche. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos para que la cesta de la compra no suba un euro más, el Estado ha dejado que el asfalto se convierta en un queso gruyère. No es manía ni falta de civismo; es supervivencia. El carril derecho ha pasado de ser una vía de circulación a una zona de guerra llena de socavones y roderas profundas, esculpidas por el paso incansable de camiones que pesan más que las promesas electorales. El resultado es un escenario dantesco: cuando llueve, esas roderas se transforman en canales de riego improvisados que invitan al aquaplaning, ese momento mágico donde tu coche decide que prefiere navegar que conducir y pierdes el control del volante. Lo más delirante es el contraste contable. Tenemos un déficit de conservación superior a los 13.000 millones de euros. Es una cifra astronómica, un agujero financiero que se traduce en baches que parecen cráteres lunares. Sin embargo, la administración prefiere centrarse en la pedagogía del carril que en el cemento. Si decides salvar tus neumáticos y tu seguridad refugiándote en el carril central, prepárate para el 'premio'. La Guardia Civil de Tráfico no entiende de roderas ni de falta de inversión; entiende de multas. Y el precio de tu supervivencia es un sablazo de 200 euros directos al bolsillo, porque es más rentable multar al conductor que arreglar la carretera.
En el manual de supervivencia política, hay una regla de oro: si tienes un amigo en el despacho de al lado, las facturas se vuelven sugerencias. El caso de Ángel Ros es una clase magistral de ingeniería de favores. Mientras el ciudadano medio suda tinta para pagar el IBI, Ros firmó en junio de 2014 un 'borrón y cuenta nueva' de 281.783 euros para Adaix de Negocios, la empresa del novio de Montse Mínguez. Básicamente, le quitó de encima un pufo que para cualquier mortal sería una condena a vivir bajo un puente, permitiendo que Sergi Vélez esquivara el pago del canon y la garantía de derribo de una discoteca. Un gesto generoso, casi filial. La recompensa por este tipo de 'gestiones' no llega en sobres, sino en Real Decreto. En agosto de 2018, Pedro Sánchez, con la firma de Josep Borrell —viejo conocido de Ros por sus días en el PSC—, lo catapultó a Embajador en Andorra. Lo fascinante es que Ros no era diplomático; era un político con contactos. Pasó cuatro años y medio disfrutando del aire pirenaico, organizando la Cumbre Iberoamericana de 2021 y gestionando la diplomacia entre siestas, hasta que pidió la jubilación en febrero de 2023. Pero el lujo tiene grietas. Marta Camps, la teniente de alcalde que terminó en la calle, soltó la bomba: dietas sospechosas en China y Hannover (unos 18.400 euros en total) y un gusto exquisito por fulares y corbatas de diseño que costaron 36.000 euros al erario. Todo archivado, claro. Mientras tanto, Mínguez, la arquitecta del ahorro ajeno, dimite ahora que se sabe que su pareja es un 'gran tenedor' con 30 pisos y un holding de 6,2 millones de euros. La lucha contra la especulación inmobiliaria es muy noble, siempre que el cheque no sea el tuyo.
Tener una segunda vivienda en España ha pasado de ser un ahorro para la jubilación a convertirse en una ruleta rusa donde el premio es que no te quiten la llave. El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a jugar la carta de la prohibición de desahucios, rescatando ese manual de instrucciones que ya conocíamos desde 2020, cuando la pandemia sirvió de excusa para instaurar una 'vulnerabilidad' tan elástica que cabe cualquier cosa. Es como si el Estado decidiera que tu escritura de propiedad es, en realidad, una sugerencia opcional. La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación lleva desde octubre de 2021 enviando cartas al Ministerio de Vivienda que probablemente se usan para calzar mesas. Hablamos de cinco años de un silencio institucional que hace que el juego del escondite parezca una conversación fluida. Mientras tanto, Isabel Rodríguez, la ministra que presume de redactar decretos a la velocidad de un tuit, ha ignorado sistemáticamente solicitudes concretas, como la del 23 de noviembre de 2023 o la más reciente del 2 de octubre. Es la gestión del 'visto' en WhatsApp aplicada a la administración pública. El nuevo despliegue legislativo, que pasó por el Congreso y los reales decretos, vuelve a blindar la situación de quienes no pagan, dejando al pequeño propietario en un limbo jurídico. Lo más surrealista es el reparto de facturas: el decreto pretende que las CCAA se conviertan en deudoras de los caseros si no ofrecen alternativa habitacional a inquilinos morosos con más de dos viviendas. Básicamente, el Gobierno te dice que no puedes echar al que no paga, pero que no te preocupes, que quizá algún día una administración autonómica te devuelva el dinero con la misma agilidad con la que gestionan las citas de la Seguridad Social. Una ingeniería financiera donde el único que pierde es el que paga los impuestos y las hipotecas.
Hay una regla no escrita en los despachos del poder: si el Gobierno llega tarde a una cita, es negligencia; pero si llega corriendo, es que quiere cerrar la puerta por dentro. El caso de la AITAT es el ejemplo perfecto de este malabarismo. Durante un año y medio, el Ministerio de Transportes trató el estatuto de la nueva autoridad de investigación como quien deja la ropa en la lavadora y olvida darle al botón de inicio. La ley del 2 de agosto de 2024 decía claramente que tenían doce meses. Venció el plazo en agosto de 2025 y, mientras el reloj corría, el Gobierno miraba hacia otro lado. Pero claro, el 18 de enero de 2026, la realidad golpeó en Adamuz con 46 muertos y un caos ferroviario que no cabía en un communiqué. De repente, el letargo se convirtió en sprint. En cinco semanas, el 24 de febrero, el Consejo de Ministros parió la AITAT. ¿Por qué tanta prisa ahora? No fue por las víctimas de Spanair ni por un súbito ataque de empatía, sino porque Bruselas empezó a soplar en la nuca. El problema es que han montado un sistema donde el jefe es también el que firma la nómina y el que decide qué se dice y qué se calla. Poner a Gonzalo Guillén, un ingeniero naval vinculado a Benito Núñez, al frente de una investigación ferroviaria es como contratar a un experto en submarinos para arreglar un avión. El resultado es una estructura donde los técnicos ya no pueden decir la verdad sin miedo a que les corten el grifo profesional. El colmo llegó el 30 de septiembre, cuando Guillén canceló una reunión para evitar una recomendación de seguridad que 'crucificaría' a Adif. Mientras las víctimas, representadas por Mario Samper, esperan respuestas, la investigación del mayor desastre de alta velocidad de nuestra historia avanza a paso de tortuga con solo tres investigadores. Una complejidad que, curiosamente, solo existe en los despachos.
En España, buscar un piso de alquiler se ha convertido en una especie de 'Los Juegos del Hambre' inmobiliarios, pero sin el premio final. La última radiografía del Observatorio del Alquiler es un bofetón de realidad: para el cierre de 2026, el mercado perderá más de 15.000 viviendas respecto al final de 2025. No importa si buscas un residencial, un temporal, un turístico o simplemente una habitación donde no te pisen los pies; la oferta se está evaporando como el sueldo el día 5. El detonante es la receta habitual: una dosis masiva de inseguridad jurídica y los cambios normativos de la Ley de Vivienda. Los propietarios, que no son precisamente filántropos, han reaccionado con la velocidad de un rayo. Entre el 28 y el 30 de septiembre, 4.290 ofertas desaparecieron en tres días. A las pocas semanas, la cifra ya era de 7.705 inmuebles retirados. Es el efecto 'pánico' traducido a ladrillos. Mientras el Gobierno intenta poner parches con préstamos de 50.000 euros para la entrada —una cantidad que hoy en día apenas sirve para pagar la fianza y el primer año de un zulo—, la realidad es que desde 2021 hemos sufrido un desplome del 37,1% en la oferta. El resultado es un precio medio de 1.214 euros mensuales, un 2,27% más que a cierre de 2025. Para que nos entendamos: hay una media de 133 interesados peleándose por cada inmueble en sus primeros diez días. Es una carnicería. Lo más triste es que construir no es darle a un botón; convertir suelo finalista en urbanizable tarda entre 8 y 15 años. Si seguimos así, el escenario pesimista prevé que el alquiler tradicional pierda hasta el 25% de sus inmuebles (unos 806.000 pisos) y que los precios suban un 42%. Básicamente, estamos diseñando un futuro donde vivir será un lujo reservado para quienes tengan un árbol de billetes en el jardín.
Oliva ha vuelto a convertirse en una piscina municipal involuntaria. La DANA Adam ha llegado este lunes para recordarnos que, mientras los vecinos se juegan la vida en plantas bajas y los servicios de emergencia hacen malabares para rescatarlos, en los despachos de Madrid el lenguaje es otro: el de la 'rentabilidad'. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) se ha marcado un ejercicio de contabilidad creativa en su 'Memoria resumen de los análisis coste-beneficio', concluyendo que proteger el municipio no salía a cuenta. Traduzcamos el lenguaje burocrático al castellano de calle: el Gobierno miró la factura de las obras y decidió que el 'sablazo' era demasiado grande para el beneficio obtenido. Para que nos entendamos, la alternativa 4 —la joya de la corona con un valor actual neto de 35,6 millones de euros y una ratio de 2,28— era básicamente un placebo. En un escenario de inundación cada 500 años, la cifra de afectados pasaría de 9.391 a 9.360 personas. Sí, han hecho las cuentas: salvar a 31 personas no compensaba el desembolso. Es como pagar una reforma integral de la cocina para que deje de gotear un solo grifo. Hubo otras opciones: la alternativa 1 (28,3 millones de euros, ratio 1,84) y la alternativa 3 (20,1 millones, ratio 1,73). Incluso la alternativa 2, que fue la única tachada de 'no rentable' con un 0,90, parecía más honesta que el resto. Mientras Sara Aagesen y la cúpula gubernamental gestionan el riesgo sobre el papel, en Oliva siguen esperando que alguien termine la presa de la Rambla Gallinera, congelada desde 2014 por problemas de cimentación. Al final, la administración prefiere 'estudiar nuevas combinaciones de medidas' que mojarse, literalmente, en el barro. La rentabilidad es baja, pero el coste humano, ese no aparece en los excels del MITECO.
La diplomacia moderna ha dejado de ser un juego de cenas elegantes para convertirse en una pelea de patio de colegio, pero con presupuestos de Estado. Resulta que España decidió jugar al portero estrictamente en el Puerto de Algeciras durante 2024, denegando el atraque a tres buques de Maersk —el Maersk Denver, el Maersk Seletar y el Maersk Hartford— bajo la sospecha de que transportaban juguetes bélicos para Israel. Un gesto ético, quizá, pero que a la Comisión Marítima Federal (FMC) de Estados Unidos le ha sentado como un café frío. La respuesta del Tío Sam no es una nota de protesta educada, sino un sablazo financiero con aroma a cocina mediterránea. La FMC propone una tasa de 200.000 dólares (unos 180.000 euros) por cada viaje de barcos españoles, como quien te cobra un recargo absurdo por el equipaje en una aerolínea low-cost. Pero el verdadero golpe bajo viene en la despensa: plantean limitar la importación de azulejos, confitería, perfumería y, el plato fuerte, el aceite de oliva. Hablar de aceites no es un detalle menor. Estamos hablando de un mercado que en 2025 movió 1.100 millones de dólares. Para el sector olivarero, que ve en EEUU su cajero automático prioritario, esto no es una simple 'restricción comercial', es un cierre de grifo en seco. Mientras la FMC se llena la boca hablando de la 'eficiencia de la cadena de suministro' y la 'seguridad nacional', lo que realmente están haciendo es usar el aceite de oliva como moneda de cambio en una partida de ajedrez geopolítica. España ahora tiene que presentar alegaciones y rezar para que la FMC decida que el aceite es demasiado rico como para dejarlo fuera de sus mesas.
España ha decidido, finalmente, que el carril central de las autopistas no es el salón privado de nadie, especialmente cuando el tráfico se convierte en un parking gigante. Desde el 1 de octubre, la DGT ha pasado a la acción con el Real Decreto 518/2026, imponiendo la creación del 'carril de emergencia'. La lógica es aplastante: si hay un atasco y los coches circulan a paso de peatón, hay que abrir un hueco para que las ambulancias, bomberos o la policía no se queden mirando el paisaje mientras alguien se juega la vida. La coreografía es sencilla, aunque para el conductor medio sea como aprender álgebra. En vías de dos carriles, el pasillo se abre justo en el centro, como si estuviéramos separando el trigo de la paja. Si la autopista tiene tres o más carriles, el hueco debe quedar entre el carril de la izquierda y el siguiente. Básicamente, los de la izquierda se pegan al borde y los demás huyen hacia la derecha. Una maniobra que en Alemania, con su Rettungsgass, es religión desde los años 70, pero que nosotros hemos tardado décadas en importar. El Artículo 32 del Reglamento de Circulación ya no deja espacio a la interpretación ni a la 'buena voluntad'. Si te quedas plantado en medio del camino bloqueando a un vehículo prioritario, la factura llegará rápido. Estamos hablando de una infracción grave según el Artículo 76 de la Ley de Tráfico. El sablazo es de 200 euros, aunque si tienes el reflejo de pagar rápido, te lo dejan en 100 euros. Es un precio prohibitivo por el simple hecho de no moverse un metro a la derecha, una cifra que duele más que el propio atasco, pero que busca evitar que una emergencia se convierta en tragedia por pura terquedad al volante.
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Magdalena Gallego