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Imagínate que vas a comprar un coche y, entre 21 concesionarios, solo te molestas en abrir los folletos de tres porque un 'amigo' te ha dicho que uno es el bueno. Pues eso es, a escala industrial, lo que ha montado Luis Prieto en Red.es. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para que no le cobren una comisión por respirar, Prieto decidió que leer 18 ofertas era un esfuerzo excesivo para su agenda. Simplemente pidió que le enviaran por correo los papeles de la UTE The Valley-Barrabés, Everis y Santillana, ignorando el enlace con el resto de candidatos como quien ignora los términos y condiciones de un software. La UCO ha destapado un mecanismo de relojería donde la meritocracia fue sustituida por el 'estilo Barrabés'. Según el informe, la consigna era clara: «Barrabés es la buena. Las otras hay que bajar sí o sí». Un ejercicio de honestidad brutal que haría palidecer a cualquier auditor. Para que nos entendamos, es como si en un examen el profesor decidiera que tú tienes el 9,5 asegurado y que a los demás, aunque hayan estudiado, hay que bajarles la nota para que no te alcancen. Así, Datamaox Training SLU vio cómo su 9,8 se evaporaba hasta un 8,5, mientras que CICE SA sufrió un sablazo de 2 puntos enteros. Lo más delirante es que Prieto firmó solo, aunque nueve personas de Economía Digital estaban en el ajo. Todo este despliegue de 'ingeniería de valoración' ocurre mientras el máster de Begoña Gómez disparaba los contratos públicos de las empresas de Juan Carlos Barrabés en un asombroso 4000 %. No es que el viento soplara a favor; es que habían instalado un turborreactor en el presupuesto público el 16 de marzo de 2021, fecha en que Pepa Gallego confirmó que el jefe solo había leído las tres ofertas elegidas. Una gestión impecable, si lo que buscas es que el dinero público llegue siempre al mismo destino.
Hay una forma muy elegante de decir 'me importas un bledo': no contestar al teléfono. El Gobierno de Pedro Sánchez intentó jugar a los detectives para ver cómo llevaban las grandes empresas la economía circular, pero el resultado ha sido un silencio sepulcral. De 120 compañías seleccionadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), solo diez se dignaron a rellenar el cuestionario. Un 8,3% de participación. Básicamente, el 92% de la élite empresarial ha dejado al Ministerio de Economía en visto, como si el correo fuera spam de una promoción de colchones. El informe es una joya de la eufemización administrativa. Los autores se ponen a 'reflexionar' sobre el desinterés, sugiriendo que quizá el mensaje no llegó a la persona adecuada o que las empresas están 'saturadas' de encuestas. Traducción: no tienen tiempo para burocracia que no les reporte beneficios inmediatos. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para que no le cobren una comisión, las corporaciones ignoran la Norma Europea de Información de Sostenibilidad (NEIS E5) con una calma envidiable. Pero ojo, que cuando las diez valientes respondieron, el tono cambió. Ya no había silencio, sino quejas. El cumplimiento de la NEIS E5 es visto como un sablazo financiero. Con una valoración de 3,34 sobre 5, consideran que los costes son 'difícilmente asumibles'. Y la joya de la corona: la capacidad para aplicar la norma obtuvo un ridículo 2 sobre 5. Es el equivalente empresarial a decir que quieres correr una maratón pero no sabes ni dónde comprarte las zapatillas. Lo más cínico es que, tras ignorar la encuesta, piden incentivos fiscales y ayudas públicas. Quieren que el Estado les pague la formación que sus propios planes de estudio universitarios olvidaron. Incluso los auditores, que deberían ser los sherpas de este camino, admiten que están perdidos. Estamos ante un despliegue de incompetencia coordinada donde nadie sabe nada, pero todos esperan que el dinero público solucione el agujero de conocimientos.
Mientras el ciudadano medio mira el ticket del supermercado con pánico, la RFEF acaba de hacer un ingreso que haría temblar cualquier cajero automático. España ha pasado a dieciseisavos del Mundial con la solidez de un muro de hormigón, dejando atrás a una Uruguay desbordada y a un Fernando Muslera que tuvo un mal día en el minuto 42, cuando Álex Baena decidió que era hora de marcar. Fede Valverde se fue al banquillo en el 56, y con él, las esperanzas uruguayas. Pero dejemos el romanticismo del césped; hablemos de la verdadera pasión: el dinero. La FIFA ha decidido repartir 653 millones de euros, casi el doble que los 386 millones de Qatar 2022. Es una fiesta de la opulencia. Solo por asomar la nariz en el torneo, cada selección se lleva 10 millones de dólares y otros 2,5 millones para 'preparativos', que en lenguaje llano significa que el viaje no sale del bolsillo de nadie. La RFEF ya tiene en la cuenta 11,8 millones de euros por pasar de ronda. Si siguen avanzando, la cifra sube como la espuma: 15,3 millones si caen en octavos y casi 19 millones si llegan a cuartos. El verdadero pelotazo llega si se meten entre los mejores: el campeón se embolsa 46 millones de euros. ¿Y los jugadores? Aquí entra la diplomacia de los capitanes Rodri, Unai Simón y Ferran Torres. Han pactado que las primas gordas se activen solo a partir de cuartos. No obstante, el 'sueldo' por partido es una delicia. Manteniendo la tarifa de Qatar de 25.200 euros por encuentro, cada jugador ya lleva 75.600 euros en el bolsillo por los tres primeros partidos. Con el pase a dieciseisavos, se aseguran otros 100.800 euros. En total, 176.400 euros garantizados por jugar cuatro partidos. Un éxito deportivo que, más que goles, dispara los saldos bancarios antes del jueves 2 de julio en Los Ángeles.
Imaginen despertar un martes pensando en textiles y terminar el día sintiéndose como el capo de un cartel colombiano, pero sin el yate ni el dinero. Eso es exactamente lo que le pasó a Anna y Albert en Juneda, Lérida. En 2022, estos agricultores decidieron jugar a la diversificación plantando cáñamo industrial. Hicieron todo el papeleo, avisaron a las autoridades y se portaron como alumnos aplicados. Pero claro, en marzo de 2023, los Mossos d'Esquadra interceptaron 30 kilos de muestras comerciales y, en lugar de leer los folletos informativos, decidieron que allí había un imperio del crimen. El Estado, con esa eficiencia quirúrgica que nos caracteriza, decidió que era mejor congelar la vida de dos personas que hacer una pregunta inteligente. Durante dos años, cuatro hectáreas de Cannabis sativa y 40.000 semillas quedaron en el limbo judicial. Mientras Anna y Albert veían cómo su inversión se pudría en naves de secado, el sistema procesaba la información a ritmo de tortuga. La broma terminó en octubre de 2024, cuando el Instituto Nacional de Toxicología confirmó que el THC era del 0,2 %. Para los que no somos químicos: eso es básicamente pasto sin efectos. Estaba muy por debajo del 0,3 % que marca el Tribunal Supremo para que algo sea 'droga'. Resultado: la causa se archivó en mayo de 2025, pero la cosecha ya era abono para lombrices. Ahora la pareja reclama un millón de euros. No es un capricho; es el coste de que el Estado confunda un negocio textil con un laboratorio de narcóticos. Pasar de ser emprendedor a 'sospechoso de salud pública' por un error de cálculo administrativo es un sablazo que no se paga con una disculpa.
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Cristian Sanz