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Vender humo es gratis, y en el Ministerio de Inclusión parece que han montado una fábrica de niebla industrial. Nos cuentan que el proceso de regularización es un éxito rotundo, un regalo para la sociedad. Pero miremos la letra pequeña, esa que no se lee en las ruedas de prensa. De los 822.000 inmigrantes a los que el Ejecutivo les ha dado el 'pase VIP' para residir y trabajar, solo 262.475 se han afiliado a la Seguridad Social al 30 de julio. Traducido al idioma de la calle: el 68,1% se ha quedado en la puerta. Es como si organizaras una fiesta para 800 personas y solo aparecieran 260; el resto, un agujero contable de 559.525 personas que tienen el derecho en el papel pero no aportan ni un céntimo a la hucha común. Mientras Elma Saiz y Borja Suárez celebran que el volumen de afiliados es una señal «muy positiva», Joaquín Pérez Rey se lanza al vacío asegurando que «la mayoría» se está incorporando al sistema. Matemáticas básicas: un 31,9% de éxito no es una mayoría, es un suspenso fragrantísimo. El contraste es casi cómico. De esos pocos afiliados, la mayoría (213.883) están en el Régimen General, mientras que los autónomos son una anécdota de 12.675 personas. Lo más surrealista llega con el paro. En julio, el 77% de las nuevas altas en el SEPE (15.000 de 19.517 personas) son estos mismos regularizados. El Gobierno intenta hacer malabares con las cifras diciendo que no saben quién trabajaba antes, pero admiten que 8.268 llegaban ya sin empleo. Al final, nos venden un proceso «razonablemente normal» mientras medio millón de personas flotan en un limbo administrativo donde el derecho al trabajo es, para muchos, una promesa vacía de cotizaciones.
Hay una forma muy elegante de decir que el sistema ha colapsado: llamarlo 'normalidad'. Mientras el Gobierno se empeña en maquillar la realidad, el Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha tenido que resucitar el antiguo Hospital Militar, cerrado desde 2018, para convertirlo en una morgue improvisada. No es un centro de salud, es un almacén de tragedias donde descansan 79 cuerpos rescatados del mar. De las 77 autopsias realizadas, solo dos personas tienen nombre y apellidos. El resto son fantasmas burocráticos. Aquí es donde entra la 'cortesía' diplomática. Marruecos, con la naturalidad de quien devuelve un paquete que no quiere en Amazon, solo se ha hecho cargo de 40 fallecidos. El resto queda en un limbo de huellas dactilares y ADN que la Guardia Civil intenta descifrar contrarreloj. Es el juego del hambre institucional: si no estás registrado en España, no existes para el sistema, y para Marruecos, simplemente no eres su problema. Mientras tanto, el ministro Fernando Grande-Marlaska lanza cifras al aire como quien tira confeti en un funeral. Habla de 72.000 inmigrantes que entraron, asegura que 70.000 ya se fueron y admite que quedan 2.000. Pero bajen a la playa del Trampolín y verán que la aritmética oficial no cuadra con la arena. El Gobierno de Ceuta estima que siguen allí entre 3.000 y 5.000 personas. El delegado Miguel Ángel Pérez Triano ya admite que la normalidad está 'lejos', aunque el Ejecutivo siga insistiendo en que todo está bajo control. Para rematar el cuadro, el CETI, diseñado para 512 personas, alberga a más de 1.000. Estamos intentando meter un elefante en una caja de zapatos mientras fingimos que el zapato es, en realidad, un palacio.
Hay una mística muy bonita en el sacrificio patrio, pero la mística no llena la panza. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se esmera en vender una postal de control y normalidad en Ceuta, la realidad en el terreno tiene sabor a mortadela barata y cansancio crónico. Los militares desplegados para frenar la crisis migratoria están viviendo una especie de experimento de supervivencia: jornadas maratonianas de 14 a 16 horas, con apenas dos horas de sueño entre turnos, que hacen que cualquier horario de oficina parezca un spa. Lo verdaderamente surrealista es la logística del Ministerio de Defensa. Para mantener a punto a cuerpos que son auténticos templos de resistencia, el menú consiste en un kit que envidiaría un niño de primaria en una excursión: un bocadillo de mortadela (que a veces muta a chorizo o salchichón), una lata de atún con un panecillo, una manzana y dos botellines de agua de 330 mililitros. Si el día es generoso, cambian la fruta por un yogur y cuatro galletas. Es, básicamente, alimentar a un ejército con el presupuesto de una merienda escolar. Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), ha soltado la verdad sin anestesia: no se puede pedir profesionalidad cuando el combustible es insuficiente. A esto sumemos que los soldados duermen hacinados en pasillos y habitaciones de cuarteles que no fueron diseñados para albergar a tanta gente, ya que la mayoría vive fuera con sus familias. Para rematar la jugada, en algunas unidades se ha prohibido el uso del móvil. Oficialmente será por seguridad, pero en la calle se sospecha que es para evitar que el mundo vea que la 'élite' de la defensa española está durmiendo en el suelo y cenando galletas mientras el relato oficial sigue brillando en Madrid.
Hay quienes ven la frontera como una sugerencia y el código penal como una lista de recomendaciones. Resulta fascinante que, mientras el ciudadano medio se juega el cuello para que no le suban la cuota del seguro, ciertos jóvenes marroquíes de unos 20 años decidieron que la prohibición de entrada en España era simplemente un desafío personal. Aprovechando el caos de la invasión del pasado jueves y viernes —donde 72.000 personas decidieron que Ceuta era el lugar ideal para un paseo masivo—, algunos 'viejos conocidos' con antecedentes graves y órdenes de expulsión decidieron volver para saludar. La ironía es deliciosa: algunos fueron interceptados en el puerto intentando pillar un barco hacia la península, como quien busca un vuelo low-cost, solo para descubrir que su billete de vuelta era directo al centro penitenciario de Ceuta. Otros, más impulsivos, prefirieron el camino del cuchillo, como el sujeto que apuñaló a otro compatriota el jueves noche tras una discusión. Lo más surrealista es el vacío administrativo. Mientras las calles de Ceuta eran un campo de batalla con asedios a supermercados y tentativas de okupación, la cárcel registró apenas siete ingresos. El sindicato TAMPM está perplejo; esperaban una avalancha y se encontraron con un desierto. ¿La razón? Una orden gubernamental tan optimista que rozaba la fantasía: «garantizad vuestra integridad, dejaos ver, pero sin intervenir». Básicamente, pidieron a los policías que hicieran de mobiliario urbano mientras el Gobierno de Pedro Sánchez vendía un control que solo existía en sus notas de prensa. Sin protocolos, sin refuerzos y con el silencio sepulcral de Instituciones Penitenciarias, Ceuta espera ahora al 15 de agosto, fecha en la que las redes sociales sugieren que la fiesta de la ilegalidad tendrá una segunda parte.
Hay quienes confunden el Parlamento con un pase VIP para la vida, y luego está Isaac Padrós. El diputado de Junts decidió que el 29 de julio era el día perfecto para librar una guerra de guerrillas lingüística en la comisaría de La Junquera, Gerona. El detonante: un agente de la Policía Nacional que, en un alarde de honestidad brutal, confesó que no hablaba catalán. Padrós, fiel a su dogma, se negó a cambiar al castellano y exigió un traductor, como si estuviera en una cumbre de la ONU y no renovando el DNI de una de sus hijas. La cosa se puso color de hormiga cuando llegó el momento de pasar por caja. Padrós, al mando de una familia numerosa, se indignó al descubrir que el trámite no era gratis. El agente le señaló un cartel informativo —detalle irónico considerando que el diputado es invidente— que indicaba que la exención debía avisarse previamente. El resultado fue un despliegue de dramatismo digno de ópera: la familia fue escoltada a un área discreta para no montar un circo público, donde Padrós se sintió intimidado por siete u ocho agentes. El clímax llegó con el choque de egos: el diputado intentó usar su acreditación parlamentaria como si fuera un escudo mágico, pero el policía le recordó que el carnet de diputado no sirve para acreditar la identidad ante la ley. Tras un forcejeo por la cartera y el pago final de la tasa para no perder el viaje, Padrós llamó a los Mossos d'Esquadra para dejar constancia de sus 'derechos vulnerados'. El giro final es delicioso: los Mossos llegaron solo para comunicarle que el agente nacional lo había denunciado por desobediencia. Padrós, lejos de recapacitar, ha respondido con una lluvia de denuncias en la Fiscalía de Gerona por coacciones, falsedad y vejaciones. Todo por un trámite que cualquier ciudadano resuelve con diez minutos de paciencia y un cambio de chip idiomático.
El Gobierno se ha puesto el kit de maquillaje profesional para vendernos que España es el paraíso laboral. Pedro Sánchez, en un despliegue de optimismo digital en X, presume de que en julio superamos el récord de 22,5 millones de afiliados y que el paro, aunque subió 19.517 personas hasta los 2,31 millones, es el más bajo para un mes de julio desde 2007. Suena estupendo, casi como un anuncio de detergente. Pero aquí entra el 'traductor de la calle'. Mientras el Palacio de la Moncloa nos canta que la calidad del empleo 'mejora en todos los grupos', la realidad es que hay gente que no llega a fin de mes ni con un calendario de 31 días. El dato que el Gobierno prefiere ignorar, enterrado en la EPA del INE, es que el pluriempleo ha reventado todos los relojes. En el segundo trimestre de 2026, 651.200 personas necesitan dos o más trabajos para que la cuenta corriente no se quede en números rojos. Es el pico más alto desde 2008. Hagamos cuentas de barrio: cuando Sánchez aterrizó en el tercer trimestre de 2018, había 424.100 pluriempleados. Hoy, esa cifra ha crecido un 53,55%. Hablamos de 227.100 trabajadores adicionales que han tenido que aceptar un segundo horario, renunciando a sus horas de sueño o al tiempo con sus hijos, solo para compensar que la inflación se ha comido sus salarios como si fueran gominolas. Decir que la calidad del empleo sube mientras el número de personas que necesitan dos nóminas para comer crece un 50% no es optimismo; es una gimnasia mental digna de medalla olímpica. El relato dice 'cohete', pero el bolsillo del trabajador dice 'supervivencia'.
España ha jugado al 'estira y encoge' con las renovables durante una década, y ahora Bruselas ha decidido poner la lupa sobre el único momento en que el Estado no se hizo el sordo. Resulta casi cómico: tras años de ignorar condenas millonarias, España soltó 32 millones de euros en junio de 2025 a la japonesa JGC Holdings. Fue un guiño rápido, un pago puntual que, en lugar de cerrar el problema, ha encendido las alarmas en la Comisión Europea. Ahora los burócratas comunitarios quieren saber si ese desembolso fue una 'ayuda de Estado' encubierta. Es como si alguien que debe la hipoteca, la luz y el agua decide pagarle una cena a un vecino y, de repente, Hacienda le pregunta por qué tiene dinero para 그것 pero no para sus acreedores. Mientras Bruselas se pierde en el laberinto del Derecho comunitario, la realidad es mucho más cruda. España tiene acumuladas decenas de condenas arbitrales que suman miles de millones de euros entre principal e intereses. Un agujero contable que hace que la lista de la compra de un ciudadano medio parezca un presupuesto estatal. Lo divertido es que, como el Estado español aplica la técnica del 'no te veo', los inversores han dejado de pedir permiso en casa y se han ido a tocar la puerta de tribunales en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Allí no les importa si la Comisión Europea tiene pesadillas con el mercado interior; allí mandan la ejecución y la inmunidad soberana. Así que tenemos un escenario surrealista: Bruselas investigando un pago minúsculo de 32 millones mientras, al otro lado del charco, los acreedores ya están cazando activos del Estado español para cobrar sus miles de millones. Una partida de ajedrez donde España ha perdido la reina y ahora discute si el peón que movió en junio de 2025 estaba bien colocado.
Hay quien gestiona el Estado con la urgencia de un incendio y quien lo hace como si estuviera esperando a que termine de cargar un vídeo de YouTube. El lunes 27 de julio, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, intentó avisar a Moncloa de que se venía una tormenta perfecta. Pero Pedro Sánchez, en un despliegue de desapego digno de un domingo de resaca, decidió no coger el teléfono. El balón pasó a Diego Rubio, su jefe de gabinete, quien con la tranquilidad de quien pide una pizza, le soltó a Vivas que 'no se preocupase'. Mientras el CNI veía las señales y Vivas advertía que el flujo superaba las 200 personas al día el miércoles 29 de julio, el Ejecutivo operaba en modo avión. El resultado fue una avalancha el jueves 30 de julio que dejó a la ciudad desbordada. Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, admitió que veían entrar a 100 personas diarias, pero se lavó las manos diciendo que el CNI no le había soplado nada concreto. Es la clásica ingeniería de la responsabilidad: si el dato es vago, el problema no existe hasta que el problema te llega al patio trasero. La ironía alcanzó su cenit cuando, tras la llegada de 72.000 inmigrantes, el presidente aterrizó en Ceuta para el acto protocolario y, apenas dos días después, se largó de vacaciones a La Mareta. Pero no se fue así como así; dejó como legado su 'playlist' musical para el verano. Mientras 5.000 personas —según Vivas— o 2.000 —según la contabilidad creativa del Gobierno— siguen deambulando por las calles, el jefe del Ejecutivo probablemente estaba eligiendo el siguiente hit del verano. Gestionar la frontera como quien gestiona una lista de reproducción de Spotify: ignoras las canciones que no te gustan hasta que el volumen es insoportable.
Mientras España se frotaba los ojos con el romanticismo presupuestario de la 'carta del presidente enamorado', en los pasillos del poder se estaba cocinando un menú mucho menos poético. Mientras unos suspiraban, Leire Díez y Juanma Serrano —el exjefe de gabinete y entonces presidente de Correos— se dedicaban a hacer una limpieza profunda, pero no de polvo, sino de trapos sucios. El objetivo: blindar a Pedro Sánchez frente a la amenaza de unos audios que vinculan a la familia de Begoña Gómez con saunas y prostíbulos. La UCO ha hecho el trabajo sucio de recuperar conversaciones que pretendían ser invisibles. El 26 de abril de 2024, la pareja de gestores empezó a mover fichas, rescatando una fecha clave: el 22 de agosto de 2014. Para el ciudadano medio, es un martes cualquiera; para la cloaca, es la grabación de Villarejo con Francisco Martínez Vázquez hablando de los negocios del suegro del presidente. Es como si, mientras te venden que el coche es nuevo, te encuentres el manual de instrucciones de cómo ocultar que el motor está fundido. Para darle un toque de 'misión imposible', el 28 de abril saltaron a Signal. Porque claro, WhatsApp es para enviar memes de gatitos, pero Signal es donde se coordinan los 'operativos de silencio'. La urgencia era máxima: el 29 de abril, justo antes de que el presidente decidiera no dejar el cargo, Leire y Serrano ya estaban trabajando en 'lo de los audios'. El plan era tan eficaz que, según la UDEF, el jefe los iba a 'poner en un altar'. Un altar construido sobre la base de dos viviendas —una residencia y otra en Almería— financiadas con la ingeniería financiera de los locales de placer. Al final, el amor al país resultó ser, en realidad, un amor muy intenso por el control de daños.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra y reza para que el recibo de la luz no sea un atraco a mano armada, la Administración General del Estado (AGE) ha decidido jugar a la generosidad selectiva. En el primer semestre de 2026, el Gobierno ha repartido 2.996 millones de euros mediante el 'procedimiento negociado sin publicidad'. Para los que no hablamos el idioma burocrático, esto significa adjudicar contratos a dedo, saltándose el baile de la licitación abierta y eligiendo a los amigos de siempre. La progresión es, sencillamente, obscena. En el primer semestre de 2022, este 'estilo' de gestión movía 608 millones. En 2023 subió a 1.204,2 millones y en 2024 alcanzó los 1.356 millones. Tras un breve respiro en 2025 con 1.175,4 millones, el 2026 ha dinamitado cualquier rastro de pudor institucional. Estamos hablando de un salto de 1.640 millones de euros sobre el récord anterior. Es como si el Estado hubiera pasado de tirar el cambio en la hucha a vaciar el colchón completo en una sola jugada. El truco está en el primer trimestre de 2026, donde se concentraron 2.399 millones de euros (frente a los 486,7 millones del mismo periodo de 2025). ¿Dónde fue a parar el dinero? Principalmente al Ministerio de Defensa. Entre motores diésel para la Armada, mantenimiento de buques y juguetes para el Ejército del Aire, la Administración ha decidido que la competencia es un estorbo. La OIReScon ya avisa: muchas de estas adjudicaciones reciben una sola oferta. Básicamente, el Estado pone la mesa, elige al comensal y nosotros, los que pagamos la cuenta, ni siquiera estamos invitados a ver el menú.
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Adolfo Sáez