La noticia es un ejercicio de indignación efectiva, pero peca de basar su análisis de seguridad casi exclusivamente en las quejas de un sindicato. El título es un cebo directo que cumple su función, aunque la falta de respuesta oficial de Instituciones Penitenciarias deja el relato en un monólogo de denuncia.
Hay una forma muy elegante de decir que el sistema ha colapsado: llamarlo 'normalidad'. Mientras el Gobierno se empeña en maquillar la realidad, el Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha tenido que resucitar el antiguo Hospital Militar, cerrado desde 2018, para convertirlo en una morgue improvisada. No es un centro de salud, es un almacén de tragedias donde descansan 79 cuerpos rescatados del mar. De las 77 autopsias realizadas, solo dos personas tienen nombre y apellidos. El resto son fantasmas burocráticos. Aquí es donde entra la 'cortesía' diplomática. Marruecos, con la naturalidad de quien devuelve un paquete que no quiere en Amazon, solo se ha hecho cargo de 40 fallecidos. El resto queda en un limbo de huellas dactilares y ADN que la Guardia Civil intenta descifrar contrarreloj. Es el juego del hambre institucional: si no estás registrado en España, no existes para el sistema, y para Marruecos, simplemente no eres su problema. Mientras tanto, el ministro Fernando Grande-Marlaska lanza cifras al aire como quien tira confeti en un funeral. Habla de 72.000 inmigrantes que entraron, asegura que 70.000 ya se fueron y admite que quedan 2.000. Pero bajen a la playa del Trampolín y verán que la aritmética oficial no cuadra con la arena. El Gobierno de Ceuta estima que siguen allí entre 3.000 y 5.000 personas. El delegado Miguel Ángel Pérez Triano ya admite que la normalidad está 'lejos', aunque el Ejecutivo siga insistiendo en que todo está bajo control. Para rematar el cuadro, el CETI, diseñado para 512 personas, alberga a más de 1.000. Estamos intentando meter un elefante en una caja de zapatos mientras fingimos que el zapato es, en realidad, un palacio.
Hay una mística muy bonita en el sacrificio patrio, pero la mística no llena la panza. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se esmera en vender una postal de control y normalidad en Ceuta, la realidad en el terreno tiene sabor a mortadela barata y cansancio crónico. Los militares desplegados para frenar la crisis migratoria están viviendo una especie de experimento de supervivencia: jornadas maratonianas de 14 a 16 horas, con apenas dos horas de sueño entre turnos, que hacen que cualquier horario de oficina parezca un spa. Lo verdaderamente surrealista es la logística del Ministerio de Defensa. Para mantener a punto a cuerpos que son auténticos templos de resistencia, el menú consiste en un kit que envidiaría un niño de primaria en una excursión: un bocadillo de mortadela (que a veces muta a chorizo o salchichón), una lata de atún con un panecillo, una manzana y dos botellines de agua de 330 mililitros. Si el día es generoso, cambian la fruta por un yogur y cuatro galletas. Es, básicamente, alimentar a un ejército con el presupuesto de una merienda escolar. Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), ha soltado la verdad sin anestesia: no se puede pedir profesionalidad cuando el combustible es insuficiente. A esto sumemos que los soldados duermen hacinados en pasillos y habitaciones de cuarteles que no fueron diseñados para albergar a tanta gente, ya que la mayoría vive fuera con sus familias. Para rematar la jugada, en algunas unidades se ha prohibido el uso del móvil. Oficialmente será por seguridad, pero en la calle se sospecha que es para evitar que el mundo vea que la 'élite' de la defensa española está durmiendo en el suelo y cenando galletas mientras el relato oficial sigue brillando en Madrid.
Hay quienes confunden el Parlamento con un pase VIP para la vida, y luego está Isaac Padrós. El diputado de Junts decidió que el 29 de julio era el día perfecto para librar una guerra de guerrillas lingüística en la comisaría de La Junquera, Gerona. El detonante: un agente de la Policía Nacional que, en un alarde de honestidad brutal, confesó que no hablaba catalán. Padrós, fiel a su dogma, se negó a cambiar al castellano y exigió un traductor, como si estuviera en una cumbre de la ONU y no renovando el DNI de una de sus hijas. La cosa se puso color de hormiga cuando llegó el momento de pasar por caja. Padrós, al mando de una familia numerosa, se indignó al descubrir que el trámite no era gratis. El agente le señaló un cartel informativo —detalle irónico considerando que el diputado es invidente— que indicaba que la exención debía avisarse previamente. El resultado fue un despliegue de dramatismo digno de ópera: la familia fue escoltada a un área discreta para no montar un circo público, donde Padrós se sintió intimidado por siete u ocho agentes. El clímax llegó con el choque de egos: el diputado intentó usar su acreditación parlamentaria como si fuera un escudo mágico, pero el policía le recordó que el carnet de diputado no sirve para acreditar la identidad ante la ley. Tras un forcejeo por la cartera y el pago final de la tasa para no perder el viaje, Padrós llamó a los Mossos d'Esquadra para dejar constancia de sus 'derechos vulnerados'. El giro final es delicioso: los Mossos llegaron solo para comunicarle que el agente nacional lo había denunciado por desobediencia. Padrós, lejos de recapacitar, ha respondido con una lluvia de denuncias en la Fiscalía de Gerona por coacciones, falsedad y vejaciones. Todo por un trámite que cualquier ciudadano resuelve con diez minutos de paciencia y un cambio de chip idiomático.
Hay quien gestiona el Estado con la urgencia de un incendio y quien lo hace como si estuviera esperando a que termine de cargar un vídeo de YouTube. El lunes 27 de julio, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, intentó avisar a Moncloa de que se venía una tormenta perfecta. Pero Pedro Sánchez, en un despliegue de desapego digno de un domingo de resaca, decidió no coger el teléfono. El balón pasó a Diego Rubio, su jefe de gabinete, quien con la tranquilidad de quien pide una pizza, le soltó a Vivas que 'no se preocupase'. Mientras el CNI veía las señales y Vivas advertía que el flujo superaba las 200 personas al día el miércoles 29 de julio, el Ejecutivo operaba en modo avión. El resultado fue una avalancha el jueves 30 de julio que dejó a la ciudad desbordada. Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, admitió que veían entrar a 100 personas diarias, pero se lavó las manos diciendo que el CNI no le había soplado nada concreto. Es la clásica ingeniería de la responsabilidad: si el dato es vago, el problema no existe hasta que el problema te llega al patio trasero. La ironía alcanzó su cenit cuando, tras la llegada de 72.000 inmigrantes, el presidente aterrizó en Ceuta para el acto protocolario y, apenas dos días después, se largó de vacaciones a La Mareta. Pero no se fue así como así; dejó como legado su 'playlist' musical para el verano. Mientras 5.000 personas —según Vivas— o 2.000 —según la contabilidad creativa del Gobierno— siguen deambulando por las calles, el jefe del Ejecutivo probablemente estaba eligiendo el siguiente hit del verano. Gestionar la frontera como quien gestiona una lista de reproducción de Spotify: ignoras las canciones que no te gustan hasta que el volumen es insoportable.
Mientras España se frotaba los ojos con el romanticismo presupuestario de la 'carta del presidente enamorado', en los pasillos del poder se estaba cocinando un menú mucho menos poético. Mientras unos suspiraban, Leire Díez y Juanma Serrano —el exjefe de gabinete y entonces presidente de Correos— se dedicaban a hacer una limpieza profunda, pero no de polvo, sino de trapos sucios. El objetivo: blindar a Pedro Sánchez frente a la amenaza de unos audios que vinculan a la familia de Begoña Gómez con saunas y prostíbulos. La UCO ha hecho el trabajo sucio de recuperar conversaciones que pretendían ser invisibles. El 26 de abril de 2024, la pareja de gestores empezó a mover fichas, rescatando una fecha clave: el 22 de agosto de 2014. Para el ciudadano medio, es un martes cualquiera; para la cloaca, es la grabación de Villarejo con Francisco Martínez Vázquez hablando de los negocios del suegro del presidente. Es como si, mientras te venden que el coche es nuevo, te encuentres el manual de instrucciones de cómo ocultar que el motor está fundido. Para darle un toque de 'misión imposible', el 28 de abril saltaron a Signal. Porque claro, WhatsApp es para enviar memes de gatitos, pero Signal es donde se coordinan los 'operativos de silencio'. La urgencia era máxima: el 29 de abril, justo antes de que el presidente decidiera no dejar el cargo, Leire y Serrano ya estaban trabajando en 'lo de los audios'. El plan era tan eficaz que, según la UDEF, el jefe los iba a 'poner en un altar'. Un altar construido sobre la base de dos viviendas —una residencia y otra en Almería— financiadas con la ingeniería financiera de los locales de placer. Al final, el amor al país resultó ser, en realidad, un amor muy intenso por el control de daños.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra y reza para que el recibo de la luz no sea un atraco a mano armada, la Administración General del Estado (AGE) ha decidido jugar a la generosidad selectiva. En el primer semestre de 2026, el Gobierno ha repartido 2.996 millones de euros mediante el 'procedimiento negociado sin publicidad'. Para los que no hablamos el idioma burocrático, esto significa adjudicar contratos a dedo, saltándose el baile de la licitación abierta y eligiendo a los amigos de siempre. La progresión es, sencillamente, obscena. En el primer semestre de 2022, este 'estilo' de gestión movía 608 millones. En 2023 subió a 1.204,2 millones y en 2024 alcanzó los 1.356 millones. Tras un breve respiro en 2025 con 1.175,4 millones, el 2026 ha dinamitado cualquier rastro de pudor institucional. Estamos hablando de un salto de 1.640 millones de euros sobre el récord anterior. Es como si el Estado hubiera pasado de tirar el cambio en la hucha a vaciar el colchón completo en una sola jugada. El truco está en el primer trimestre de 2026, donde se concentraron 2.399 millones de euros (frente a los 486,7 millones del mismo periodo de 2025). ¿Dónde fue a parar el dinero? Principalmente al Ministerio de Defensa. Entre motores diésel para la Armada, mantenimiento de buques y juguetes para el Ejército del Aire, la Administración ha decidido que la competencia es un estorbo. La OIReScon ya avisa: muchas de estas adjudicaciones reciben una sola oferta. Básicamente, el Estado pone la mesa, elige al comensal y nosotros, los que pagamos la cuenta, ni siquiera estamos invitados a ver el menú.
En el Ministerio del Interior han descubierto un truco de magia contable digno de un experto en evasión fiscal: hacer desaparecer personas de los informes oficiales. Mientras el ciudadano medio se vuelve loco ajustando la lista de la compra por la inflación, Fernando Grande-Marlaska aplica una 'ingeniería financiera' de datos donde 72.000 inmigrantes que colapsaron la frontera del Tarajal el 30 y 31 de julio simplemente no existen en el dosier quincenal. Según el Ministerio, solo entraron 2.383 personas en quince días. Un descuadre que haría temblar a cualquier gestor de barrio, pero que en la alta política se etiqueta como 'requerimiento de análisis específico'. Esta maniobra de borrar el rastro no es un error de principiante, sino un hábito arraigado. Ya lo hicieron en mayo de 2021, cuando 10.000 personas desbordaron la valla tras el episodio del hospital de Logroño y el Frente Polisario. Aquella vez, el dato se quedó en el limbo del 'tratamiento de datos' hasta que, en diciembre, decidieron que simplemente no se recogía. Es la ley del embudo: si la cifra es bonita, se publica; si es un desastre, se archiva en la carpeta de 'eventos extraordinarios'. Curiosamente, este criterio de 'borrado selectivo' no se aplica en Canarias, donde las 20.000 llegadas de 2023 sí constan. El contraste es sangrante. Mientras el CNI supuestamente no avisó de la magnitud del caos, la realidad es que había cuatro agentes en el vallado y una embarcación que se averió justo cuando más se necesitaba. El resultado: una reacción con ocho horas de retraso y un agujero de seguridad por donde, según la Guardia Civil, se colaron presuntos yihadistas. Ahora, mientras el CETI colapsa y unos 2.000 inmigrantes (según la versión oficial, aunque la calle dice que son muchos más) se esconden en los barrios, el Ministerio sigue maquillando el balance para que el flujo migratorio no asuste al electorado.
Comentarios