La noticia es un despliegue de datos frío que oculta la verdadera pregunta: ¿bajo qué 'emergencia' se justifican 3.000 millones sin concurso? Es un ejercicio de transparencia estadística que, irónicamente, sirve para validar la opacidad administrativa.
Hay quien gestiona el Estado con la urgencia de un incendio y quien lo hace como si estuviera esperando a que termine de cargar un vídeo de YouTube. El lunes 27 de julio, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, intentó avisar a Moncloa de que se venía una tormenta perfecta. Pero Pedro Sánchez, en un despliegue de desapego digno de un domingo de resaca, decidió no coger el teléfono. El balón pasó a Diego Rubio, su jefe de gabinete, quien con la tranquilidad de quien pide una pizza, le soltó a Vivas que 'no se preocupase'. Mientras el CNI veía las señales y Vivas advertía que el flujo superaba las 200 personas al día el miércoles 29 de julio, el Ejecutivo operaba en modo avión. El resultado fue una avalancha el jueves 30 de julio que dejó a la ciudad desbordada. Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, admitió que veían entrar a 100 personas diarias, pero se lavó las manos diciendo que el CNI no le había soplado nada concreto. Es la clásica ingeniería de la responsabilidad: si el dato es vago, el problema no existe hasta que el problema te llega al patio trasero. La ironía alcanzó su cenit cuando, tras la llegada de 72.000 inmigrantes, el presidente aterrizó en Ceuta para el acto protocolario y, apenas dos días después, se largó de vacaciones a La Mareta. Pero no se fue así como así; dejó como legado su 'playlist' musical para el verano. Mientras 5.000 personas —según Vivas— o 2.000 —según la contabilidad creativa del Gobierno— siguen deambulando por las calles, el jefe del Ejecutivo probablemente estaba eligiendo el siguiente hit del verano. Gestionar la frontera como quien gestiona una lista de reproducción de Spotify: ignoras las canciones que no te gustan hasta que el volumen es insoportable.
Mientras España se frotaba los ojos con el romanticismo presupuestario de la 'carta del presidente enamorado', en los pasillos del poder se estaba cocinando un menú mucho menos poético. Mientras unos suspiraban, Leire Díez y Juanma Serrano —el exjefe de gabinete y entonces presidente de Correos— se dedicaban a hacer una limpieza profunda, pero no de polvo, sino de trapos sucios. El objetivo: blindar a Pedro Sánchez frente a la amenaza de unos audios que vinculan a la familia de Begoña Gómez con saunas y prostíbulos. La UCO ha hecho el trabajo sucio de recuperar conversaciones que pretendían ser invisibles. El 26 de abril de 2024, la pareja de gestores empezó a mover fichas, rescatando una fecha clave: el 22 de agosto de 2014. Para el ciudadano medio, es un martes cualquiera; para la cloaca, es la grabación de Villarejo con Francisco Martínez Vázquez hablando de los negocios del suegro del presidente. Es como si, mientras te venden que el coche es nuevo, te encuentres el manual de instrucciones de cómo ocultar que el motor está fundido. Para darle un toque de 'misión imposible', el 28 de abril saltaron a Signal. Porque claro, WhatsApp es para enviar memes de gatitos, pero Signal es donde se coordinan los 'operativos de silencio'. La urgencia era máxima: el 29 de abril, justo antes de que el presidente decidiera no dejar el cargo, Leire y Serrano ya estaban trabajando en 'lo de los audios'. El plan era tan eficaz que, según la UDEF, el jefe los iba a 'poner en un altar'. Un altar construido sobre la base de dos viviendas —una residencia y otra en Almería— financiadas con la ingeniería financiera de los locales de placer. Al final, el amor al país resultó ser, en realidad, un amor muy intenso por el control de daños.
En el Ministerio del Interior han descubierto un truco de magia contable digno de un experto en evasión fiscal: hacer desaparecer personas de los informes oficiales. Mientras el ciudadano medio se vuelve loco ajustando la lista de la compra por la inflación, Fernando Grande-Marlaska aplica una 'ingeniería financiera' de datos donde 72.000 inmigrantes que colapsaron la frontera del Tarajal el 30 y 31 de julio simplemente no existen en el dosier quincenal. Según el Ministerio, solo entraron 2.383 personas en quince días. Un descuadre que haría temblar a cualquier gestor de barrio, pero que en la alta política se etiqueta como 'requerimiento de análisis específico'. Esta maniobra de borrar el rastro no es un error de principiante, sino un hábito arraigado. Ya lo hicieron en mayo de 2021, cuando 10.000 personas desbordaron la valla tras el episodio del hospital de Logroño y el Frente Polisario. Aquella vez, el dato se quedó en el limbo del 'tratamiento de datos' hasta que, en diciembre, decidieron que simplemente no se recogía. Es la ley del embudo: si la cifra es bonita, se publica; si es un desastre, se archiva en la carpeta de 'eventos extraordinarios'. Curiosamente, este criterio de 'borrado selectivo' no se aplica en Canarias, donde las 20.000 llegadas de 2023 sí constan. El contraste es sangrante. Mientras el CNI supuestamente no avisó de la magnitud del caos, la realidad es que había cuatro agentes en el vallado y una embarcación que se averió justo cuando más se necesitaba. El resultado: una reacción con ocho horas de retraso y un agujero de seguridad por donde, según la Guardia Civil, se colaron presuntos yihadistas. Ahora, mientras el CETI colapsa y unos 2.000 inmigrantes (según la versión oficial, aunque la calle dice que son muchos más) se esconden en los barrios, el Ministerio sigue maquillando el balance para que el flujo migratorio no asuste al electorado.
En la Moncloa, la gestión de la realidad es un arte delicado que no admite que los datos se filtren antes de que el departamento de marketing político les dé el visto bueno. El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) ha pasado de ser la fortaleza de la estrategia a un patio de colegio donde nadie quiere recoger los juguetes. El detonante: una funcionaria civil con veinte años de trayectoria y ocho años en el puesto, que cometió el pecado capital de hacer su trabajo desde Chiclana de la Frontera. Mientras estaba de vacaciones, publicó una alerta confirmando que 49.000 marroquíes habían entrado en Ceuta el jueves. Un dato real, ya ventilado por la BBC, pero que cayó como un jarro de agua fría sobre Diego Rubio, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, y el Ministerio del Interior. El castigo ha sido una ejecución administrativa quirúrgica. No hubo el habitual 'estilo Moncloa' de dejar que la persona busque un hueco en otro ministerio durante un par de meses para salvar las apariencias. No. Aquí hubo despido fulminante por teléfono el viernes y un ultimátum de 72 horas para recoger sus trastos, como si estuviera desalojando un piso compartido tras una ruptura traumática. La general Loreto Hurtado, la jefa, ha preferido el camino de la menor resistencia, sacrificando a una profesional veterana que ya había trabajado con el general Miguel Ángel Ballesteros desde 2009 en el IEEE. Ahora el resultado es patético: el DSN, el cerebro de la seguridad del Estado, tiene sus redes sociales fosilizadas desde el 31 de julio. Nadie quiere heredar el puesto. En el pasillo se comenta que la funcionaria ha sido tratada 'como si hubiera matado a alguien' solo por poner una cifra que luego Fernando Grande-Marlaska actualizaría a 72.000 personas. Al final, la seguridad nacional consiste en que el dato no moleste al jefe, aunque la realidad ya esté entrando por el espigón del Tarajal.
Bruselas ha decidido que conducir es un privilegio demasiado peligroso para dejárselo a los humanos. En un despliegue de paternalismo tecnológico, la Comisión Europea planea que para 2030 tu coche no solo te avise de que vas rápido, sino que decida que el pedal del acelerador es ahora un adorno. No es un simple aviso sonoro; es un bloqueo electrónico del motor. Básicamente, quieren que el vehículo te dé un 'estirón de orejas' digital cada vez que intentes adelantar la inercia de la burocracia. Todo esto se envuelve en el programa Visión Cero, un plan con vistas al 2050 que aspira a que nadie muera en carretera. Noble objetivo, sí, pero el método es el de un profesor suspicaz: quitarte el juguete mientras juegas. Actualmente, la Asistencia Inteligente de Velocidad es como ese copiloto pesado que te dice 'te has pasado' mientras tú ignoras la señal y sigues tu camino. Pero la nueva propuesta quiere que el coche gestione la potencia del motor mediante el sistema Galileo, GPS y cámaras. Si la autoridad decide que hoy llueve y el límite baja, tu coche se convertirá en una tortuga electrónica sin que tú tengas voz ni voto. El problema es que la tecnología no es infalible. Confiar la potencia de un motor a un mapa digital que a veces confunde una calle lateral con la autopista es como dejar que un niño de cinco años gestione tu cuenta corriente: el riesgo de error es altísimo. Imagina intentar una maniobra de emergencia o un adelantamiento crítico y que el coche, convencido de que estás en una zona escolar, decida que acelerar es un pecado. La seguridad, en manos de un algoritmo que no distingue una señal de obra de una definitiva, podría convertirse en la trampa más sofisticada de la historia europea.
Hablemos claro: en este país, el Rey es como ese primo bienintencionado que quiere ir a todas las fiestas, pero que necesita que el dueño de la casa le abra la puerta. Don Felipe lleva doce años de reinado acumulando kilómetros en el odómetro de la empatía. Ha estado en el barro de Paiporta aguantando pedradas, en el caos del 11-M, en el polvo de Lorca y hasta en las encerronas separatistas de Barcelona el 26 de agosto de 2017. Básicamente, si ha habido una tragedia, el Rey ha estado allí, a veces incluso antes que el jefe del Gobierno. Pero aquí llega la paradoja. Mientras algunos critican que se le vea regateando en la Copa del Rey Mapfre en Palma —porque claro, hacer deporte es el pecado capital cuando hay tensiones geopolíticas—, la realidad es que Ceuta y Melilla siguen siendo el gran agujero en su agenda. No es que Don Felipe no quiera; es que en una Monarquía Parlamentaria, el Rey no se mueve sin el 'ok' del Ejecutivo. Ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez le han dado el pase. Es como querer ir a un concierto pero que el portero del Gobierno no te deje entrar al recinto. La última vez que los Reyes pisaron esas ciudades fue en 2007, bajo el mandato de Juan Carlos y Sofía. Desde entonces, el silencio institucional es ensordecedor frente a las amenazas de Marruecos. Mientras el Rey se encierra cuatro días en el Palacio de Marivent para coordinar llamadas con Alberto Núñez Feijóo y analizar la tragedia de las decenas de vidas perdidas, el ciudadano de a pie ve la vela de un barco y piensa que hay indolencia. No es falta de voluntad, es que la Corona es el copiloto de un coche que conduce el Gobierno, y ahora mismo, el volante está bloqueado.
Hay una forma muy sofisticada de decir 'aquí no ha pasado nada' y consiste en borrar la web y despedir a quien se atreva a contar la verdad. En el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, el botón de 'suprimir' ha sido la herramienta de gestión más eficiente de Pedro Sánchez. La jefa de prensa cometió el pecado capital de hacer su trabajo: el viernes 31 de julio publicó que 49.000 personas habían cruzado la frontera de Ceuta. Un dato que, para los señores del poder, resultó ser un ruido insoportable. La respuesta fue un tajo quirúrgico: destitución inmediata por teléfono mientras la funcionaria disfrutaba de sus vacaciones. Un detalle exquisito para que solo volviera a la oficina a recoger sus cosas y marcharse en silencio. Mientras tanto, la ingeniería de la invisibilidad ha hecho su magia. Han limpiado la web de todo rastro de la invasión, dejando que los últimos documentos daten del 30 de julio. Para distraer al personal, han sustituido la crisis fronteriza por alertas sobre el ébola en Uganda o resúmenes rápidos sobre Ucrania y Oriente Próximo. Es como si en tu casa se estuviera incendiando la cocina y tú decidieras poner un cartel en la puerta avisando de que en el Amazonas hay mosquitos. El contraste de cifras es un ejercicio de gimnasia mental. Pasamos de los 49.000 iniciales de la funcionaria sacrificada, a los 50.000 del Ministerio del Interior, luego a los 60.000 del Gobierno autonómico y, finalmente, al sablazo definitivo de Fernando Grande-Marlaska: 72.000 inmigrantes. Ahora juegan al escondite con los que quedan: Marlaska dice que solo hay 2.000, pero Juan Jesús Vivas sostiene que siguen allí entre 3.000 y 5.000 personas. Borrar la web es fácil; borrar la realidad de las calles de Ceuta requiere un optimismo casi místico.
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