El artículo cumple con las expectativas del título al revelar la polémica sobre la enseñanza del catalán en las Escuelas Europeas. La crítica de Ana Collado al Ministerio por priorizar el catalán sobre otras lenguas o necesidades es mordaz. Sin embargo, el artículo podría profundizar más en las implicaciones políticas y educativas de esta medida. El sensacionalismo está contenido, pero la advertencia de Collado sobre el futuro de los profesores en estas escuelas es un toque crítico.
El Tribunal Supremo ha confirmado la prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, por su presunto papel directivo en la trama del caso PSOE. La Sala de Apelaciones del Supremo, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, ha desestimado el recurso de apelación presentado por Cerdán contra el auto del magistrado instructor, Leopoldo Puente, del 30 de junio. El tribunal comparte con el juez Puente que existe el riesgo de 'obstrucción de la investigación', que justifica la medida cautelar de prisión. La investigación se centra en el cobro de comisiones a partir de la adjudicación de obras públicas a distintas empresas. El marco indiciario desvela la naturaleza de la actividad delictiva y el modo en que se desarrolló, con un flujo monetario de alrededor de un millón de euros. El Supremo destaca que las conversaciones telefónicas incautadas son 'extraordinariamente elocuentes' de la realidad de los hechos y de la participación de los investigados. El contrato privado de compraventa de participaciones en la empresa Servinabar, donde Santos Cerdán adquirió 1.350 participaciones, es considerado un indicio más de su participación. La resolución rechaza que la investigación sea prospectiva o general, y destaca que en delitos habituales o continuados, las evidencias obligan a investigar todas las cuestiones relacionadas.
El Partido Popular (PP) ha decidido tumbar el decreto energético del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros hace cuatro semanas, buscaba dar respuesta al gran apagón que fundió a negro la península ibérica el pasado mes de abril. El decreto contemplaba soluciones tecnológicas para mejorar el sistema eléctrico, un impulso al almacenamiento de las plantas renovables y la agilización de permisos para su instalación. El PP, con Miguel Tellado como secretario general, aseguró que el decreto no va a resolver los problemas de apagones en España. Tellado afirmó que el presidente Pedro Sánchez no tiene el apoyo de sus socios para gobernar ni legislar. El grupo popular tenía la directriz de 'salir a ganar' en el Pleno extraordinario del Congreso, que se celebraba el martes. El PP decidió oponerse al decreto, siguiendo las presiones de su bancada y a pesar de las fuertes presiones del sector eléctrico. Junts también se opone al decreto. El PP presentará una proposición de ley para garantizar las inversiones en materia de energía en coordinación con las comunidades autónomas. Fuentes oficiales del PP insisten en que el presidente está acorralado y que debe convocar elecciones de forma inmediata debido a la situación de corrupción y bloqueo político.
El Partido Popular (PP) ha votado en contra del decreto antiapagones en el Congreso de los Diputados, argumentando que no incluye medidas suficientes para evitar futuros apagones. El decreto, aprobado en el Consejo de Ministros el 24 de junio, buscaba reforzar la red eléctrica y garantizar la estabilidad del suministro tras el apagón del 28 de abril que dejó sin electricidad a toda España durante 24 horas. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones en otoño como 'única salida' a la situación política actual. El voto en contra del PP, sumado al de Vox, Junts, Podemos y BNG, ha resultado en la rechazo de la iniciativa, con un total de 183 votos en contra. El PP ha anunciado que presentará una proposición de ley en el Congreso para garantizar las inversiones necesarias en materia de energía. Fuentes del PP han destacado que el Gobierno no ha dado explicaciones sobre el apagón del 28 de abril y que no ha habido 'una sola dimisión o cese' tras el incidente. El líder del PP ha destacado que Sánchez 'tiene votos para llegar pero no para seguir'. La decisión del PP ha sido determinante para impedir la aprobación del decreto-ley.
El ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro intentó vender Indra a General Dynamics en 2014. La SEPI compró el 20% de Indra en verano de 2013 por 10,20 euros por acción. Montoro nombró consejero dominical a Adolfo Menéndez Menéndez, hermano de Santiago Menéndez Menéndez, director de la Agencia Tributaria. La intención era revender la participación a General Dynamics, pero el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, se negó a vender a un precio inferior. La operación quedó enterrada definitivamente cuando María Dolores de Cospedal sustituyó a Morenés en Defensa en 2016. El caso Montoro implica a varios ex altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, incluyendo a Pedro Morenés, Pedro Argüelles, Pilar Platero y Felipe Martínez Rico. La SEPI es el holding empresarial del Estado que depende del Ministerio de Hacienda. El 16% de Hispasat fue vendido a Abertis para financiar la compra de Indra. Telefónica también entró en Indra con un 5% y nombró a Fernando Abril-Martorell como presidente.
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, por delitos de estafa y falsedad. Según el escrito del Ministerio Público del 9 de julio, Francis Puig es acusado de delito continuado de falsedad en documento mercantil y autor por cooperación necesaria del delito continuado de falsedad en documento mercantil. También se le considera autor material del delito de estafa agravada o subsidiariamente de apropiación indebida agravada. La petición de condena se solicita por el delito de falsedad continuada en concurso real con un delito de apropiación indebida. Francis Puig y su socio, Juan Enrique Adell Bover, solicitaron ayudas a la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña entre 2015 y 2019. La estafa se habría producido durante los años 2015-2019. La Fiscalía también solicita que Francis Puig indemnice a la Generalitat Valenciana con 58.866 euros y a la Generalitat de Cataluña con 51.825 euros, un total de 110.691 euros. Juan Enrique Adell Bover se enfrenta a tres años de prisión y deberá indemnizar con 74.710 euros. La investigación de la Guardia Civil constató facturas duplicadas y cruzadas, y el juez Jorge Martínez Ribera descartó el fraude en las subvenciones públicas al no superar el importe de 120.000 euros.
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