El contenido cumple con las expectativas del título, pero adolece de cierta extensión en la explicación jurídica. La calidad informativa es alta, pero podría ser más concisa. No se aprecian elementos sensacionalistas, pero sí una detallada exposición de los hechos y la investigación.
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, defendió a la diputada Noelia Núñez afirmando que no hay que avergonzarse por no tener una licenciatura y estar en política. Criticó la doble vara de medir del PSOE, que ha exigido la dimisión de Núñez por no haber acabado sus estudios, mientras acepta situaciones similares en otros casos, como el de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Ayala, secretario de Turismo del PSOE, destacó que Núñez no tiene un complejo por ser de Fuenlabrada, ciudad del sur madrileño.
El Consejo de Gobierno de las Escuelas Europeas aprobó el 10 de abril que el catalán se pueda impartir como Otra Lengua Nacional. Esta medida, acordada entre Junts y el PSOE para investir a Pedro Sánchez presidente, fue aprobada con la condición de que España costee los gastos. Ana Collado, miembro del PP europeo, advierte que esto hará que 'todos los profesores de las escuelas europeas van a acabar siendo de Cataluña o de sus influencias'. Un profesor en estas escuelas puede ganar alrededor de 10.000 € netos al mes. Collado denuncia que los profesores habilitados para dar catalán no podrán acceder por la vía habitual salvo que el Gobierno incluya el requisito de dominar catalán. Si esto ocurre, 'todos los profesores van a acabar siendo catalanes'. También señala que con solo dos o tres alumnos que soliciten catalán, se deberá crear un grupo para ofrecer la asignatura, lo que contrasta con clases de español en Bruselas con más de 30 alumnos. Collado acusa al Ministerio de 'dar prioridad a algo que no es una demanda ni una necesidad'.
El Partido Popular (PP) ha decidido tumbar el decreto energético del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros hace cuatro semanas, buscaba dar respuesta al gran apagón que fundió a negro la península ibérica el pasado mes de abril. El decreto contemplaba soluciones tecnológicas para mejorar el sistema eléctrico, un impulso al almacenamiento de las plantas renovables y la agilización de permisos para su instalación. El PP, con Miguel Tellado como secretario general, aseguró que el decreto no va a resolver los problemas de apagones en España. Tellado afirmó que el presidente Pedro Sánchez no tiene el apoyo de sus socios para gobernar ni legislar. El grupo popular tenía la directriz de 'salir a ganar' en el Pleno extraordinario del Congreso, que se celebraba el martes. El PP decidió oponerse al decreto, siguiendo las presiones de su bancada y a pesar de las fuertes presiones del sector eléctrico. Junts también se opone al decreto. El PP presentará una proposición de ley para garantizar las inversiones en materia de energía en coordinación con las comunidades autónomas. Fuentes oficiales del PP insisten en que el presidente está acorralado y que debe convocar elecciones de forma inmediata debido a la situación de corrupción y bloqueo político.
El Partido Popular (PP) ha votado en contra del decreto antiapagones en el Congreso de los Diputados, argumentando que no incluye medidas suficientes para evitar futuros apagones. El decreto, aprobado en el Consejo de Ministros el 24 de junio, buscaba reforzar la red eléctrica y garantizar la estabilidad del suministro tras el apagón del 28 de abril que dejó sin electricidad a toda España durante 24 horas. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones en otoño como 'única salida' a la situación política actual. El voto en contra del PP, sumado al de Vox, Junts, Podemos y BNG, ha resultado en la rechazo de la iniciativa, con un total de 183 votos en contra. El PP ha anunciado que presentará una proposición de ley en el Congreso para garantizar las inversiones necesarias en materia de energía. Fuentes del PP han destacado que el Gobierno no ha dado explicaciones sobre el apagón del 28 de abril y que no ha habido 'una sola dimisión o cese' tras el incidente. El líder del PP ha destacado que Sánchez 'tiene votos para llegar pero no para seguir'. La decisión del PP ha sido determinante para impedir la aprobación del decreto-ley.
El ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro intentó vender Indra a General Dynamics en 2014. La SEPI compró el 20% de Indra en verano de 2013 por 10,20 euros por acción. Montoro nombró consejero dominical a Adolfo Menéndez Menéndez, hermano de Santiago Menéndez Menéndez, director de la Agencia Tributaria. La intención era revender la participación a General Dynamics, pero el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, se negó a vender a un precio inferior. La operación quedó enterrada definitivamente cuando María Dolores de Cospedal sustituyó a Morenés en Defensa en 2016. El caso Montoro implica a varios ex altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, incluyendo a Pedro Morenés, Pedro Argüelles, Pilar Platero y Felipe Martínez Rico. La SEPI es el holding empresarial del Estado que depende del Ministerio de Hacienda. El 16% de Hispasat fue vendido a Abertis para financiar la compra de Indra. Telefónica también entró en Indra con un 5% y nombró a Fernando Abril-Martorell como presidente.
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, por delitos de estafa y falsedad. Según el escrito del Ministerio Público del 9 de julio, Francis Puig es acusado de delito continuado de falsedad en documento mercantil y autor por cooperación necesaria del delito continuado de falsedad en documento mercantil. También se le considera autor material del delito de estafa agravada o subsidiariamente de apropiación indebida agravada. La petición de condena se solicita por el delito de falsedad continuada en concurso real con un delito de apropiación indebida. Francis Puig y su socio, Juan Enrique Adell Bover, solicitaron ayudas a la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña entre 2015 y 2019. La estafa se habría producido durante los años 2015-2019. La Fiscalía también solicita que Francis Puig indemnice a la Generalitat Valenciana con 58.866 euros y a la Generalitat de Cataluña con 51.825 euros, un total de 110.691 euros. Juan Enrique Adell Bover se enfrenta a tres años de prisión y deberá indemnizar con 74.710 euros. La investigación de la Guardia Civil constató facturas duplicadas y cruzadas, y el juez Jorge Martínez Ribera descartó el fraude en las subvenciones públicas al no superar el importe de 120.000 euros.
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