El Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, liderado por el juez Rubén Rus, ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar leyes que beneficiaban a empresas gasísticas clientes del despacho de abogados Equipo Económico (EE), fundado por él mismo.
La investigación, que dura 7 años, ha mantenido un secreto irregular, vulnerando el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de los investigados. Fuentes jurídicas afirman que es 'inaudito' mantener una investigación bajo secreto tanto tiempo sin justificación. En total, hay 28 personas físicas y 6 personas jurídicas involucradas por siete delitos, incluyendo cohecho, fraude y corrupción.
El artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el secreto de sumario puede durar hasta un mes, prorrogable mensualmente. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, fue sancionada con 1.000 euros por desobedecer órdenes del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
El Tribunal Supremo confirmó la sanción este mes.
Crítica:
El contenido no cumple con las expectativas del título, ya que no se explica claramente por qué la investigación puede ser anulada. La calidad informativa es buena, pero hay un toque sensacionalista al destacar la sanción a la fiscal. Faltan detalles clave sobre la trama y sus consecuencias.
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