Crítica:
Título y contenido alineados pero con cierta falta de profundidad en contexto histórico. Sensacionalismo al destacar críticas de EEUU.
La Administración Trump ha aumentado la presión sobre España debido a sus vínculos con China y Venezuela. El Gobierno estadounidense considera que las directrices de política internacional de España causan 'perplejidad' y ha decidido 'monitorizar' los vínculos del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela. Esto podría ser solo un primer paso para ejercer presión sobre las relaciones geoestratégicas impulsadas por el Gobierno español. El objetivo sería establecer el eventual grado de responsabilidad de Zapatero en el intento de legitimar internacionalmente a Nicolás Maduro y evaluar su influencia sobre el gabinete de Pedro Sánchez. La segunda pata de este plan podría afectar directamente a empresas españolas como Indra, Navantia, Repsol y Telefónica, que tienen relevantes intereses en Estados Unidos y el resto del continente americano. Estados Unidos también presiona a España por vías de seguridad, especialmente después de que el Gobierno español adjudicara contratos clave para la seguridad a la china Huawei. El presidente de EEUU y sus colaboradores consideran que la quiebra de seguridad es 'insalvable' y que la información depositada en los servidores de Huawei puede acabar en manos de las autoridades chinas. La cooperación en materia de seguridad entre Washington y Madrid se eleva a varios niveles, incluyendo la gestión de bases en Rota y Morón de la Frontera, y la colaboración en escenarios como Irak o el flanco este de la OTAN.
La Administración Trump amenaza con entorpecer intereses estratégicos de España debido a sus vínculos con China y Venezuela. El Departamento de Estado y el Despacho Oval expresan 'perplejidad' por las directrices en política internacional de España. EEUU contempla 'redefinir' la valoración pública sobre las relaciones de España con países 'especialmente comprensivos' con la dictadura bolivariana. La decisión de monitorear los vínculos del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela sería solo un primer paso. El objetivo sería ejercer presión sobre las relaciones geoestratégicas impulsadas por el Gobierno español, teniendo presente la influencia de Zapatero sobre el gabinete de Pedro Sánchez. Empresas españolas como Indra, Navantia, Repsol y Telefónica podrían verse perjudicadas. EEUU también presiona a España por vías de seguridad, especialmente por el giro asiático de Sánchez adjudicando contratos clave a la china Huawei. El Gobierno español anticipó que no compraría aviones de combate F-35 norteamericanos. Moncloa trabaja con un plan de contingencia en caso de que la crisis bilateral erosione las relaciones comerciales o en materia de seguridad.
Equipo Económico (EE), el despacho de asesoramiento fiscal fundado por Cristóbal Montoro, ha alcanzado el mayor nivel de ingresos de la última década. Según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, la sociedad Global Afteli logró unas ventas en 2024 de 4,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 24% respecto a los 3,7 millones del ejercicio anterior. El beneficio después de impuestos se triplicó en 2024, alcanzando los 132.754 euros. La investigación del Juzgado número 2 de Tarragona implica a EE en presuntos delitos de cohecho, fraude y corrupción, relacionados con pagos de empresas gasistas por asesorías que consiguieron cambios legislativos en materia fiscal. Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, niega los hechos. En 2011, EE logró unas ventas de 5,5 millones de euros. El instructor cifra en casi 780.000 euros las mordidas que EE se habría llevado. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectó un desvío masivo de fondos a través de un complejo entramado societario a doce países.
Un grupo de 150 líderes empresariales del sector del automovilismo eléctrico, incluyendo representantes de Volvo, Uber, Cabify, Iberdrola, Ikea, LG Energy Solutions, Polestar, Vektor, Zunder, Wallbox y Circontrol, han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, pidiendo que mantenga el mandato legal que prohíbe la venta de coches y furgonetas con emisiones de CO2 en la Unión Europea a partir de 2035. La carta destaca que cualquier cambio o retraso en este compromiso debilitaría la posición industrial de la UE y pondría en peligro su liderazgo tecnológico. Los firmantes argumentan que la Comisión Europea fijó este objetivo en 2023, considerándolo un hito climático que señaló la intención de Europa de liderar la apuesta global por la movilidad limpia, la seguridad energética y la innovación industrial. Desde entonces, han comprometido cientos de miles de millones de euros en nuevas inversiones, creando más de 150.000 nuevos empleos, con ejemplos como las gigafactorías de baterías en Francia y Alemania y las fábricas de automóviles nuevas o readaptadas en Eslovaquia y Bélgica. El parque automovilístico español tiene una edad media de 14,5 años y los salarios reales medios de los españoles han subido un 2,76% en los últimos 30 años, mientras que el precio de los automóviles ha crecido hasta un 89% en algunos casos. El precio del Volkswagen Golf ha subido un 89%.
La activista propalestina tilda a OKDIARIO de ser un 'medio de propaganda política ultrafascista'. Anima a sus seguidores a 'no consumir' este medio que 'publica bulos para generar odio'. La flotilla pro-Gaza, rumbo a Israel, ha parado en Menorca. OKBALEARES publicó vídeos de las fiestas en redes sociales. La activista propalestina ha publicado un vídeo en redes sociales asegurando que la noticia de OKBALEARES es un 'bulo' que intenta 'desacreditar' la travesía de la Flotilla Global Sumud. Esta misión está encabezada por Greta Thunberg, Ada Colau y Eduard Fernández. La flotilla lleva 300 toneladas de comida y agua. La parada en Menorca fue 'para repostar y arreglar algunos fallos técnicos'. La noticia publicada en OKBALEARES muestra a activistas bailando y cantando '¡free palestine!'. La misión busca romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel. La flotilla llegará a Gaza a mediados de septiembre. Son muchas las embarcaciones que han partido desde puertos como Génova, Catania y Túnez.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, deberá acudir a un juzgado para retractarse de presuntas injurias a la Policía. El sindicato policial JUPOL denunció a Belarra tras sus declaraciones durante los incidentes en Torre Pacheco, Murcia, el 21 de julio, en las que acusó a los agentes de promover 'un terrorismo nazi de extrema derecha' y afirmó que la Policía Nacional realiza 'redadas racistas en cada parada de metro'. JUPOL reclama una rectificación pública y masiva en medios de comunicación estatales, disculpas públicas, la eliminación del tuit del 21 de julio y una indemnización de 30.000 euros por daños y perjuicios. Si no se retracta, JUPOL interpondrá una querella penal por injurias graves con publicidad contra funcionarios públicos. El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, considera que estas afirmaciones constituyen un grave atentado contra el honor y profesionalidad de los agentes.
El Congreso de los Diputados ha decidido aplicar los nuevos criterios restrictivos para acreditar a los medios de comunicación solo a los nuevos solicitantes, y no a los que ya están acreditados. Esta decisión surge tras las críticas de periodistas de izquierda y de la UGT, que consideraban que la nueva normativa podría dejar fuera a algunos medios de comunicación. La instrucción aprobada establece que, para solicitar la autorización, la dirección o la persona que ejerza la máxima responsabilidad del medio debe dirigir una carta de presentación en documento corporativo, en el que se haga constar el número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. El número mínimo de trabajadores en plantilla del medio debe ser de diez. El periodista Antonio Maestre se quejó de que esta medida dejaba fuera a medios como La Marea, mientras que permitía acreditarse al medio de Javier Negre. La Agrupación de Periodistas de UGT mostró su 'profunda preocupación' ante la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre la acreditación de medios de comunicación, considerándola un retroceso preocupante para la profesión y una amenaza a la pluralidad informativa en el Parlamento. Según fuentes parlamentarias, la aplicación de la norma será a partir de las solicitudes de nuevas acreditaciones, lo que supone que los afectados podrán seguir haciendo su trabajo. La Presidencia del Congreso de los Diputados confirmó que no se retirarán las acreditaciones actuales.
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