Crítica:
El título promete una división en Sumar, pero el artículo entrega. La crítica es más bien por qué no se profundiza más en las implicaciones de esta votación.
El título promete una división en Sumar, pero el artículo entrega. La crítica es más bien por qué no se profundiza más en las implicaciones de esta votación.
El Ministerio de Transición Ecológica ha ocultado la nueva capacidad eléctrica para Cataluña tras una reunión con la Generalitat y Red Eléctrica. Se presentaron propuestas similares a las del País Vasco, que obtuvo 4,8 gigavatios (17% del total). Hay 27,7 gigavatios en juego hasta 2030. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, está llevando a cabo una ronda de contactos con regiones. La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, calificó la reunión con el ministerio de 'decepcionante'. Cataluña cuenta con 378 subestaciones, 300 con cero capacidad disponible y 78 con 1.306,4 megavatios disponibles. La consejera catalana Silvia Paneque aseguró la conexión eléctrica para proyectos como la petroquímica de Tarragona y desalinizadoras.
El Tribunal Constitucional inadmitió la demanda de amparo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, investigado en el caso Koldo. La corte de garantías consideró que el asunto no reviste especial trascendencia constitucional. Cerdán se encuentra en prisión provisional desde el 30 de junio. Su defensa, liderada por Benet Salellas, agotó la vía nacional, lo que permite elevar la cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El abogado ya usó esta estrategia con Jordi Cuixart en el procés. La defensa considera que el Supremo vulneró el derecho a la libertad y presunción de inocencia de Cerdán. El TEDH podría recibir la queja en los próximos cuatro meses. La estrategia de defensa se centra en buscar justicia fuera de España, en tribunales considerados no politizados.
La Audiencia de Badajoz ha decidido enviar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación y tráfico de influencias. También serán juzgados el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el antiguo asesor de Moncloa Luis Carrero. La acusación pide tres años de cárcel para ellos por la adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz. La decisión es firme y no admite recurso, por lo que solo falta señalar la fecha de la vista, que se celebrará previsiblemente antes de que finalice el año. La instrucción fue realizada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, quien concluyó que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a David Sánchez y a otros diez acusados. La Fiscalía pedía archivar la causa por sustentarse en «conjeturas».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido a José Luis Rodríguez Zapatero la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la máxima distinción para un jurista en España. Esta decisión ha generado controversia debido a que Zapatero no es conocido por sus publicaciones jurídicas ni tiene un gran currículo como abogado. Los méritos alegados por el Gobierno para otorgarle esta distinción incluyen su papel en la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, su visión económica e histórica, y la Alianza de Civilizaciones. Sin embargo, el currículum de Zapatero utilizado por el ministro Félix Bolaños para justificar la condecoración ha sido cuestionado, ya que incluye logros polémicos como la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Dependencia, que algunos consideran perjudiciales para la economía española. Además, se critica que Zapatero no tiene obra doctrinal ni ha ejercido como abogado de relevancia. La concesión de esta medalla ha sido vista como una contrapartida por los servicios prestados por Zapatero al actual Gobierno, especialmente en momentos de crisis política. El acto de entrega de la condecoración, celebrado el 23 de junio de 2025, costó 36.000 euros, y otro homenaje posterior, el 27 de junio, implicó un desembolso de 41.994,02 euros. La Fundación Hay Derecho ha criticado duramente esta decisión, considerándola una 'provocación' y una 'farsa institucional'.
El Partido Popular (PP) ha solicitado al juez Arturo Zamarriego que investigue al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías por presuntamente financiar a Leire Díez, exmilitante socialista, a través de su empresa Zaño Sociedad Consultora. Según el PP, Díez fue contratada por esta consultora entre junio y octubre de 2024, mientras realizaba actividades presuntamente delictivas, como ofrecer favores a cambio de información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía. El PP argumenta que existe una 'evidente coincidencia temporal' entre la contratación de Díez y las conductas delictivas que se le atribuyen. También piden que se recabe la vida laboral de Díez, se registre el domicilio social de la empresa y se obtengan correos electrónicos. Además, solicitan que declare como testigo el empresario José Ruz, imputado en el 'caso Koldo', por un supuesto pago de 36.000 euros a la consultora en 2022.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, enfrenta críticas tras revelarse que las pulseras antimaltrato, destinadas a proteger a mujeres maltratadas, han fallado. A pesar de asegurar que 'han funcionado en todo momento y seguirán funcionando', un fiscal especializado en violencia machista denunció que hubo múltiples alertas sobre los fallos del sistema, similar a lo ocurrido con la ley del 'solo sí es sí'. El PP ha pedido la reprobación de Redondo, acusándola de incompetencia y de poner en riesgo la vida de las mujeres maltratadas. Mientras, el presidente Pedro Sánchez participa en eventos feministas en Nueva York, pero la imagen de Redondo ha eclipsado su agenda. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido una investigación sobre el funcionamiento de las pulseras. El PSOE intenta contrarrestar la polémica con jornadas de Igualdad y anuncios de leyes, pero enfrenta críticas incluso del diario El País por su opacidad informativa.
El exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, presentó gastos por 800.000 euros ante el partido, según fuentes de Ferraz y de la investigación judicial. Estos gastos, que se remontan a 30 meses, ascienden a cerca de 27.000 euros mensuales, triplicando los 9.000 euros al mes informados en 2021. Fuentes judiciales sugieren que estas cantidades podrían provenir de comisiones ilegales abonadas por empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, que Ábalos transformaba en fondos legales presentándolos como gastos de comidas y desplazamientos. El gerente del PSOE, Mariano Moreno, y Ábalos acordaron que este podría 'complementar su salario' con una especie de sobresueldo, permitiendo a la gerencia presentar gastos imputables al secretario de Organización. El encargado de autorizar estos gastos era Moreno, afín a la entonces vicesecretaria general Adriana Lastra. La persona que presentaba estos gastos en nombre de Ábalos era Koldo García. La investigación judicial y grabaciones reveladas por la UCO de la Guardia Civil sugieren que Ábalos y otros, incluido Santos Cerdán, participaron en un presunto entramado criminal para cobrar comisiones por amañar contratos de obra pública. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tiene 'indicios suficientes' de financiación ilegal del PSOE. La operativa describía una presunta financiación ilegal del partido, con fondos opacos transformados en capital legal mediante la presentación de gastos ficticios o inflados ante la sede socialista de Ferraz.
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