El título promete un giro inesperado en los planes de Alvise, pero el contenido revela una decisión más simbólica que sustancial. El artículo informa con detalle, pero podría profundizar más en las implicaciones legales y sociales de la decisión.
La Intervención General del Estado (IGAE) ha descubierto un fraude masivo en la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas a Alberto Barrabés, gurú de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Entre 2017 y 2024, Barrabés se embolsó más de 25 millones de euros a través de contratos opacos, aprovechando una red de complicidades que involucró a varias administraciones públicas, incluyendo Red.es y el Ministerio de Hacienda. A pesar de estar imputado por la Fiscalía Europea, Barrabés continuó beneficiándose de estos contratos. El informe de la IGAE describe este caso como un «fraude de ley» que utilizó fondos europeos destinados a paliar la pandemia de coronavirus. El caso implica una cadena de complicidades y opacidad en la adjudicación de licitaciones millonarias.
Un informe pericial de la Intervención General del Estado, a petición de la Fiscalía Europea, ha detectado "ilegalidades" en los contratos adjudicados por Red.es a Barrabés entre 2020 y 2021, por un importe total de 8,4 millones de euros. La empresa, vinculada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió un trato preferencial en la adjudicación de contratos públicos. El informe describe "actuación discriminatoria" y "arbitraria" en la valoración de ofertas, con cálculos irregulares y puntuaciones injustas. También se detectaron irregularidades en la exclusión de otras empresas y en la valoración de elementos no contemplados en los pliegos, como currículos de profesores y cartas de apoyo de empresas. El informe concluye que podría constituir "un fraude de Ley" y que los mecanismos de control y transparencia no funcionaron adecuadamente.
El 27 de septiembre de 1975, se fusiló a tres militantes del FRAP (Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz) y a dos miembros de ETA político-militar (Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegui) en Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos. Estas ejecuciones provocaron protestas contra el gobierno de Franco y la retirada de embajadores de doce gobiernos. El Papa Pablo VI se pronunció a favor de la clemencia. El FRAP, brazo armado del Partido Comunista de España (marxista-leninista), había iniciado su actividad asesina en 1973, mientras que ETA, fundada en 1952, había iniciado su trayectoria asesina en 1968. Los ejecutados eran culpables de asesinato, incluyendo el de policías y guardias civiles. En 1977, el resto de condenados fue amnistiado. La Ley de Amnistía General de 1977 liberó a 1.232 miembros de ETA, que reconstituyeron la organización y protagonizaron un periodo de violencia en el País Vasco. Entre 1976 y 1980, ETA asesinó a 18, 12, 66, 80 y 98 personas, respectivamente. La Ley de Memoria Democrática ha permitido homenajes a los asesinos, mientras las víctimas y sus familias permanecen en el olvido.
El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo negociaciones secretas con la banda terrorista ETA entre 2005 y 2007. Según las actas incautadas a un miembro de ETA, Francisco Javier López Peña, Zapatero ofreció cesiones políticas significativas a la banda, incluyendo la legalización de Batasuna, la liberación de presos etarras y la derogación de la doctrina Parot. El Gobierno también se comprometió a no detener etarras y a buscar soluciones para la financiación de ETA. A cambio, ETA se comprometió a mantener un alto el fuego y a no cometer atentados. Sin embargo, el proceso se rompió después de que ETA cometiera el atentado de Barajas en 2006, que causó dos muertos. A pesar de esto, Zapatero siguió manteniendo las negociaciones con la banda. Las actas también revelan que Zapatero estaba dispuesto a hacer cambios en la Fiscalía y en los tribunales de justicia para satisfacer las exigencias de ETA. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, fue destituido en 2006 después de que se negara a rebajar la condena a un etarra. El libro 'La sombra. Memoria histórica de Zapatero' de Rosa Díez describe la 'doblez' del expresidente y su engaño a la opinión pública sobre su política antiterrorista.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha contratado los servicios de internet por satélite de la empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, para la cadena pública RTVE. Esto ocurre después de que Sánchez criticara duramente a Musk y otros 'tecnomillonarios' a principios de año, pidiendo que fueran perseguidos 'penalmente'. El contrato, adjudicado a la empresa española Telespazio Iberica, incluye la adquisición de dos antenas por valor de 2.400 euros y gastos variables por valor de cerca de 10.000 euros, relativos al 'servicio de conectividad de datos Starlink Movilidad terrestre para un año', con un coste total de cerca de 15.000 euros, sin incluir impuestos. Sin embargo, la empresa adjudicataria asegura que podrá ofrecerlo por algo más de 7.000 euros. El servicio de Starlink utiliza satélites en órbita terrestre baja para ofrecer 'internet de banda ancha para streaming, juegos en línea, videollamadas y más'. La tecnología de Starlink se diferencia de la de otros satélites en que se encuentra mucho más cerca de la Tierra, lo que reduce la latencia y la hace más eficaz para actividades de alta velocidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con los portavoces de los grupos de la oposición. Manuela Bergerot, de Más Madrid, comenzó la reunión con una pregunta: '¿Está orgullosa de vincular la institución con una organización criminal?'. Esto se debe a que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, está siendo investigado por cuatro delitos, incluyendo fraude fiscal de 350.000 euros en 2020 y 2021, y pertenencia a grupo criminal. Bergerot criticó a Ayuso por defender a González Amador. El consejero Miguel Ángel García Martín respondió que Más Madrid busca 'arañar votos' y que el 'desprestigio institucional' proviene de partidos como el suyo. García Martín destacó logros en transporte público, como la renovación de la Línea 6 de Metro y la implementación de 60 autobuses para 100.000 personas. También solicitó apoyo para derogar la Ley estatal de Vivienda, que ha expulsado 120.000 viviendas en alquiler en dos años, y criticó el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que en Madrid es del 4% para familias numerosas y vulnerables.
Rusia ha prohibido la exportación de combustible hasta finales de año debido a la escasez causada por ataques con drones ucranianos a refinerías y estaciones de servicio. La Fuerza Aérea Ucraniana atacó varias plantas de producción de combustible y estaciones de servicio rusas, incluyendo una refinería de petróleo en Bashkortostán operada por Gazprom. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, anunció la prohibición de exportaciones de gasolina y diésel hasta finales de año. Rusia es uno de los mayores productores mundiales de diésel y sus exportaciones son una fuente clave de ingresos para el gobierno. La escasez ha llevado a racionamiento en varias regiones y a largas filas de coches en las gasolineras. La situación es especialmente grave en Crimea, donde la mitad de los surtidores están fuera de servicio.
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