Crítica:
El artículo destapa un caso grave de corrupción política, pero la crítica podría ser más mordaz en cuanto a la responsabilidad directa de Sánchez. El enfoque en la opacidad y el nepotismo es adecuado.
El artículo destapa un caso grave de corrupción política, pero la crítica podría ser más mordaz en cuanto a la responsabilidad directa de Sánchez. El enfoque en la opacidad y el nepotismo es adecuado.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no acudió a la citación ante el juez Juan Carlos Peinado para ser informada sobre su imputación en el caso de malversación por la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Gómez estaba citada para las 18:00 horas del sábado 27 de septiembre de 2025. Tampoco comparecieron su asistente Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. En su lugar, asistieron sus representantes legales. Gómez está investigada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. El juez Peinado sostiene que hay indicios racionales de la comisión de hechos delictivos. La investigación busca determinar si hubo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez. El delito de malversación debe ser juzgado por un jurado popular.
Un informe pericial de la Intervención General del Estado, a petición de la Fiscalía Europea, ha detectado "ilegalidades" en los contratos adjudicados por Red.es a Barrabés entre 2020 y 2021, por un importe total de 8,4 millones de euros. La empresa, vinculada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió un trato preferencial en la adjudicación de contratos públicos. El informe describe "actuación discriminatoria" y "arbitraria" en la valoración de ofertas, con cálculos irregulares y puntuaciones injustas. También se detectaron irregularidades en la exclusión de otras empresas y en la valoración de elementos no contemplados en los pliegos, como currículos de profesores y cartas de apoyo de empresas. El informe concluye que podría constituir "un fraude de Ley" y que los mecanismos de control y transparencia no funcionaron adecuadamente.
Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), ha decidido cambiar sus planes para el mitin del 12 de octubre en Vistalegre, Madrid. Inicialmente, planeaba disfrazar a trabajadores con enanismo de ardillas, pero tras las críticas recibidas, ha optado por contratar a personas con gigantismo para vestirlos de ardillas. En un comunicado en Telegram, Pérez justificó su decisión argumentando que le cuesta lo mismo una persona con enanismo que con gigantismo. Criticó al Gobierno, considerándolo poblado por 'enanos mentales', y cuestionó la posibilidad de que el Ejecutivo decida hasta qué altura puede trabajar un español. La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) había pedido a Pérez que se retractara y aclarase la situación para evitar prácticas contrarias a la dignidad y la legalidad.
El 27 de septiembre de 1975, se fusiló a tres militantes del FRAP (Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz) y a dos miembros de ETA político-militar (Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegui) en Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos. Estas ejecuciones provocaron protestas contra el gobierno de Franco y la retirada de embajadores de doce gobiernos. El Papa Pablo VI se pronunció a favor de la clemencia. El FRAP, brazo armado del Partido Comunista de España (marxista-leninista), había iniciado su actividad asesina en 1973, mientras que ETA, fundada en 1952, había iniciado su trayectoria asesina en 1968. Los ejecutados eran culpables de asesinato, incluyendo el de policías y guardias civiles. En 1977, el resto de condenados fue amnistiado. La Ley de Amnistía General de 1977 liberó a 1.232 miembros de ETA, que reconstituyeron la organización y protagonizaron un periodo de violencia en el País Vasco. Entre 1976 y 1980, ETA asesinó a 18, 12, 66, 80 y 98 personas, respectivamente. La Ley de Memoria Democrática ha permitido homenajes a los asesinos, mientras las víctimas y sus familias permanecen en el olvido.
El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo negociaciones secretas con la banda terrorista ETA entre 2005 y 2007. Según las actas incautadas a un miembro de ETA, Francisco Javier López Peña, Zapatero ofreció cesiones políticas significativas a la banda, incluyendo la legalización de Batasuna, la liberación de presos etarras y la derogación de la doctrina Parot. El Gobierno también se comprometió a no detener etarras y a buscar soluciones para la financiación de ETA. A cambio, ETA se comprometió a mantener un alto el fuego y a no cometer atentados. Sin embargo, el proceso se rompió después de que ETA cometiera el atentado de Barajas en 2006, que causó dos muertos. A pesar de esto, Zapatero siguió manteniendo las negociaciones con la banda. Las actas también revelan que Zapatero estaba dispuesto a hacer cambios en la Fiscalía y en los tribunales de justicia para satisfacer las exigencias de ETA. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, fue destituido en 2006 después de que se negara a rebajar la condena a un etarra. El libro 'La sombra. Memoria histórica de Zapatero' de Rosa Díez describe la 'doblez' del expresidente y su engaño a la opinión pública sobre su política antiterrorista.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha contratado los servicios de internet por satélite de la empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, para la cadena pública RTVE. Esto ocurre después de que Sánchez criticara duramente a Musk y otros 'tecnomillonarios' a principios de año, pidiendo que fueran perseguidos 'penalmente'. El contrato, adjudicado a la empresa española Telespazio Iberica, incluye la adquisición de dos antenas por valor de 2.400 euros y gastos variables por valor de cerca de 10.000 euros, relativos al 'servicio de conectividad de datos Starlink Movilidad terrestre para un año', con un coste total de cerca de 15.000 euros, sin incluir impuestos. Sin embargo, la empresa adjudicataria asegura que podrá ofrecerlo por algo más de 7.000 euros. El servicio de Starlink utiliza satélites en órbita terrestre baja para ofrecer 'internet de banda ancha para streaming, juegos en línea, videollamadas y más'. La tecnología de Starlink se diferencia de la de otros satélites en que se encuentra mucho más cerca de la Tierra, lo que reduce la latencia y la hace más eficaz para actividades de alta velocidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con los portavoces de los grupos de la oposición. Manuela Bergerot, de Más Madrid, comenzó la reunión con una pregunta: '¿Está orgullosa de vincular la institución con una organización criminal?'. Esto se debe a que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, está siendo investigado por cuatro delitos, incluyendo fraude fiscal de 350.000 euros en 2020 y 2021, y pertenencia a grupo criminal. Bergerot criticó a Ayuso por defender a González Amador. El consejero Miguel Ángel García Martín respondió que Más Madrid busca 'arañar votos' y que el 'desprestigio institucional' proviene de partidos como el suyo. García Martín destacó logros en transporte público, como la renovación de la Línea 6 de Metro y la implementación de 60 autobuses para 100.000 personas. También solicitó apoyo para derogar la Ley estatal de Vivienda, que ha expulsado 120.000 viviendas en alquiler en dos años, y criticó el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que en Madrid es del 4% para familias numerosas y vulnerables.
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