Crítica:
Título ajustado a la noticia pero con margen para ser más descriptivo. La información es clara pero adolece de profundidad en algunos aspectos legales.
Begoña Gómez planta al juez Peinado y no acude a la citación por malversación
Begoña Gómez falta a citación judicial
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Gobierno financia colegio privado
El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha otorgado una subvención a la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y a la Asociación Aula Cultural de Fomento. La Escuela de Educación Infantil, ubicada en Nuevos Ministerios, es un centro privado que cuida y educa a los hijos del personal del Ministerio y sus organismos dependientes. La subvención, que asciende a 180.250 euros para la escuela y 6.940 euros para la asociación cultural, se destinará a cubrir gastos como la manutención de los alumnos, actividades específicas de la escuela -incluyendo la adquisición de materiales educativos y el mantenimiento de un parque infantil, terrario, acuario y huerto- y actividades complementarias como idiomas y psicomotricidad. Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas o privadas, siempre que no superen el coste de los gastos subvencionados.
Fraude en contratos de Barrabés
La Intervención General del Estado (IGAE) ha descubierto un fraude masivo en la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas a Alberto Barrabés, gurú de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Entre 2017 y 2024, Barrabés se embolsó más de 25 millones de euros a través de contratos opacos, aprovechando una red de complicidades que involucró a varias administraciones públicas, incluyendo Red.es y el Ministerio de Hacienda. A pesar de estar imputado por la Fiscalía Europea, Barrabés continuó beneficiándose de estos contratos. El informe de la IGAE describe este caso como un «fraude de ley» que utilizó fondos europeos destinados a paliar la pandemia de coronavirus. El caso implica una cadena de complicidades y opacidad en la adjudicación de licitaciones millonarias.
Contratos públicos con irregularidades
Un informe pericial de la Intervención General del Estado, a petición de la Fiscalía Europea, ha detectado "ilegalidades" en los contratos adjudicados por Red.es a Barrabés entre 2020 y 2021, por un importe total de 8,4 millones de euros. La empresa, vinculada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió un trato preferencial en la adjudicación de contratos públicos. El informe describe "actuación discriminatoria" y "arbitraria" en la valoración de ofertas, con cálculos irregulares y puntuaciones injustas. También se detectaron irregularidades en la exclusión de otras empresas y en la valoración de elementos no contemplados en los pliegos, como currículos de profesores y cartas de apoyo de empresas. El informe concluye que podría constituir "un fraude de Ley" y que los mecanismos de control y transparencia no funcionaron adecuadamente.
Alvise cambia planes por críticas
Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), ha decidido cambiar sus planes para el mitin del 12 de octubre en Vistalegre, Madrid. Inicialmente, planeaba disfrazar a trabajadores con enanismo de ardillas, pero tras las críticas recibidas, ha optado por contratar a personas con gigantismo para vestirlos de ardillas. En un comunicado en Telegram, Pérez justificó su decisión argumentando que le cuesta lo mismo una persona con enanismo que con gigantismo. Criticó al Gobierno, considerándolo poblado por 'enanos mentales', y cuestionó la posibilidad de que el Ejecutivo decida hasta qué altura puede trabajar un español. La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) había pedido a Pérez que se retractara y aclarase la situación para evitar prácticas contrarias a la dignidad y la legalidad.
Ejecuciones de terroristas en 1975
El 27 de septiembre de 1975, se fusiló a tres militantes del FRAP (Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz) y a dos miembros de ETA político-militar (Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegui) en Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos. Estas ejecuciones provocaron protestas contra el gobierno de Franco y la retirada de embajadores de doce gobiernos. El Papa Pablo VI se pronunció a favor de la clemencia. El FRAP, brazo armado del Partido Comunista de España (marxista-leninista), había iniciado su actividad asesina en 1973, mientras que ETA, fundada en 1952, había iniciado su trayectoria asesina en 1968. Los ejecutados eran culpables de asesinato, incluyendo el de policías y guardias civiles. En 1977, el resto de condenados fue amnistiado. La Ley de Amnistía General de 1977 liberó a 1.232 miembros de ETA, que reconstituyeron la organización y protagonizaron un periodo de violencia en el País Vasco. Entre 1976 y 1980, ETA asesinó a 18, 12, 66, 80 y 98 personas, respectivamente. La Ley de Memoria Democrática ha permitido homenajes a los asesinos, mientras las víctimas y sus familias permanecen en el olvido.
Zapatero traicionó la democracia con ETA
El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo negociaciones secretas con la banda terrorista ETA entre 2005 y 2007. Según las actas incautadas a un miembro de ETA, Francisco Javier López Peña, Zapatero ofreció cesiones políticas significativas a la banda, incluyendo la legalización de Batasuna, la liberación de presos etarras y la derogación de la doctrina Parot. El Gobierno también se comprometió a no detener etarras y a buscar soluciones para la financiación de ETA. A cambio, ETA se comprometió a mantener un alto el fuego y a no cometer atentados. Sin embargo, el proceso se rompió después de que ETA cometiera el atentado de Barajas en 2006, que causó dos muertos. A pesar de esto, Zapatero siguió manteniendo las negociaciones con la banda. Las actas también revelan que Zapatero estaba dispuesto a hacer cambios en la Fiscalía y en los tribunales de justicia para satisfacer las exigencias de ETA. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, fue destituido en 2006 después de que se negara a rebajar la condena a un etarra. El libro 'La sombra. Memoria histórica de Zapatero' de Rosa Díez describe la 'doblez' del expresidente y su engaño a la opinión pública sobre su política antiterrorista.
Sánchez contrata servicios de Musk
El Gobierno de Pedro Sánchez ha contratado los servicios de internet por satélite de la empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, para la cadena pública RTVE. Esto ocurre después de que Sánchez criticara duramente a Musk y otros 'tecnomillonarios' a principios de año, pidiendo que fueran perseguidos 'penalmente'. El contrato, adjudicado a la empresa española Telespazio Iberica, incluye la adquisición de dos antenas por valor de 2.400 euros y gastos variables por valor de cerca de 10.000 euros, relativos al 'servicio de conectividad de datos Starlink Movilidad terrestre para un año', con un coste total de cerca de 15.000 euros, sin incluir impuestos. Sin embargo, la empresa adjudicataria asegura que podrá ofrecerlo por algo más de 7.000 euros. El servicio de Starlink utiliza satélites en órbita terrestre baja para ofrecer 'internet de banda ancha para streaming, juegos en línea, videollamadas y más'. La tecnología de Starlink se diferencia de la de otros satélites en que se encuentra mucho más cerca de la Tierra, lo que reduce la latencia y la hace más eficaz para actividades de alta velocidad.
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