El artículo ofrece una cobertura detallada de la deportación de Greta Thunberg y otros activistas, aunque el título podría ser más informativo. La conexión entre la deportación y las negociaciones de paz en Gaza es interesante pero podría estar más desarrollada.
Pedro Sánchez instruye al PSOE a transformar la tormenta judicial en un relato de resistencia contra una supuesta ofensiva judicial. La UCO concluye que no hay pruebas de financiación ilegal en los pagos a José Luis Ábalos. El Gobierno mantiene una agenda intensa para proyectar normalidad. Sumar opta por el silencio mientras Podemos cuestiona el sistema de pagos. El PSOE confía en que los votantes distingan entre causas judiciales y operaciones políticas. La estrategia incluye mezclar el caso Koldo con los procesos contra Begoña Gómez y David Sánchez. El Gobierno asume que no puede controlar los sumarios pero sí la narrativa.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que José Luis Ábalos, exministro socialista, se benefició de ingresos irregulares entre 2019 y 2023. Los investigadores señalan dos fuentes principales: la obra pública vinculada a Santos Cerdán y pagos mensuales de Aldama. La UCO rastrea una decena de contratos por más de 500 millones de euros y apunta a un aumento considerable en ingresos y salidas de dinero en efectivo en las cuentas de Ábalos desde 2020. El análisis patrimonial sugiere métodos no transparentes de comunicación de patrimonios entre Ábalos y su exasesor, Koldo García. Se han detectado gastos mensuales elevados, incluyendo manutención alimentaria para su hijo y regalos a parejas. La Guardia Civil indica que Ábalos no habría compensado bancariamente al menos 95.400 euros entre 2014 y 2024. El magistrado Leopoldo Puente ha acordado volver a citar a declarar a Ábalos y García. La investigación del Tribunal Supremo por presunto amaño de obras públicas y contratos de material sanitario continúa.
La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que reclame a la Presidencia del Gobierno los antecedentes de todas las personas que asistieron a los cónyuges de anteriores jefes del Ejecutivo. La solicitud se presenta horas antes de que Gómez acuda a una comparecencia en el Juzgado de Instrucción Número 41. El abogado Antonio Camacho solicita que se oficie a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe sobre los antecedentes de los asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, incluyendo los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo. El juez había inicialmente programado un juicio con jurado popular para el delito de malversación imputado a Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Sin embargo, finalmente decidió que todas las actuaciones, incluyendo la pieza principal, se seguirán por los cauces del tribunal del jurado para los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. El juez ha citado a Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés para comunicarles esta decisión.
Los internos del centro de internamiento de menores de Es Pinaret en Mallorca disponen de privilegios como paga en efectivo, pedidos a Glovo los viernes y acceso a PlayStation5. Han sido condenados por delitos graves como violaciones y homicidios. Los educadores les compran ropa de marca y permiten hacer listas de compra mensuales en un supermercado. El nuevo equipo de Gobierno del Partido Popular está realizando cambios significativos tras la nefasta gestión de ocho años del Pacte de izquierdas, liderado por la consellera independentista Fina Santiago. El centro, gestionado por la Fundación s’Estel, ha tenido un historial de fugas, peleas y agresiones al personal. El nuevo director, Antonio Sánchez Pulgarín, y la subdirectora, Rosa Ana Espigares Rincón, asumirán la gestión con amplia experiencia en intervención con menores. El cambio busca revertir el 'caos y descontrol' generado durante la gestión anterior de Marcos Campony como director.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (PP), calificó de 'poco elegante' el pregón de las Fiestas del Pilar pronunciado por la cineasta Paula Ortiz (PSOE), quien aprovechó para criticar las políticas del PP en Sanidad y Educación. Chueca expresó su descontento con una expresión facial de sorpresa durante el pregón el pasado sábado 4 de octubre de 2025. Ortiz respondió que lo 'no elegante' era limitar la libertad de expresión. El PSOE ha anunciado que propondrá la reprobación de Chueca por sus declaraciones. El pregón de Ortiz incluyó críticas a la gestión de la sanidad y educación por parte del PP, y mostró apoyo a la causa palestina, luciendo un pin de la bandera de Palestina junto con otros pregoneros. La invitación a Ortiz se debió a su relación con el cine aragonés, que obtuvo 23 nominaciones en los Premios Goya. El Ayuntamiento de Zaragoza consideró que era una oportunidad para promocionar el Distrito 7, que se convertirá en una 'ciudad del cine'. El acto se convirtió en una batalla política e ideológica. El PP permitió que se nombrara Hija Predilecta a una representante de Casa de Palestina, entidad liderada por Ibrahim Avayat, un terrorista deportado por Israel. Vox se opuso a la concesión del título y se ausentó en la entrega. Ahora Vox estudia apoyar la reprobación de Chueca presentada por el PSOE.
La Audiencia Provincial de Ávila ha ordenado completar un informe pericial en la investigación por prevaricación administrativa en la adjudicación de un contrato de carreteras de 25.6 millones de euros en 2019 a Cyopsa-Sisocia. El caso implica a Javier Herrero, ex director general de Carreteras durante el mandato de José Luis Ábalos. La investigación se centra en una grabación que muestra al subdirector Alfredo González presionando a un técnico para modificar la puntuación del concurso. La Sala ha considerado el informe pericial inicial como «incompleto y parcial». Se ha requerido a la Dirección General de Carreteras la documentación faltante bajo apercibimiento de delito de desobediencia. La investigación, iniciada en 2020, incluye delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y fraudes. El Juzgado de Instrucción había dictado un auto de sobreseimiento provisional revocado por la Audiencia Provincial el 6 de noviembre de 2023. La tramitación de la prueba pericial ha sido accidentada, con solicitudes de documentación en febrero y diciembre de 2024 sin éxito. El Ministerio Fiscal se adhirió al recurso de Vox solicitando la ampliación de la pericial. Javier Herrero declaró como testigo en el Supremo por supuesto cobro de comisiones ilegales, desvinculando al ex ministro de las licitaciones. El caso sigue pendiente de la documentación faltante para concluir la fase de instrucción.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la Ley de Administración Abierta que excluye a los familiares de los conflictos de intereses. La ley amplía controles sobre altos cargos y personal directivo, pero no incluye a familiares o cónyuges de representantes políticos. El ministro Óscar López justificó la exclusión argumentando que los familiares no ostentan cargos públicos. La ley incluye la publicación de agendas institucionales y viajes oficiales de altos cargos hasta subdirector, reforma del Portal de Transparencia, régimen de prevención de conflictos de intereses y pacto de integridad para empresas que concurran a licitación pública. El GRECO había recomendado incluir a cónyuges y familiares de altos cargos en la normativa de transparencia. La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez quedan excluidos de la normativa. La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, fue contratada con dinero público por La Moncloa. La UCO analizó 121 correos de la asesora y Hacienda detectó irregularidades en contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, empresario relacionado con Begoña Gómez.
Comentarios