Crítica:
El artículo revela privilegios excesivos en un centro de menores, pero podría profundizar más en las causas estructurales. La crítica al gobierno anterior parece tener un trasfondo político evidente.
El artículo revela privilegios excesivos en un centro de menores, pero podría profundizar más en las causas estructurales. La crítica al gobierno anterior parece tener un trasfondo político evidente.
La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que reclame a la Presidencia del Gobierno los antecedentes de todas las personas que asistieron a los cónyuges de anteriores jefes del Ejecutivo. La solicitud se presenta horas antes de que Gómez acuda a una comparecencia en el Juzgado de Instrucción Número 41. El abogado Antonio Camacho solicita que se oficie a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe sobre los antecedentes de los asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, incluyendo los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo. El juez había inicialmente programado un juicio con jurado popular para el delito de malversación imputado a Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Sin embargo, finalmente decidió que todas las actuaciones, incluyendo la pieza principal, se seguirán por los cauces del tribunal del jurado para los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. El juez ha citado a Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés para comunicarles esta decisión.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (PP), calificó de 'poco elegante' el pregón de las Fiestas del Pilar pronunciado por la cineasta Paula Ortiz (PSOE), quien aprovechó para criticar las políticas del PP en Sanidad y Educación. Chueca expresó su descontento con una expresión facial de sorpresa durante el pregón el pasado sábado 4 de octubre de 2025. Ortiz respondió que lo 'no elegante' era limitar la libertad de expresión. El PSOE ha anunciado que propondrá la reprobación de Chueca por sus declaraciones. El pregón de Ortiz incluyó críticas a la gestión de la sanidad y educación por parte del PP, y mostró apoyo a la causa palestina, luciendo un pin de la bandera de Palestina junto con otros pregoneros. La invitación a Ortiz se debió a su relación con el cine aragonés, que obtuvo 23 nominaciones en los Premios Goya. El Ayuntamiento de Zaragoza consideró que era una oportunidad para promocionar el Distrito 7, que se convertirá en una 'ciudad del cine'. El acto se convirtió en una batalla política e ideológica. El PP permitió que se nombrara Hija Predilecta a una representante de Casa de Palestina, entidad liderada por Ibrahim Avayat, un terrorista deportado por Israel. Vox se opuso a la concesión del título y se ausentó en la entrega. Ahora Vox estudia apoyar la reprobación de Chueca presentada por el PSOE.
La Audiencia Provincial de Ávila ha ordenado completar un informe pericial en la investigación por prevaricación administrativa en la adjudicación de un contrato de carreteras de 25.6 millones de euros en 2019 a Cyopsa-Sisocia. El caso implica a Javier Herrero, ex director general de Carreteras durante el mandato de José Luis Ábalos. La investigación se centra en una grabación que muestra al subdirector Alfredo González presionando a un técnico para modificar la puntuación del concurso. La Sala ha considerado el informe pericial inicial como «incompleto y parcial». Se ha requerido a la Dirección General de Carreteras la documentación faltante bajo apercibimiento de delito de desobediencia. La investigación, iniciada en 2020, incluye delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y fraudes. El Juzgado de Instrucción había dictado un auto de sobreseimiento provisional revocado por la Audiencia Provincial el 6 de noviembre de 2023. La tramitación de la prueba pericial ha sido accidentada, con solicitudes de documentación en febrero y diciembre de 2024 sin éxito. El Ministerio Fiscal se adhirió al recurso de Vox solicitando la ampliación de la pericial. Javier Herrero declaró como testigo en el Supremo por supuesto cobro de comisiones ilegales, desvinculando al ex ministro de las licitaciones. El caso sigue pendiente de la documentación faltante para concluir la fase de instrucción.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la Ley de Administración Abierta que excluye a los familiares de los conflictos de intereses. La ley amplía controles sobre altos cargos y personal directivo, pero no incluye a familiares o cónyuges de representantes políticos. El ministro Óscar López justificó la exclusión argumentando que los familiares no ostentan cargos públicos. La ley incluye la publicación de agendas institucionales y viajes oficiales de altos cargos hasta subdirector, reforma del Portal de Transparencia, régimen de prevención de conflictos de intereses y pacto de integridad para empresas que concurran a licitación pública. El GRECO había recomendado incluir a cónyuges y familiares de altos cargos en la normativa de transparencia. La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez quedan excluidos de la normativa. La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, fue contratada con dinero público por La Moncloa. La UCO analizó 121 correos de la asesora y Hacienda detectó irregularidades en contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, empresario relacionado con Begoña Gómez.
El PP sospecha que el Gobierno planea un adelanto electoral debido a su veto a la reforma electoral propuesta por Vox. El veto se basó en un posible incremento de 200.000 euros en gastos electorales. El PP ha registrado preguntas en el Congreso para que el Gobierno aclare sus intenciones. El Gobierno ha argumentado que el incremento del gasto podría afectar el presupuesto vigente, aunque no hay elecciones programadas para 2025. El PP interpreta esto como un indicio de elecciones anticipadas. El Gobierno ha negado planes de elecciones anticipadas y mantiene que no habrá elecciones hasta 2027. La reforma propuesta por Vox incluía la instalación de dobles urnas para el voto por correo y presencial. El Tribunal Constitucional ha fallado recientemente que la potestad del Gobierno para vetar iniciativas por motivos presupuestarios se refiere al presupuesto en vigor.
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado información sobre asistentes de predecesoras esposas de presidentes del Gobierno. Juristas consideran esta petición 'impertinente' y 'contraproducente'. El juez investiga si Begoña Gómez cometió malversación al usar a su asistente, Cristina Álvarez, para tareas privadas relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense. La Fiscalía es partidaria de archivar la causa. Begoña Gómez reconoció el 10 de septiembre que su asistente le hacía 'favores puntuales'. Los correos electrónicos intervenidos muestran que Álvarez gestionaba asuntos de la cátedra, incluyendo la solicitud de colaboraciones económicas a patrocinadores como Reale Seguros y la tramitación de adendas con empresas como Mindway. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha cometido varios 'errores' durante la instrucción, según fuentes jurídicas, como reconocer que el lugar de trabajo de su clienta era Moncloa y aportar emails que delataban el papel de Álvarez. La investigación comenzó en marzo y podría llegar a juicio con jurado popular si se abre juicio contra Begoña Gómez y su asistente.
ADIF nombra a Almudena Hernando, pareja del director general del AVE Luis Llamas, como directora del proyecto de Alta Velocidad Haramain en Arabia Saudí. Hernando sustituye a Llamas, quien fue ascendido a director general de Planificación, Proyectos y Construcción en enero de este año tras cuatro años (2021-2025) liderando el proyecto. Fuentes de ADIF rechazaron hacer comentarios. Llamas también tiene a su hermano Juan José Llamas como responsable de coordinación de ADIF AV desde abril. ADIF está llevando a cabo nombramientos sigilosos en diversos puestos. La empresa pública ha visto dañada su reputación por problemas en líneas ferroviarias y el caso Koldo. La agencia Moody’s elevó la calificación de Adif y Adif-AV a «Baa1» desde «Baa2». El proyecto Haramain une las ciudades saudíes de La Meca y Medina con trenes de alta velocidad en menos de dos horas y media.
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