Tasa de basuras en España: caos total

La Ley 7/2022 obliga a los ayuntamientos a financiar el servicio de residuos mediante una tasa específica basada en el principio 'quien contamina paga'. Esto ha generado un aumento abrupto en los recibos de basuras en toda España, con incrementos de hasta el 300% en algunos casos.

La ley fijó un plazo máximo hasta abril para su implementación, lo que ha provocado que algunos municipios comuniquen el cobro de golpe. Cangas de Morrazo ha sido el epicentro de la protesta, con concejales escoltados por la Guardia Civil y lanzamiento de objetos. La ley no impone cómo calcular la tasa, lo que ha generado un mosaico de modelos municipales con criterios dispares.

La FEMP y los inspectores de Hacienda advierten de litigios masivos debido a la diversidad de criterios. La reciente anulación por el TSJ de Castilla y León de una ordenanza de León abre una vía para impugnar las tasas. La tensión política se alimenta de un malentendido deliberado sobre la exigencia de Bruselas.

El resultado es un doble reproche cruzado entre ayuntamientos y Gobierno. La tasa no solo encarece los recibos, sino que reordena los incentivos, penalizando la volumetría de residuos y premiando prácticas de separación y reducción. Sin embargo, en grandes ciudades, muchos modelos no premian la conducta individual.

El salto del 30% en IPC y los casos de negocios con recibos multiplicados por tres han producido irritación social y temor a una ola de recursos masiva.