Crítica:
El título es engañoso al sugerir que solo los mayores de 70 años deben renovar el DNI. La normativa afecta a todos los DNI 'permanentes' expedidos entre 1990 y 2006. Mejorar la claridad sobre quiénes están realmente afectados.
El título es engañoso al sugerir que solo los mayores de 70 años deben renovar el DNI. La normativa afecta a todos los DNI 'permanentes' expedidos entre 1990 y 2006. Mejorar la claridad sobre quiénes están realmente afectados.
Los técnicos de Hacienda informaron al Congreso que las dietas de viaje de diputados y senadores son menos transparentes que una tarjeta de gastos. Las dietas se dispararon un 160% tras cambiar el sistema en 2017. En ese año se eliminaron, pero en 2020 se recuperaron. La presidenta del Congreso, Francina Armengaol, y otros diputados están involucrados. El sistema actual genera dudas sobre su correcta aplicación y posible evasión fiscal. Los diputados cobran dietas fijas diarias por viajes. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no grava estas dietas. Partidos como Vox, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) están implicados. Diputados como Meritxell Batet y Patxi López son mencionados.
La eliminación de los cambios de hora en España, propuesta por Pedro Sánchez, plantea la cuestión de si adoptar el horario de invierno de forma permanente. Expertos de la Sociedad Española del Sueño (SES) afirman que el horario de invierno promueve un ritmo biológico más estable, mejorando el rendimiento intelectual y reduciendo enfermedades cardiovasculares, obesidad, insomnio y depresión. Los expertos en energía no tienen preferencia clara. En las costas de Cataluña y Baleares, el horario de invierno adelantaría el amanecer a las 5:00-6:00h en primavera y verano, afectando la actividad turística. En Madrid, el amanecer sería a las 5:45h y anochecería sobre las 21:00h. La adopción de un horario fijo implicaría que cada seis meses anochecería con tres horas de diferencia. La decisión requiere consenso entre países de la UE. La vida cotidiana se vería afectada, especialmente en hábitos como las terrazas y actividades nocturnas.
China controla el acceso a Internet mediante el 'Gran Cortafuegos', bloqueando aplicaciones occidentales como WhatsApp, Instagram y Google. El gobierno censura contenidos considerados subversivos y promueve campañas contra el pesimismo. Utilizan VPNs para saltar la censura, aunque está prohibido. El gobierno lanzó la campaña 'Red Limpia' para crear un 'entorno más civilizado' y censurar comentarios negativos. Influencers como Hu Chenfeng y Zhang Xuefeng han sido afectados por la censura. La Administración del Ciberespacio inspecciona temas de tendencia y contenido en redes sociales como Xiaohongshu, Kuaishou y Weibo. El objetivo es controlar el descontento en un contexto de crisis económica y desempleo. El sistema de censura incluye el bloqueo de prensa internacional y medios como El País y ABC. La censura también alcanza a empresas extranjeras como HM, que sufrió un boicot en redes sociales.
El Ayuntamiento de Madrid reconoció que calculó mal la tasa de basuras, cobrando de más a los madrileños. Aunque admitió el error, se niega a devolver el dinero. La tasa, creada para cumplir con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, resultó ser ineficiente e injusta al aplicar una tarifa fija para todos los inmuebles. El Tribunal Económico-Administrativo municipal está colapsado por reclamaciones. El Ayuntamiento planea aprobar una nueva ordenanza fiscal en 2026 con un sistema más equitativo que tendrá en cuenta el número de personas empadronadas y mantendrá bonificaciones de hasta el 100% para familias con menos recursos. La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, reconoció que la norma actual 'carece de rigor'. El caso plantea un debate sobre la validez del cobro y la posible nulidad material de la tasa. El Ayuntamiento argumenta que el cobro se realizó conforme a la normativa vigente. El caso madrileño marca un precedente en la gestión pública al admitir un error sin devolver el dinero. La contradicción institucional entre reconocer el error y mantener la recaudación vuelve a poner sobre la mesa el debate entre legalidad y equidad.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la investigación sobre la mascletá celebrada el 18 de febrero de 2024 en Madrid Río. La decisión se basa en que no se pudo concluir que ningún animal sufriera menoscabo físico ni daños sustanciales en la fauna silvestre de Casa de Campo. El evento fue organizado por los ayuntamientos de Madrid y Valencia para promocionar las Fallas. La investigación no encontró pruebas suficientes para perseguir penalmente a los organizadores.
El Juzgado contencioso/administrativo número 2 de Burgos desestima la demanda del Ayuntamiento de Aranda de Duero contra Vicente Holgueras para reclamarle 7.500 euros percibidos entre 2021 y 2023 como miembro de la Junta de Gobierno Local. La jueza considera que el decreto de nombramiento es anulable por contravenir la normativa antitransfuguismo, pero aplica los principios de buena fe y confianza legítima para no afectar los efectos económicos. Vicente Holgueras fue nombrado miembro con voz y voto tras ser expulsado de Vox y quedarse como edil no adscrito. Prestó servicios y recibió pagos con todas las garantías legales. El fallo es firme y no cabe recurso, pero Vicente Holgueras planea pedir resarcimiento por daños a su imagen y prestigio profesional debido a declaraciones públicas del actual equipo de gobierno. La resolución se basa en que la Administración se benefició de su trabajo y las remuneraciones fueron aprobadas y fiscalizadas correctamente.
La Audiencia Provincial de Granada confirmó la condena a una pareja por construir un chalet de 70 m² con piscina y barbacoa en suelo no urbanizable protegido. La sentencia incluye 1 año y 6 meses de prisión, multa de 12 meses a 6 euros diarios e inhabilitación especial por un año para la profesión de promotor o constructor. Además, se ordenó la demolición de la vivienda y la restitución del terreno a su estado original. La pareja había argumentado que solo construyeron un cuarto para herramientas del campo, pero la obra realizada entre 2020 y 2021 incluyó un porche, piscina, barbacoa y cerramiento perimetral, lo que supuso un cambio de uso del suelo de agrícola a residencial no autorizable según las normas urbanísticas municipales. El tribunal rechazó los argumentos de la defensa, que incluían la falta de conocimiento del carácter protegido del suelo y la vulneración del principio acusatorio. La sentencia ratificó que la ignorancia de la norma urbanística no exime de responsabilidad penal.
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