El contenido revela una grave omisión por parte del exgerente del PSOE ante el Tribunal Supremo, ocultando la existencia de tickets falsos que justifican pagos irregulares. La información proporcionada es detallada y sustanciosa, aunque podría profundizar más en las implicaciones legales de estos hallazgos.
El juez Leopoldo Puente investiga la presunta financiación irregular del PSOE. Destaca la falta de control sobre pagos en efectivo a miembros de la cúpula, como Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos. El empresario Víctor de Aldama declaró que entregó comisiones irregulares en metálico en Ferraz. La empresaria Carmen Pano corroboró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede central del PSOE en octubre de 2020. El juez apunta que el PSOE no comprobaba si los pagos realizados provenían de actividades ilícitas, lo que podría constituir blanqueo de capitales. La investigación continúa para determinar si hubo financiación irregular y si se blanquearon fondos de procedencia ilícita. El caso sigue en el Tribunal Supremo.
El PP intensifica su investigación sobre la posible financiación irregular de la campaña de Pedro Sánchez en 2014 y 2017 mediante los negocios de prostitución de su suegro, Sabiniano Gómez. En la comisión del caso Koldo del Senado, Sánchez evitó confirmar o desmentir si recibió fondos de su suegro. El PP destaca que informes policiales vinculan a Sabiniano Gómez con prostíbulos en Madrid, Segovia, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. La empresa San Bernardo 36 SL, mencionada en la comisión, forma parte de estos negocios. El PP considera que podría demostrarse que Sánchez se benefició de la prostitución. Alberto Núñez Feijóo calificó estos negocios como 'abominables'.
Pedro Sánchez defendió los negocios de su suegro, Sabiniano Gómez Serrano, proxeneta condenado por proxenetismo. Sánchez afirmó que 'no eran actividades ilícitas' pese a documentos policiales que constatan que gestionaba prostíbulos. La defensa de Sánchez contradice su compromiso feminista y su rechazo a la prostitución. Un informe de la Policía Municipal de Madrid de 28 de junio de 2004 reveló que la Sauna Azul, propiedad de Sabiniano Gómez, era un prostíbulo encubierto con cinco habitaciones para ejercer la prostitución. Sánchez manipuló un auto de la Audiencia Nacional de 28 de junio de 2024 para justificar sus afirmaciones. El auto original no analizaba la legalidad de los negocios de Gómez Serrano. OKDIARIO documentó múltiples incidentes legales relacionados con la red de prostíbulos de Gómez Serrano y sus hermanos, incluyendo sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El PP cuestionó la moralidad de lucrarse con la prostitución y recordó que Sánchez y su esposa disfrutaron de pisos pagados por Gómez Serrano.
El Tribunal Supremo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional la investigación sobre los pagos en metálico del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García. El magistrado Leopoldo Puente ha encontrado indicios de 'actividades irregulares e incluso potencialmente delictivas' en estos pagos. La investigación se centra en determinar si los fondos utilizados procedían de actividades ilícitas y si se blanqueó su procedencia. El PSOE ha negado la existencia de una 'caja B'. La UCO de la Guardia Civil informó el 8 de octubre sobre los abonos a favor de Ábalos y Koldo García. El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y una trabajadora de Ferraz testificaron que los pagos se realizaban sin supervisión financiera adecuada. El magistrado otorga credibilidad a los testimonios de Víctor de Aldama y Carmen Pano, quienes afirmaron haber entregado dinero en Ferraz. La investigación busca esclarecer quién gestionaba las compensaciones en metálico y el origen de los fondos utilizados.
La dirección actual del PSOE culpa a Alfredo Pérez Rubalcaba de implantar pagos en metálico para gastos de dirigentes. Según fuentes del partido, Rubalcaba encontró una deuda de 78 millones de euros en febrero de 2012 y decidió reducirla en un 40%. Para ello, retiró las tarjetas de crédito a los dirigentes y comenzó a pagar contra factura, en ocasiones en metálico. Dirigentes de la etapa de Rubalcaba niegan que los pagos en metálico fueran habituales y afirman que se usaban transferencias. El PSOE gastó casi 100 millones de euros en el último año de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Rubalcaba lideró el PSOE desde febrero de 2012 hasta julio de 2014 y falleció el 10 de mayo de 2019. El partido realizó dos ERE durante su mandato y dejó el partido 'saneado' para Pedro Sánchez. La actual dirección no explica por qué se mantuvieron los pagos en metálico más de una década después.
La DGT planea duplicar la multa por estacionar en plazas reservadas para discapacitados de 500 euros a 1.000 euros. Actualmente, las infracciones se clasifican en leves (100 euros) y graves (200 euros). Existen multas más elevadas como manipular la matrícula (6.000 euros) o conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (entre 500 y 1.000 euros). La nueva multa está en tramitación parlamentaria y se incorporará al Reglamento General de Circulación una vez aprobada. Para usar estas plazas, es necesario tener una acreditación especial y la persona con discapacidad debe estar a bordo del vehículo. La medida busca endurecer las sanciones por ocupar plazas reservadas para personas con discapacidad.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó pensiones de viudedad para parejas sin papeles con 2 años de convivencia y certificado de empadronamiento. Sin embargo, niega esta compensación a viudas que no contrajeron matrimonio pero cumplen requisitos similares. Mujeres afectadas, entre 70 y 80 años, dedicadas a la familia sin cotizar. La abogada Elena Ramallo defiende sus derechos tras 5 años de lucha. El Gobierno argumenta falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Se estima que 300 o 400 mujeres están afectadas. La Justicia ha dado la razón a algunas en tribunales. Ramallo critica la desigualdad: se reconoce a extranjeras sin papeles pero se niega a españolas con documentación. Pide 1 año de regularización para acreditar su situación. Condena la arbitrariedad y discriminación por comunidad autónoma. La situación permanece sin resolver después de años.
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