El contenido profundiza en la investigación judicial, pero podría ampliarse con más contexto sobre las implicaciones legales de la presunta financiación irregular. La credibilidad de las fuentes citadas es crucial para evaluar la solidez de las acusaciones.
Pedro Sánchez compareció ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado durante seis horas, respondiendo con evasivas y contradicciones. Afirmó desconocer que Delcy Rodríguez tenía prohibido entrar en la UE, pero un documento del Gobierno enviado el 7 de junio de 2024 desmiente esta versión al incluir una copia de la Orden del Consejo de la Unión Europea que sancionó a Rodríguez desde junio de 2018. Sánchez también negó tener una relación cercana con Koldo García, exescolta de José Luis Ábalos, pese a haberle elogiado públicamente en Facebook hace once años. Durante su declaración, Sánchez respondió 'No me consta' 18 veces, 'No lo sé' 11 veces, 'No tengo constancia' 7 veces y 'No recuerdo' 6 veces. El PP acusó a Sánchez de insultar al Senado y usar eso como cortina de humo ante la corrupción. El presidente destacó que desde que asumió el cargo ha concedido permisos humanitarios a más de 230.000 venezolanos.
Mariano Moreno Pavón, exgerente del PSOE, ocultó al Tribunal Supremo que el partido conserva decenas de tickets falsos en Ferraz para justificar pagos en metálico a dirigentes como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Estos justificantes incluyen desayunos, comidas y desplazamientos que no se realizaron o no correspondían con la ubicación real de los beneficiarios. Pavón explicó el sistema de liquidaciones y reembolsos del PSOE, pero omitió la existencia de estos documentos, cruciales para verificar la autenticidad de los gastos. Fuentes del partido confirman que estos recibos están archivados y cubren el periodo investigado, incluyendo el ejercicio de 2020, clave en la investigación judicial. La normativa exige custodiar estos justificantes durante cinco años. El PSOE recibió donaciones privadas que aumentaron un 200% en 2020, alcanzando 837.000 euros, y realizó un donativo de un millón de euros a un instituto sanitario, cuyo origen investiga la UCO. El sistema de pagos en metálico se utilizaba para retribuir a cuadros orgánicos sin trazabilidad bancaria.
El PP intensifica su investigación sobre la posible financiación irregular de la campaña de Pedro Sánchez en 2014 y 2017 mediante los negocios de prostitución de su suegro, Sabiniano Gómez. En la comisión del caso Koldo del Senado, Sánchez evitó confirmar o desmentir si recibió fondos de su suegro. El PP destaca que informes policiales vinculan a Sabiniano Gómez con prostíbulos en Madrid, Segovia, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. La empresa San Bernardo 36 SL, mencionada en la comisión, forma parte de estos negocios. El PP considera que podría demostrarse que Sánchez se benefició de la prostitución. Alberto Núñez Feijóo calificó estos negocios como 'abominables'.
Pedro Sánchez defendió los negocios de su suegro, Sabiniano Gómez Serrano, proxeneta condenado por proxenetismo. Sánchez afirmó que 'no eran actividades ilícitas' pese a documentos policiales que constatan que gestionaba prostíbulos. La defensa de Sánchez contradice su compromiso feminista y su rechazo a la prostitución. Un informe de la Policía Municipal de Madrid de 28 de junio de 2004 reveló que la Sauna Azul, propiedad de Sabiniano Gómez, era un prostíbulo encubierto con cinco habitaciones para ejercer la prostitución. Sánchez manipuló un auto de la Audiencia Nacional de 28 de junio de 2024 para justificar sus afirmaciones. El auto original no analizaba la legalidad de los negocios de Gómez Serrano. OKDIARIO documentó múltiples incidentes legales relacionados con la red de prostíbulos de Gómez Serrano y sus hermanos, incluyendo sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El PP cuestionó la moralidad de lucrarse con la prostitución y recordó que Sánchez y su esposa disfrutaron de pisos pagados por Gómez Serrano.
El Tribunal Supremo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional la investigación sobre los pagos en metálico del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García. El magistrado Leopoldo Puente ha encontrado indicios de 'actividades irregulares e incluso potencialmente delictivas' en estos pagos. La investigación se centra en determinar si los fondos utilizados procedían de actividades ilícitas y si se blanqueó su procedencia. El PSOE ha negado la existencia de una 'caja B'. La UCO de la Guardia Civil informó el 8 de octubre sobre los abonos a favor de Ábalos y Koldo García. El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y una trabajadora de Ferraz testificaron que los pagos se realizaban sin supervisión financiera adecuada. El magistrado otorga credibilidad a los testimonios de Víctor de Aldama y Carmen Pano, quienes afirmaron haber entregado dinero en Ferraz. La investigación busca esclarecer quién gestionaba las compensaciones en metálico y el origen de los fondos utilizados.
La dirección actual del PSOE culpa a Alfredo Pérez Rubalcaba de implantar pagos en metálico para gastos de dirigentes. Según fuentes del partido, Rubalcaba encontró una deuda de 78 millones de euros en febrero de 2012 y decidió reducirla en un 40%. Para ello, retiró las tarjetas de crédito a los dirigentes y comenzó a pagar contra factura, en ocasiones en metálico. Dirigentes de la etapa de Rubalcaba niegan que los pagos en metálico fueran habituales y afirman que se usaban transferencias. El PSOE gastó casi 100 millones de euros en el último año de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Rubalcaba lideró el PSOE desde febrero de 2012 hasta julio de 2014 y falleció el 10 de mayo de 2019. El partido realizó dos ERE durante su mandato y dejó el partido 'saneado' para Pedro Sánchez. La actual dirección no explica por qué se mantuvieron los pagos en metálico más de una década después.
La DGT planea duplicar la multa por estacionar en plazas reservadas para discapacitados de 500 euros a 1.000 euros. Actualmente, las infracciones se clasifican en leves (100 euros) y graves (200 euros). Existen multas más elevadas como manipular la matrícula (6.000 euros) o conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (entre 500 y 1.000 euros). La nueva multa está en tramitación parlamentaria y se incorporará al Reglamento General de Circulación una vez aprobada. Para usar estas plazas, es necesario tener una acreditación especial y la persona con discapacidad debe estar a bordo del vehículo. La medida busca endurecer las sanciones por ocupar plazas reservadas para personas con discapacidad.
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