Crítica:
El título es directo y refleja el contenido. La información detallada sobre las implicaciones de Montero y Maroto añade gravedad al caso.
El título es directo y refleja el contenido. La información detallada sobre las implicaciones de Montero y Maroto añade gravedad al caso.
El subinspector Alfredo Perdiguero critica la decisión de la juez de no incorporar el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la DANA en la Comunidad Valenciana. El informe señalaba la falta de avisos entre las 16:15 y 18:43 por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La UCO apuntaba a la falta de limpieza de las cuencas hidrográficas como causa del desbordamiento del barranco del Poyo, origen del 87% de las muertes. El Ministerio de Transición Ecológica era responsable de esta tarea. Perdiguero también critica al Ministerio del Interior y a su titular, Fernando Grande-Marlaska, por no activar los medios nacionales de emergencia. La juez rechazó la línea de investigación que apuntaba a la responsabilidad del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En 2021 se archivó la obra de encauzamiento del barranco, una actuación que podría haber evitado la tragedia. Perdiguero defiende que los informes de la UCO son objetivos y claros, y que la inacción pudo haber evitado muchas muertes.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó la nota de prensa que reveló la negociación secreta entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto. La jefa de Gabinete de Prensa de García Ortiz, Mar Hedo, declaró que elaboró la nota la noche del 13 de marzo de 2024 y que García Ortiz dictó la información. Hedo envió el documento Word a García Ortiz y a Íñigo Corral del Gabinete de Comunicación de la Fiscalía de Madrid a las 6:45. El jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, afirmó que su jefa, la fiscal Superior de Madrid Almudena Lastra, le transmitió que había orden del fiscal general de difundir la nota. La fiscal de sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo, explicó que los móviles de los fiscales se cambian periódicamente y que no existe un protocolo específico para el borrado de los móviles. García Ortiz cambió de móvil cinco veces en total. La nota de prensa se publicó el 14 de marzo de 2024.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró en el Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le urgió a publicar una nota sobre el caso de fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. Lastra afirmó que García Ortiz le dijo que 'había filtrado los correos' y que ella respondió que 'eso ahora no importa'. La fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, contradijo la versión de Lastra, afirmando que no actuaron con clandestinidad. García Ortiz se enfrenta a una posible condena de cuatro a seis años de cárcel y a un máximo de doce años de inhabilitación por revelación de secretos. La nota se publicó el 14 de marzo después de que Lastra enviara los correos a García Ortiz la noche del 13 de marzo. Lastra también declaró que no tenía obligación de borrar sus mensajes y que conservaba todos los registros. Pilar Rodríguez afirmó que la expresión 'un poquito de cianuro' fue un desahogo después de ser cuestionada por la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La UCO revela que Víctor de Aldama dio instrucciones para vender mascarillas al equipo de Armengol y al Gobierno de Canarias. Los mensajes entre Aldama e Íñigo Rotaetxe, apoderado de Soluciones de Gestión, mencionan 1,4 millones de euros pendientes de 'colocar' en Canarias. La UCO constata que Koldo García recibía asignaciones recurrentes de 10.000 euros de Aldama. El 4 de mayo de 2020, Aldama y Rotaetxe discutieron la confirmación del pedido. Dos días después, se emitieron facturas por 1.316.000 euros y 3.157.000 euros. La investigación sigue el 'Caso Koldo', relacionado con el PSOE. El informe apunta a una presunta organización criminal liderada por Aldama y con Koldo García como facilitador. La investigación continúa en curso.
El fiscal Julián Salto declaró que el interés en el caso de Alberto González Amador se debía a su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Salto afirmó que sin esta conexión, el caso no tendría 'especialidad' suficiente. El caso implica una posible defraudación de 350.000 euros. Salto relató que mantuvo contacto habitual con el abogado Carlos Neira durante tres años y medio. El 2 de febrero de 2024, Neira le ofreció un acuerdo de conformidad. Posteriormente, recibió varias llamadas urgentes, incluso durante un partido de fútbol del Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano el 13 de marzo. La fiscal provincial, Pilar Rodríguez, le apremió diciendo que 'el fiscal general no puede esperar'. Salto trabajó en el expediente incluso con malas condiciones de conectividad móvil durante el evento. La fiscal superior, Almudena Lastra, no transmitió urgencia.
La UCO ha entregado un informe de 350 páginas al juez instructor sobre presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia. El informe revela conversaciones entre Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos. En julio de 2020, Torres, entonces presidente de Canarias, se implicó personalmente para facilitar el pago de pedidos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión, propiedad de Víctor de Aldama, presunto líder de la trama. Los mensajes muestran cómo Torres intervino para agilizar el pago de 1,4 millones por la colocación de mascarillas. El 1 de julio de 2020, Torres contactó con Koldo García Izaguirre para tratar el pago, asegurando que estaba 'encima de tu pago'. Dos días después, reiteró que el pago estaba 'validado'. El informe sugiere una posible implicación de Torres en la trama corrupta.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró el 14 de marzo de 2024 en el juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz por presunto delito de revelación de secretos. Lastra afirmó que encaró a García Ortiz por teléfono el 14 de marzo de 2024, preguntándole si había filtrado correos sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz respondió que 'eso ahora no importa'. Lastra también declaró que atribuyó a un lapsus su mención a 'nota de prensa' en lugar de 'correos' durante la instrucción. La fiscal provincial, Pilar Rodríguez, negó haber tenido conversaciones con Lastra sobre filtraciones. Lastra justificó no informar sobre el caso González Amador previamente porque afectaba a la vida familiar de González Amador. También afirmó que no existe obligación de borrar correos de dispositivos móviles, solo una recomendación por capacidad de almacenamiento.
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