Crítica:
El título focaliza la indignación por la vestimenta, pero el contenido revela una crítica más profunda a la directora general. La noticia mezcla la polémica con detalles biográficos de Mercedes González Fernández.
El título focaliza la indignación por la vestimenta, pero el contenido revela una crítica más profunda a la directora general. La noticia mezcla la polémica con detalles biográficos de Mercedes González Fernández.
El informe de la UCO revela que Koldo García Izaguirre medió para que se aprobara una obra pública de 16.83M€ en Valleseco, Santa Cruz de Tenerife, a petición de Ángel Víctor Torres. La obra fue autorizada en diciembre de 2020 por el Consejo de Ministros. Torres ordenó 'hacerla' en noviembre de 2020 tras consulta de Koldo. Antonio Olivera, jefe de gabinete de Torres, estuvo implicado en conversaciones sobre la obra y pagos a Soluciones de Gestión por material sanitario. La obra se licitó en un mes y se adjudicó a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife con una duración de 24 meses. El proyecto incluía defensa marítima y ordenación de la zona de Charcos en Valleseco.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha generado polémica por el bolso de lujo 'Tote Bag' de la marca Marc Jacobs valorado en 250-500 euros que llevaba su hija Carmela de 13 años. Díaz ha explicado que se trata de una falsificación adquirida por 25 euros en la feria de Vila Nova de Cerveira. La noticia ha generado críticas en redes sociales por la aparente contradicción entre el alto valor del bolso y las políticas de redistribución de riqueza defendidas por el Gobierno. El Ministerio de Industria, liderado por Jordi Hereu, ha lanzado campañas contra la piratería con el eslogan 'Comprando productos falsos generas un daño real en la sociedad'. Mientras tanto, el mercado laboral español muestra signos de desaceleración con un aumento del paro en 22.100 personas en octubre. La polémica ha puesto de relieve la percepción de doble moral e hipocresía en el Gobierno y en particular en Yolanda Díaz, conocida por controversias anteriores.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que la trama para encubrir el negocio de las mascarillas en Canarias utilizaba un lenguaje en clave. El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el exasesor ministerial Koldo García intercambiaban mensajes crípticos como 'Mira la luz' para referirse al contrato de compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. El 3 de agosto de 2020, Koldo preguntó a Víctor de Aldama sobre 'el tema de la luz', y Aldama se comunicó con Íñigo Rotache, empresario de Soluciones de Gestión SL. El 14 de agosto de 2020, Koldo informó a Aldama que se había realizado el pago de 5 millones de euros. La UCO considera que Koldo habría coordinado esfuerzos con varios responsables de la Administración, incluyendo al Presidente Canario y al Director del Servicio Canario de Salud. Koldo recibía una remuneración mensual de 10.000 euros en efectivo de Aldama. En diciembre de 2020, Torres, como presidente de Canarias, intentó adquirir test de antígenos y se desahogó con Koldo sobre las reticencias del ministro de Sanidad, Salvador Illa, llegando a amenazar con apartarse si no se resolvía. El Ejecutivo de Torres adjudicó un contrato de más de 650.000 euros a Eurofins Megalab, vinculada a la trama.
Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, contactó con Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, el 17 de agosto de 2020 vía WhatsApp para venderle test COVID de Eurofins Megalab, empresa vinculada a Víctor de Aldama. El Gobierno canario compró los test por 652.237 euros en diciembre de 2020. Un audio interceptado por la UCO revela que Koldo informó a Torres que Soluciones de Gestión había cobrado 5 millones de euros por contratos previos. Koldo aseguró que Eurofins Megalab tenía un 'nuevo protocolo con PCR muy interesante'. El exasesor utilizó el aval del Ministerio de Transportes y el conocimiento del ministro José Luis Ábalos para promover la operación. Koldo propuso a Torres reunirse con Eurofins Megalab para discutir el proyecto. Torres presionó para que se desbloqueara la homologación de los test COVID. Koldo facilitó una reunión entre Torres, Ábalos, Pedro Sánchez y Salvador Illa. El Gobierno canario adjudicó el contrato a Eurofins Megalab días después de la reunión.
El Ministerio de Economía liderado por Nadia Calviño tramitó con urgencia el alta de Soluciones de Gestión, empresa de Víctor de Aldama, para el cobro de mascarillas. La UCO detectó correos electrónicos que muestran la implicación del Ministerio en la gestión de pagos a la empresa. El 23 de abril de 2020, Daniel Sierra, trabajador de Soluciones de Gestión, contactó con Ana María Pérez, directora General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, para enviar el expediente de la primera entrega de mascarillas. Pérez respondió que estaban en contacto con la Dirección General del Tesoro para dar el alta a la empresa en el sistema informático contable. Pablo de Ramón-Laca, director general del Tesoro en ese momento, dejó el cargo en 2022 para unirse al FMI. El Ministerio de Economía también tramitó avales ICO para Juan Carlos Barrabés y Air Europa. Barrabés recibió adjudicaciones por 18,6 millones de euros y créditos ICO de al menos 4 millones. Air Europa recibió 141 millones avalados por el ICO el 18 de mayo de 2020. El 16 de julio de 2020, Pedro Sánchez, Calviño y José Luis Ábalos se reunieron para decidir los detalles del rescate de Air Europa a través de la SEPI. Calviño tuvo un papel activo en la gestión y Aldama tenía interés en contactarla directamente. Globalia tenía un patrimonio hotelero valorado en cerca de 2.000 millones de euros y la familia Hidalgo se había repartido un dividendo de unos 35 millones en febrero de 2020, lo que planteó dudas sobre el rescate de Air Europa.
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, continúa en el Tribunal Supremo. Los testigos clave han declarado que la filtración de los datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, solo pudo provenir de la Fiscalía. Mar Hedo, jefa de prensa de García Ortiz, afirmó que él dictó la nota de prensa controvertida. Iñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, expresó su sorpresa y disconformidad con el tono de la nota. Esmeralda Rasillo, fiscal de sala, justificó los cambios de móvil de García Ortiz como habituales. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de orquestar una campaña contra Ayuso y afirmó que la Fiscalía 'dinamitó' el pacto con González Amador. Alberto González Amador testificó que la filtración le 'destrozó la vida'. Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, relató su enfrentamiento con García Ortiz, diciéndole 'Has filtrado los correos'. Julián Salto, fiscal de delitos económicos, recibió instrucciones urgentes de remitir los correos bajo sospecha, incluso saliendo de un partido de fútbol de Champions League. La defensa de García Ortiz aún no ha presentado su caso completo, y quedan por declarar decenas de testigos.
Juan Lobato Gandarias-Sánchez, ex Secretario General del PSOE Madrid, declaró ante el Supremo que sospechó que el origen de los correos electrónicos filtrados no era legítimo. El 14 de marzo de 2024, Pilar Sánchez Acera le envió un pantallazo de un correo electrónico supuestamente cruzado entre Carlos Neira y Julián Salto, reconociendo dos delitos fiscales. Lobato recibió el mensaje a las 8:29 horas, antes de que la Fiscalía General del Estado publicara la nota de prensa. Lobato decidió no usar el pantallazo inmediatamente por prudencia, esperando confirmación de su origen. Preguntó a Sánchez Acera sobre el origen del correo, respondiendo que 'La tienen los medios'. Lobato finalmente exhibió el documento después de que fuera publicado en El Plural. Negó haber recibido indicaciones de Moncloa y afirmó que no creía que proviniera de la Fiscalía. La defensa de Alberto González Amador le preguntó si alguna vez creyó que el correo provenía de la Fiscalía, respondiendo que no estaba seguro y que prefería verificar su autenticidad. Lobato dimitió dos días después de declarar ante el juez instructor en noviembre de 2024.
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