Crítica:
El artículo muestra la incoherencia del Gobierno al cambiar su discurso sobre los Presupuestos Generales del Estado. La comparación con Zapatero resulta pertinente dadas las similitudes en la situación económica y política.
El artículo muestra la incoherencia del Gobierno al cambiar su discurso sobre los Presupuestos Generales del Estado. La comparación con Zapatero resulta pertinente dadas las similitudes en la situación económica y política.
El Tribunal Supremo investiga la expansión de una trama corrupta en toda la Administración Pública durante el gobierno de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, nombró a Koldo García Izaguirre como asesor y miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado y RENFE en junio y julio de 2020 respectivamente. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, investigado, conoció a García Izaguirre a través de su hermano Rubén, escolta de Ábalos, y organizó una visita del ministro al Senado de Méjico en febrero de 2019. La trama obtenía beneficios económicos a través de contratos con la Administración Pública. Se realizaron pagos mensuales a García Izaguirre, en ocasiones en presencia de Ábalos, y también se hicieron pagos en la República Dominicana. El Supremo considera que la orden de penetración en distintas áreas del Gobierno difícilmente podría haber sido dada por Ábalos sin el consentimiento o conocimiento de Sánchez. El caso implica un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso en Paseo de la Castellana nº 164 a nombre de Ábalos.
La sauna Adán, propiedad de Sabiniano Gómez, suegro del presidente Pedro Sánchez, funcionaba como prostíbulo encubierto en Madrid. El local, ubicado en San Bernardo, generaba grandes ingresos mediante la prostitución masculina y el tráfico de drogas. Según testimonios, el establecimiento ofrecía servicios sexuales tarifados y vendía cocaína a 50€ el gramo. El local operaba en condiciones insalubres, con duchas de agua intermitente y cubículos con colchones plastificados y mantas sucias. La investigación reveló que la familia política de Sánchez regentaba casi una veintena de locales similares camuflados como saunas. En 1984, el local fue escenario de una muerte por electrocución debido a instalaciones defectuosas, y el Tribunal Supremo dictaminó la responsabilidad civil subsidiaria de Sabiniano Gómez. A pesar de este incidente y de las denuncias por cámaras ocultas archivadas por la Agencia de Protección de Datos cuando estaba presidida por un allegado de Sánchez, el local continuó operando hasta su cierre por la pandemia. La sauna Adán se describe como 'una máquina de hacer dinero' en un entorno de poder, silencio y complicidad.
El Gobierno de Pedro Sánchez destina 100 millones de euros para menores extranjeros no acompañados (menas) en Canarias, 40 millones más que los 60 millones asignados a niños afectados por la DANA en Valencia el 29 de octubre de 2024. El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha presentado un real decreto para regular la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas ayudas cubrirán gastos de alojamiento, alimentación, vestuario, apoyo psicosocial y jurídico, atención médica y servicios de traducción para menas y ex-tutelados hasta 31 de diciembre de 2026. La medida se justifica en la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la igualdad efectiva entre niños y adolescentes. La ayuda anterior para afectados por la DANA en Valencia se aprobó mediante el Real Decreto-ley 7/2024, destinado a atender necesidades específicas de niños y jóvenes afectados en ámbitos como la atención psicosocial y la recuperación de espacios seguros.
El Ministerio de Sanidad gastó 1.714 euros en una lona a favor de Gaza durante la huelga médica del 3 de octubre. La lona, de 830x550 cm, costó 964 euros, mientras que la instalación y desmontaje ascendieron a 350 y 250 euros respectivamente por el alquiler de un camión grúa. Los facultativos consideraron el gesto como una provocación y una distracción en un día de reivindicaciones laborales. El Ministerio justificó que la colocación de la lona no infringía la Ley 39/1981 reguladora del uso de la bandera de España. El coste total de 1.714 euros fue sufragado con fondos públicos. Los médicos reclamaban mejoras laborales como la voluntariedad de las guardias y la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. El Comité de Huelga ha convocado nuevas acciones de paro para diciembre. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado una marcha en Madrid para el 15 de noviembre. El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) se suma a la huelga médica con paros académicos en facultades de Medicina.
Benjamín Delgado, imputado por presunto amaño de votos a favor del PSOE en Albaida del Aljarafe en 2019, solicita archivo de la investigación. Un testigo declaró que Delgado le ofreció un contrato a cambio de su voto por correo. La Guardia Civil investigó y recogió testimonios. Izquierda Unida impugnó la solicitud de archivo, argumentando que quedan diligencias pendientes, como testificales y una pericial caligráfica sobre documentos. La investigación apunta a un modus operandi organizado por el PSOE local para adulterar el voto por correo mediante suplantación de identidad y compra de sufragios. El caso involucra a figuras del Ayuntamiento y promete favores laborales a cambio de votos. La pesquisa analiza cómo se tramitaron las solicitudes de voto por correo y busca identificar irregularidades.
La exmilitante socialista Leire Díez reveló que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recibía órdenes directas del Gobierno de Pedro Sánchez. Ignacio Stampa, fiscal anticorrupción, denunció que Díez le ofreció favores judiciales a cambio de información. El 2 de mayo, Stampa recibió un mensaje de WhatsApp de Díez, quien se identificó y solicitó una conversación telefónica. Díez afirmó que ya había hecho gestiones para resolver los contenciosos de Stampa con la administración. Posteriormente, le ofreció que volviera a asumir el caso Tándem, afirmando que hablaría con el fiscal Miguel Serrano. Stampa preguntó si García Ortiz conocía la oferta, y Díez respondió: «Va a saber lo que tiene que hacer». Los mensajes presentados por Stampa revelan que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, era «el enviado» del Gobierno en la trama. El hecho sugiere que García Ortiz recibía y ejecutaba órdenes del Gobierno para mover o modificar el puesto de fiscales según los intereses políticos de Pedro Sánchez y su partido.
La Audiencia de Cuentas de Canarias reveló que el Gobierno de Ángel Víctor Torres adjudicó un tercio de los contratos de emergencia a empresas sin experiencia en material sanitario. Estas empresas recibieron 34.7 millones de euros. El informe identificó irregularidades en las adjudicaciones a empresas como Soluciones de Gestión, Injoo, RR7 United, Damco Trading Services y ACJ. Tres de estas empresas no estaban inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y carecían de experiencia en actividad sanitaria. La fiscalización detectó falta de control y adjudicaciones anómalas que suman decenas de millones de euros. El Gobierno de Canarias debió cumplir con los principios de legalidad y eficiencia según la Ley de Contratos del Sector Público. El informe subraya que la legislación excepcional no eximía de justificar el uso de este régimen ni acreditar la solvencia de los contratistas. La gestión fue apresurada y marcada por la falta de rigor administrativo.
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