El título acusa directamente a Sánchez de mentir, pero el contenido se centra más en analizar la situación de la Seguridad Social y el aumento de la deuda durante su gobierno. La crítica al Gobierno es evidente, pero falta profundizar en las causas estructurales del problema.
La política social del Gobierno de Pedro Sánchez está siendo criticada por generar un círculo vicioso de pobreza. Informes del Instituto Juan de Mariana y Freemarket indican que las prestaciones sociales desincentivan el empleo. En un barrio de Alicante, personas presumen de vivir del Estado y de negocios ilícitos. Un reportaje de Antena 3 muestra cómo los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) celebran sus 'logros' con productos de lujo. El Gobierno informó que en octubre de 2025, 2,4 millones de personas recibieron el IMV, cubriendo 773.272 hogares. El 40,1% de los beneficiarios son menores de edad, un total de 968.881 niños y adolescentes. La política social del Gobierno parece incentivar la dependencia de las ayudas estatales en lugar de fomentar el empleo.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha expresado su desacuerdo con la colocación de logos del Gobierno de España y comunidades autónomas en los nuevos Tribunales de Instancia. Consideran que esto devalúa la imagen de independencia judicial. La APM lamenta que se haya incorporado señalética sin previa consulta a los órganos de gobierno de los Tribunales. El comunicado destaca que esta práctica sugiere dependencia del Poder Judicial respecto al ejecutivo. La APM solicita la retirada inmediata de dicha señalética. El Artículo 117 de la Constitución Española establece el principio de independencia y unidad jurisdiccional, que la APM cree que se está olvidando. Los nuevos Tribunales de Instancia han entrado en vigor recientemente, aprovechándose para añadir logos institucionales. La APM critica que se utilice el mismo modelo de señalética previsto para organismos dependientes del ejecutivo, lo que asimila los Tribunales a la administración periférica. La colocación de logos en las fachadas de los Tribunales supone, según la APM, una visión de dependencia del Poder Judicial por parte del Gobierno y las Comunidades Autónomas. La APM subraya que esto afecta negativamente la percepción ciudadana de la independencia judicial. El Gobierno de España y las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia son los principales afectados por esta crítica.
El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ha remitido a la Fiscalía Europea una denuncia sobre posibles irregularidades en la obtención y gestión de 45 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a pulseras antimaltrato. La denuncia señala posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de subvenciones europeas y falsedad documental. El Ministerio de Igualdad afirmó que los dispositivos serían fabricados ad hoc, pero se adjudicó el contrato a una UTE por 42,6 millones de euros para adquirir pulseras estándar fabricadas en China. Los dispositivos presentaron numerosos fallos técnicos, incluyendo falta de resistencia al agua y facilidad para ser desconectados. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género no ha impuesto sanciones a las empresas ni ha rescindido el contrato. La investigación apunta a posibles responsabilidades durante el periodo de Irene Montero y Ana Redondo como ministras de Igualdad.
José Luis Ábalos y Koldo García se querellan contra Leire Díez por presunto tráfico de influencias y obstrucción judicial. Acusan a Díez de controlar sus defensas y tener acceso a información reservada de la Guardia Civil y la Fiscalía. Ambos investigados en el 'caso Koldo' presentan escritos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid denunciando injerencias del PSOE. Leire Díez, conocida como 'la fontanera del PSOE', habría mantenido reuniones donde afirmaba controlar las defensas de varios investigados. Según los escritos, Díez habría modificado la estrategia procesal de Koldo García y apartado a un inspector que lideraba una 'operación de inteligencia paralela'. Los investigados aportan pruebas de una noticia de octubre de 2025 donde se detalla cómo Santos Cerdán impuso a Koldo García que Leire Díez controlara su defensa. La ruptura del supuesto pacto se produjo en junio de 2025 tras conocerse grabaciones de Koldo García a Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Los abogados argumentan que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y revelación de secretos. Solicitan diligencias de investigación para esclarecer las posibles injerencias. El caso Koldo investiga presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, con contratos adjudicados a Soluciones de Gestión SL y al empresario Víctor de Aldama. La investigación ha derivado en múltiples ramificaciones, incluyendo pesquisas sobre el sector de hidrocarburos y supuestas irregularidades en la adjudicación de macro contratos de obras públicas. La denuncia añade un nuevo capítulo a la crisis judicial que afecta a Pedro Sánchez y al PSOE.
Francisca (Paqui) Muñoz Cano, mujer de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, protagonizó un altercado en la cárcel de Soto del Real el 6 de noviembre de 2025. Durante el control de drogas, Paqui se negó a ser olfateada por un perro adiestrado, diciendo «¿Por qué me pasáis el perro? ¡Es una vergüenza!» a los funcionarios y guardias civiles. Paqui estaba acompañada de su cuñada Belén Cerdán y su marido para visitar a Santos Cerdán, quien permanece en prisión preventiva desde el 30 de junio de 2025. El protocolo de seguridad en la cárcel incluye arcos de metal y perros adiestrados para detectar drogas. Paqui ya había tenido encontronazos con periodistas anteriormente, como el día que salió el informe de la UCO sobre su marido y cuando visitó por primera vez Soto del Real. En ambos casos, mostró una actitud agresiva hacia los medios de comunicación.
El PP ha denunciado en el Parlamento Europeo una posible utilización irregular de 22 millones de euros de fondos UE concedidos a Openchips, empresa de la que es vicepresidenta Therese Jamaa, pareja del ministro José Manuel Albares. La ayuda fue concedida por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sin pasar por el Consejo de Ministros. Openchips está participada por el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y se dedica a desarrollar tecnología de microprocesadores. Esta no es la primera ayuda que recibe la empresa, ya que en 2023 obtuvo 111 millones de euros solo siete meses antes de la incorporación de Jamaa como directiva. La empresa se constituyó en noviembre de 2021 con un capital social de 3.214 euros y en 2022 declaró pérdidas de 67.500 euros. Therese Jamaa, de origen libanés, ha desarrollado su carrera en telecomunicaciones y tecnología, trabajando en empresas como Vodafone, Qualcomm y Huawei España. El PP exige conocer si la subvención se ajusta a los principios de transparencia e imparcialidad y pregunta a la Comisión Europea si la ausencia de intervención del Consejo de Ministros excluye el deber de evaluar conflicto de intereses.
Un grupo de fiscales y jueces europeos expresó su 'estupor' y 'preocupación' por el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general español. Advierten de un escenario 'sin precedentes' y posibles intereses 'oportunistas'. García Ortiz está acusado de revelar secretos por filtrar un correo sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al que Hacienda reclama 300.000 euros por fraude fiscal. Los firmantes, de perfil progresista, incluyen a Hans-Ernst Böttcher (Alemania), António Cluny (Portugal), Simone Gaboriau (Francia), Mariarosaria Guglielmi (Italia), Filipe César Marques (Portugal) y Gualtiero Michelini (Italia). Alertan de judicializar el enfrentamiento político y partidista, minando la credibilidad de la justicia. Subrayan la importancia de fortalecer instituciones democráticas y evitar interferencias. El juicio continúa con la declaración de García Ortiz el próximo miércoles. Los europeos confían en que los tribunales garantizarán la ley y preservarán el funcionamiento institucional.
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